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Condenado por poseer más de medio millón de productos falsificados

La Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 17ª, en sentencia de 19 de julio de 2019, ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles contra un ciudadano de origen chino al que impuso, entre otras, la pena de prisión de 11 meses y 29 días, multa por el mismo período (con cuota diaria de 15 euros) y estableció la responsabilidad civil subsidiaria de dos empresas regentadas por el mismo.

Los hechos se remontan al 19 de enero de 2012 cuando la Policía Nacional intervino en dos locales situados en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y en un vehículo propiedad del condenado, más de medio millón de artículos falsificados de múltiples marcas renombradas.

Durante el juicio, el acusado no aportó ningún documento o factura que acreditase a quién y a qué precio compró los artículos que se le incautaron e intentó alegar que no conocía ninguna de las marcas que se vendían en el local que regentaba. Para el Juzgador, el acusado “se estaba haciendo el ignorante, sin serlo”, añadiendo que “Es increíble que no conozca esas marcas; es fronterizo con lo imposible vivir en España sin conocer esas marcas: están por delante de nuestros ojos, por doquier. Y mucho menos creíble es el caso del acusado, que es comerciante profesional de años”.

Con buen criterio, el Juzgador enmarca estos hechos en diferentes tipos penales: infracción de derechos otorgados por un modelo o dibujo industrial e infracción de derechos otorgados por una marca. Además, considera el caso “de especial gravedad” atendiendo a la cantidad de los objetos falsificados dispuestos para la venta.

El daño al prestigio de la marca provocado por la existencia de productos falsificados y la vulgarización de la marca es reconocida por el Juzgador con toda rotundidad en los siguientes términos: “el prestigio de la marca queda resentido cuando aparecen productos imitados de una calidad muy inferior …y es idea de difícil refutación: la extensión del producto, con el aditivo de que buena parte de éste es falso, lo ´vulgariza´, e inexorablemente bajará de precio paralelamente a la reducción de demanda de potenciales consumidores, lo que abocará al genuino fabricante a aminorar el margen”.

En el presente caso, entiende el Juzgador que la mejor forma de calcular la indemnización a cada una de las marcas es usando el criterio del beneficio que el infractor hubiera obtenido, añadiendo “un incremento del 100 por ciento por el daño causado al prestigio de la marca”, considerando que “estamos ante marcas punteras, conocidas en todo el mundo”.

Resulta destacable la atención que el Juzgador presta a la vulgarización de la marca y su pérdida de exclusividad debido a la falsificación de la misma, procediendo a calcular el daño causado al prestigio de la marca aumentando al doble el importe que el condenado deberá abonar a cada uno de los titulares de marcas.

N.B. Caso originalmente mencionado en el especial jurídico del diario Expansión 19.11.2019 y en su página web 22.11.2019

Autores: Juan José Caselles y Alberto Gallo 

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Carros de compra que encienden pasiones

En una apasionada controversia sobre los monederos ubicados en los carros de compra, el Tribunal de lo Mercantil nº 2 de Valencia acaba de resolver en contra del proveedor de una importante cadena de supermercados españoles que había sido sustituido por otro competidor (sentencia 134/19 de 6 de mayo 2019 en el caso PO764/2017).

En este tipo de situación es habitual que se caldeen los ánimos y que la pelea termine en los tribunales. Con frecuencia el proveedor relegado alega la infracción de un modelo de utilidad y además competencia desleal por imitación servil. El hecho de que los modelos de utilidad no están sometidos a ningún tipo de examen sustantivo en la mayor parte de los países europeos como, por ejemplo, España y Alemania, es un catalizador para este tipo de litigios. Nada obsta a que se obtenga un derecho de exclusiva sobre algo que pueda carecer por completo de mérito. Se trasladan así las funciones propias del Estado a los competidores, que llevan la carga de probar la invalidez del título. Quizás sería más lógico si dicha carga la tuviera el titular, si se tiene en cuenta que ha obtenido un derecho de exclusiva que no tiene mayor fundamento que lo alegado por él mismo.

Siempre se ha defendido que este sistema ofrece a las PYMEs una vía rápida y relativamente económica para proteger sus invenciones, fomentando así la innovación, y dándoles acceso al sistema de patentes. Sin embargo, lo habitual es que los competidores de las PYMEs sean precisamente otras PYMEs que pueden verse obstaculizadas en su desarrollo por no poder costear un procedimiento judicial. En cualquier caso, cabe señalar que el sistema incorpora algunos límites y salvaguardas. Se puede solicitar a la oficina de patentes que realice un informe sobre el estado de la técnica anterior, algo que se ha convertido en obligatorio en España antes de iniciar un procedimiento judicial. Al contrario de lo que ocurre con las patentes, los tribunales alemanes de infracción pueden considerar la falta de validez por vía de excepción. En ambos países es posible presentar una oposición administrativa tras la concesión del modelo, lo que supone un coste muy inferior al de un procedimiento judicial.

