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Publicada la propuesta de Digital Services Act de la UE

Imagen de compras online

Finalmente ayer, 15 de diciembre, la Comisión Europea publicó la anunciada propuesta de Digital Services Act, así como la propuesta de mercados digitales (acceso al artículo relacionado).

Estas nuevas normas:

  1. protegen mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales online;
  2. establecen una poderosa transparencia y un claro marco de responsabilidad para las plataformas online; y
  3. fomentan la innovación, el crecimiento y la competitividad dentro del mercado único.
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La norma sobre servicios digitales, de acuerdo con la nota de prensa publicada, introducirá una serie de nuevas obligaciones armonizadas a escala de la UE aplicables a los servicios digitales, cuidadosamente graduadas en función del tamaño y el impacto de dichos servicios, tales como:

  • normas sobre la retirada de bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea;
  • salvaguardas para los usuarios cuyos contenidos hayan sido suprimidos erróneamente por las plataformas;
  • nuevas obligaciones para que las plataformas adopten medidas basadas en los riesgos para evitar el abuso de sus sistemas;
  • medidas de transparencia de amplio alcance, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenidos a los usuarios;
  • nuevos poderes de control del funcionamiento de las plataformas, por ejemplo, facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de aquellas;
  • nuevas normas sobre trazabilidad de las empresas en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
  • un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar la aplicación efectiva en todo el mercado único.

Las plataformas que lleguen a más del 10 % de la población de la UE (45 millones de usuarios) se considerarán de carácter sistémico y estarán sujetas no solo a obligaciones específicas de control de sus propios riesgos sino también a una nueva estructura de supervisión. Este nuevo marco de rendición de cuentas estará integrado por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con facultades especiales de la Comisión en materia de supervisión de plataformas muy grandes, incluida la facultad de sancionarlas directamente.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros discutirán ahora estas propuestas de la Comisión según el procedimiento legislativo ordinario. Una vez se adopten estas normas, resultarán de obligado cumplimiento en toda la UE. Habrá que estar atentos a las modificaciones que se puedan realizar  durante su tramitación parlamentaria. En cualquier caso, el intento de poner cierto orden en el mundo digital no puede ser más acertado.

 

Autor: Juan José Caselles

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Inminente publicación de la “Digital Services Act” de la UE

Inminente publicación de la "DIGITAL SERVICES ACT" de la UE

Las plataformas en línea (como los motores de búsqueda, medios de comunicación social y plataformas de comercio electrónico) están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las normas actuales de la UE para los servicios digitales han permanecido en gran medida inalteradas desde la adopción de la Directiva de Comercio Electrónico en el año 2000, existiendo grandes discrepancias en la forma en que esa Directiva ha sido implementada en toda la UE.

Inminente publicación de la "DIGITAL SERVICES ACT" de la UE  

La Comisión anunció la revisión de las normas del mercado interno para los servicios digitales en su comunicación de 2019 Shaping Europe’s digital future. Se han llevado a cabo dos consultas públicas, que finalizaron el pasado 8 de septiembre de 2020, con la siguiente estructura:

  1. Evaluación de la Directiva de Comercio Electrónico y aclaración de las reglas de responsabilidad en los servicios digitales, y
  2. Posible introducción de un instrumento regulatorio ex-ante para controlar las prácticas de las plataformas dominantes con importantes efectos sobre la red y que actúan como “guardianes o porteros (gatekeepers)”.

En octubre de 2020 se ha presentado el estudio de evaluación del valor añadido de la Digital Service Act para la UE y aprobado una Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la Ley de Servicios Digitales y las cuestiones planteadas sobre derechos fundamentales.

El inminente siguiente paso será la publicación de Digital Service Act, que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre de 2020. Habrá que estar atentos a su texto definitivo, en especial sobre la posible creación de autoridades nacionales que puedan intervenir contra contenidos ilícitos. Lo que sí parece claro es que la libertad de expresión no podrá ser usada para vender online productos con marcas falsificadas.

 

Autor: Juan José Caselles

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Reforma a las directivas europeas sobre derechos de autor

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente y luego de un extenso debate, las directivas UE/2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y UE/2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión, programas de radio y televisión.

 

Estas directivas incluyen modificaciones a la normativa hasta ahora vigente, a fin de adaptar las normas sobre derechos de autor al mundo actual, considerando la evolución tecnológica. El objetivo central de estas reformas es ajustar la legislación necesaria para garantizar una remuneración justa a los titulares de derechos.

Las nuevas directivas se ocupan de cubrir las actuales vías de acceso a obras, como son los servicios de emisión de música en tiempo real, las plataformas de video a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos cargados por los propios usuarios.

Directiva UE/2019/789, de 17 de abril de 2019

Los avances tecnológicos han creado nuevas formas de difusión de obras. Los organismos de radiodifusión y los operadores de servicios de retransmisión ofrecen múltiples programas y plataformas que comprenden una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas.

