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El Congreso aprueba la reforma del Código Penal: nueva tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

El nuevo Código Penal, aprobado ayer por el Congreso de los Diputados (publicación en el BOE de 31.03.2015, L.O. 1/2015), conlleva importantes reformas en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que se pueden condensar en los siguientes puntos:

1.-      Se suprimen las faltas (Disposición Derogatoria Única), aunque se establece un régimen transitorio para las faltas en tramitación (Disposición Transitoria Cuarta).

2.-      Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Disposición Final Segunda) en lo relativo a la destrucción anticipada de los efectos intervenidos en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 367 ter.3 LECrim), la realización de los efectos judiciales (arts. 367 quater y 367 quinquies LECrim), la utilización provisional de los efectos decomisados (art. 367 sexies LECrim) y la administración de los efectos procedentes del delito llevada a cabo por organizaciones criminales (art. 367 septies LECrim).

3.-    Se modifica la regulación del decomiso, ampliándolo a nuevas figuras delictivas, incluyendo los delitos contra la propiedad intelectual o industrial (nuevo art. 127 bis CP), pudiéndolo acordar el Juez aunque no medie sentencia de condena cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y el sujeto se encuentre en rebeldía impidiendo que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable o no se imponga pena por haberse ésta extinguido, entre otros supuestos (nuevo art. 127 ter CP). La regulación no persigue reprochar al condenado la realización de un hecho ilícito, propio de una pena, sino conseguir fines correctores de la situación patrimonial ilícita derivada de un enriquecimiento injusto de origen delictivo, alcanzando a bienes en poder de terceros, y creando una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Juez valorará una serie de indicios a la hora de resolver sobre el comiso: la desproporción entre el patrimonio del sujeto responsable de algunos de los delitos catalogados y sus medios de vida lícitos, la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o mediante el recurso a paraísos fiscales, o su transferencia mediante operaciones que dificulten su localización o seguimiento y que carezcan de justificación económica (nuevo art. 127 quinquies CP), estableciendo una serie de presunciones sobre el origen delictivo de los bienes (nuevo art. 127 sexies CP).

4.-       En la nueva redacción del delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP), se ofrece al Juez un margen penal amplio para ajustar la pena a la gravedad de la conducta, estableciendo una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional y excluyendo la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad en atención a las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio. Los supuestos de almacenamiento, importación y exportación se castigan con las mismas penas. A las conductas actualmente penadas consistentes en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente se añade la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sustituyéndose la expresión “ánimo de lucro” por el de “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”. Se tipifican expresamente la facilitación de la realización de las conductas descritas mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo, la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevada a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Asimismo, se castiga la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet de forma no autorizada, estando la orden judicial de retirada de dichas obras o prestaciones referida tanto a los archivos que las contengan como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas, sin afectar a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica. Además, se mejora la tipificación técnica de la fabricación y puesta en circulación de los medios destinados a facilitar la neutralización de las medidas de protección de la propiedad intelectual o su posesión con finalidad comercial.

Se mantiene la penalización de las importaciones paralelas de las obras intelectuales desde fuera de la UE cuando, curiosamente, las importaciones paralelas de productos con marcas ya fueron despenalizadas en la última reforma del Código Penal por LO 5/2010.

5.-       La nueva redacción del delito de usurpación de marcas (art. 274 CP) castiga tres tipos de supuestos:
5.1.-    Cuando con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, se realice alguna de las siguientes acciones: a) se fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o b) se ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor dichos productos o el almacenamiento con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Estas acciones se castigan con penas de prisión de uno a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
5.2.-     Cuando, en las mismas condiciones, se ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Estos comportamientos se castigan con las penas de prisión de 6 meses a 3 años.
Asimismo, la reproducción o imitación de un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas descritas se castigará con la misma pena.
5.3.-    La venta ambulante u ocasional de los citados productos será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sin embargo, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes.

