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La nueva partida presupuestaria por copia privada confirmada en los Presupuestos Generales del Estado


El día 30 de junio de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, en la que se incluye la enmienda aprobada dos días antes por el Senado por la que se acuerda la inclusión de una partida de cinco millones de euros para la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida, según reconoce José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, viene a compensar de algún modo la supresión del conocido “canon digital” el pasado mes de diciembre de 2011.

Más allá de cualquier valoración al respecto, cabría recordar que en la célebre (y anulada) Orden de 2008 el perjuicio anual por la copia privada había sido cuantificado (por muy discutible que fuera el dato) en 37 millones de euros (para los libros) y 80 millones (para los fonogramas y audiovisual), lo que arrojaba una cifra total de casi 120 millones de euros.

Parece claro que la austeridad presupuestaria, como no podía ser de otra forma, también afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que cuatro años después han visto cómo los 120 millones de 2008 han menguado a nada más que 5.

Autor: Francisco Marín

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España fuera de la ignominiosa Watch List en materia de piratería comercial

Todos los años por estas fechas muchos países se ven sometidos a una suerte de juicio universal  en relación con sus índices de piratería. La publicación del Informe Especial 301 del Departamento de Comercio estadounidense constituye un verdadero termómetro para medir la eficacia de la acción de los Gobiernos en la lucha contra esta lacra. Duele decir que España se encontraba desde 2008 en la Watch List  o lista negra de países con peores índices de piratería de toda Europa. Y ahí permanecía nuestro país hasta la reciente publicación el pasado 30 de abril del nuevo Informe anual 2012.

España ha dejado de tener el dudoso honor de estar incluido en la mencionada lista gracias al reconocido esfuerzo efectuado tras la aprobación en 2011 de la llamada Ley Sinde y la puesta en marcha recientemente del sistema cautelar instaurado para la persecución de la piratería on-line a través de la Comisión de Propiedad Intelectual. Este esfuerzo tiene aún más mérito, si cabe, tras comprobar que otros países europeos de nuestro entorno siguen incluidos en la lista de vigilancia.

Aunque las duras críticas de los anteriores informes estadounidenses sobre la pasividad del Gobierno español para resolver el problema de piratería en la Red no han sido eliminadas completamente, el nuevo Informe Especial 301 aplaude las rápidas medidas tomadas por España . Aún así el Informe advierte que  en la práctica se observa todavía una cierta relajación en la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual en Internet por parte de la Policía y de los propios jueces

El informe se refiere esencialmente a la situación de la piratería en propiedad intelectual. Sin embargo el balance que ofrece de la situación en España puede extrapolarse a los supuestos de falsificación de marcas, que tantos rasgos comunes presentan al respecto.

Aunque es pronto para echar las campanas al vuelo y es  mucho el camino que queda por recorrer, España puede presumir por ahora de su bajada del podium de la piratería.


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Cruz Roja vence a Mistol

Ningún particular, empresa, organismo o artículo comercial puede utilizar como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco. Así lo recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que desestima el recurso de Henkel Ibérica, dueña de la marca de lavavajillas Mistol, contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a esta compañía el uso de un sello idéntico en color y forma al que utiliza Cruz Roja como emblema. El fallo considera que tal uso puede confundir a los consumidores al hacerles creer que el producto está asociado o avalado por la institución humanitaria.

En el año 2006, Henkel lanzó al mercado un nuevo producto de su gama de lavavajillas Mistol cuyo etiquetado contenía una cruz roja sobre fondo blanco. En un primer momento la Oficina de Patentes concedió la inscripción de la marca, pero Cruz Roja impugnó la decisión y el caso acabó en el Tribunal Superior de Madrid. Para evitar polémicas mientras se resolvía el conflicto, en 2007 la compañía decidió invertir los colores del sello -pasó a ser una cruz blanca sobre fondo rojo-, y así es como sigue presentándose actualmente.




Miguel Ángel Medina, abogado de despacho ELZABURU que ha actuado en representación de Cruz Roja, destaca la trascendencia del fallo. “El símbolo de la institución, que inconscientemente los consumidores asocian siempre con acciones humanitarias y sanitarias, se usa en muchas ocasiones de forma deliberada para transferir estos valores a un producto o un servicio. Es importante frenar estos intentos, y también que los ciudadanos entiendan que una cruz roja no es un emblema genérico que pueda usarse para cualquier cosa médica, clínica o higiénica. Si se vulgariza, perderá su eficacia, vital en espacios tan críticos como las zonas de guerra”, subraya Medina.

Un portavoz de Henkel España asegura que en ningún momento se quiso asociar el producto con la Cruz Roja, sino que se decidió adoptar ese signo porque se utiliza habitualmente como símbolo de higiene. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid puede ser recurrido ante el Supremo, pero la compañía ha decidido aceptar el fallo porque considera que el símbolo inverso ha funcionado bien y no vale la pena seguir recurriendo.

Autor: EL PAIS

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Nueva ley de mediación para asuntos civiles y mercantiles en España

El pasado 6 de marzo ha sido publicado el Real Decreto Ley 5/2012 por el que se introduce la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Esta norma incorpora al derecho español la Directiva 2008/52, lo cual ya se intentó en la anterior legislatura, aunque el proyecto no llegó al debate parlamentario. La norma ahora aprobada es mucho más liberal o menos intervencionista que la anterior. Como en el anterior proyecto, se va más allá de la pura implementación de la Directiva, para integrar la mediación dentro de los procedimiento civiles y mercantiles españoles. Sin embargo, ha desaparecido la obligatoriedad de acudir a la mediación que establecía el anterior proyecto para determinados casos, quedando la mediación como un proceso voluntario. Del mismo modo, el procedimiento se ha flexibilizado notablemente, como también las condiciones que han de cumplir tanto los mediadores como las instituciones de mediación. Se observa que el Gobierno quiere fomentar la participación de entidades de la sociedad civil como las Cámaras de Comercio y otras similares,  para fomentar la resolución de conflictos mediante la mediación.

Para los titulares de marcas éstas son buenas noticias. La Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica para integrar la mediación como mecanismo de resolución de un conflicto, dando facultades al juez para que invite a las partes a resolver una disputa por este medio, cuando a su entender haya posibilidades de hacerlo. De esta manera, los procedimientos civiles por infracción así como los de nulidad o caducidad pueden ser resueltos en un plazo mucho más breve. Además, el acuerdo de mediación alcanzado es presentado ante el Juzgado que lleva el pleito, quedando incorporado a los autos y éstos cerrados. Pero el acuerdo de mediación se considera un título ejecutivo y esto es importante si se produce un incumplimiento. En efecto, si éste se produce no es necesario reiniciar el procedimiento sino que basta con que se solicita su inmediata ejecución ante el mismo Juzgado que lo ha homologado. En materia de marcas será importante que el convenio refleje obligaciones claras, concretas y que no necesiten de la actuación de la parte incumplidora. De esa manera el Juzgado podrá proceder a una ejecución rápida y eficaz aun cuando la parte incumplidora se opusiese a ello.


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