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Con la Iglesia han topado … los ciberpiratas!

The 10 commandments
de John Taylor
vía Flickr
¿Hace falta decir que cualquier mensaje que contribuya a reforzar la sensibilidad social hacia la lucha contra la piratería comercial es positivo, necesario y urgente?  La Conferencia Episcopal Española (CEMCS) acaba de hacer público un documento, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que dista mucho de resultar una anécdota.

Bajo el título “La piratería en el cine, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, el documento examina el fenómeno de la defraudación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de los mandamientos.

La Iglesia empieza por reconocer el valor cultural del mundo del cine y la importancia de la labor creativa que el medio despliega. Para la Iglesia el cine es una industria cultural “que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad”.

A continuación la Comisión Episcopal denuncia que la piratería en el cine recibe frecuentemente una consideración “relativista y utilitaria”. En su lugar, la Iglesia propone una aproximación al problema desde una “conciencia moral” que ponga en valor la dimensión social de los bienes intelectuales y culturales.

Es lógico que desde este punto de vista moral, la piratería no pueda calificarse sino como un pecado contra el 7º mandamiento (“no robarás”). Y no por obvia esta proclamación deja de ser importante. Pero no es la única sorpresa que nos regala este documento.

Para los obispos, la piratería inflige un daño al bien común de la sociedad (pues la industria del cine se resiente y no puede desarrollar su labor creativa) y la piratería daña además “al ser humano en su esencial dignidad” (puesto que es una forma de actuar ligada al consumo por el consumo).

En ocasiones Internet ha sido contemplada como una verdadera “religión”, con apóstoles y mártires de una supuesta “causa digital”. Pues bien que se sepa bien claro que para la Religión Católica, que pasa por ser la verdadera, los desvíos en el uso de la red –como es el fenómeno de la piratería- atentan contra los mandamientos y constituyen pecado.

A más de las sanciones que el ordenamiento arbitra para este tipo de delincuencia, los piratas se exponen a partir de ahora a una consecuencia más severa, por su duración: la mismísima condena eterna a las penas del infierno.



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El impacto económico del comercio mundial de productos falsificados: imposible mirar hacia otro lado

El pasado día 18 fue presentado el estudio en la sede de la OCDE en París “Comercio de productos falsificados y pirateados: calibrando el impacto económico” elaborado conjuntamente por la OCDE y la UEIPO. La publicación de este estudio se produjo en la víspera del inicio del 2016 OECD Integrity Forum que se desarrolló los días 19 y 20 de abril de 2016.

Ambas instituciones han analizado la información de casi medio millón de retenciones aduaneras en todo el mundo desde 2010 a 2013 y han elaborado el estudio más riguroso hasta la fecha de estimación del tráfico mundial de productos falsificados.

Los resultados del estudio se refieren a retenciones aduaneras, no incluyendo productos falsificados y paralelos producidos y consumidos en el interior del país ni los productos digitales pirateados en Internet. Resaltamos algunos datos en dicho estudio:

– el tráfico internacional de productos falsificados o pirateados en 2013 representaron el 2,5 % del total del comercio mundial por valor de 461.000 millones de USD. Esta cantidad equivale al PIB de Austria o el PIB combinado de Irlanda y la República Checa, lo que da una clara idea de los posibles ingresos económicos que obtienen las organizaciones criminales envueltas en este comercio.

– la importación en EU de este tipo de productos en 2013 alcanzó el 5 % del total de las importaciones con valor de 85.000 millones de euros (116.000 millones USD), lo que sugiere que las falsificaciones en la UE tienen el doble de impacto que en el total mundial.

– la falsificación y la piratería tienen gran importancia en una economía global impulsada por la innovación, suponiendo la principal amenaza a la economía basada en el conocimiento. La protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual es uno de los principales impulsores de la innovación, contribuyendo al crecimiento económico a largo plazo.

– los falsificadores y los piratas maximizan sus beneficios dirigiéndose a todos los segmentos de mercado: tanto a los compradores que creen comprar un producto original (mercado primario) como a los que directamente quieren comprar productos falsificados (mercado secundario).

– cualquier producto en el que la propiedad industrial e intelectual añada valor económico y cree diferencias de precios se convierte en objetivo para los falsificadores, afectando a cualquier tipo de producto, tanto para consumidores de productos de lujo como para empresas y consumidores normales.

