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Victoria en los tribunales para el F.C. Barcelona

A los triunfos cosechados por el F.C. Barcelona en el campo de fútbol hay que añadir en este caso otro que ha tenido lugar en un campo diferente aunque no menos complicado: el de la propiedad industrial.

Como si de un partido de fútbol de tres tiempos se tratara, el triunfo del Barça ha ocurrido en la última fase del partido, tras dos intentos infructuosos ante la OEPM.

En efecto, tras una oposición presentada en nombre del F.C. Barcelona contra los diseños industriales españoles nº 0515626-01, 02 y 04, el 28 de octubre de 2013 la OEPM emitió una resolución desestimando dicha oposición. El F.C. Barcelona reaccionó presentando un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Unidad de Recursos de la OEPM, que también fue desestimado mediante una nueva resolución emitida el 7 de marzo de 2014.

El club catalán  interpuso entonces un recurso jurisdiccional contra la resolución del recurso de alzada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución del Tribunal, fechada el 17 de febrero de 2017, esta vez sí resultó favorable para los intereses del F.C. Barcelona, al revocar la resolución anterior con denegación de los diseños impugnados.

Los diseños industriales impugnados consistían en portadas y hojas de calendario con varias fotografías correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y con la denominación BAR-CEL-ONA impresa en grandes letras sobre ellas. En concreto, los productos indicados por el solicitante fueron “artículos de papelería, oficina, folletos, catálogos, productos de imprenta, calendarios”, en la clase de Locarno 32-00.

                                

            D0515626-01                                                D0515626-02                                         D0515626-04

Entre dichas imágenes destacaba una fotografía del interior del estadio del F.C. Barcelona (Camp Nou), con una grada en la que se alternaban los colores del F.C. Barcelona (azul y granate) y donde se distinguía la palabra “BARÇA” en color amarillo y grandes caracteres.

Las marcas registradas en las que se basaba el club catalán eran la correspondiente a la imagen del estadio Camp Nou y las denominativas “FC BARCELONA” y “BARÇA”, concedidas para artículos de papelería y calendarios, entre otros productos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el primer motivo del recurso al establecer que los diseños impugnados cumplen con los requisitos de novedad y carácter singular, al tratarse de una composición con una distribución concreta de imágenes que puede considerarse novedosa en su conjunto, y al considerar que la selección de las imágenes y la composición del conjunto aportarían singularidad.

Sin embargo, la sentencia sí estima el segundo motivo del recurso, basado en el artículo 13.f) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial (que tiene su correspondencia con el Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios). Dicho artículo 13.f) de la ley española establece como motivo de denegación o de cancelación de un diseño español el hecho de que “el diseño incorpore una marca u otro signo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el díselo registrado”.

A pesar de que la sentencia reconoce que la fotografía del estadio incorporada al diseño objeto de recurso “no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece”, el Tribunal destaca “que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior, sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios”. Asimismo indica que el juicio del riesgo de confusión puede ser más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario, y que también hay que considerar la posibilidad de que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

El Tribunal justifica su decisión con varios razonamientos:

  • El carácter renombrado del F.C. Barcelona así como de sus marcas y símbolos de identidad.
  • El hecho de que la fotografía del Camp Nou adquiera relevancia en el conjunto del diseño al estar ubicada en la parte central, relativamente libre de la denominación BAR-CEL-ONA.
  • El hecho de que no se cuestione que la fotografía fuera tomada de la propia página web del F.C. Barcelona, y de que en la misma aparezca claramente la denominación “BARÇA” (marca registrada) en una posición dominante.

Asimismo, el Tribunal destacó que, de estar en vigor el diseño impugnado, podría darse la paradoja de que el titular del mismo pudiera cuestionar la utilización por parte del F.C. Barcelona de su propia fotografía del estadio.

No obstante, el Tribunal no se pronunció sobre si la reproducción de la fotografía del estadio (tomada de la página web del F.C. Barcelona) suponía una causa de cancelación del registro basada en el Artículo 13.g) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(f) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), es decir, basada en que “el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”.

