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Antonio Tavira, nuevo Presidente de ELZABURU

Antonio Tavira junto al nuevo logo de ELZABURU

ELZABURU encara una nueva etapa en la que cuenta con recursos para mantener su liderazgo en PI

Antonio Tavira ha sido nombrado Presidente de ELZABURU, cargo que compatibilizará con el puesto de Consejero Delegado que ya ocupaba desde 2009. El cargo se quedó vacante con el fallecimiento de Alberto Elzaburu el pasado mes de abril.

Abogado y Diplomado en Empresariales por ICADE, es EMBA por el IESE y I, entre otros cargos en entidades y asociaciones del entorno jurídico y la PI. Como la EUIPO, ASIPI, ECTA, AIPPI, etc.

Antonio Tavira junto al logo de ELZABURU  

Tavira conoce bien ELZABURU, firma en la que comenzó a trabajar en el año 1998, y en la que ha desarrollado una brillante carrera profesional yha liderado la transformación de una empresa familiar con más de 155 años de antigüedad en una moderna firma especializada en propiedad intelectual e industrial y en derecho en tecnologías de la información. “ELZABURU está evolucionando  desde una estructura de firma familiar hacia un modelo de “partnership”, y esta evolución se ha hecho en todo momento con el apoyo y el impulso de una figura tan legendaria como era nuestro añorado Alberto de Elzaburu, una figura importantísima en la historia de la propiedad industrial española y mundial”.

La firma, creada en 1865,  ha renovado este año su imagen corporativa y ha adoptado una nueva identidad que simboliza la vocación de la compañía para saber adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social. “Hemos sabido superar la imagen de una agencia de marcas y patentes, para ampliar nuestros servicios a campos muy diversos; la Inteligencia Artificial, la protección de datos y secretos empresariales, la lucha contra la piratería, la evaluación de activos inmateriales, la gestión de proyectos audiovisuales…y hemos introducido nuevas herramientas tecnológicas”

Y gracias a esta renovación tecnológica la compañía ha podido responder muy bien ante esta situación tan convulsa provocada por la pandemia:“Tecnológicamente estamos a la vanguardia de las legaltech con herramientas como “Elzacloud”, una plataforma que permite a nuestros clientes la interacción online en la gestión de sus carteras y que ha jugado un papel muy importante en estos meses de confinamiento y “teletrabajo”; también contamos con nuestro propio “Chatbot”, que resuelve muchas dudas y que ayuda a filtrar las primeras consultas de quienes acuden a nuestra web”.

¿Cómo ha afectado a la Firma esta situación generada por el coronavirus y cómo será este ejercicio en cuanto a resultados?

Afortunadamente nuestra Firma estaba muy bien preparada y gracias a Elzacloud y a otras herramientas tecnológicas,  nuestros más de 160 profesionales han podido seguir trabajando a pleno rendimiento desde el primer día del estado de alarma sin que se haya resentido nuestro servicio. Pero hemos seguido con lógica preocupación la delicada situación que están viviendo muchos de nuestros clientes en los sectores más diversos: el turismo, la restauración, el retail, la producción audiovisual, industria, etc. Es inevitable que esta crisis económica nos afecte también a los despachos, aunque nosotros hemos seguido teniendo una intensa actividad comercial, pero lógicamente lo notaremos en nuestra facturación al final del ejercicio.

Es pronto para saber cómo acabará este año en cuanto a resultados, pero no cabe duda de que todos tendremos que apretarnos el cinturón. No obstante, nuestra actividad esta muy diversificada en cuanto a clientes: de hecho trabajamos para una de cada tres empresas del IBEX, y además una parte importante de nuestros ingresos nos vienen de la actividad internacional,  por lo que esperemos poder cerrar un ejercicio difícil, pero digno.

¿Qué reclaman en estos momentos los clientes de Elzaburu a nivel de protección de marca en plena pandemia de coronavirus?

Por un lado, tenemos que asegurar la máxima protección de las carteras adecuándolas a la realidad económica, lo que nos exige ser tremendamente eficientes con alto nivel de asesoramiento. Es fundamental tener un gran conocimiento de nuestros clientes, que son el eje de nuestra actividad.

