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¿De verdad ha perdido Banksy sus derechos de autor?

¿De verdad ha perdido Banksy sus derechos de autor?

Tradicionalmente los artículos de prensa tienden a captar la atención del lector con titulares alarmistas que no siempre son acordes con la realidad de la noticia que encierran. En los últimos días muchos medios se han hecho eco de la supuesta “pérdida de la batalla legal” del célebre artista callejero Banksy para “conservar sus derechos de autor” sobre el icónico grafiti “El lanzador de flores”.

Se dice que un “Tribunal” habría dictado una “sentencia” en la que los “jueces” habrían “negado” los derechos de autor a este artista en “un pleito” frente a una empresa que comercializa postales, todo por haber optado Banksy por el anonimato. Tal vez merezca la pena intentar poner las cosas en su justo contexto.

Lanzador de flores de Banksy  

La “sentencia” es más bien una Resolución de 14 de septiembre de 2020 de la División de Cancelación de la EUIPO, esto es, de la Autoridad de registro de marcas y diseños de la Unión Europea; el “pleito” es en realidad una acción “administrativa” de nulidad de marca interpuesta contra un registro de marca figurativa que reproduce la imagen de la obra de Banksy para diversos productos del Nomenclator Internacional.

La marca es propiedad de la sociedad Pest Control Office Limited, cuyo vínculo con Banksy es aceptado por la EUIPO sin entrar en demasiadas honduras: y el solicitante de la declaración de nulidad es la empresa Full Colour Black Limited, a quien le interesa la cancelación del registro para poder comercializar postales con la imagen del célebre grafiti.

La acción de nulidad se basa en la prohibición de registro, contenida en el Reglamento sobre marcas de la Unión Europea, de signos que sean solicitados “con mala fe”. En el caso de la marca objeto de la acción la mala fe se justifica en que el propietario de la marca, la sociedad Pest Control Office Limited, nunca tuvo intención de usar la marca en el mercado para comercializar productos, sino que la solicitó para impedir que otros pudieran hacerlo. Esta intención es contraria a la función esencial que cumple una marca.

Es cierto que para llegar a esa conclusión la Resolución de la EUIPO analiza la opción por el anonimato del artista Banksy y las autorizaciones explícitas de la propietaria del registro a que se reproduzca la obra “El lanzador de flores” siempre que no sea con fines comerciales. Pero las consideraciones sobre derechos de autor que contiene esta Resolución no dejan de ser pronunciamientos “obiter dictum” de una autoridad administrativa que anula un registro de marca porque su titular no tenía intención de usarla cuando la solicitó.

Y lo que es más importante: que la empresa Pest Control Office Limited haya perdido el derecho a usar en exclusiva la obra de Banksy como marca para determinados productos, como consecuencia de la cancelación del registro, no significa que Banksy haya perdido sus derechos de autor sobre esta obra y la facultad de proceder judicialmente por infracción contra cualquiera que pretenda hacer un uso comercial de la misma.

Frente a este precedente “administrativo” de la EUIPO, conviene recordar que nuestro país cuenta con un precedente “judicial“ mucho más ajustado a la ortodoxia de la concepción continental del derecho de autor, en un caso que afectó a otro artista callejero de gloria internacional.

Corazón rampante de Keith Haring

Me refiero a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de noviembre de 2018 que reconoció los derechos de propiedad intelectual de Keith Haring sobre su emblemática obra “Corazón rampante” condenando por infracción a una empresa que había lanzado un gran número de productos de merchandising bajo un logotipo muy parecido al que añadía la voz “Madrid”.

Y es que el Arte, cuando tiene la capacidad de conmover, no importa en donde se exhiba, un muro de Jerusalén, una Galería o a través de la red; ni importa siquiera la actitud de su autor, abrazando el anonimato o haciendo ostentación de autoría. El Arte no merece ser pasto de un mercadeo lucrativo ajeno a la voluntad de su creador. Y en Europa, hoy por hoy, cabe pensar que estos comportamientos no permanecen inmunes.

 

Autor: Antonio Castán

Publicado anteriormente en Expansión

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¿Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE?

Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE

El pasado 8 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre el asunto C-265/19, entre las entidades de gestión irlandesas RAAP y PPI, siendo la primera de artistas y la segunda de productores.

