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La importancia de la propiedad industrial e intelectual en el éxito empresarial

Un nuevo invento, una mejora técnica en un proceso o producto o un modelo de utilidad son algunos ejemplos de los que se conoce como propiedad industrial. Su registro supone la obtención de un monopolio legal, por un período de tiempo y el control de su uso. Estos bienes intangibles pueden ser el máximo patrimonio de una empresa.

Este verano he tenido una conversación muy divertida con mis hijos, de 11 y 8 años, sobre tecnología. Su edad hace que sean nativos digitales y, por lo tanto, que no tengan experiencia vital sobre un mundo sin móviles y sin internet.

Me miraban con incredulidad cuando les explicaba que antes en las calles había pequeñas casetas acristaladas con teléfonos en su interior porque nadie llevaba un teléfono consigo. O que, si querías enviar un mensaje a alguien, escribías una carta que tardaba días en llegar, o que los televisores no tenían color y, mucho menos, mando a distancia. Fue un momento mágico.

Inevitablemente, también saca una sonrisa comprobar qué pensaban nuestros abuelos sobre lo que sería el futuro. Y cómo, por lo general, la mayoría de las películas se alejan bastante de lo que finalmente fue ese futuro, que no es sino nuestro presente. Baste como ejemplo, comprobar que en Regreso al Futuro 2, en el futuro que imaginaron Robert Zemeckis y Bob Gale (sus guionistas), hay coches voladores en 2015, pero ni un solo móvil.

Verificas, en suma, cómo hemos evolucionado a una velocidad sin precedentes en el último siglo. Y también compruebas que esa evolución no siempre lleva a donde habías imaginado.

¿Cómo pueden las empresas tomar decisiones en este contexto? ¿Cómo invertir? ¿Cómo proteger sus inversiones? ¿Cómo predecir lo impredecible?

La legislación ofrece un amplio abanico de posibilidades para la protección de bienes inmateriales.

Así, quien inventa algo nuevo lo puede patentar, quien diseña una mejora técnica sobre un proceso o producto ya existente puede registrarlo como modelo de utilidad y así sucesivamente con las marcas, las denominaciones de origen, etcétera. Todo este bloque es el genéricamente conocido como propiedad industrial y requiere, para nacer, su registro. El registro supone la obtención de un monopolio legal, por un período dado, para el control del uso del intangible en cuestión.

Hay intangibles que valen millones y que son el máximo patrimonio de una empresa (marcas como Coca-cola, Apple, y El Corte Inglés, entre muchísimas otras).

La fabricación de un teléfono móvil puede incluir innovaciones protegidas contenidas en unas 2.000 patentes (el USB, el Wi-fi, el 4G, el Bluetooth entre ellas). Sin esto, simplemente no es posible crear hoy día un teléfono móvil que se pueda comercializar. Y aproximadamente el 25% del precio de venta del aparato en cuestión irá destinado al pago por el uso de esas patentes. Los bienes intangibles mueven el mundo.

Y aunque seguramente el ideal de un empresario sería registrarlo todo, esto no siempre es posible.

En ocasiones, el invento no reúne los requisitos para su protección por vía de registro: el lamentablemente habitual caso de dar a conocer el nuevo invento y luego recurrir al especialista para obtener la patente, descubriendo que ello ya no es posible, por haberse incumplido el requisito exigido de novedad mundial.

En otras, resulta que el nuevo invento, o la ocurrencia para el nombre del nuevo producto, no es tan novedoso y, después de haber dado todos los pasos para el registro, comprobamos que existe un registro previo por algo idéntico o muy similar que frustra nuestras expectativas. Y todo por no salir al mercado con nuestro producto sin registrar y encontrarnos con una demanda.

En ocasiones también existen motivos económicos que frustran el registro porque sus costes exceden las posibilidades de la empresa en ese momento concreto. Y a veces, ¿por qué no? porque por más innovador que sea el invento, está claro que no tendrá recorrido comercial o le faltan mejoras técnicas y, por lo tanto, no merezca la pena la inversión que requiere su registro o, al menos, no en ese momento.

