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España, en el puesto 3º del top ten de retenciones aduaneras de productos falsificados en la UE en 2018

La innovación y la creatividad son los motores de nuestra economía. Por lo tanto, es importante proporcionar a los titulares de esos derechos la certeza de que sus invenciones estarán debidamente protegidas. La competitividad de las empresas europeas depende de ello.

La observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de las aduanas europeas es una prioridad para la Comisión Europea y para los Estados miembros.

El pasado 24 de septiembre la Comisión Europea publicó el “Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2018”. En el mismo se muestra que el número de interceptaciones de mercancías falsificadas que se importan en la UE ha aumentado en 2018 debido a la gran cantidad de pequeños paquetes en el tráfico urgente y postal. Las cifras de retenciones de estos envíos aumentaron de 57.433 en 2017 a 69.354 en 2018, aunque la cantidad total de artículos retenidos (casi 27 millones en 2018, con un valor de marcado de casi 740 millones de euros) disminuyó  un 15% en comparación con 2017.

Las principales categorías de artículos detenidos eran cigarrillos, que representaban el 15% de la cantidad total de artículos detenidos. Le siguieron juguetes (14%), material de embalaje (9%), etiquetas y pegatinas (9%) y ropa (8%). Productos de uso diario en el hogar, como artículos para el cuidado del cuerpo, medicamentos, juguetes y electrodomésticos, representaron casi el 37% del número total de artículos detenidos.

China siguió siendo el principal país de origen de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual. Macedonia del Norte era la principal procedencia de las bebidas alcohólicas falsificadas. Turquía fue la principal fuente de otras bebidas, perfumes y cosméticos. Las aduanas de la UE detectaron un gran número de relojes falsos, teléfonos móviles y accesorios, cartuchos de tinta y tóner, CDs/DVDs, etiquetas, tags y pegatinas de Hong Kong, China. El principal origen de equipos informáticos era India, Camboya para los cigarrillos y Bosnia y Herzegovina para el material de embalaje.

El número de casos de retenciones por transporte aéreo y marítimo se han reducido, mientras que aumentaron los casos de retenciones de envíos por mensajería y correo postal, sumando estos últimos el 84% del número total de casos, siendo principalmente artículos de consumo comprados a través del comercio electrónico. Por el número de productos retenidos en función del medio utilizado, el trasporte marítimo sigue ocupando el primer lugar (54,29%).

En el top ten de países europeos, que representan el 90 % del número total de casos de retenciones, España ocupa el tercer puesto, con un total de 3.934 casos en 2018 frente a 3.740 casos en 2017 (+ 5%). Sin embargo, en el ranking de productos retenidos, España ocupa el puesto 11º, con 1.305.972 productos retenidos en 2018 frente a 1.776.405 productos en 2017 (- 26%), prácticamente empatando con Bélgica en el puesto 10º con 1.307.944 productos. Por lo tanto, España entraría en el grupo de los 4 países del top ten que lideran las retenciones en la UE por número de casos y de productos.

Para España constituirá un gran reto seguir en el puesto de liderazgo que ocupa en el top ten de la UE en materia de retenciones aduaneras en defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

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Reforma a las directivas europeas sobre derechos de autor

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente y luego de un extenso debate, las directivas UE/2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y UE/2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión, programas de radio y televisión.

 

Estas directivas incluyen modificaciones a la normativa hasta ahora vigente, a fin de adaptar las normas sobre derechos de autor al mundo actual, considerando la evolución tecnológica. El objetivo central de estas reformas es ajustar la legislación necesaria para garantizar una remuneración justa a los titulares de derechos.

Las nuevas directivas se ocupan de cubrir las actuales vías de acceso a obras, como son los servicios de emisión de música en tiempo real, las plataformas de video a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos cargados por los propios usuarios.

Directiva UE/2019/789, de 17 de abril de 2019

Los avances tecnológicos han creado nuevas formas de difusión de obras. Los organismos de radiodifusión y los operadores de servicios de retransmisión ofrecen múltiples programas y plataformas que comprenden una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas.

Esta directiva se ha encargado de velar por los intereses de los titulares de derechos y los prestadores de servicios en línea o radiodifusión, con el fin de facilitar la obtención de derechos para la prestación de servicios accesorios en línea, tanto nacionales como de manera transfronteriza.

Asimismo, especifica la aplicación del principio del país de origen y los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de retransmisión para proporcionar seguridad a los titulares de derechos y otorgarles una remuneración justa.