Por otro, una de las demandas que estamos notando más en los últimos meses es todo lo relacionado con la ciberseguridad; estos meses se confinamiento han acentuado las infracciones en internet relacionadas con la propiedad intelectual. Por eso hemos ampliado los servicios de vigilancia con una plataforma tecnológica que a través de procesos de big data y machine learning, así como con acuerdos con Google y redes sociales, nos permite detectar y eliminar de forma inmediata las falsificaciones y usos indebidos de las marcas y proteger así mejor los activos intangibles de nuestros clientes.

¿Cómo ve la situación económica futura antes la situación que estamos viviendo?

Está claro que hay que reforzar las estructuras financieras para hacer frente a todas las contingencias que seguirá trayendo consigo la pandemia; además, todos tenemos que adaptarnos a un nuevo modelo de oficina donde el teletrabajo está llamado a desempeñar un papel decisivo. La contención de costes y los ahorros que podamos generar serán fundamentales. No son tiempos de alegrías, y nuestro objetivo es tener el músculo financiero suficiente para aguantar en estos tiempos.

Las empresas tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad sabiendo que la sociedad necesita nuestra ayuda. Por eso la RSC va a jugar un papel muy importante en este nuevo mundo que se está configurando. Solo las empresas que sean socialmente responsables van a poder sobrevivir: empresas solidarias que sepan sufrir con sus clientes; empresas que contribuyan con la sociedad para ayudar a superar esta crisis… Nosotros somos conscientes desde hace tiempo de que tenemos que hacer entre todos un mundo más sostenible. Recientemente he firmado junto a otros 1.000 CEO´s de todo el mundo una declaración de cooperación renovada del Pacto Mundial de la ONU para ayudar a las instituciones a garantizar la paz y erradicar la desigualdad.

Creo que nos esperan tiempos difíciles y que vamos a sufrir, pero estoy seguro de que si las empresas e instituciones somos socialmente responsables podremos superar esta crisis y crear un mundo mejor para todos.

¿De verdad ha perdido Banksy sus derechos de autor?

¿De verdad ha perdido Banksy sus derechos de autor?

Tradicionalmente los artículos de prensa tienden a captar la atención del lector con titulares alarmistas que no siempre son acordes con la realidad de la noticia que encierran. En los últimos días muchos medios se han hecho eco de la supuesta “pérdida de la batalla legal” del célebre artista callejero Banksy para “conservar sus derechos de autor” sobre el icónico grafiti “El lanzador de flores”.

Se dice que un “Tribunal” habría dictado una “sentencia” en la que los “jueces” habrían “negado” los derechos de autor a este artista en “un pleito” frente a una empresa que comercializa postales, todo por haber optado Banksy por el anonimato. Tal vez merezca la pena intentar poner las cosas en su justo contexto.

Lanzador de flores de Banksy  

La “sentencia” es más bien una Resolución de 14 de septiembre de 2020 de la División de Cancelación de la EUIPO, esto es, de la Autoridad de registro de marcas y diseños de la Unión Europea; el “pleito” es en realidad una acción “administrativa” de nulidad de marca interpuesta contra un registro de marca figurativa que reproduce la imagen de la obra de Banksy para diversos productos del Nomenclator Internacional.

La marca es propiedad de la sociedad Pest Control Office Limited, cuyo vínculo con Banksy es aceptado por la EUIPO sin entrar en demasiadas honduras: y el solicitante de la declaración de nulidad es la empresa Full Colour Black Limited, a quien le interesa la cancelación del registro para poder comercializar postales con la imagen del célebre grafiti.

La acción de nulidad se basa en la prohibición de registro, contenida en el Reglamento sobre marcas de la Unión Europea, de signos que sean solicitados “con mala fe”. En el caso de la marca objeto de la acción la mala fe se justifica en que el propietario de la marca, la sociedad Pest Control Office Limited, nunca tuvo intención de usar la marca en el mercado para comercializar productos, sino que la solicitó para impedir que otros pudieran hacerlo. Esta intención es contraria a la función esencial que cumple una marca.

Es cierto que para llegar a esa conclusión la Resolución de la EUIPO analiza la opción por el anonimato del artista Banksy y las autorizaciones explícitas de la propietaria del registro a que se reproduzca la obra “El lanzador de flores” siempre que no sea con fines comerciales. Pero las consideraciones sobre derechos de autor que contiene esta Resolución no dejan de ser pronunciamientos “obiter dictum” de una autoridad administrativa que anula un registro de marca porque su titular no tenía intención de usarla cuando la solicitó.

