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¿Qué es y para qué sirve una Estrategia de Propiedad Industrial e Intelectual?

Existe en nuestro país un creciente interés por parte de los CEO´s de incorporar en su agenda de trabajo una ESTRATEGIA IP, con efecto directo en la cuenta de resultados e íntimamente relacionada con las inversiones en innovación y marketing.

Gracias a un buen diseño y ejecución de este tipo de estrategia se facilita la transformación de recursos como son:  las invenciones, innovaciones, ideas, conocimiento, datos, en activos intangibles, es decir, patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor, entre otros, que pasan a engrosar y poner en valor nuestra cartera empresarial.

La transformación digital, la comunicación virtual y las nuevas tecnologías nos permiten abrir el proceso creativo a todas las áreas de las compañías, no solo a los departamentos habitualmente encargados de ello.

¿Por qué es tan importante implementarla en una compañía?

Existen muchos motivos legales y estratégicos que aconsejan su implementación, aunque los más influyentes vienen determinados por el sector y el grado de competitividad global en el que se encuentre la empresa.

Sin ánimo de exhaustividad, podríamos destacar los siguientes, que cuentan con una importante influencia estratégica:

  • Estos nuevos recursos o activos intangibles sedimentan una cultura de innovación permanente dentro de la empresa.
  • Se puede evitar que la competencia se aproveche de nuestros avances y/o perjudique nuestra ventaja competitiva, a través del uso de distintas herramientas jurídicas de protección, como: la obtención de patentes, diseños industriales, implementación de planes de secretos empresariales, protección del software creado, nombres de dominio, copyright, marcas, etc.
  • Para conocer la robustez y legitimidad de los intangibles en nuevos mercados cuando la empresa tiene planes de internacionalización.
  • Cuando la estrategia de Branding de una compañía pilota en su marca y posiciona sus productos y servicios en el mapa sectorial.
  • Para que los falsificadores profesionales u ocasionales tengan cierta reticencia en elegir nuestros productos.
  • Estos activos se pueden: ceder, licenciar, vender y valorar aumentando la cotización de la empresa, facilitando una posición más confortable en los mercados financieros.
  • Se pueden activar en balance contablemente y amortizarlos, además de fiscalmente.
  • Los costes de contratación de expertos para realizar estos procesos de transformación de ideas a activos intangibles se pueden imputar como gastos deducibles para las empresas.
  • Sin innovaciones intangibles, las compañías no pueden acceder a las ayudas gubernamentales nacionales y europeas.

Todo lo expuesto, invita a pensar que tener una Estrategia IP en el Plan director de una compañía es interesante. Os animo a compartir este reto.

Autora: Pilar Soriano
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Madrileños ante el top manta: datos para la reflexión

Recientemente se ha publicado un estudio sobre la percepción y actitudes acerca de la venta ambulante en Madrid.

El estudio ha sido presentado por SigmaDos el pasado 22 de enero en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) a la que asistió un nutrido grupo de empresarios, representantes de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca) y representante del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación se ha llevado a cabo tomando en consideración a los viandantes (tanto residentes como turistas) mayores de 18 años y los propios comerciantes.

Como conclusión general, el estudio establece que el top manta produce:

  • una reducción de la demanda en el sector del que se trate, y generando por ello, una caída en los ingresos de las empresas.
  • una reducción en las ventas que se traduce en pérdida de empleo
  • una reducción en la recaudación impositiva.

Desde el punto de vista de la población en general, los datos sobre la extensión del top manta son demoledores: una ¼ parte de los madrileños ha comprado alguna vez en el top manta, y del porcentaje que aún no lo ha hecho, hay un 7,8% que no descarta hacerlo en el futuro.

Los productos más demandados son los bolsos, seguidos por ropa en general y música. El gasto medio por compra asciende a 24,72€.

A la pregunta de ¿por qué compra o ha comprado en el top manta? La respuesta mayoritaria de los madrileños es el precio, dato por otro lado sorprendente, ya que muchos comercios legales ofertan productos similares a los vendidos en el top manta (pero sin marca) con precios muy similares o incluso inferiores a los propios de la venta ilegal.

