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Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre  (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.

No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.

Según el tenor literal de este precepto: 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: […] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. 

Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. 

En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.

En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.

El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor  depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.



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El TJUE vuelve a respaldar el sistema de compensación por copia privada mediante “canon”. Caso VG Wort


El límite de copia privada y la compensación equitativa previstos en la Directiva 2001/29/CE vuelven a ser objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia en esta sentencia, que viene a perfilar lo ya dicho en las anteriores de 21 de octubre de 2010 y 16 de junio de 2011 (asuntos C-467/08 “Padawan” y C-462/09 “Stichting”).

En la presente (caso C-457/11 a C-460/11) el Tribunal da contestación a varias cuestiones planteadas por el Bundesgerischtshof alemán, en el curso de un procedimiento iniciado por VG Wort – la entidad de gestión colectiva de los autores y editores de obras literarias en Alemania – contra varias casas fabricantes de ordenadores, impresoras y demás material informático (concretamente Kyocera, Epson y Xerox). 

El litigio traía causa de las cantidades debidas por estas compañías en concepto de compensación equitativa por copia privada a la entidad de gestión demandante durante los años 2001 a 2007. La cuestión llega ante el Alto Tribunal alemán, que requiere para su resolución de la interpretación por parte del TJUE de algunas cuestiones relativas al límite previsto en el artículo 5.2 de la llamada Directiva de la sociedad de la Información. Varios son los temas abordados en esta resolución:

1) Aplicación temporal de la Directiva 2001/20/CE

En primer término, se plantea una cuestión relativa al momento en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su derecho interno de conformidad con lo dispuesto en una Directiva. 

Concretamente, el Tribunal alemán se pregunta si la Directiva 2001/29/CE tiene aplicación en Alemania desde su entrada en vigor o bien desde el momento de expiración del plazo para su transposición. 

Pues bien, según el TJUE, la obligación de interpretar el derecho nacional de acuerdo a lo establecido en una determinada Directiva es exigible únicamente desde la fecha en que expira el plazo para su transposición.

2) Incidencia de la autorización por parte del titular y de la aplicación de medidas tecnológicas en la obligación de pago de la compensación.

En las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta se pregunta al Tribunal sobre la eventual incidencia que puedan tener ciertas circunstancias en la subsistencia de la obligación de pago de la compensación equitativa a los titulares de derechos. Concretamente se plantea si el hecho de que un titular haya autorizado la reproducción de su obra tiene repercusiones en la compensación equitativa que se establece y, si tal fuera el caso, podría llegar a suprimirse. 

La respuesta del Tribunal a este respecto es clara: en el supuesto de que un Estado miembro –tal es el caso de Alemania- haya decidido excluir, en virtud del citado artículo 5.2, el derecho del titular a autorizar la reproducción de sus obras o prestaciones en determinadas circunstancias, un eventual acto de autorización adoptado por éste carece de efectos jurídicos en el referido Estado. 

Otro tanto se puede decir para el caso de que el titular haya adoptado medidas tecnológicas dirigidas a impedir la copia de sus obras: la compensación equitativa no se elimina, pues estas medidas son perfectamente compatibles con la excepción de copia privada. 

Ahora bien, nada impide que el Estado miembro pueda hacer depender el nivel concreto de la compensación en función de la aplicación o no de tales medidas tecnológicas.


3) Soporte y medio a través del que se realiza la copia privada

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre si una reproducción llevada a cabo por un ordenador personal y una impresora, conectados entre sí, es una copia privada susceptible de generar la obligación de pagar una compensación equitativa. 

Respecto de esta cuestión, el Tribunal diferencia entre el soporte (elemento material sobre el que se reproduce una obra) y el medio (proceso) de reproducción. 

Si bien este último puede ser cualquiera que permita llegar a un resultado similar que el obtenido mediante la técnica fotográfica, la copia privada únicamente puede llevarse a cabo a partir de un soporte analógico (papel). 

Ello se traduce en que no es copia privada la realizada de un archivo contenido en un ordenador, si bien éste si puede ser utilizado conjuntamente con una impresora, reproducir un documento en formato analógico.

4) Sujetos obligados al pago y deudores de la compensación equitativa

Por último, se plantea la cuestión relativa a la famosa dicotomía “obligado al pago/deudor” de la compensación. 

Tal y como quedó establecido en los asuntos “Padawan” y “Stichting”, incumbe al que causa el perjuicio reparar el perjuicio sufrido, financiando la compensación que se abonará al titular. 

Sin embargo, nada impide, habida cuenta las dificultades prácticas asociadas a este sistema de compensación, que los Estados miembros puedan cobrar tal compensación gravando a quienes fabrican, importan o distribuyen los equipos, aparatos y soportes de reproducción, que a su vez repercutirán este coste sobre los usuarios privados.



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El Reglamento de vigilancia aduanera contra la piratería ha sido publicado


Hoy se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual. El Reglamento ahora publicado viene a derogar el Reglamento (CE) nº 1383/2003 sobre la misma materia y será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

Para un recuento de las novedades que ofrece este reglamento, se puede recurrir a nuestro post previo sobre el tema.