Las dos entidades habían llegado a un acuerdo para que PPI se encargase de la recaudación y posterior reparto de las cantidades obtenidas por la comunicación al público de fonogramas a través de radiodifusión inalámbrica, remuneración que tiene por causa el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo (la “Directiva”).

Y si dejamos de remunerar a los artistas de fuera de la UE  

El conflicto surge como consecuencia de la negativa de PPI a abonar la parte correspondiente de esta remuneración a RAAP, alegando que la legislación irlandesa de copyright (CRRA) excluye de esta remuneración a los artistas que no son nacionales ni residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) y cuyas actuaciones “no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE”. Indica PPI que remunerar a artistas de ciertos Estados vulneraría el principio de reciprocidad sentado en la CRRA, en particular, remunerar a artistas estadounidenses, pues este país solo reconoce parcialmente este derecho de remuneración a artistas irlandeses.

Por supuesto, RAAP se opuso a esta interpretación indicando que la nacionalidad y lugar de residencia del artista son irrelevantes en cuestión del reparto de estas cantidades, pues nada se especifica a este respecto en el artículo 8.2 de la Directiva.

En este contexto, el TJUE se pronunció sobre cuatro cuestiones prejudiciales.

El TJUE une las dos primeras cuestiones y las reformula preguntándose si el artículo 8.2 de la Directiva, a la luz de la Convención de Roma o del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), se opone a que un Estado miembro excluya de la remuneración antes expuesta a los artistas no nacionales o residentes de un Estado miembro.

Repara en primer lugar el tribunal en que el artículo 8.2 de la Directiva no establece limitación alguna en ese sentido, añadiendo que de los considerandos 5 a 7 del mismo texto se extrae que estos preceptos deberán interpretarse “de conformidad con los convenios internacionales vigentes”. Esto obliga a interpretar el precepto de acuerdo con el WPPT, que obliga a que los Estados firmantes remuneren a artistas y productores nacionales de cualquiera de las partes contratantes, por lo que el TJUE concluye que el derecho a una remuneración equitativa y única no puede ser reservado por el legislador nacional únicamente a los nacionales de Estados miembros del EEE, perjudicando así a los nacionales de terceros Estados.

Pasa entonces el tribunal a juzgar la tercera cuestión prejudicial, por la que se cuestiona si las reservas formuladas por terceros Estados que afecten a los derechos de nacionales de un estado miembro permiten excluir de los derechos reconocidos en el artículo 8.2 de la Directiva a nacionales de dichos terceros Estados.

Reconoce el TJUE que estas reservas pueden afectar a la posición de artistas y productores de Estados Miembros frente a los de terceros Estados, planteando la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad establecido en los tratados internacionales, pues “preservar condiciones equitativas de participación en el comercio de música grabada constituye un objetivo de interés general que puede justificar una limitación del derecho afín a los derechos de autor”.

Ahora bien, aunque lo admite razonable, el TJUE señala que estas limitaciones no pueden establecerse por los Estados Miembros, sino por la UE, en virtud del artículo 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

Así, un Estado miembro no puede limitar el derecho a una remuneración equitativa a pesar de que existan reservas en este sentido por parte de terceros Estados, siendo el legislador de la Unión el único capacitado para tomar tal decisión.

La cuarta cuestión prejudicial plantea si el artículo 8.2 de la Directiva se opone a que una remuneración equitativa se limite únicamente al productor, dejando a un lado al artista. El tribunal ventila brevemente esta cuestión indicando que este precepto sí se opone a una limitación en ese sentido.

En mi opinión, esta sentencia deja algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, la existencia de una norma como los artículos de la CRRA irlandesa objeto de este conflicto, revela la escasa armonización de las legislaciones europeas en materia de propiedad intelectual, pues solamente en un entorno con escasa homogenización pueden existir normas tan diametralmente contrarias a una disposición de una Directiva.

En segundo lugar, exhibe alguna de las causas que provocan la desigualdad en el mercado de música grabada. Aunque la interpretación del TJUE no parece discutible, resulta difícil imaginar que el legislador europeo vaya a acometer una reforma legislativa en la que se lleven a cabo limitaciones en la remuneración a nacionales de terceros Estados como las debatidas aquí. De seguir así, la UE continuará encontrándose en una posición asimétrica respecto a países como Estados Unidos en esta materia. Si bien es cierto que en un mercado global como el de la música este tipo de restricciones pueden ser cuestionables, la aplicación del principio de reciprocidad podría ser una solución temporal a esta desigualdad.