Esta nueva regulación pretende hacer frente, de una forma más clara y coherente, a las circunstancias en las que se cometen los delitos en estas materias, diferenciando cada uno de los posibles comportamientos y ajustando las penas en cada tipo concreto de actuación. La extensión del decomiso de los bienes y ganancias obtenidas del delito resultará de extraordinaria importancia en estas materias, en las que las operaciones comerciales se realizan, principalmente, dentro de la economía sumergida.

El nuevo Código entrará en vigor el 1 de julio de 2015. 



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Nuevo pronunciamiento del TJ en materia de CCPs sobre combinaciones de productos farmacéuticos

El Tribunal de Justicia se vuelve a pronunciar sobre la interpretación de los arts. 1, 3 y 13 del Reglamento (CE) nº 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para medicamentos (“CCP”).


La sentencia (asunto C-577/13) trae causa de un enfrentamiento entre las farmacéuticas Actavis y Boehringer, como consecuencia de la solicitud por Boehringer de un CCP sobre una combinación de principios activos. La cuestión que se plantea al TJ se refiere, en esencia, a la posibilidad de solicitar un CCP respecto de una combinación de dos productos que se incluye en una reivindicación posterior a la concesión inicial de la patente de base tras la modificación de la misma. La combinación estaría compuesta por : (i) un principio activo que constituye por sí solo el objeto inicial de la invención -y sobre el que el titular ya había obtenido un primer CCP-(el telmisartán) y (ii) una segunda sustancia (la hidroclorotiazida), que se encuentra en el dominio público.

Para dar respuesta a las preguntas planteadas por el tribunal inglés, el TJ señala, con carácter preliminar, lo siguiente:
 – Primero, la expresión “propiamente dicho” contenida en el art. 1 letra (c) y en el art. 3 letra (a) del Reglamento comunitario, debe interpretarse de forma autónoma a la luz de los objetivos perseguidos por el citado Reglamento a tenor del “objeto de la invención” de la patente de base.
– Y segundo, es posible que una patente que reivindica varios productos pueda permitir obtener varios CCPs en relación a cada producto, siempre y cuando el producto “propiamente dicho” esté protegido por la patente de base y el mismo constituya el “objeto de la invención” protegida por esa patente.
Sentados los anteriores principios, el TJ señala que no es posible obtener un segundo CCP para un producto compuesto por una combinación de un principio activo que constituye por sí solo el “objeto de la invención” y sobre el que ya se ha obtenido un CCP, en combinación con otra sustancia. Para el TJ, en el caso que nos ocupa, la combinación de los principios activos telmisartán e hidroclorotiazida –este último perteneciente al dominio público- no constituiría el verdadero “objeto de la invención” amparada por la patente de base. 

El TJ justifica su decisión en este asunto en el equilibrio que debe mantenerse entre los intereses de la industria farmacéutica y los de la salud pública, que se verían desbordado en beneficio de los primeros si se admitiera sin limitación la obtención de múltiples CCPs para sucesivas comercializaciones de un principio activo protegido a base de la combinación de éste con cualquier otro principio o sustancia que no fuera objeto de la invención original protegida.

Así pues, el TJ confirma su doctrina ya fijada en anteriores sentencias en materia de CCPs sobre combinaciones de productos (ver asuntos Actavis vs Sanofi – C-443/12– y Georgetown University II –C-484/12). La sentencia deja sin resolver, sin embargo, la cuestión relativa a la posibilidad de que, una vez concedida la patente, la misma pueda ser modificada con el objeto de incluir entre sus reivindicaciones una combinación de productos que pueda cumplir con los requisitos exigidos  para la obtención de un CCP. No obstante, aunque no haya un pronunciamiento expreso sobre este punto, el TJ parece que de forma implícita rechaza esta posibilidad.

Autores: Enrique Armijo Chávarri — María Cadarso

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El derecho de participación de los artistas plásticos en la reventa de sus obras, ¿Quién paga?

El derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, de siempre conocido como droit de suite es, como su propio nombre indica, un derecho de remuneración que corresponde a los autores de obras plásticas y que consiste en una participación económica en las sucesivas reventas de sus obras. La razón de ser de este derecho es bastante evidente: hacer partícipe al autor del éxito económico de sus obras, compensando así la desproporción que pudiera existir entre el precio por el cual el autor se desprendió de su obra y aquel que pudiera llegar a alcanzar en posteriores ventas en las que intervengan profesionales del mercado del arte.

Este derecho, tradicionalmente presente en la mayoría de los ordenamientos de los países de la Unión Europea,  fue objeto de armonización en el año 2011 (Directiva 2001/84/CE). El objetivo de la Directiva fue doble: por un lado, garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas la efectiva aplicación del derecho en todos los países de la Unión, y, por otro, suprimir las divergencias existentes entre las legislaciones de los países miembros que daban lugar a una diferencia de trato de los artistas en función del lugar en que se vendieran sus obras, lo que, en definitiva, devenía en un factor distorsionador del funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, no todos los aspectos concernientes al funcionamiento de este derecho fueron objeto de armonización comunitaria. Sí lo fueron cuestiones como los beneficiarios del derecho, las operaciones sujetas, las obras a las que se refiere, la base del cálculo o las personas obligadas al pago, pero la Directiva no se pronunció, o no lo hizo claramente, sobre la identidad de la persona que deba soportar definitivamente el coste del canon. Según su artículo 1, apartado 4: “El pago del derecho (…) correrá a cargo del vendedor. Los Estados miembros podrán disponer que una de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 2 (profesionales del mercado del arte) que no sea el vendedor tenga responsabilidad exclusiva o compartida con el vendedor para el pago del derecho”.

En este contexto, la sociedad francesa Christie’s France SNC, dedicada a la subasta de obras de arte, estableció en sus condiciones generales de 2008 una cláusula en la que se estipulaba que en las ventas realizadas a través de esta casa de subastas, y que estuvieran sujetas al pago del derecho de participación, el comprador quedaba obligado a abonar a la firma una cantidad equivalente al importe del mismo. Christie’s France SNC percibía el dinero en nombre del vendedor y lo entregaba posteriormente a la entidad de gestión encargada de su recaudación. La SNA, una asociación competidora, estimó que las ventas realizadas por Christie’s France a las que se había aplicado la cláusula controvertida constituían un acto de competencia desleal y eran contrarias a la normativa nacional reguladora del derecho de participación. La cláusula fue declarada nula por la Cour d’Appel de París,  y Christie’s recurrió ante la Cour de Cassation, que decidió suspender el procedimiento a fin de plantear al TJUE si la regla del artículo 1.4 de la Directiva 2001/84 debía ser interpretada en el sentido de que es al vendedor a quien corresponde soportar definitivamente el pago del derecho.

La cuestión clave que determina el fallo del Tribunal (caso C-41/14) es, sin duda, la diferenciación que establece entre  la persona obligada al pago y la persona que definitivamente lo soporta. Según el TJUE, la Directiva se limita a fijar la primera de las cuestiones, pero no se pronuncia sobre la segunda. En este sentido considera que no es contraria a Derecho Comunitario una cláusula como la contenida en las cláusulas generales de Christie’s France por la que el coste del derecho es repercutido al comprador final. En definitiva, lo que viene a decir el TJUE en esta sentencia es que el objetivo fundamental de la armonización comunitaria del droit de suite es garantizar la efectiva percepción de la remuneración por parte del autor, dejando al arbitrio de los Estados la decisión sobre quién puede o debe soportar en ultima instancia el pago.



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Por qué la reforma de la ley Española ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional


El pasado mes de noviembre se publicó la última gran reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española que ha dado lugar a una denuncia del mayor partido de la oposición ante el Tribunal Constitucional por considerar que dos regulaciones de la norma resultan contrarias a la Constitución Española. Se trata de la nueva regulación por copia privada y la imposición de un sistema de ventanilla única.

En relación con la nueva normativa relativa a la copia privada, el recurso considera que la nueva regulación de la copia privada lesiona el derecho de propiedad privada y la obligación de contribución justamente a las cargas públicas.