Por otro lado, es significativo el dato de que la compra en el top manta es la propia de un impulso, ya que 90,5% de los madrileños que han comprado en el top manta, lo han hecho de forma espontánea y sin planificar.

6 de cada 10 madrileños opina que la venta ambulante ilegal es un problema social muy o bastante importante y 7 de cada 10 opinan que la venta ambulante ilegal es perjudicial para la economía social.

También 6 de cada 10 madrileños opina que el Ayuntamiento es el responsable de la gestión y solución del problema. Y 5 de cada 10 cree que afecta al orden y seguridad de la ciudad.

Con respecto a los comerciantes, se evidencia aún más la preocupación por el fenómeno del top manta, siendo opinión mayoritaria de este sector que la venta ambulante irregular afecta directamente sobre su negocio ya que supone una competencia directa, además de otros problemas derivados de la inseguridad y la ocupación de la vía pública.

Según la UE, el comercio no declarado supone un coste económico para Europa en su conjunto de 31.412 millones de euros en términos de pérdidas en ventas y de 396.629 empleos. En España, el coste se traduce en una reducción de ventas de 4.630 millones de euros y la pérdida de 53.203 puestos de trabajo.

Los datos sin duda merecen una reflexión profunda por parte de todos los operadores económicos, sociales y políticos.

Cómo abordar el fenómeno de la venta ilegal, no puede ser sólo policial (que sin duda debe mantenerse), sino que tenemos por delante un camino que pasa, sin lugar a duda, por la concienciación y educación de todos los madrileños.

Autora: Tránsito Ruiz

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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
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El Big Data farmacéutico como activo valioso: el caso de IMS Health

El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación presentado por la filial española del grupo americano IMS HEALTH frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba al pago de una indemnización de 5 millones de euros por apropiarse indebidamente y comercializar parte del contenido de una base de datos desarrollada por la empresa demandante.

INFONIS, SL y IMS HEALTH, SA, son empresas ambas que operan en el sector de la información y la tecnología dentro del ámbito médico. Fruto de una relación comercial, IMS tuvo acceso a una base de datos elaborada por INFONIS durante los años 2004 a 2006 – ZBSales – que contenía valiosa información sobre la distribución territorial de los centros médicos en España. Según el relato de los hechos, tras poner fin a la relación comercial y contractual en el año 2007, IMS habría continuado haciendo uso de la base de datos elaborada por INFONIS para elaborar un producto propio -Sanibricks -, que comercializaba a terceros.

En el año 2010, INFONIS interpuso demanda de juicio ordinario frente a IMS con base en la infracción del derecho sui generis sobre su base de datos y por actos de competencia desleal. El Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Madrid acogió las pretensiones de la demandante condendando a IMS a retirar del Mercado el producto Sanibricks y a indemnizar a INFONIS en más de 5 millones de euros, correspondientes al 65% de los ingresos obtenidos a través de la venta del producto infractor. IMS recurrió en apelación pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó de nuevo las pretensiones de IMS a excepción de lo concerniente a la obligación que imponía la sentencia de instancia de desinstalar el producto aun cuando hubiese sido adquirido por terceros de buena fe.

IMS recurre entonces en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmite el recurso por falta de justificación e inexistencia de interés casacional.

No obstante, lo interesante de este caso son los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmados posteriormente por el Alto Tribunal que dirimen cuestiones tales como el concepto de “inversión sustancial” y de “extracción o volcado de datos”, de gran relevancia ambos en el ámbito del derecho “sui generis” sobre las bases de datos.

En lo que se refiere al concepto de “inversión sustancial”, el Tribunal considera que ésta debe darse no tanto en la confección de la base de datos propiamente dicha sino en la obtención de los datos que conforman su contenido. A este respecto, considera que una inversión de 2.700.000 euros en concepto de remuneración a las personas que trabajaron en la búsqueda y recopilación de los datos, tal y como acreditó la demandada en primera instancia, ha de calificarse como sustancial.

Respecto de los criterios para determinar la existencia o no de infracción, más allá de la elevada similitud entre ambas bases de datos (cifrada por la demandante en un 86%), el Tribunal entiende que un factor definitivo es la presencia en la base de datos de la demandada, de multitud de errores ortográficos, erratas y gazapos presentes también en la base de datos originaria.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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