 

Autor: Martín Bello

Publicado anteriormente en Economist & Jurist

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ELZABURU se adhiere a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU

ELZABURU se adhiere a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU

Antonio Tavira, como primer ejecutivo de ELZABURU, ha sido uno de los 1.000 CEOs, representantes de las más importantes empresas del mundo, que ha firmado en nombre de nuestra compañía la adhesión a la Declaración para la Cooperación Renovada del Pacto Mundial de la ONU.

Se trata de una declaración de respaldo al multilateralismo inclusivo para que, en estos momentos de disrupción e incertidumbre, las empresas más importantes del mundo apoyemos a las instituciones para garantizar la paz, la justicia y el buen gobierno, erradicar la desigualdad y contribuir a crear un mundo mejor y más sostenible.

Más de 1000 CEOs de más de 100 países se comprometen a renovar los esfuerzos de cooperación mundial en la década de acción  

Para Antonio Tavira, “nuestra firma, tras más de 155 años de historia y con una dilatada trayectoria internacional, tiene la responsabilidad de alinearse con esta campaña promovida por el Pacto Mundial de la ONU, y reafirmar nuestro compromiso de promover una buena gobernanza empresarial para que esta cooperación renovada traspase fronteras, industrias y generaciones y ayude a superar esta situación generada por la pandemia”.

ELZABURU es una compañía socialmente responsable que promueve el desarrollo sostenible del negocio de la firma y que tiene integradas en su gestión las políticas sociales, económicas y medioambientales para contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU a través del Pacto Mundial que se lanzó en el año 2000.

Esta declaración a favor de una cooperación mundial renovada ha sido firmada por los CEOs de 1.000 de las más importantes empresas mundiales, entre las que se encuentran 183 empresas españolas, el 17% del total. La iniciativa coincide con el 75º aniversario de las Naciones Unidas que se celebra en un momento de transformación mundial sin precedentes y que exigía una movilización para demostrar que las instituciones públicas y privadas están unidas en el objetivo de respaldar a las Naciones Unidas y al multilateralismo inclusivo.

 

Otros enlaces de interés:

 

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“Good morning, Myanmar”

Myanmar "Soft Opening Period"

Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

Myanmar "Soft Opening Period"  

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

  • Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
  • Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

 

Autora: Cristina Arroyo

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Cómo la propiedad intelectual abierta contribuye a impulsar la transición ecológica

Este año 2020, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebró con la consigna “Innovar para un futuro verde”.

No es la primera vez que la OMPI aprovecha esta fecha señalada para poner el foco en el papel que ha de jugar la propiedad intelectual en la llamada transición ecológica. Ya en el año 2009, bajo el lema “Promover la innovación ecológica como elemento esencial para asegurar el futuro”, la OMPI dedicó parte de su número especial a analizar qué mecanismos y estrategias de propiedad intelectual podían favorecer la innovación tecnológica sostenible.

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2020

En aquel momento, empezaba a alcanzar cierta relevancia la iniciativa Eco-Patent Commons, que contaba con el impulso de grandes empresas como IBM o Nokia. El objetivo era permitir el acceso libre de cualquier usuario del mundo a un conjunto de patentes sobre las que las empresas participantes se comprometían a no ejercitar derechos, siempre y cuando dichas patentes fueran utilizadas con el fin de innovar e implementar procesos industriales en el ámbito de la sostenibilidad. Pese a lo ambicioso de la iniciativa, los estudios más recientes en la materia apuntan a que sus efectos prácticos en la difusión de tecnologías verdes fueron modestos, entre otras cosas por cuestiones derivadas de la estructura de la organización, por la falta de seguimiento de la utilización de las patentes aportadas y por la ausencia de mecanismos que permitieran una transferencia de tecnología efectiva -especialmente importante en el caso de patentes complejas-.

No obstante, la discontinuidad de Eco-Patent Commons en 2016 no debe ser percibida como un fracaso. Por un lado, constituye un punto de aprendizaje sobre el que sustentar proyectos similares en el futuro. Por otro lado, Eco-Patent Commons ha contribuido de forma relevante a potenciar el debate sobre la aplicabilidad de estrategias abiertas de propiedad intelectual al campo de las innovaciones tecnológicas sostenibles, cuestionando en particular si estrategias basadas en el open source pueden replicar el éxito alcanzado en el mundo del software.

