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¿Se puede registrar la marca COVID-19?

¿Se puede registrar la marca COVID-19?

Es indudable que estos tiempos de confinamiento nos brindan la oportunidad de darle vueltas en nuestra cabeza a curiosidades en las que quizá no hubiéramos reparado en circunstancias normales.

Para un profesional del Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, como quien suscribe estas líneas, una de esas cuestiones es sin duda la de comprobar cuántos ciudadanos habrán tenido la idea de sacarle partido a la “marca del momento”: COVID-19.

  ¿Se puede registrar la marca COVID-19?  

Si se efectúa esa comprobación, los números que arroja el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas dicen que desde el día 12 de marzo hasta el día 5 de mayo, se han depositado nada menos que 16 solicitudes de marca o nombre comercial que consisten en la denominación COVID-19 o que la contienen (todas ellas, por cierto, presentadas en nombre de personas físicas o jurídicas domiciliadas en España).

Contrariamente a algunas noticias que se han publicado en diversos medios, debe señalarse que ninguna de esas solicitudes ha sido aún concedida.

Ello significa, ni más ni menos, que no hay un solo ciudadano que a día de hoy pueda presumir de haber conseguido un derecho registrado sobre la denominación COVID-19, u otra que la contenga en el conjunto distintivo cuya protección oficial pretende.

De todas esas solicitudes, 9 no han sido aun objeto de examen inicial por parte de la Oficina, mientras que la tramitación de las restantes ha sido suspendida por los examinadores oficiales con base en la prohibición del Artículo 5.1, f) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que impide el registro de aquellos signos que sean “…contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”.

Resulta digno de mención, a este respecto, que en la totalidad de los casos los oficios que han declarado en suspenso esas 7 solicitudes contienen , en aplicación del citado artículo, la siguiente observación: “Se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artº5.1.f de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, toda vez que el distintivo solicitado atenta contra las buenas costumbres, ya que puede herir la sensibilidad de un amplio sector de la sociedad por intentar extraer rédito comercial, incluyendo en el distintivo la parte identificativa del nombre de un virus que está causando mucho sufrimiento en nuestro país y en el mundo”.

Habrá que estar atentos al criterio final con el que se posicione nuestro máximo organismo marcario en relación con la posible registrabilidad de la denominación COVID -19, si bien no es descartable que, en aquellos casos en los que los solicitantes concreten que su solicitud tiene como objeto preservar la salud pública, pueda obtenerse una decisión favorable.

Al margen de ello se plantean otras interrogantes colaterales, que puedan resultar de más interés para el ciudadano de a pie que para un profesional del derecho: ¿Es realmente “COVID 19” un signo susceptible de ser explotado comercialmente con expectativas aceptables de rentabilidad? ¿Cómo pueden comercializarse productos y servicios consiguiendo que “COVID-19” constituya un signo atractivo que empuje a la población al consumo de esos productos o la contratación de esos servicios? Y, a mayor abundamiento, en el supuesto de que alguno de los titulares de esas solicitudes obtuviera el registro, ¿hasta qué punto podría impedir que terceros utilizaran la denominación COVID-19 con fines comerciales, en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que obtuvo dicho registro?

Solo el tiempo nos permitirá obtener una respuesta a estas interrogantes, pero es cuando menos curioso que una denominación con tan “diabólico” significado haya sido ya objeto de intento de registro en relación con productos como joyas, juguetes o calzado; o con servicios jurídicos, por ofrecer unos pocos ejemplos.

Lo que resulta indiscutible es que, incluso en momentos tan difíciles como los causados por una terrible pandemia, los españoles tenemos claro que el principal instrumento para garantizar y proteger la viabilidad de un proyecto comercial, sea cual sea su naturaleza, es la obtención de un registro de marca.

 

Autor: Luis Beneyto

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Marcas en Iraq: re-solicitud de marcas de principal interés

Un día más desde que tengo uso de razón, Iraq (oficialmente República de Iraq) vuelve a convertirse en noticia internacional. Estados Unidos, por primera vez desde que se emprendiera la guerra contra el Estado Islámico, ha iniciado la retirada de tropas del país.