– la falsificación y piratería es un fenómeno global y dinámico que se apoya en la recuperación del comercio tras la crisis, la apertura de mercados en muchas regiones, la aparición y globalización de cadenas de valor y la explosión del comercio electrónico.

– este tipo de productos se originan prácticamente en todas las economías en todos los continentes, siendo China la mayor economía productora.

– los países cuyas empresas han sido más golpeadas por el comercio de productos falsificados y pirateados son los siguientes: Estados Unidos (20%); Italia (15%); Francia y Suiza (12%); Japón y Alemania (8%); Reino Unido (4%); Luxemburgo (3%); Finlandia, España y Bélgica (2%) y China (1%). Algunos países emergentes cuyas compañías innovadoras se apoyan en la propiedad industrial e intelectual para basar su estrategia global de desarrollo también sufren este tipo de infracciones.

– las rutas comerciales de los productos falsificados y pirateados son complejas y son objeto de cambios dinámicos a través de puntos de tránsito, algunos de estos en economías con un gobierno débil o con fuerte presencia de organizaciones criminales o redes terroristas, como Afganistán y Siria, con cambios cada año para explotar los resquicios y ausencias de control que se presenten en cada momento.

– continuo aumento del porcentaje de pequeños envíos, principalmente a través de envíos postales o empresas de mensajería, debido a la creciente importancia de Internet y el comercio-e en el comercio mundial. Por un lado, los traficantes se benefician del descenso de costes en este tipo de envíos, evitando su detección y minimizando los riesgos de sanción, mientras que, por otro lado, se aumentan los costes operacionales de control y detención por las aduanas debido al enorme volumen de envíos.


Los distintos países pueden y deben establecer, de forma individual o conjunta, soluciones políticas y de protección efectiva frente a este fenómeno global que afecta no sólo al titular del derecho de propiedad industrial e intelectual sino al propio Estado y a la sociedad en su conjunto. Como pone de manifiesto el documento de base para el 2016 OECD Integrity Forum, los costes de la inacción son significativos, ya que exponen a la sociedad a las amenazas globales engendradas por el lado oscuro de la globalización, en el que la ausencia de controles efectivos de integridad en las administraciones aduaneras pueden beneficiar al crimen organizado permitiendo prosperar el tráfico ilícito y el contrabando, que incluye tanto productos prohibidos como falsificados, estimando que las pérdidas de ingresos aduaneros por la corrupción en ese sector en los Estados miembros de la OCDE alcanzan un mínimo de 2.000 millones USD cada año. Una cifra que no permite mirar hacia otro lado.


N.BVersión española del artículo publicado en el Managing IP Blog



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La nueva directiva de Trade Secrets: un microanálisis de urgencia eliminando implantes y Botox

Después de un largo camino, el Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes 15 de abril la Directiva para la protección de los secretos comerciales. La propuesta de Directiva era una iniciativa común con el Consejo, por lo que se espera que el próximo mes de mayo éste la adopte formalmente y entre en vigor, aun cuando el plazo de implementación en las legislaciones nacionales es de dos años.

La aprobación de la Directiva ha tenido una escasa difusión, al ser coetánea con el Reglamento de Protección de Datos, disciplina que parece despertar gran interés. Y siendo ésta una Directiva crucial para la promoción y defensa de la innovación en Europa, parece no haber merecido tanta atención.

Pero la pobre Directiva sí que ha sido objeto de escrutinio y crítica por instituciones, entidades y estamentos económicos y sociales. Me refiero al gran  ruido mediático surgido hace ya unos cuantos meses, cuando algunos sectores de la prensa consideraron que la Directiva podía ser un medio para amordazar la libertad de expresión y los sindicatos también creyeron que la libertad de los trabajadores estaba en peligro. A ellos se unieron después estamentos gubernamentales, para vindicar también la razón de estado.

Y así, algunos temas que en principio no se discutían ni parecían ser relevantes se convirtieron en cruciales y en aras a dar satisfacción a unos y otros se sometió a la Directiva a una suerte de cirugía estética, colocándole aquí y allá implantes e inyecciones de Botox legislativo, a fin de hacerla atractiva para todos.