El partido recurrente considera que el legislador lesiona el derecho de reproducción, al realizar una regulación que impide que exista una compensación justa.

La normativa se examina como si se tratara de una regulación expropiatoria que impide que la indemnización compense enteramente la pérdida del derecho de reproducción.

La impugnación sostiene que la mutación de la compensación, a cargo de los particulares que realizan la copia, en una pago por el Estado con cargo a una partida presupuestaria conduce a que la compensación no pueda compensar el daño efectivamente soportado. Es cierto que lo menesteroso del presupuesto público español arrastrará ese resultado, pero no parece sencillo alcanzar la conclusión de principio. Y es indudable que los titulares podrán recurrir frente a la asignación concedida, si consideran que no cubre el daño sufrido.

Desde la perspectiva de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, el recurso señala que no se cumplen los requisitos de justicia y capacidad económica a la que se debe vincular toda carga pública.

El recurrente afirma, en este sentido que el pago por el Estado de la compensación determina que todos los ciudadanos que pagan impuestos contribuyan a un gasto sin que hayan realizado copias.

En este punto, es difícil aceptar el discurso del recurso por cuanto es claro que la normativa impugnada establece que sea el Estado el que afronte el pago de la compensación, pero no crea ninguna contribución pública nueva vinculada a la misma. No parece, pues,  sencillo detectar en qué han podido ser violentados los requisitos constitucionales que deben cumplirse en el diseño de cada tributo y en la planificación del conjunto del sistema tributario.

Con el mismo argumento sostenido en el recurso, podría afirmarse que cualquier pago indemnizatorio satisfecho por el Estado está viciado de inconstitucionalidad puesto que habrán contribuido personas que ninguna relación tienen con la razón del pago.

La desvinculación entre el beneficiario de la copia privada –copista particular- y quien la paga –el Estado- plantea dudas respecto a la conformidad de la nueva regulación con la Directiva infosoc, y la interpretación que de la misma ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un pronunciamiento próximo – a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español-, resolverá si la facultad reconocida a los Estados miembros para determinar la modalidad de financiación de la compensación –Sentencia Padawan– puede o no ser tan amplia como para que el Estado asuma la carga de indemnizar  por el daño causado por las copias de particulares.

Ahora bien, esta duda no parece que pueda convertirse en una infracción de las obligaciones constitucionales del Estado a la hora de diseñar sus figuras fiscales.


El recurso se alza también, según señalábamos más arriba, frente a la obligación que impone la reforma a las entidades de gestión colectiva de crear conjuntamente una ventanilla única donde centralizar las operaciones de facturación y pago. Esta previsión se inserta en la Ley bajo el ilustrativo título:” Medidas de reducción de los costes de transacción”, y según los antecedentes del proyecto pretende que los usuarios de contenidos musicales puedan en una única operación liquidar todas sus obligaciones frente a las numerosas entidades de gestión colectiva que pueden formularle una reclamación.

Para el recurrente dicha norma restringe en exceso la libertad de asociación. Critica, además, singularmente que la norma establezca un plazo imperativo para dar cumplimiento a la obligación e imponga el deber de financiar la ventanilla única e impida que alguna de las entidades de gestión actuales pueda controlarla.

En sectores regulados no son pocos los supuestos en que los operadores son obligados a adscribirse a una organización a la que se atribuye una determinada actividad de interés general. Véase el caso, en España, de las entidades bancarias que obligatoriamente deben pertenecer al Fondo de Garantía de Depósitos (art. 5 del decreto Ley 16/2011) y contribuir para garantizar a los particulares el dinero que tienen en los bancos.

Las Entidades de Gestión españolas son figuras de configuración legal a las que el legislador somete a un régimen regulatorio singular como condición para operar en el ámbito de la gestión colectiva y ser investidas de una serie de importantes prerrogativas. Este régimen restrictivo a la libre competencia no ha sido cuestionado hasta ahora, y determina que los operadores que deseen desarrollar una actividad de gestión colectiva, deben respetar las condiciones establecidas para ello, que se extienden a muchas determinaciones de su vida interna. A las obligaciones ya existentes, la reforma añade ahora la obligación de actuar en el mercado conjuntamente con el resto de entidades  para la facturación y el cobro, a través de un organismo que deberá ser creado por todas ellas. 