En el presente asunto, el Juzgado de la Mercantil Nº 2 de Valencia consideró que los nuevos monederos no infringían el modelo de utilidad invocado, el cual se declaró nulo por ausencia de actividad inventiva. El hecho de que el cierre fuera o no una imitación servil no era relevante porque el ordenamiento español permite expresamente la imitación. El titular no había aportado nada que probara que la imitación en cuestión pudiera interferir en el normal desarrollo del mercado, por ejemplo, por causar confusión en la mente del comprador medio.

Esta resolución se apoya en la reiterada jurisprudencia que avala el principio de la libre imitación. Dicho principio a veces resulta sorprendente para el fabricante del producto original, quien, de algún modo, suele albergar la idea de que su “propiedad intelectual” se protege de forma automática. Sin embargo, la razón de ser de una economía de libre mercado es, precisamente, que se genere una oferta variada de productos similares. Las patentes y los demás derechos exclusivos son una excepción a esta regla que sólo se pueden justificar en la medida en que fomenten la innovación.

Autor: Colm Ahern

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Un corazón radiante para Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por los titulares de una marca gráfica, cuyo elemento central es un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreada en rojo, el cual es utilizado por los demandados para la comercialización de numerosos artículos y souvenirs en múltiples tiendas de Madrid. El Tribunal considera que el Corazón Radiante constituye un plagio de la obra del difunto grafittero de los años 80 Keith Haring.

Keith Haring fue un artista plástico graffitero de la “Generación Pop” de los años 80, y uno de los impulsores de la llamada “cultura demótica”, en la que se combinaban moda, arte y música. Muchas de sus creaciones artísticas incorporan la figura de un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreado en color rojo (conocido como “radiant Heart”). Algunas de estas obras han sido expuestas en museos y se encuentran registradas en la Oficina de Copryright de EEUU. Por lo general, el corazón no aparece solo, sino junto con otros elementos para conformar un conjunto creativo mayor.

Por su parte, los hermanos Bartolomé Alvarado son titulares de una marca española, de carácter mixto, conformada por un corazón prácticamente idéntico al descrito junto a la palabra “Madrid”. El signo es registrado para una gran variedad de productos (juguetes, papelería, imanes, textil), los cuales son objeto de comercialización por ambos hermanos en diferentes comercios de la capital española.

En el año 2015, The keith Haring Foundation, titular de todos los derechos sobre el legado artístico de Haring tras su muerte, interpuso demanda contra los hermanos Bartolomé Alvarado por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La postura de los demandados se centra en tratar de demostrar que no existe una obra artística que, como tal, pueda denominarse y estar constituida única y exclusivamente por la figura de un corazón. Su razonamiento es que el corazón es un elemento presente en algunas obras de Haring, conformando así el estilo artístico de Haring, pero carente de individualidad y singularidad propia como para poder ser considerado una obra intelectual de forma aislada y separado del resto de elementos que conforman los conjuntos artísticos del autor.

El 21 de marzo de 2016, el Juzgado de Lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia en la que se declaraba la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Haring anulando consecuentemente el registro de marca Española y se condenaba a los demandados a cesar en la comercialización de los productos, así como al pago de 20.000 euros en concepto de daño moral.

Los demandados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 23 de noviembre de 2018.

La Audiencia provincial, en contra de lo que sostienen los demandados, entiende que el Corazón Radiante es un elemento que por sí solo goza ya de singularidad y altura creativa propia como para ser considerado una obra intelectual original: “la figura del citado corazón radiante, tal cual se presente, en forma, color y contorno, constituye un elemento particularmente característico y relevante de la obra plástica “Radiant Heart”, por su situación y tamaño dentro de la composición plástica. Y ello no solo en esa obra de KEITH HARING, sino que aparece utilizado con la misma morfología en otras obras del autor, sin título.” En consecuencia con ello, confirma la sentencia de primera instancia en todos los extremos.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en este asunto resulta paradigmática en el ámbito de las artes plásticas y permite extraer algunas enseñanzas relevantes. En particular, que los diferentes elementos de una composición artística son susceptibles de ser considerados obras intelectuales en sí mismos y aisladamente del resto de la composición siempre que gocen de la suficiente singularidad y relevancia dentro del conjunto.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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S.O.S. Incidente de seguridad

Desde el 25 de mayo, todos los días recibimos noticias y notificaciones de brechas de seguridad en empresas de primer nivel que dejan millones de datos de clientes al descubierto.

La realidad, por difícil que parezca, es que el número de brechas de seguridad no ha aumentado desde la fecha de aplicación del “Reglamento de 27 de abril de 2016, de protección de datos” (RGPD), sino que hasta ahora nuestra normativa no contemplaba la obligación de notificar una violación de seguridad salvo en el caso de operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, mientras que el RGPD extiende esta obligación a cualquier empresa que trate datos.

Un incidente de seguridad es la destrucción, pérdida o alteración de datos personales por causas internas o externas, pudiendo ser accidentales o intencionadas. Frente a la posibilidad de que ocurra, lo más importante a tener en cuenta en cualquier empresa debería ser (i) tener definido un procedimiento de gestión de brechas de seguridad; (ii) disponer de herramientas para valorar el riesgo del incidente; y (iii) saber si deberá notificar a la autoridad de control y a los interesados en función de las características del incidente y el riesgo derivado del mismo para los interesados.