Esta directiva se ha encargado de velar por los intereses de los titulares de derechos y los prestadores de servicios en línea o radiodifusión, con el fin de facilitar la obtención de derechos para la prestación de servicios accesorios en línea, tanto nacionales como de manera transfronteriza.

Asimismo, especifica la aplicación del principio del país de origen y los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de retransmisión para proporcionar seguridad a los titulares de derechos y otorgarles una remuneración justa.

Así, a partir del momento en que dichos organismos fijen el importe de pago, deberán informar a las partes interesadas (a través de las entidades de gestión) todos los aspectos relacionados con el servicio accesorio en línea, es decir, las características del servicio en línea, la disponibilidad de los programas ofrecidos, la audiencia y versiones lingüísticas disponibles.

En caso de que más de una entidad de gestión colectiva gestione los derechos afectados en el territorio del Estado miembro de que se trate, le corresponderá al Estado en cuestión decidir la entidad de gestión que será la encargada de conceder o denegar la autorización. Dichas entidades colectivas deberán llevar un registro adecuado de sus miembros, licencias y el uso de las obras para cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la Directiva.

Directiva UE/2019/790, de 17 de abril de 2019

La Directiva UE/2019/790 pretende una armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre derechos de autor y derechos afines con el fin de impedir falseamiento de competencia en el mercado único digital. Asimismo, se plantea fijar criterios generales que le permitan ser una normativa de carácter estable frente a futuras innovaciones, dotando al sistema de seguridad jurídica pero sin limitar el desarrollo tecnológico.

En relación con ámbitos como la investigación, la innovación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, la Directiva innova en la aplicación de excepciones y limitaciones con el objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y titulares de derechos y los usuarios. Las excepciones y limitaciones, como criterios restrictivos de los derechos de autor, únicamente podrán aplicarse a determinados casos, no siendo posible la aplicación analógica.

En coherencia con normativa comunitaria previa, la Directiva ahonda en el hecho de que los Estados miembros deben disponer de un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz, en materia de buena gobernanza, transparencia e información, para garantizar la distribución y el pago regular y diligente a los titulares de derechos individuales. Del mismo modo, las entidades de gestión deberán de regirse por el principio de igualdad de trato y facilitarles a los titulares de derechos la exclusión de obras.

En este caso, la Directiva incluye medidas para facilitar la concesión de licencias colectivas. Consecuentemente, los Estados miembros deberán de prever mecanismos de licencia de este tipo que permitan a las entidades de gestión colectiva concluir contratos de licencia de forma voluntaria. Dichos mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas, mandatos legales y presunciones de presentación.

Conclusiones

En conclusión, ambas directivas han incluido mecanismos por los cuales la legislación se acoplará de manera paulatina al desarrollo tecnológico que se ha transformado de manera drástica durante los últimos años.

Seguiremos con atención la transposición de las directivas analizadas en la normativa española, lo que, según la reglamentación comunitaria, deberá tener lugar antes del próximo 7 de junio de 2021.

Autoras: Harumi Wakida y Mabel Klimt
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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (II)

Se considera al secreto como objeto de propiedad, permitiendo la cesión y licencia de los secretos empresariales, con un régimen similar al de las patentes, donde ya se contemplaba la cesión del know-how. Asimismo, se determina el régimen para los casos de cotitularidad sobre el secreto; en estos casos prevalecería lo acordado entre las partes, aplicándose en su defecto lo que resulte aplicable en la Ley y, en lo restante, por las previsiones sobre comunidad de bienes del Código Civil. De nuevo, el régimen legal es similar al de las patentes. Por último, este capítulo impone responsabilidad al transmitente de secretos de los que no era titular por los daños causados al adquirente, siempre que el primero hubiese actuado de mala fe.

Con respecto a las acciones de defensa del secreto empresarial, se equipara este derecho al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo de nuevo el catálogo de acciones permitidas para las patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. La responsabilidad atenuada del tercero de buena fe de la que hablábamos antes se materializa en este punto, pues se permite la sustitución de estas acciones por el pago de una indemnización pecuniaria en algunos casos.  Adicionalmente, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento fijado tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los grandes avances incorporados es la exigencia de confidencialidad en procedimientos judiciales sobre secretos, evitando poner en riesgo esta valiosa información por el ejercicio de una acción estableciéndose medidas de preservación y sanciones por su infracción.

La nueva Ley supone una oportunidad para todas las empresas, a las que abre la posibilidad de proteger como secreto empresarial informaciones que no tenían una protección clara. Precisamente por este motivo se hace necesario implantar un plan de protección del secreto empresarial para conseguir la protección dispensada por la Ley. De lo contrario, el titular del secreto empresarial no podría ejercitar las múltiples acciones que la nueva Ley pone a su alcance.

Asimismo, las empresas deberán ser especialmente diligentes con la información que reciben y utilicen y pueda ser considerada secreto pues, como ya hemos mencionado, pueden ser responsables de infracciones, aun en el caso de ser terceros de buena fe.

  Puedes acceder a la primera entrega aquí
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