Lo más destacable de esta sentencia es la interpretación amplia que realiza el Tribunal del artículo 13.f) de la Ley 20/2003 (correspondiente al Artículo 25.1(e) del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo), estableciendo que no es necesaria la coincidencia exacta del elemento incorporado en el diseño con una marca u otro signo anteriormente protegido en España para determinar la cancelación del diseño, y destacando la importancia de la notoriedad de la marca o signo anterior, como un factor adicional a tener en cuenta al valorar el riesgo de confusión en los consumidores o usuarios.

También es interesante destacar que esta sentencia puede resultar un precedente para otros casos de diseños industriales españoles que pretenden proteger productos (normalmente souvenirs, artículos de papelería u ornamentaciones), con elementos o imágenes emblemáticas que puedan entrar en conflicto con marcas o signos anteriores.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  3 de agosto 2017.

Autor: Pedro Saturio

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La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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Se presenta el balance de incautaciones en España en el Día Mundial Antifalsificación 2017

Con motivo de la celebración el pasado 30 de junio del Día Mundial Antifalsificación, se presentó en la Oficina  Española de Patentes y Marcas el balance anual de intervenciones de productos falsificados llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en España en 2016.

En total, en 2016 se incautaron en España más de 4 millones de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de casi 780 millones de euros.

La intervenciones policiales realizadas tanto por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sumaron la cifra de 1.447 operaciones en las que se incautaron 1’6 millones de objetos falsificados que habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que casi 590 millones corresponden a joyas y relojería, casi 38’4 millones al sector textil y casi 21’2 millones a marroquinería y complementos.

Las incautaciones policiales se han realizado por el siguiente orden: 43’68 % en naves/fábricas/almacenes; el 23’28 % en domicilios y el 20’85 % en la vía pública.

Por comunidades autónomas, el mayor número de intervenciones se produjo en Andalucía con 464 intervenciones y un total de casi 408.000 productos incautados. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana con 208 intervenciones y un total de 380.622 productos incautados. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 175 intervenciones y 367.234 productos incautados y Cataluña con 172 intervenciones y casi 190.000 artículos incautados.

Por otro lado, la Agencia Tributaría practicó en 2016 un total de 2.232 intervenciones con más de 2’5 millones de productos incautados, que habrían alcanzado un valor en el mercado de casi 78 millones de euros. Más el 60 % de los productos fueron aprehendidos en los puertos, procediendo del continente asiático dos de cada tres productos falsos.

En la celebración de este Día Mundial Antifalsificación se puso de manifiesto que este tipo de actividad delictiva destruye en España cada año más de 67.000 puestos de trabajo directos y supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, destacando la necesidad de que los consumidores sean conscientes del problema y efectúen compras responsables en comercios lícitos que generen empleo y riqueza y que cumplan con la legalidad.

Autor: Juan José Caselles

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Más solicitudes de modelo de utilidad que de patente en el arranque de la nueva Ley de patentes

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015 de Patentes el 1 de abril de 2017, ya están disponibles las primeras cifras provisionales de presentaciones de solicitudes de patente y de modelo de utilidad, que permiten extraer algunas conclusiones.

Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017
Patente 570 75 152
Modelo de Utilidad 350 124 190

Fuente: OEPM (Servicio de Estadísticas y Estudios – Unidad de Apoyo de la Dirección General).

En primer lugar, cabe destacar el comportamiento de los solicitantes en el último mes de vigor de la antigua Ley 11/1986 de Patentes. En el mes de marzo de 2017 se presentaron 570 solicitudes de patente y 350 solicitudes de modelo de utilidad, cifras que son considerablemente más altas que las de los meses anteriores. Probablemente en algunos casos los solicitantes hayan querido beneficiarse de algunas disposiciones que ofrecía la antigua Ley de Patentes, como la posibilidad de tramitar la solicitud de patente bajo el procedimiento general sin examen previo, o el requisito de novedad local para solicitudes de modelo de utilidad.

El primer mes de la nueva Ley de Patentes (abril de 2017) cerró con cifras provisionales muy bajas (75 solicitudes de patente y 124 solicitudes de modelo de utilidad). Ello puede deberse al hecho de que algunos solicitantes hayan adelantado la presentación de su solicitud de registro para que se acogiera a la antigua Ley de Patentes, unido a que este año la Semana Santa ha sido en abril.