Y lo que es más importante: que la empresa Pest Control Office Limited haya perdido el derecho a usar en exclusiva la obra de Banksy como marca para determinados productos, como consecuencia de la cancelación del registro, no significa que Banksy haya perdido sus derechos de autor sobre esta obra y la facultad de proceder judicialmente por infracción contra cualquiera que pretenda hacer un uso comercial de la misma.

Frente a este precedente “administrativo” de la EUIPO, conviene recordar que nuestro país cuenta con un precedente “judicial“ mucho más ajustado a la ortodoxia de la concepción continental del derecho de autor, en un caso que afectó a otro artista callejero de gloria internacional.

Corazón rampante de Keith Haring

Me refiero a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de noviembre de 2018 que reconoció los derechos de propiedad intelectual de Keith Haring sobre su emblemática obra “Corazón rampante” condenando por infracción a una empresa que había lanzado un gran número de productos de merchandising bajo un logotipo muy parecido al que añadía la voz “Madrid”.

Y es que el Arte, cuando tiene la capacidad de conmover, no importa en donde se exhiba, un muro de Jerusalén, una Galería o a través de la red; ni importa siquiera la actitud de su autor, abrazando el anonimato o haciendo ostentación de autoría. El Arte no merece ser pasto de un mercadeo lucrativo ajeno a la voluntad de su creador. Y en Europa, hoy por hoy, cabe pensar que estos comportamientos no permanecen inmunes.

 

Autor: Antonio Castán

Publicado anteriormente en Expansión

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¿Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE?

Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE

El pasado 8 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre el asunto C-265/19, entre las entidades de gestión irlandesas RAAP y PPI, siendo la primera de artistas y la segunda de productores.

Las dos entidades habían llegado a un acuerdo para que PPI se encargase de la recaudación y posterior reparto de las cantidades obtenidas por la comunicación al público de fonogramas a través de radiodifusión inalámbrica, remuneración que tiene por causa el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo (la “Directiva”).

Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE  

El conflicto surge como consecuencia de la negativa de PPI a abonar la parte correspondiente de esta remuneración a RAAP, alegando que la legislación irlandesa de copyright (CRRA) excluye de esta remuneración a los artistas que no son nacionales ni residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) y cuyas actuaciones “no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE”. Indica PPI que remunerar a artistas de ciertos Estados vulneraría el principio de reciprocidad sentado en la CRRA, en particular, remunerar a artistas estadounidenses, pues este país solo reconoce parcialmente este derecho de remuneración a artistas irlandeses.

Por supuesto, RAAP se opuso a esta interpretación indicando que la nacionalidad y lugar de residencia del artista son irrelevantes en cuestión del reparto de estas cantidades, pues nada se especifica a este respecto en el artículo 8.2 de la Directiva.

En este contexto, el TJUE se pronunció sobre cuatro cuestiones prejudiciales.

El TJUE une las dos primeras cuestiones y las reformula preguntándose si el artículo 8.2 de la Directiva, a la luz de la Convención de Roma o del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), se opone a que un Estado miembro excluya de la remuneración antes expuesta a los artistas no nacionales o residentes de un Estado miembro.

Repara en primer lugar el tribunal en que el artículo 8.2 de la Directiva no establece limitación alguna en ese sentido, añadiendo que de los considerandos 5 a 7 del mismo texto se extrae que estos preceptos deberán interpretarse “de conformidad con los convenios internacionales vigentes”. Esto obliga a interpretar el precepto de acuerdo con el WPPT, que obliga a que los Estados firmantes remuneren a artistas y productores nacionales de cualquiera de las partes contratantes, por lo que el TJUE concluye que el derecho a una remuneración equitativa y única no puede ser reservado por el legislador nacional únicamente a los nacionales de Estados miembros del EEE, perjudicando así a los nacionales de terceros Estados.

Pasa entonces el tribunal a juzgar la tercera cuestión prejudicial, por la que se cuestiona si las reservas formuladas por terceros Estados que afecten a los derechos de nacionales de un estado miembro permiten excluir de los derechos reconocidos en el artículo 8.2 de la Directiva a nacionales de dichos terceros Estados.