La notificación a la autoridad de control exigida por el RGPD se requiere cuando el incidente pueda provocar un riesgo para los interesados y debe hacerse en el plazo de 72 desde que se tiene certeza (constancia real) de que se ha producido. También se exige notificar a los afectados cuando el riesgo que se derive para ellos sea un riesgo alto y siempre que no se comprometa el resultado de una investigación en curso, en cuyo caso la comunicación se puede realizar más adelante, todo esto bajo la supervisión de la autoridad de control.

Adicionalmente, es crucial la respuesta temprana para tratar de mitigar las consecuencias del incidente mediante medidas de seguridad que frenen el acceso a los datos, su modificación o su lectura.

La única fórmula efectiva para evitar este mare magnum de obligaciones legales es la prevención; deben establecerse todas las medidas posibles para evitar las brechas de seguridad, incorporar impedimentos para la lectura y modificación no autorizadas de los datos y, por último, tener previsto un procedimiento de respuesta de incidentes para estos casos.

El Comité Europeo de Protección de Datos, antiguo Grupo de trabajo del Artículo 29 elaboró una “Guía sobre notificación de las violaciones de seguridad” que resuelve muchas de las cuestiones que generar dudas en este asunto. Asimismo, la AEPD publicó el 19 de junio de 2018 una “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad” con directrices para detectar, gestionar y evaluar la notificación de brechas de seguridad.

Autores: Martín Bello y  Cristina Espín

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Un tribunal ordena a varias compañías de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a internet de ciertas páginas web de enlaces

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona enjuicia una acción dirigida por una serie de productoras audiovisuales integrantes de la Motion Picture Association of America (MPAA) contra varias empresas de telecomunicaciones proveedoras de acceso a internet con el objeto de que éstas adopten medidas dirigidas a cortar el acceso a internet a determinados sujetos que están llevando a cabo actos de puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales protegidos sin la preceptiva autorización de sus titulares.

A través de las páginas web HDFULL.TV y REPELIS.TV es posible acceder en  streaming a una multitud de obras cinametográficas y series de televisión que han sido subidos a internet sin la autorización de sus titulares. Ambas páginas integran contenidos de vídeo procedentes de empresas extrenas, y utilizan el servicio de una empresa llamada Cloudfare para ocultar la ubicación concreta de las webs que utilizan. Ambas páginas ordenan, clasifican y publicitan el contenido que ofrecen a través de una interfaz que no sólo permite a los usuarios buscar el contenido que desean visualizar, sino que también se les aconseja y se les sugieren determinados contenidos. Ambas páginas se nutren de publicidad de terceros.

El Juez considera que la actividad de puesta a disposición del público a través de enlaces que tiene lugar en las páginas web HDFULL y REPELIS vulnera los derechos de propiedad intellectual de las productoras demandantes. Considera que las páginas constituyen bases de datos de enlaces a contenidos ilícitos que además no se limitan a “almacenar o enlistar” enlaces, sino que inducen a los usuarios a la visualización de los contenidos al clasificarlos y presentarlos de modo atractivo, sugiriendo la concreta visualización de algunos de ellos. Son circunstancias relevantes y significativas de la ilicitud de la conducta el hecho de que esta actividad se lleve a cabo con ánimo de lucro (las páginas en cuestión se nutren de publicidad), así como la ocultación voluntaria de la titularidad de los nombres de dominio.

Lo interesante de esta sentencia es que la acción se dirige no contra el titular de la plataforma o de la web de enlaces, sino contra las compañías de comunicación proveedoras del acceso a internet. El ejercicio de este tipo de acciones se ha hecho posible gracias a la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que entre otras cuestiones tiene por objeto “el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos”.

En lo que se refiere a la posibilidad de dirigir la acción contra los proveedores de acceso (legitimación pasiva), el Juez considera (i) que las demandadas constituyen intermediarios de la sociedad de la información tal y como se define el término en la Ley 34/2002, (ii) que los artículos 138 y 139 .1 h) TRLPI prevén de forma expresa la legitimación pasiva de estos sujetos; (iii) que tanto la jurisprudencia del TJUE (asunto Scarlet Extended) como algunas resoluciones recientes de los tribunales españoles reconocen la legitimación pasiva de los proveedores de acceso a internet en acciones de cesación por infracción de derechos de propiedad intelectual, y (iv) que tales medidas pueden solicitarse no sólo frente al proveedor de acceso al titular de las páginas donde se alojan los contenidos infractores, sino también frente a los “intermediarios que transmiten” por red la infracción.

Por último, respecto de la proporcionalidad o no de las medidas, lo que sostiene el Juez es que cualquier otra medida menos contundente (por ejemplo, el bloqueo parcial) no resultaría eficaz ni adecuada para conseguir el objetivo que se persigue, que es imposibilitar el acceso a las webs infractoras, cuyos titulares no han podido ser identificados ni localizados.

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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