Tal vez en otro momento podremos hablar de la necesidad de tal proceso de cirugía estética, pero creo que resulta ahora más interesante ver cuáles son los aspectos clave, desde un punto de vista de protección del esfuerzo innovador. Así, aunque sea telegráficamente, los puntos importantes de la Directiva son los siguientes:

1.-       Define el secreto comercial, en un sentido muy amplio, incluyendo no sólo la información de tipo comercial sino también la técnica, el conocido como know-how. Un poco más de rigor en la terminología en español hubiese sido deseable, pero al menos está claro el ámbito de aplicación.

Es verdad que ya teníamos perfilado este concepto en los ADPIC/TRIPS, en los sucesivos Reglamentos de transferencia de tecnología y en el de acuerdos verticales. Pero no es menos cierto que los ADPIC necesitan una implementación legal nacional y los reglamentos citados tenían un propósito diferente.

La definición contenida en la Directiva se engarza con el resto de los elementos que referiré a continuación, contribuyendo a la existencia de una regulación más o menos armonizada dentro del territorio de la Unión, algo que necesitamos para estar en las mismas condiciones que las empresas de los Estados Unidos.

2.-       También es importante la definición y manejo de los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales. La Directiva distingue entre actividades lícitas e ilícitas para estos tres conceptos, describiendo posibles situaciones y estableciendo un marco para la determinación de las circunstancias en las que se considerará que existe una infracción que merezca una reprobación y sanción legal.

3.-       Del capítulo de las excepciones ya hemos hablado antes y sin perjuicio de aparecer por todo el texto legal, se consagra un artículo específico al tema.


4.-       Finalmente, se establecen una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente a las infracciones que se puedan cometer, medidas provisionales y cautelares, protección de los secretos durante el proceso judicial, publicidad de la sentencia, etc. Todo ello además de ciertas consideraciones acerca de las indemnizaciones, plazo de ejercicio de las acciones, etc.

Como dijimos antes, la trasposición de la Directiva habrá de hacerse por los Estados miembros en los próximos 24 meses. Y existe un cierto margen de libertad en la implementación.

Algunos países apenas tendrán que retocar sus normas y otros como España deberán hacerlo tanto en el plano sustantivo como en el procesal. En nuestro país, la regulación de Derecho Civil en materia de secretos está contenida en dos artículos de la Ley de Competencia Desleal. Algún reconocido autor ha propugnado la eliminación de tales artículos en nuestra legislación de competencia desleal y la creación de una norma ad hoc para la protección de los secretos comerciales. Comparto su criterio, no sólo por razones técnico jurídicas sino también porque creo que ha llegado el momento de que se configure y ponga en valor el Secreto Comercial como un auténtico Derecho, que coexiste con los de Propiedad Industrial e Intelectual, fundiéndose y complementándose en muchas ocasiones con ellos.

Me gustaría contribuir de alguna manera a la difusión y promoción del uso del Secreto Empresarial o Secreto Comercial, que me parece un medio poco conocido y de gran utilidad. Hablaré en próximos capítulos de la importancia para la industria  de los secretos, en comparación con otros derechos de propiedad industrial e intelectual; de la especial relevancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas innovadoras; de la relación complementaria y simbiótica con las patentes; de cómo realizar una actividad lógica y programada  protección de los secretos dentro de las empresas y de algún otro tema que resulte de interés.

Iniciamos por tanto una serie de entradas en el blog sobre esta materia, con la esperanza de que resulten útiles para la comunidad innovadora.



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El Sistema de Marca Internacional de Madrid cumplió 125 años el pasado jueves 14 de abril

Aquel sistema nacido en Madrid en 1891 para facilitar la internacionalización de las marcas, en un mundo que ya había cogido el rumbo de la internacionalización global, no ha dejado de actualizarse y de crecer desde entonces.

En la actualidad el sistema cubre 113 países, lo cual da idea de la importancia del mismo, pudiendo afirmarse que camino del 50% de las jurisdicciones del mundo pueden tramitarse por esta vía.

El sistema ha afrontado cambios, mejoras y se ha hecho más flexible con el fin de seguir cumpliendo con su vocación lo más internacional posible.

Así, entre otros hitos, en las últimas décadas y a través del Protocolo al Arreglo de Madrid, ha incorporado el inglés y el español como idiomas oficiales junto al francés. Ha permitido una flexibilidad mayor en el establecimiento de plazos, la percepción por tasas, reservas y matices en la incorporación de los países, la tramitación basada en una solicitud y no un registro de la marca base…

Con todo ello, una gran cantidad de países, algunos de ellos de gran relevancia económica, comercial y también estratégica, cultural y demográfica, han podido beneficiarse de las ventajas del sistema, tanto para ellos, como para sus nacionales o inversores extranjeros con intereses en los mismos. Mencionamos algunos como son los EE.UU., México, Colombia… Pero no nos olvidamos de ninguno, de todo ámbito geográfico, económico y cultural, incluidos países del propio ámbito europeo que también pudieron encontrar su acomodo en el Sistema de Marca Internacional a través del Protocolo.

