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Publicada la propuesta de Digital Services Act de la UE

Imagen de compras online

Finalmente ayer, 15 de diciembre, la Comisión Europea publicó la anunciada propuesta de Digital Services Act, así como la propuesta de mercados digitales (acceso al artículo relacionado).

Estas nuevas normas:

  1. protegen mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales online;
  2. establecen una poderosa transparencia y un claro marco de responsabilidad para las plataformas online; y
  3. fomentan la innovación, el crecimiento y la competitividad dentro del mercado único.
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La norma sobre servicios digitales, de acuerdo con la nota de prensa publicada, introducirá una serie de nuevas obligaciones armonizadas a escala de la UE aplicables a los servicios digitales, cuidadosamente graduadas en función del tamaño y el impacto de dichos servicios, tales como:

  • normas sobre la retirada de bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea;
  • salvaguardas para los usuarios cuyos contenidos hayan sido suprimidos erróneamente por las plataformas;
  • nuevas obligaciones para que las plataformas adopten medidas basadas en los riesgos para evitar el abuso de sus sistemas;
  • medidas de transparencia de amplio alcance, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenidos a los usuarios;
  • nuevos poderes de control del funcionamiento de las plataformas, por ejemplo, facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de aquellas;
  • nuevas normas sobre trazabilidad de las empresas en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
  • un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar la aplicación efectiva en todo el mercado único.

Las plataformas que lleguen a más del 10 % de la población de la UE (45 millones de usuarios) se considerarán de carácter sistémico y estarán sujetas no solo a obligaciones específicas de control de sus propios riesgos sino también a una nueva estructura de supervisión. Este nuevo marco de rendición de cuentas estará integrado por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con facultades especiales de la Comisión en materia de supervisión de plataformas muy grandes, incluida la facultad de sancionarlas directamente.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros discutirán ahora estas propuestas de la Comisión según el procedimiento legislativo ordinario. Una vez se adopten estas normas, resultarán de obligado cumplimiento en toda la UE. Habrá que estar atentos a las modificaciones que se puedan realizar  durante su tramitación parlamentaria. En cualquier caso, el intento de poner cierto orden en el mundo digital no puede ser más acertado.

 

Autor: Juan José Caselles

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Inminente publicación de la “Digital Services Act” de la UE

Inminente publicación de la "DIGITAL SERVICES ACT" de la UE

Las plataformas en línea (como los motores de búsqueda, medios de comunicación social y plataformas de comercio electrónico) están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las normas actuales de la UE para los servicios digitales han permanecido en gran medida inalteradas desde la adopción de la Directiva de Comercio Electrónico en el año 2000, existiendo grandes discrepancias en la forma en que esa Directiva ha sido implementada en toda la UE.

Inminente publicación de la "DIGITAL SERVICES ACT" de la UE  

La Comisión anunció la revisión de las normas del mercado interno para los servicios digitales en su comunicación de 2019 Shaping Europe’s digital future. Se han llevado a cabo dos consultas públicas, que finalizaron el pasado 8 de septiembre de 2020, con la siguiente estructura:

  1. Evaluación de la Directiva de Comercio Electrónico y aclaración de las reglas de responsabilidad en los servicios digitales, y
  2. Posible introducción de un instrumento regulatorio ex-ante para controlar las prácticas de las plataformas dominantes con importantes efectos sobre la red y que actúan como “guardianes o porteros (gatekeepers)”.

En octubre de 2020 se ha presentado el estudio de evaluación del valor añadido de la Digital Service Act para la UE y aprobado una Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la Ley de Servicios Digitales y las cuestiones planteadas sobre derechos fundamentales.

El inminente siguiente paso será la publicación de Digital Service Act, que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre de 2020. Habrá que estar atentos a su texto definitivo, en especial sobre la posible creación de autoridades nacionales que puedan intervenir contra contenidos ilícitos. Lo que sí parece claro es que la libertad de expresión no podrá ser usada para vender online productos con marcas falsificadas.

