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Reciente creación de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) de EUROPOL y EUIPO


El pasado 12 de julio tuvo lugar en la sede de EUROPOL en La Haya el lanzamiento de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3). Esta organización supone la respuesta de la UE a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y es resultado de la unión de fuerzas entre EUROPOL y la EUIPO en esta materia.


La IPC3 se fundamenta en el acuerdo estratégico firmado en 2013 entre EUROPOL y la EUIPO. Queda incardinada dentro de la actual estructura de EUROPOL, contando con el apoyo financiero de la EUIPO de 500.000 euros anuales.

Este organismo proporcionará apoyo técnico y operativo a las fuerzas del orden y a otros socios en la UE, y fuera de ella, mediante:
a) facilitación y coordinación de investigaciones transfronterizas,
b) vigilancia e información sobre las tendencias de delitos online y aparición de nuevos modus operandi,
c) reforzar la armonización y estandarización de los instrumentos legales y procedimientos operativos para enfrentarse a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de forma global, y
d) llegar al público y a los agentes del orden mediante el aumento de la concienciación y facilitar entrenamiento en este específico campo de conocimientos. 
La creación de este organismo está más que justificada si tenemos en cuenta el elevado impacto en la UE de los productos falsificados y pirateados, que alcanzan hasta el 5% de las importaciones con un valor de 85.000 millones de euros. La lucha contra estos delitos es una prioridad de los agentes de la ley para proteger a los consumidores de productos peligrosos y defectuosos y para combatir las redes de crimen organizado envueltas en estas actividades ilegales, frecuentemente conectadas a otras formas graves de delincuencia transnacional (contrabando, inmigración ilegal, explotación laboral, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiación de actividades terroristas, etc).

La creación de un organismo específico de EUROPOL para combatir este tipo de delitos venía siendo reclamada desde el Joint Task Force Observatory EUIPO-INTA del EU Anti-Counterfeiting Subcommittee de la INTA, del que ELZABURU forma parte.



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¿Brexit en propiedad industrial? No tan rápido, por favor

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea –en el lenguaje utilizado por el tan mentado art. 50 del Tratado de la Unión Europea- parece que ha abierto, parafraseando el título del relato del escritor británico Rudyard Kipling, la Puerta de los Cien Pesares. Abundan las voces plañideras y los mensajes de alarma. Pero lo cierto es que la puerta todavía no ha sido abierta (la notificación al Consejo no se ha producido y, previsiblemente, tardará en hacerse) y queda por ver el alcance y grado de los padecimientos que está llamada a provocar, es decir, las condiciones en que la salida será negociada.

En lo que respecta a la propiedad industrial es claro, sobre el papel, que la marcha del Reino Unido pondrá a prueba la fortaleza de los sistemas tan laboriosamente construidos a lo largo de más de medio siglo en torno a la unificación y la armonización en materia de marcas, diseños, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, obtenciones vegetales, secretos industriales o patentes. Las marcas y diseños que se registran en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, dejarán de tener efecto en el Reino Unido y habrá que arbitrar medidas para determinar qué pasa con los títulos ya inscritos y con los expedientes en curso. Algo similar ocurrirá con las denominaciones geográficas, las indicaciones de origen y las obtenciones vegetales, mientras que la armonización de los secretos industriales recién acordada no podrá imponerse al Reino Unido.

La patente europea con efectos unitarios, iniciativa a la que, como es bien sabido, no se ha incorporado España, pierde a uno de sus interlocutores más visible. De un lado, la futura posible protección unitaria para las patentes europeas ya no podrá cubrir el Reino Unido. Y, de otro lado, el propuesto Acuerdo Internacional creando un Tribunal Unificado de Patentes, además de necesitar, para su entrada en vigor, una ratificación distinta, deberá ser retocado en tanto en cuanto Londres era la sede escogida para una de las tres secciones de su División Central, la que hubiere de tratar el área de la química, de la metalurgia y de las ciencias de la vida.

Las empresas deberán sopesar en sus estrategias sobre activos inmateriales qué incidencia puede tener optar por sistemas que dejan fuera un territorio tan relevante, pero no parece que haya razones por ahora para tomar decisiones precipitadas. El Reino Unido será en su momento país de registro a cuyas orillas no llegará el efecto unitario de las marcas y diseños de la Unión Europea ni la acción de sus Tribunales.  Pero así había sido hasta no hace tanto tiempo y con ello vivían empresas y profesionales.

Sin embargo hay consecuencias de la salida del Reino Unido que escapan del ámbito de lo prosaico, pero que tienen para la propiedad industrial –lo mismo que para los derechos de autor- una importancia extraordinaria. Se quiera o no el Reino Unido encarnaba en muchas materias sensibles un modelo de ver las cosas –llamémosle, anglosajón– que pugnaba no pocas veces con el modelo más europeo o continental.

Las tensiones entre estas concepciones un tanto antagónicas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o incluso de la competencia desleal, se dejaban sentir -y de qué manera- en la propia gestación de la legislación comunitaria y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. Cabe preguntarse si con la desaparición del influjo británico la situación podría cambiar en el futuro y el difícil equilibrio alcanzado en ciertos terrenos podría hacerse añicos para siempre.

Por el momento y por acabar, como empezamos, con una cita al británico Kipling y su célebre poema “Si”, tendrá la Unión Europea que tratar en esta etapa que ahora se abre de conservar la cabeza cuando a su alrededor todos la pierden y agacharse y reconstruir con las herramientas desgastadas las cosas a las que ha dedicado su vida y que ahora contempla destrozadas.


Autor: Luis Baz


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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Elzaburu, de nuevo entre los despachos de abogados más reputados de España

La firma volvió a situarse por encima de los 14 millones de euros anuales de volumen de negocio en 2015

Madrid, 1 de Junio de 2016. El ranking realizado cada año por el diario Expansión ha vuelto a destacar a Elzaburu entre los despachos más prestigiosos de España. De este modo, los 14 millones de euros de volumen de negocio colocan al despacho entre los 20 mejores despachos españoles.

Asimismo, la firma continúa con su proceso de expansión, incrementando en un 14,3% el número de letrados en plantilla. Este dato posiciona a Elzaburu entre los 25 despachos con sede en España que más incrementó su plantilla el pasado 2015.

Por otro lado, Elzaburu se coloca en el puesto número 14 de facturación por profesional, ascendiendo a una suma total de 235.000 euros por profesional, cifra muy superior a la media de facturación por profesional de los despachos españoles, que en 2015 se situó en 190.867 euros. En este sentido, y atendiendo únicamente a la cifra de letrados por despacho, Elzaburu asciende al puesto 10 en facturación por profesional.

Un año más se demuestra que la experiencia y profesionalidad de Elzaburu continúan siendo los estandartes de la firma, colocándola así entre las mejores de España.  


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