Así, a partir del momento en que dichos organismos fijen el importe de pago, deberán informar a las partes interesadas (a través de las entidades de gestión) todos los aspectos relacionados con el servicio accesorio en línea, es decir, las características del servicio en línea, la disponibilidad de los programas ofrecidos, la audiencia y versiones lingüísticas disponibles.

En caso de que más de una entidad de gestión colectiva gestione los derechos afectados en el territorio del Estado miembro de que se trate, le corresponderá al Estado en cuestión decidir la entidad de gestión que será la encargada de conceder o denegar la autorización. Dichas entidades colectivas deberán llevar un registro adecuado de sus miembros, licencias y el uso de las obras para cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la Directiva.

Directiva UE/2019/790, de 17 de abril de 2019

La Directiva UE/2019/790 pretende una armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre derechos de autor y derechos afines con el fin de impedir falseamiento de competencia en el mercado único digital. Asimismo, se plantea fijar criterios generales que le permitan ser una normativa de carácter estable frente a futuras innovaciones, dotando al sistema de seguridad jurídica pero sin limitar el desarrollo tecnológico.

En relación con ámbitos como la investigación, la innovación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, la Directiva innova en la aplicación de excepciones y limitaciones con el objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y titulares de derechos y los usuarios. Las excepciones y limitaciones, como criterios restrictivos de los derechos de autor, únicamente podrán aplicarse a determinados casos, no siendo posible la aplicación analógica.

En coherencia con normativa comunitaria previa, la Directiva ahonda en el hecho de que los Estados miembros deben disponer de un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz, en materia de buena gobernanza, transparencia e información, para garantizar la distribución y el pago regular y diligente a los titulares de derechos individuales. Del mismo modo, las entidades de gestión deberán de regirse por el principio de igualdad de trato y facilitarles a los titulares de derechos la exclusión de obras.

En este caso, la Directiva incluye medidas para facilitar la concesión de licencias colectivas. Consecuentemente, los Estados miembros deberán de prever mecanismos de licencia de este tipo que permitan a las entidades de gestión colectiva concluir contratos de licencia de forma voluntaria. Dichos mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas, mandatos legales y presunciones de presentación.

Conclusiones

En conclusión, ambas directivas han incluido mecanismos por los cuales la legislación se acoplará de manera paulatina al desarrollo tecnológico que se ha transformado de manera drástica durante los últimos años.

Seguiremos con atención la transposición de las directivas analizadas en la normativa española, lo que, según la reglamentación comunitaria, deberá tener lugar antes del próximo 7 de junio de 2021.

Autoras: Harumi Wakida y Mabel Klimt
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¿Cómo determinar el plagio de un sabor? El caso LEVOLA.

En un caso reciente ante el TJUE, el tribunal remitente plantea una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la compatibilidad del Derecho de la Unión Europea con la protección por Derecho de autor del sabor de un alimento y a los requisitos que, en caso de que tal protección sea posible, ha de cumplir el sabor.

En el año 2007, un comerciante de productos frescos neerlandés creó el “Heksenkaas”, un queso para untar a base de nata y finas hierbas. Tal fue el éxito de este producto que 4 años más tarde una importante empresa de alimentación holandesa compró los derechos de propiedad intelectual sobre el queso en cuestión. El 10 de julio de 2012 se concedió, además, una patente por el método de producción del Henksenkaas.

Dos años más tarde, en 2014, otra empresa holandesa -Smilde Foods- comienza a producir para una cadena de supermercados un producto llamado “Witte Wievenkaas”.

Levola presentó una demanda contra Smilde ante el Tribunal de Primera Instancia de Güeldres. El 10 de junio de 2015, el Tribunal dictó sentencia desestimando las pretensiones de Levola sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo (la de si un sabor puede ser objeto de protección por Copyright) al considerar que Levola no había identificado cuáles eran los elementos del sabor que dotaban al Heksenkaas de un carácter propio y singular.

En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que el concepto de obra contemplado en la Directiva 2001/29 exige la existencia de una expresión externa identificada con suficiente precisión y objetividad, lo cual no se da en el caso de un sabor. Es en definitiva la imposibilidad de definir de forma objetiva y precisa el objeto de la protección, con la inseguridad jurídica que ello implica, lo que determina que un sabor no pueda ser calificado como una obra intelectual.

La sentencia del TJUE pone en evidencia que el Derecho de autor limita su ámbito de aplicación a las creaciones que puedan ser percibidas por la vista y por el oído. A día de hoy, las creaciones “gustativas” y, por analogía, “las olfativas” quedan al margen de esta rama del Derecho.

  N.B. Resumen del artículo publicado en Kluwer Copyright Cases: 

Autora: Patricia Mariscal

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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
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