Además de la propiedad industrial también existe otro bloque igual de importante para la protección de los bienes intangibles: el de la propiedad intelectual. Este otro bloque nace por el mero hecho de la creación y puede funcionar como red última de contención en casos de registros frustrados, reclamaciones o cuando la protección a través de la propiedad industrial o no es posible, o bien no llega a tiempo. Requerirá, eso sí, una esmerada labor de documentación a efectos de prueba.

Con lo que, registrable o no, registrado o no, antes o después, siempre hay que seguir explorando alternativas.

Y si bien es perfectamente comprensible que una start-up que está iniciando su actividad considere la obtención de una marca mundial o de una patente como algo costoso, lo que no puede admitirse es que lo considere algo accesorio o no esencial para su actividad. En el caso de empresas con más recorrido, el desdén por la protección de sus intangibles es algo simplemente imperdonable.

Es fundamental que las empresas planifiquen la política de protección en materia de bienes intangibles prácticamente desde su mismo origen. Considerar e incorporar al plan de trabajo procedimientos específicos que permitan identificar: cuáles son las prioridades de las empresas en función de su actividad, donde y como surge la innovación y la creatividad, si existen secretos empresariales que se deban proteger, cuáles son las alternativas de protección disponible y qué debe hacerse para protegerla (documentarlo, designar un responsable en la organización para la centralización de solicitudes, recurrir al asesor especializado para la valoración del mecanismo de protección más adecuado, entre muchas otras) y, fundamentalmente, formar y concienciar al personal sobre la importancia de esta cuestión.

Una planificación adecuada en este sentido permitirá un uso racional de los recursos, que podrán irse redimensionando según el crecimiento de la empresa, la apertura de nuevas áreas de negocio o la situación coyuntural de cada ejercicio.

Además, se concretará en una sabia inversión: permitirá establecer alertas para saber cuándo y cómo proteger, evitará errores que puedan frustrar la protección, dará control sobre los bienes protegidos (para renovar los registros, ampliarlos, administrar la concesión de licencias a terceros, cobrar royalties, etc.) y creará barreras sólidas ante reclamaciones de terceros.

En un entorno de evolución constante y cada vez más acelerado, estos mecanismos serán, con absoluta seguridad, fuente de riqueza y garantía de viabilidad de la empresa a largo plazo. Una planificación mantenida en el tiempo será una herramienta útil en la toma de decisiones, en la racionalización de la inversión y el diseño del futuro de la empresa. Y así podríamos haber sabido, con años de antelación, que en 2015 iba a ser mejor centrarse en los móviles y descartar los proyectos de coches voladores.

Artículo publicado originalmente en Especial Directivos
Autora: Mabel Klimt
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Reforma a las directivas europeas sobre derechos de autor

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente y luego de un extenso debate, las directivas UE/2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y UE/2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión, programas de radio y televisión.

 

Estas directivas incluyen modificaciones a la normativa hasta ahora vigente, a fin de adaptar las normas sobre derechos de autor al mundo actual, considerando la evolución tecnológica. El objetivo central de estas reformas es ajustar la legislación necesaria para garantizar una remuneración justa a los titulares de derechos.

Las nuevas directivas se ocupan de cubrir las actuales vías de acceso a obras, como son los servicios de emisión de música en tiempo real, las plataformas de video a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos cargados por los propios usuarios.

Directiva UE/2019/789, de 17 de abril de 2019

Los avances tecnológicos han creado nuevas formas de difusión de obras. Los organismos de radiodifusión y los operadores de servicios de retransmisión ofrecen múltiples programas y plataformas que comprenden una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas.

Esta directiva se ha encargado de velar por los intereses de los titulares de derechos y los prestadores de servicios en línea o radiodifusión, con el fin de facilitar la obtención de derechos para la prestación de servicios accesorios en línea, tanto nacionales como de manera transfronteriza.

Asimismo, especifica la aplicación del principio del país de origen y los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de retransmisión para proporcionar seguridad a los titulares de derechos y otorgarles una remuneración justa.