Reconoce el TJUE que estas reservas pueden afectar a la posición de artistas y productores de Estados Miembros frente a los de terceros Estados, planteando la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad establecido en los tratados internacionales, pues “preservar condiciones equitativas de participación en el comercio de música grabada constituye un objetivo de interés general que puede justificar una limitación del derecho afín a los derechos de autor”.

Ahora bien, aunque lo admite razonable, el TJUE señala que estas limitaciones no pueden establecerse por los Estados Miembros, sino por la UE, en virtud del artículo 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

Así, un Estado miembro no puede limitar el derecho a una remuneración equitativa a pesar de que existan reservas en este sentido por parte de terceros Estados, siendo el legislador de la Unión el único capacitado para tomar tal decisión.

La cuarta cuestión prejudicial plantea si el artículo 8.2 de la Directiva se opone a que una remuneración equitativa se limite únicamente al productor, dejando a un lado al artista. El tribunal ventila brevemente esta cuestión indicando que este precepto sí se opone a una limitación en ese sentido.

En mi opinión, esta sentencia deja algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, la existencia de una norma como los artículos de la CRRA irlandesa objeto de este conflicto, revela la escasa armonización de las legislaciones europeas en materia de propiedad intelectual, pues solamente en un entorno con escasa homogenización pueden existir normas tan diametralmente contrarias a una disposición de una Directiva.

En segundo lugar, exhibe alguna de las causas que provocan la desigualdad en el mercado de música grabada. Aunque la interpretación del TJUE no parece discutible, resulta difícil imaginar que el legislador europeo vaya a acometer una reforma legislativa en la que se lleven a cabo limitaciones en la remuneración a nacionales de terceros Estados como las debatidas aquí. De seguir así, la UE continuará encontrándose en una posición asimétrica respecto a países como Estados Unidos en esta materia. Si bien es cierto que en un mercado global como el de la música este tipo de restricciones pueden ser cuestionables, la aplicación del principio de reciprocidad podría ser una solución temporal a esta desigualdad.

 

Autor: Martín Bello

Publicado anteriormente en Economist & Jurist

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ELZABURU se adhiere a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU

ELZABURU se adhiere a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU

Antonio Tavira, como primer ejecutivo de ELZABURU, ha sido uno de los 1.000 CEOs, representantes de las más importantes empresas del mundo, que ha firmado en nombre de nuestra compañía la adhesión a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU.

Se trata de una declaración de respaldo al multilateralismo inclusivo para que, en estos momentos de disrupción e incertidumbre, las empresas más importantes del mundo apoyemos a las instituciones para garantizar la paz, la justicia y el buen gobierno, erradicar la desigualdad y contribuir a crear un mundo mejor y más sostenible.

Más de 1000 CEOs de más de 100 países se comprometen a renovar los esfuerzos de cooperación mundial en la década de acción  

Para Antonio Tavira, “nuestra firma, tras más de 155 años de historia y con una dilatada trayectoria internacional, tiene la responsabilidad de alinearse con esta campaña promovida por el Pacto Mundial de la ONU, y reafirmar nuestro compromiso de promover una buena gobernanza empresarial para que esta cooperación renovada traspase fronteras, industrias y generaciones y ayude a superar esta situación generada por la pandemia”.

ELZABURU es una compañía socialmente responsable que promueve el desarrollo sostenible del negocio de la firma y que tiene integradas en su gestión las políticas sociales, económicas y medioambientales para contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU a través del Pacto Mundial que se lanzó en el año 2000.

Esta declaración a favor de una cooperación mundial renovada ha sido firmada por los CEOs de 1.000 de las más importantes empresas mundiales, entre las que se encuentran 183 empresas españolas, el 17% del total. La iniciativa coincide con el 75º aniversario de las Naciones Unidas que se celebra en un momento de transformación mundial sin precedentes y que exigía una movilización para demostrar que las instituciones públicas y privadas están unidas en el objetivo de respaldar a las Naciones Unidas y al multilateralismo inclusivo.

 

Otros enlaces de interés:

 

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“Good morning, Myanmar”

Myanmar "Soft Opening Period"

Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

Myanmar "Soft Opening Period"  

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

  • Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
  • Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

 

Autora: Cristina Arroyo

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