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Luz verde del Tribunal Supremo al Reglamento de la “Ley Sinde-Wert”

Wikimedia (Cberbell)

El viernes pasado se hicieron públicas las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2013, desestimatorias -en lo fundamental- de los recursos interpuestos contra el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La interposición misma de estos recursos por parte de la Red de Empresas de Internet y de la Asociación de Internautas, enfatizó la importancia que encerraba el nuevo sistema de medidas arbitrado para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual mediante la interrupción de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de contenidos.

En esencia, para ambas asociaciones, un sistema que atribuye a un organismo de carácter administrativo la potestad de poner veto a lo que se “cuelga” en la red, debería considerarse nulo por vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión, la interdicción de la arbitrariedad y ser contrario a los principios del derecho administrativo sancionador. 

Sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado con estas dos resoluciones la legalidad del sistema instaurado en el artículo 158.4 TRLPI y desarrollado por el citado Real Decreto. Haciendo una ponderación de los intereses y libertades implicados, el Tribunal Supremo entiende que la configuración reglamentaria de este sistema de salvaguarda de la propiedad intelectual no resulta desproporcionado ni supone una restricción indebida de los derechos de los ciudadanos. 

Merece la pena destacar, de entre los fundamentos jurídicos del Tribunal, el siguiente argumento, que cito textualmente:

“Ciertamente resulta difícil vulnerar o restringir la libertad de expresión cuando se defiende, precisamente, a los creadores de los contenidos, en definitiva, a los titulares del derecho a la propiedad intelectual, si tenemos en cuenta que este tipo de propiedad se integra por los derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ex artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y recordemos que el derecho a la producción, creación artística, científica y técnica, reconocido y protegido por el artículo 20.1.b) de la CE, no es sino una “concreción del derecho –también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo– a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones” (STC 153/1985, de 26 de noviembre).


Este respaldo judicial llega precisamente en un momento en que el Gobierno ultima la reforma del sistema, con el propósito de vencer algunas de las deficiencias detectadas. Partiendo del sistema instaurado por la Ley 2/2011, de Economía sostenible, la nueva regulación amplía las facultades de la sección 2ª de la Comisión de Propiedad intelectual, que según el texto propuesto en el Anteproyecto podrá requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad e imponer sanciones pecuniarias a los infractores. 

Estas dos resoluciones permitirán al legislador trabajar sobre tierra firme a la hora de ultimar los detalles del nuevo texto. Con todo, quizá haya que replantearse algunas cuestiones como la atribución a la sección 2ª de potestad para imponer sanciones administrativas de carácter pecuniario, habida cuenta que el Tribunal Supremo ha declarado que las funciones encomendadas a esta sección no revisten carácter sancionador, sino de mero “reestablecimiento de la legalidad”.

Celebremos, en cualquier caso, estas sentencias: todo instrumento que permita soslayar la impunidad con que algunos se sirven de Internet para defraudar derechos ajenos, por muchas imperfecciones que revista, debe ser bienvenido y apoyado sin fisuras. 



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Stravinski, el escándalo en el arte y la música en Internet

Entre las efemérides más curiosas que celebramos este año destaca el centenario del estreno en París, un 29 de mayo de 1913, de “La consagracion de la Primavera”. La premiere había despertado una espectación inusitada, pues el ballet aglutinaba no pocas figuras de la época: el compositor Stravinski, el coreógrafo Nijinski, el pintor Nicolai Roerich y el director de orquesta Monteaux. 

Si la fecha ha pasado a los anales de la historia de la cultura no ha sido por la importancia en sí de la obra sino por el escándalo mayúsculo que se generó en el patio de butacas ante la novedosa propuesta musical que la partitura entrañaba. Las risas y burlas que arrancaron tras los primeros compases del preludio desembocaron en un alboroto tal que hizo que el propio compositor tuviera que levantarse y buscar refugio entre bastidores. Allí tuvo que agarrar de la camisa a Nijinski, quien preso de ira se disponía a lanzarse sobre el escenario para poner fin al tumulto. “Un jaleo espantoso”, en palabras del compositor de El pájaro de fuego.
Comentarios del New York Times sobre el estreno.
Extraído de Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rite_of_Spring


Al parecer esta reacción del público lejos de incomodar al productor de la obra, el genial promotor de los ballets rusos Diáguilev, desató su entusiasmo: “exactamente lo que yo quería”, vino a confesar unas horas después en el restaurante donde se reunió con la compañía. Nadie como él, recuerda el propio compositor, “comprendía el valor de la publicidad”.  ¿No es para echar de menos veladas como aquellas en el mundo de la música de hoy?  ¿No es triste que los escándalos en nuestros días se manifiesten en reality shows televisivos de nulo valor artístico y no en propuestas ambiciosas donde late el impulso más innovador?

Pero este episodio nos permite también recordar que Stravinski, un músico que constituye la encarnación misma de las corrientes más vanguardistas del arte, desconfiaba de algunas manifestaciones del progreso. Esos medios modernos de difusión, como los tocadiscos, que favorecían la “sobrealimentación caótica” o la “sobresaturación de sonidos” representaban para el compositor ruso un riesgo de “embrutecimiento” de las masas, al eliminar el esfuerzo que es necesario para la comprensión del arte. La facilidad con que se accede a un sin fin de obras podía llevar a una paralización progresiva de la “facultad activa del oyente” y de su “capacidad de discernir”, volviéndoles “indiferentes ante la calidad de los fragmentos musicales que se les brindan”. ¿Qué pensaría nuestro autor en el universo actual de las plataformas de música en línea?



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