Así, a partir del momento en que dichos organismos fijen el importe de pago, deberán informar a las partes interesadas (a través de las entidades de gestión) todos los aspectos relacionados con el servicio accesorio en línea, es decir, las características del servicio en línea, la disponibilidad de los programas ofrecidos, la audiencia y versiones lingüísticas disponibles.

En caso de que más de una entidad de gestión colectiva gestione los derechos afectados en el territorio del Estado miembro de que se trate, le corresponderá al Estado en cuestión decidir la entidad de gestión que será la encargada de conceder o denegar la autorización. Dichas entidades colectivas deberán llevar un registro adecuado de sus miembros, licencias y el uso de las obras para cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la Directiva.

Directiva UE/2019/790, de 17 de abril de 2019

La Directiva UE/2019/790 pretende una armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre derechos de autor y derechos afines con el fin de impedir falseamiento de competencia en el mercado único digital. Asimismo, se plantea fijar criterios generales que le permitan ser una normativa de carácter estable frente a futuras innovaciones, dotando al sistema de seguridad jurídica pero sin limitar el desarrollo tecnológico.

En relación con ámbitos como la investigación, la innovación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, la Directiva innova en la aplicación de excepciones y limitaciones con el objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y titulares de derechos y los usuarios. Las excepciones y limitaciones, como criterios restrictivos de los derechos de autor, únicamente podrán aplicarse a determinados casos, no siendo posible la aplicación analógica.

En coherencia con normativa comunitaria previa, la Directiva ahonda en el hecho de que los Estados miembros deben disponer de un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz, en materia de buena gobernanza, transparencia e información, para garantizar la distribución y el pago regular y diligente a los titulares de derechos individuales. Del mismo modo, las entidades de gestión deberán de regirse por el principio de igualdad de trato y facilitarles a los titulares de derechos la exclusión de obras.

En este caso, la Directiva incluye medidas para facilitar la concesión de licencias colectivas. Consecuentemente, los Estados miembros deberán de prever mecanismos de licencia de este tipo que permitan a las entidades de gestión colectiva concluir contratos de licencia de forma voluntaria. Dichos mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas, mandatos legales y presunciones de presentación.

Conclusiones

En conclusión, ambas directivas han incluido mecanismos por los cuales la legislación se acoplará de manera paulatina al desarrollo tecnológico que se ha transformado de manera drástica durante los últimos años.

Seguiremos con atención la transposición de las directivas analizadas en la normativa española, lo que, según la reglamentación comunitaria, deberá tener lugar antes del próximo 7 de junio de 2021.

Autoras: Harumi Wakida y Mabel Klimt
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¿Qué es y para qué sirve una Estrategia de Propiedad Industrial e Intelectual?

Existe en nuestro país un creciente interés por parte de los CEO´s de incorporar en su agenda de trabajo una ESTRATEGIA IP, con efecto directo en la cuenta de resultados e íntimamente relacionada con las inversiones en innovación y marketing.

Gracias a un buen diseño y ejecución de este tipo de estrategia se facilita la transformación de recursos como son:  las invenciones, innovaciones, ideas, conocimiento, datos, en activos intangibles, es decir, patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor, entre otros, que pasan a engrosar y poner en valor nuestra cartera empresarial.

La transformación digital, la comunicación virtual y las nuevas tecnologías nos permiten abrir el proceso creativo a todas las áreas de las compañías, no solo a los departamentos habitualmente encargados de ello.

¿Por qué es tan importante implementarla en una compañía?

Existen muchos motivos legales y estratégicos que aconsejan su implementación, aunque los más influyentes vienen determinados por el sector y el grado de competitividad global en el que se encuentre la empresa.