Uno de los ejemplos más sonados de estrategia de propiedad intelectual abierta sobre patentes con aplicaciones ecológicas es el de Tesla. En 2014, la compañía sorprendió cuando su CEO, Elon Musk, anunció que en adelante Tesla no ejercitaría acciones legales contra aquellos que, de buena fe, utilizaran su tecnología. Más allá de que Tesla expusiera como motivo principal de esta decisión el deseo de seguir el espíritu del movimiento open source para fomentar el desarrollo del coche eléctrico con el fin de frenar el cambio climático, resulta evidente que se trata de una decisión con fuertes implicaciones estratégicas. Permitir que otros fabricantes utilicen las innovaciones de Tesla reduce las barreras para que nuevas empresas entren en el mercado del coche eléctrico, lo que eventualmente llevará a fortalecer el ecosistema en el que se mueve Tesla (mejorando la red de proveedores, de estaciones de repostaje, etc.). Esto, a su vez, aumentará la demanda de coches eléctricos, de la que Tesla se verá potencialmente beneficiada.

El de Tesla es solo un ejemplo de cómo las estrategias cerradas o proteccionistas de propiedad intelectual no siempre son la solución. En el campo de las innovaciones sostenibles, además, la decisión entre estrategias proteccionistas y abiertas o de colaboración puede verse particularmente afectada por cuestiones de RSC, reputacionales y regulatorias.

Desde el punto de vista normativo se han planteado diversas propuestas, algunas de las cuales buscan fomentar la inversión en tecnologías verdes (mediante regímenes fiscales favorables al licenciamiento o la implementación de procedimientos rápidos en las solicitudes de patentes) y otras orientadas a incrementar la accesibilidad de las tecnologías patentadas (por ejemplo, limitando la posibilidad de otorgar licencias exclusivas o creando fondos que adquieran las patentes para ponerlas a disposición del público a menor coste).

Entre tanto, en el año 2013, la OMPI lanzó WIPO Green, una plataforma online que busca promover la difusión de tecnologías verdes facilitando el contacto entre los proveedores de este tipo de tecnologías y las organizaciones interesadas en su utilización. En este caso, la plataforma sirve de punto de conexión, pero no impone condiciones al tipo de colaboración que se establecerá entre las partes.

Más allá de la discusión sobre estrategias de propiedad intelectual, el avance de la digitalización plantea otro tipo de oportunidades y retos desde el punto de vista de la sostenibilidad. En concreto, un campo en expansión que deberá tener en cuenta la vertiente medioambiental en su desarrollo durante los próximos años es el de la economía de los datos. Recientemente, la Comisión Europea, en su Comunicación sobre Una Estrategia Europea de Datos, hizo hincapié en que la estrategia europea de datos debe orientarse no solo a incrementar la productividad y competitividad de los mercados, sino también a beneficiar a la sociedad desde el punto de vista de la salud, la transparencia, los servicios públicos y el medio ambiente. En este sentido, una correcta utilización de los datos puede contribuir a aspectos como el fomento de la economía circular, la mejora de la sostenibilidad en el transporte o un mejor desempeño medioambiental del sector agrícola.

En estrecha relación con los datos, la Inteligencia Artificial tiene un gran potencial para contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. En el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, publicado en febrero de este año, la Comisión menciona una vez más las implicaciones medioambientales de este tipo de tecnologías, señalando su capacidad para analizar de manera crítica el uso de los recursos y el consumo de energía, así como para optar en la toma de decisiones por aquellas alternativas que resulten más positivas para el medioambiente.

Frente a estos beneficios, en el otro lado de la balanza se sitúa la importante huella ecológica asociada a los centros de datos y los servicios en la nube. Por ello, destaca la Comisión, la Estrategia Digital Europea contempla medidas para la transformación ecológica del sector de las TIC.

Existen sin duda muchas incógnitas sobre cuáles son los mecanismos más adecuados, tanto desde el punto de vista de estrategia empresarial como desde el punto de vista regulatorio, para fomentar la innovación y difusión de tecnologías verdes. Son igualmente numerosas las cuestiones que plantea la búsqueda del equilibrio entre los beneficios y el impacto ambiental de la digitalización. Lo que sí parece claro es que la OMPI ha querido recordarnos una década después que la propiedad intelectual, lejos de ser un actor ajeno, va a tener un papel determinante y facilitador para recorrer con éxito el proceso de transición ecológica.

Autoras: Cristina Espín y Marina Manzanares

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