Me he detenido un instante en la noticia -que pasa casi desapercibida entre la densidad política, el temporal de nieve en España, y otras borrascas y chubascos varios- para reflexionar sobre el alcance y los matices inimaginables de un  contexto de crisis que, por diferentes motivos, dura desde hace décadas.

Aún siento el impacto que me produjo, a finales de los años 90, la noticia de que Estados Unidos bombardearía Iraq, siendo yo prácticamente una niña. En aquel momento no era capaz de comprender qué sucedería ni qué alcance tendría. Creo que tampoco sería capaz 20 años después. Ni siquiera logro entender con todos los matices las condiciones en las que se debe ejercer nuestra profesión en un entorno semejante. Los conflictos afectan a todos los ámbitos de la vida, y por ello, aunque pueda resultar insignificante, también a la Propiedad Industrial, a las marcas, a las instituciones y organismos gubernamentales que las administran, a los funcionarios y profesionales locales, a titulares y terceros interesados, incluso a las comunicaciones, servicios postales y tecnología y a los expedientes físicos que desaparecen o se destruyen.

No me cuesta imaginar un contexto en el que rigen otras prioridades. Por eso, personalmente estoy empezando a encontrar una justificación al hecho de que la Oficina de Marcas Iraquí haya decidido llevar a cabo una suerte de tabla rasa con algunos expedientes de marca, según hemos conocido estos días.

Interpreto que en un intento de renacimiento tras el desastre, entre las medidas y enmiendas que ha ido introduciendo la Oficina de Marcas Iraquí, se ha puesto en práctica un nuevo procedimiento de registro en el que se ha invertido el orden de algunos de los principales hitos procesales. Ahora, las solicitudes de marca quedan supeditadas al resultado positivo de un examen previo tras el cual se considerarán depositadas oficialmente, para pasar después a ser publicadas y registradas.

Esta medida no tendría una gran relevancia en nuestra profesión, de no ser porque ha ido acompañada de la decisión de suspender aquellas solicitudes de marca que hubieran sido depositadas bajo el amparo de la antigua ley y antigua práctica. A los titulares interesados se les da, como única opción, la re-solicitud de sus marcas con la preferencia de poder preservar la fecha de prioridad de la solicitud más antigua durante el procedimiento de registro de la nueva solicitud.

La reactivación de los procedimientos suspendidos parece verdaderamente improbable. Y esta improbabilidad parece cobrar sentido tras haber conocido estos días que, el 29 de enero de 2018, la Oficina de Marcas de Iraq ha comenzado a requerir oficialmente a los titulares de marcas suspendidas la re-solicitud de sus derechos a riesgo de resolver su cancelación.

Si bien hay que tomar esta noticia con todas las cautelas del contexto expresado, pues existen también opiniones e informaciones discordantes, lo que parece conveniente es precisar los intereses reales en Iraq y, por prudencia, re-solicitar aquellos registros que se consideren fundamentales.

Autora: Cristina Arroyo
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Venezuela: se recomienda abonar los pagos de tasas oficiales relativos a marcas con suficiente antelación a los vencimientos

En Venezuela, como consecuencia de la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal (art. 6 del Decreto nº 1.398) del año 2015, se ha producido un importante incremento en las tasas oficiales correspondientes a trámites de derechos ya registrados.

La Reforma también ha complicado sobremanera la gestión del pago de las tasas de registro, renovación e inscripción de cambios de titularidad, domicilios y licencias, en materia de marcas.

La experiencia nos ha demostrado que las gestiones en Venezuela deben anticiparse lo máximo posible a los vencimientos, pues el pago de las tasas debe quedar transferido a la cuenta del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) y una vez realizado el depósito efectivo, los comprobantes de dichas transferencias deben recibir el sello oficial. No es infrecuente encontrarse con obstáculos burocráticos extraordinarios que demoren las actuaciones.

Además, recientemente, el Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones económicas a Venezuela que también tienen un efecto en materia marcaria. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en dólares a cuentas venezolanas, lo cual puede producir importantes retrasos en la materialización de los pagos. Estos obstáculos pueden tener importantes consecuencias para los derechos de marca. Tomando como ejemplo el procedimiento de renovación para el que la legislación venezolana no prevé periodo de gracia para extender el plazo de vencimiento, el pago de la tasa oficial – que para una marca en una clase asciende actualmente a 3.000 USD -, debe haberse acreditado convenientemente ante el SAPI antes de la fecha de expiración de la marca con el fin de evitar que el organismo declare su abandono.