En el mes de mayo de 2017 las presentaciones de solicitudes aumentaron considerablemente con respecto al mes anterior (152 solicitudes de patente y 190 solicitudes de modelo de utilidad).

A la vista de estos datos, podemos concluir que los solicitantes están prefiriendo inicialmente la opción de modelo de utilidad (314 solicitudes de modelo de utilidad frente a 227 solicitudes de patente en los dos primeros meses), y que, tras un arranque con cifras bajas, el número de solicitudes se está incrementando. Esperemos que en los próximos meses dicho incremento se confirme, alcanzando o superando el número de presentaciones que había con la antigua Ley de Patentes.

Autor: Pedro Saturio
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El Supremo emite sentencia sobre originalidad de obras arquitectónicas

El Tribunal Supremo español se ha pronunciado recientemente sobre el concepto de originalidad en el ámbito de las obras de arquitectura, sentando así, por primera vez, de forma clara y precisa, pautas para la aplicación de la protección por Derecho de autor a este tipo de obras.

 El supuesto de hecho que da lugar al litigio es muy común en el sector de la arquitectura. Un primer arquitecto (el demandante en primera y segunda instancia) elabora un Proyecto de arquitectura para un hotel en Barcelona por encargo de una promotora inmobiliaria. Al no obtener la autorización por parte de las autoridades urbanísticas, la promotora contrata a otros dos arquitectos (demandados en primera y segunda instancia y recurrentes en casación) para que preparen una segunda propuesta que se ajuste a la normativa urbanística municipal. Demandante y demandados suscribieron un acuerdo por el que el primero renunciaba al 50% de la dirección de la obra, compartiendo así el encargo con los otros dos. Se elaboró un Segundo Proyecto firmado por los tres arquitectos, que quedó paralizado por falta de liquidez de la promotora. Dos años más tarde, los demandados presentaron un tercer Proyecto, sustancialmente idéntico al anterior, pero esta vez sin la firma del demandante. Este hecho motivó la presentación de la demanda contra los arquitectos firmantes del tercero de los proyectos, en la que se alegaba, fundamentalmente, que el mismo constituía una obra en colaboración, regulada en el artículo 7 TRLPI y que, en consecuencia, los derechos sobre la misma correspondían a los arquitectos a partes iguales. Exigía el demandante su reconocimiento como coautor del proyecto y el abono de los honorarios que en tal concepto le hubieran correspondido.

Para el Tribunal la obra arquitectónica es una obra de carácter funcional que sólo está protegida por el derecho de autor en la medida en que sea “singular”. Más allá de los logros estéticos o prácticos la obra debe presentar “un carácter novedoso que permita diferenciarla de otras preexistentes”. Si se proyectan edificios “ordinarios”, sin una mínima singularidad o distintividad, la propiedad intelectual no le es aplicable.

Los pronunciamientos de la sentencia no pueden ser más elocuentes: “Ni todo proyecto arquitectónico está dotado per se de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de mayor o menor tamaño, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitectónico ni toda edificación es una obra original, protegida por la propiedad intelectual

El Tribunal niega la condición de autor al arquitecto demandante en relación con la obra para la que colaboró con los demandados. Según puntualiza el Tribunal, cuando se trata de una obra en colaboración en la que pueden distinguirse partes que reúnen el requisito de la originalidad y partes que no lo reúnen, y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, “aquellos que hayan realizado las aportaciones al proyecto arquitectónico dotadas de originalidad serán considerados autores protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozarán de tal consideración y protección, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo recibido y del trabajo realizado para cumplirlo“.

En el presente caso, el Tribunal considera que la participación del demandante no tenía la necesaria altura creativa para considerarle autor, a diferencia de lo que sucedía con la parte realizada en exclusiva por los demandados y limitada en esencia a la composición volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, elementos estos a los que se habrían aplicado unos criterios compositivos dotados de originalidad.

 La sentencia comentada tiene una enorme relevancia porque no sólo consolida el concepto general de originalidad que ha de revestir una determinada creación para ser considerada una obra, sino que establece pautas bastante claras para su aplicación concreta a los proyectos arquitectónicos.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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