La gestión de la OMPI/WIPO, también en continua adaptación y mejora, ha contribuido y contribuye, sin duda ninguna, a este progreso del sistema.

Sin duda quedan pendientes retos, como la mayor expansión a países de América Latina y países de otras latitudes, pero el sistema ha mostrado su capacidad de adaptación durante un siglo y cuarto en el que el mundo ha visto los mayores cambios de su historia, por lo que esta capacidad permite augurar todo lo mejor.

Felicidades desde Elzaburu a un sistema universal que, además y eso también nos enorgullece, nació en España, también símbolo de universalidad. Felicitación que hacemos claramente extensiva a la OMPI/WIPO, sin cuyos permanentes esfuerzos, el sistema no hubiera podido consolidarse y crecer como lo sigue haciendo.



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Estados Unidos mejora la Federal Trade Secrets Act. Y mientras en Europa…

El pasado 4 de abril el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad (y subrayo, por unanimidad) la Defend Trade Secrets Act (DTSA) que modifica la Economic Espionage Act (EEA). Con ello se pretende reforzar  la posición de los titulares de secretos empresariales, concediéndoles una protección vía legislación federal equiparable a la que corresponde a las marcas, patentes y derechos de autor. La Ley pasa ahora al Congreso, donde no se espera que haya sorpresas pues parece que existe la opinión unánime, que incluye también a la Casa Blanca, de que éste es un asunto que afecta a la economía nacional y debe ser tratado con el mayor cuidado.

La nueva Ley supone un paso más en el largo camino recorrido por los Estados Unidos en la protección de los secretos empresariales. Después de que la jurisprudencia, que parte del siglo XVIII, fuese construyendo el concepto, límites etc., los Estados de la Unión fueron incorporando leyes para la protección de este activo inmaterial. La “producción jurisprudencial” no ha cesado hasta nuestros días, pero las leyes estatales se vieron complementadas por una Ley Uniforme, que armonizó aún más el concepto y elementos fundamentales para la protección de los secretos empresariales y una Ley Federal. La Economic Espionage Act tenía, sin embargo, ciertos límites, puesto que sólo era de aplicación en los casos de infracción criminal cometida por extranjeros. Esta protección además no cubría diferentes aspectos de la apropiación indebida de los secretos empresariales.

Con el régimen establecido por la DTSA, las demandas relativas a productos o servicios locales serán presentadas en un tribunal estatal pero cuando el caso afecte al comercio interestatal o internacional serán los tribunales federales los que intervendrán. La DTSA establece reglas armonizadas en cuanto a la definición de secreto empresarial, las actividades que se consideran ilícitas, los daños y perjuicios y las medidas cautelares. Además establece un plazo máximo de tres años para el inicio de la acción, desde que fuese conocida la infracción de los derechos.


Mientras tanto, la Directiva de Protección de los Secretos Comerciales continúa su largo camino iniciado en 2013, después de haber sido objeto de críticas, no del todo comprensibles por parte de algunos agentes sociales. Y una vez que se apruebe, lo cual se espera en el plenario del Parlamento Europeo los días 13 y 14 de abril, aún habrá de esperar otros dos años hasta que sea implementada en la legislación de todos los países.

La comparación entre las iniciativas legislativas a un lado y otro del Atlántico debería hacernos reflexionar, tanto en éste como en otros temas, acerca de cómo la legislación contribuye a la prosperidad de las naciones.

La protección del secreto empresarial es muy importante para el desarrollo tecnológico y no sólo afecta a las empresas, sino también a las instituciones públicas de investigación. La Directiva actualmente en discusión debe darnos un mejor marco legal que el que se brinda en cada uno de los Estados y armonizar  la protección dispensada. Pero también  nos obligará a abordar muchos aspectos, para proteger y defender debidamente los secretos empresariales, aún antes de que se produzca su implementación en la legislación española. Pero de eso espero tener oportunidad de hablar en otra ocasión no muy lejana.



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