 

Autor: Juan José Caselles

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Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor de la licitud, desde la perspectiva de las normas de libre competencia, de la prohibición impuesta por la compañía Coty Germany a los miembros de su red de distribución selectiva de ofrecer sus perfumes de lujo a través de la plataforma de comercio en línea de Amazon.

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE  

Pues bien, el pasado 2 de abril el TJUE ha resuelto una nueva cuestión prejudicial (asunto C-567/18) referida a la venta a través de esa plataforma de los perfumes de Coty. En esta ocasión, sin embargo, Coty había dirigido su reclamación directamente contra Amazon, y la decisión ha sido contraria a sus intereses.

En efecto, Coty Germany había demandado a Amazon ante los tribunales alemanes alegando que estaba infringiendo sus derechos de marca al almacenar perfumes de la marca Davidoff sobre los que no se habían agotado sus derechos de marca. El almacenamiento en cuestión formaba parte del servicio prestado por Amazon a vendedores terceros que ofrecían productos para su venta en el apartado “Amazon-Marketplace” del sitio web de Amazon en Alemania.

La demanda fue desestimada y al interponer Coty recurso de casación contra la decisión el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que aclarase si ese almacenamiento constituía un uso de la marca en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. En concreto, si se trataba del supuesto de uso mencionado en el art. 9.3.b) del Reglamento 2017/1001, que permite que pueda prohibirse a terceros “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.”

Para resolver la cuestión el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar su jurisprudencia anterior conforme a la cual en las plataformas de comercio electrónico son los vendedores de los productos los que usan las marcas de terceros y no los operadores de esas plataformas (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal, C-324/09).

Respecto al servicio de almacenamiento prestado por Amazon a los terceros que venden productos a través de su plataforma, el Tribunal señala que, conforme a la información facilitada por el tribunal remitente, Amazon no ofrecía ella misma esos productos ni los comercializaba, sino los vendedores terceros. Y de esta circunstancia deduce que Amazon no usa las marcas en el marco de su propia comunicación comercial. Por tanto, no le resulta aplicable el art. 9 del Reglamento.

Por último, el TJUE puntualiza que lo anterior no excluye que la conducta del operador de la plataforma con relación a las marcas de terceros se examine con arreglo a otras normas, en concreto el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31, de servicios de la sociedad de la información, o el artículo 11 de la Directiva 2004/48, de enforcement. Ahora bien, como esta cuestión no había sido planteada por el tribunal remitente en este caso, el Tribunal de Justicia se abstiene de realizar ese examen, a pesar de la solicitud de Coty en este sentido.

En suma, el Tribunal de Justicia rechaza que se pueda hacer responsable directa a Amazon de las infracciones de marca cometidas por los vendedores que utilizan su plataforma de venta en línea, ni siquiera cuando se ocupa de almacenar las mercancías infractoras. Pero no descarta que los titulares de marcas infringidas puedan solicitar la adopción de medidas frente a ella a través de la aplicación de las normas de las directivas mencionadas. Habrá que atender a estos efectos al precedente de la sentencia de 12 de julio de 2011 antes citada, donde sí se examinó esta cuestión en relación con la plataforma eBay.

 

Autor: Carlos Morán

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (II)

Derechos digitales

Adicionalmente al campo de protección de datos, en su Título X la norma establece una discutida, entre los profesionales del sector, y discutible serie de previsiones en relación con derechos en el ámbito digital como son la neutralidad de Internet, su acceso

universal, su promoción en el ámbito educativo o la ampliación del derecho al olvido al ámbito de las RRSS.