Sin ánimo de exhaustividad, podríamos destacar los siguientes, que cuentan con una importante influencia estratégica:

  • Estos nuevos recursos o activos intangibles sedimentan una cultura de innovación permanente dentro de la empresa.
  • Se puede evitar que la competencia se aproveche de nuestros avances y/o perjudique nuestra ventaja competitiva, a través del uso de distintas herramientas jurídicas de protección, como: la obtención de patentes, diseños industriales, implementación de planes de secretos empresariales, protección del software creado, nombres de dominio, copyright, marcas, etc.
  • Para conocer la robustez y legitimidad de los intangibles en nuevos mercados cuando la empresa tiene planes de internacionalización.
  • Cuando la estrategia de Branding de una compañía pilota en su marca y posiciona sus productos y servicios en el mapa sectorial.
  • Para que los falsificadores profesionales u ocasionales tengan cierta reticencia en elegir nuestros productos.
  • Estos activos se pueden: ceder, licenciar, vender y valorar aumentando la cotización de la empresa, facilitando una posición más confortable en los mercados financieros.
  • Se pueden activar en balance contablemente y amortizarlos, además de fiscalmente.
  • Los costes de contratación de expertos para realizar estos procesos de transformación de ideas a activos intangibles se pueden imputar como gastos deducibles para las empresas.
  • Sin innovaciones intangibles, las compañías no pueden acceder a las ayudas gubernamentales nacionales y europeas.

Todo lo expuesto, invita a pensar que tener una Estrategia IP en el Plan director de una compañía es interesante. Os animo a compartir este reto.

Autora: Pilar Soriano
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Madrileños ante el top manta: datos para la reflexión

Recientemente se ha publicado un estudio sobre la percepción y actitudes acerca de la venta ambulante en Madrid.

El estudio ha sido presentado por SigmaDos el pasado 22 de enero en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) a la que asistió un nutrido grupo de empresarios, representantes de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca) y representante del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación se ha llevado a cabo tomando en consideración a los viandantes (tanto residentes como turistas) mayores de 18 años y los propios comerciantes.

Como conclusión general, el estudio establece que el top manta produce:

  • una reducción de la demanda en el sector del que se trate, y generando por ello, una caída en los ingresos de las empresas.
  • una reducción en las ventas que se traduce en pérdida de empleo
  • una reducción en la recaudación impositiva.

Desde el punto de vista de la población en general, los datos sobre la extensión del top manta son demoledores: una ¼ parte de los madrileños ha comprado alguna vez en el top manta, y del porcentaje que aún no lo ha hecho, hay un 7,8% que no descarta hacerlo en el futuro.

Los productos más demandados son los bolsos, seguidos por ropa en general y música. El gasto medio por compra asciende a 24,72€.

A la pregunta de ¿por qué compra o ha comprado en el top manta? La respuesta mayoritaria de los madrileños es el precio, dato por otro lado sorprendente, ya que muchos comercios legales ofertan productos similares a los vendidos en el top manta (pero sin marca) con precios muy similares o incluso inferiores a los propios de la venta ilegal.

Por otro lado, es significativo el dato de que la compra en el top manta es la propia de un impulso, ya que 90,5% de los madrileños que han comprado en el top manta, lo han hecho de forma espontánea y sin planificar.

6 de cada 10 madrileños opina que la venta ambulante ilegal es un problema social muy o bastante importante y 7 de cada 10 opinan que la venta ambulante ilegal es perjudicial para la economía social.

También 6 de cada 10 madrileños opina que el Ayuntamiento es el responsable de la gestión y solución del problema. Y 5 de cada 10 cree que afecta al orden y seguridad de la ciudad.

Con respecto a los comerciantes, se evidencia aún más la preocupación por el fenómeno del top manta, siendo opinión mayoritaria de este sector que la venta ambulante irregular afecta directamente sobre su negocio ya que supone una competencia directa, además de otros problemas derivados de la inseguridad y la ocupación de la vía pública.

Según la UE, el comercio no declarado supone un coste económico para Europa en su conjunto de 31.412 millones de euros en términos de pérdidas en ventas y de 396.629 empleos. En España, el coste se traduce en una reducción de ventas de 4.630 millones de euros y la pérdida de 53.203 puestos de trabajo.

Los datos sin duda merecen una reflexión profunda por parte de todos los operadores económicos, sociales y políticos.

Cómo abordar el fenómeno de la venta ilegal, no puede ser sólo policial (que sin duda debe mantenerse), sino que tenemos por delante un camino que pasa, sin lugar a duda, por la concienciación y educación de todos los madrileños.

Autora: Tránsito Ruiz

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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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