Conviene tener presente, por tanto, que en Venezuela, en aquellos trámites que conlleven el pago de una tasa afectada por el art. 6 del Decreto nº 1.398, es necesario actuar ágilmente y con suficiente antelación a los vencimientos.

Autora: Cristina Arroyo
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¿Conoces el Principado de Andorra?

Hace ya casi 35 años que mis padres me llevaron a Andorra para conocer ese pequeño país de los Pirineos. También me llevaban porque Andorra era el destino óptimo para invertir mis ahorros en el que fuera mi primer reloj digital.

Han pasado muchos años desde entonces y el Principado de Andorra sigue siendo un auténtico reclamo para el turismo. Sus impresionantes pistas de ski –muchas veces reconvertidas durante el período estival en pistas de mountain bike-; sus paisajes inigualables y caminos para los amantes del senderismo y su maravilloso arte románico, constituyen una magnífica excusa para viajar al Principado

Pero Andorra posee además otro valor que atrae todos los años a miles de turistas: su frenética actividad comercial basada en una política de impuestos y precios ajustados. No es difícil encontrar en sus calles establecimientos de marcas de lujo, coches que conquistan la mirada de los viandantes, tiendas de perfumes y licores, moda y electrónica o restaurantes donde resulta muy agradable degustar los mejores vinos de todos los rincones del mundo.

A pesar de este potencial turístico y comercial y de ser un país con una renta per cápita significativamente más elevada que la de sus países vecinos –España y Francia- el Principado de Andorra no ha dispuesto hasta fechas relativamente recientes de una legislación en materia de marcas. Hace tan sólo unos meses se celebraba el vigésimo aniversario del inicio de las actividades de la Oficina de Marcas y Patentes del Principado de Andorra (OMPA). Fue el 5 de diciembre de 1996 cuando las primeras solicitudes de marcas eran depositadas y los primeros titulares obtenían, por fin, una adecuada protección de sus marcas. No en vano, la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas destaca que “la importante actividad comercial y de prestación de servicios del Principado de Andorra hace necesario regular mediante una ley que dé la seguridad jurídica suficiente, tanto a nacionales como extranjeros, la protección al derecho de propiedad y el uso de marcas industriales, comerciales y de todo tipo”.

Andorra no forma parte de la Unión Europea ni es miembro del Protocolo del Arreglo de Madrid, por lo que un sistema propio de protección de marcas se había revelado necesario. Un sistema alineado con las legislaciones modernas, pero que permitiese el registro ágil y de coste muy contenido. Un procedimiento de registro en el que al no preverse la formulación de oposiciones tuviese como casi única dificultad la codificación de los productos. Un procedimiento de registro que rara vez se alargue más de quince o veinte días.

Parece que fue ayer cuando Elzaburu empezó a gestionar los primeros expedientes de registro en el Principado de Andorra. Desde entonces, ha intervenido en la tramitación de varios miles de marcas y gestionado su mantenimiento y cuidado de forma integral. Y el resultado se puede decir que es muy satisfactorio, porque ha permitido cubrir una de las carencias de protección que tenían los titulares de derechos. Ya no hay excusa; cualquier estrategia de protección de una marca en Europa debe pasar necesariamente por el registro en el Principado de Andorra.

Y quien no haya tenido presente el Principado de Andorra en sus estrategias de internacionalización, tiene todavía la oportunidad de hacerlo porque el registro de marcas del Principado de Andorra está ahora en su plenitud. La OMPA ha cumplido 20 años. ¡Felicidades!

Autor: Luis Baz
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El registro de marcas en España paso a paso

En la reciente guía de la serie International Comparative Legal Guides (ICLG) los socios de ELZABURU, Luis Baz y Fernando Ilardia, ofrecen una panorámica completa, a la vez que sencilla, del derecho de marcas en España: cómo solicitar una marca, posibles rechazos y oposiciones, particularidades del registro, etc.

Capítulo de España (en inglés)

Reproducido con permiso de Global Legal Group (publicado en mayo 2017) 

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