En el ámbito laboral

En relación con el ámbito laboral establece una amplia protección a los trabajadores, descargando en el empleador la necesidad de adaptar sus políticas internas a factores nuevos como son:

  1. a) Protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales y acceso tasado a su contenido.
  2. b) Desconexión digital, a fin de garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del tiempo de trabajo.
  3. c) Mayor regulación de las condiciones para la videovigilancia y grabación de sonidos válida.
  4. d) Derecho de la intimidad del trabajador frente a sistemas de geolocalización.
Herencia digital

Salvo estipulación testamentaria en contrario, los herederos, personas vinculadas al fallecido y/o que hayan sido designadas por él, podrán acceder a sus contenidos en redes sociales y plataformas digitales y dar instrucciones a los prestadores de estos servicios sobre su uso, modificación, destino y eliminación.

Acceso a la primera parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (I)

El 6 diciembre ha sido publicada en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) que fue aprobada por el Pleno del Senado el anterior 21 de noviembre.

Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no deja a los Estados miembro de la UE un margen de actuación muy amplio, motivo por el que la nueva Ley se remite con frecuencia a dicho Reglamento, sin embargo, ésta sí contempla algunas previsiones novedosas que reflejamos en este post informativo.

El Delegado de Protección de Datos

Adicionalmente a las previsiones que ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al respecto, la norma establece un total de 16 supuestos en los que resulta preceptivo que se designe a un DPD.

Así, empresas de publicidad que lleven a cabo profiling, operadores que desarrollen la actividad del juego vía canales electrónicos, entidades aseguradoras, centros docentes o empresas de servicios de inversión relacionadas con el mercado de valores, entidades financieras y ciertas compañías energéticas, entre otras, se verán afectadas por esta previsión.

Transparencia e información

Mediante su artículo 11, la LOPDPGDD convierte en norma lo que hasta ahora venían siendo recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y del antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29 en relación con el sistema de información en doble capa.

De este modo, si ahora se acude a este método de información por niveles, necesariamente la primera capa deberá contener como mínimo los aspectos que este artículo 11 exige:

  1. La identidad del responsable y, en su caso, su representante.
  2. La finalidad del tratamiento.
  3. La posibilidad de ejercer los derechos de protección de datos.
  4. Si los datos no se obtienen directamente del titular, además el tipo de datos y su fuente de obtención.

Menores de edad

Mantiene el criterio del límite de edad en los 14 años e introducen previsiones en pro de la defensa del menor y su interacción con el ámbito digital, como son la posible intervención del Ministerio Fiscal en aquellos casos de utilización o difusión de imágenes e información personal de menores en las RRSS en caso de que estos supongan una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

Interés legítimo e interés público

Se recogen expresamente determinados tratamientos de datos respecto de los cuales se presume que el responsable tiene interés legítimo o que se llevan a cabo con base en el interés público.

Respecto a los primeros, encontraríamos los sistemas de información crediticia, la modificación estructural de sociedades o su traspaso y el caso de los datos de contacto de empresarios individuales y profesionales liberales, siempre y cuando su tratamiento se circunscriba únicamente al ámbito profesional en tanto a su localización y contacto para prestación de servicios especializados.

Por su parte, en relación con el interés público, tenemos la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas.

La polémica sobre los partidos políticos

En sus disposiciones finales, la nueva LOPD contempla la modificación de la Ley del Régimen Electoral, permitiendo a los partidos políticos la recopilación y uso de datos recabados a través de páginas web y otras fuentes de acceso público, así como avalar el envío de propaganda electoral, incluso por vía electrónica, al confirmar que dicha propaganda no debe considerarse como comunicación comercial.

Desde un punto de vista técnico, destaca la consideración implícita de las páginas web como fuentes de acceso público, ya que hasta ahora Internet no era considerada como tal.

Sistema de sanciones

La norma concreta y gradúa las conductas infractoras de la normativa de protección de datos en las tradicionales categorías de (i) leve, (ii) grave y (iii) muy grave, manteniendo las cuantías ya asentadas en el RGPD, que oscilan entre un mínimo de 10.000.000€ o el 2% de facturación anual global y un máximo de 20.000.000€ o el 4% de facturación anual global.

 

Acceso a la segunda parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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