No parece que pueda deducirse la existencia de una infracción del derecho de asociación por una mayor delimitación de la actividad de las entidades de gestión. Aunque también es indudable que las restricciones que se establecen a la libertad de actuación y a la libre empresa requieren justificarse en razón al cumplimiento del interés general en juego. La norma española se redactó con el precedente de la Ventanilla única de recaudo de derechos de autor y conexos (VID) establecida por Decreto de Ley anti-trámites, aprobado en 2012 por el Gobierno colombiano. Esta norma limitaba la obligación de actuación conjunta de las Entidades sólo ante establecimientos abiertos al público –en el caso español, se hace sin restricciones- y fue declarada conforme a Derecho en la Sentencia C784-12 del Tribunal Constitucional colombiano. El Constitucional español ha seguido hasta ahora con interés la Jurisprudencia constitucional alemana, pero, puesto que el legislador parece, en este momento, inspirarse en otros modelos, no estará de más que también se tengan en cuenta las problemáticas que deriva de esas resoluciones.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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El TJUE se pronuncia sobre importaciones de productos farmacéuticos patentados desde nuevos Estados miembros de la UE

El pasado 12 de febrero de 2015 el TJUE dictó sentencia (caso C-539/13) sobre la interpretación del mecanismo específico previsto en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (“Acta de adhesión de 2003”). 


Esta norma prevé un mecanismo que faculta a  los titulares de patentes o certificados complementarios de protección (CCPs) sobre productos farmacéuticos a oponerse a la importación de dichos productos desde los nuevos Estados miembros en los que, en el momento de solicitarse la patente o CCP, tal protección no podía obtenerse. Lo que establece esta norma es una excepción al principio de agotamiento de patente. Dicha excepción se concreta en la exigencia de que quienes vayan a importar o comercializar productos farmacéuticos desde los nuevos Estado miembros en un Estado miembro donde tal producto esté protegido por una patente o CCP, notifiquen con un mes de antelación al titular o beneficiario de dicha patente o CCP su intención de hacerlo.

La sentencia trae causa de un conflicto relativo a la importación paralela desde Polonia al Reino Unido del producto farmacéutico denominado Singulair. Merck Canadá, Inc. (“Merck Canadá”) es titular de una patente y CCP sobre un principio activo que está incorporado en Singulair. Merck Sharp and Dohme (“MSD”) es la licenciataria en exclusiva de dicha patente y CCP. Pharma XL Ltd (sociedad vinculada a Sigma) notificó a MSD su intención de importar Singulair desde Polonia al Reino Unido. Pasados tres meses desde que lo notificara por primera vez, Sigma empieza a importar Singulair desde Polonia. No es sino varios meses después cuando Merck manifiesta su oposición a dicha importación, momento en el cual Sigma paraliza las importaciones de Singulair. Con todo, Merck Canadá y MSD inician un procedimiento por infracción de patente contra Sigma por los actos de comercialización que hasta el momento Sigma había realizado de Singulair. El asunto llega al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, que suspende el procedimiento para preguntar al TJUE sobre la interpretación del citado mecanismo específico del capítulo 2 del anexo IV del Acta de adhesión de 2003. La cuestión principal que, entre otras, se plantea, puede resumirse de la siguiente manera: si el titular o beneficiario de la patente o CCP que quiera impedir la importación en cuestión debe manifestarlo previamente y, en tal caso, de qué manera debe formular dicha oposición.


En efecto, la ambigüedad del enunciado normativo aplicable se presta a interpretaciones contrapuestas. Así ocurre en el litigio principal, en el que las posiciones sostenidas por cada una de las partes pueden sintetizarse como sigue:
– Por un lado, Sigma mantiene que la previsión de la norma sobre la obligación del importador de notificar al titular de la patente o CCP con un mes de antelación su intención de importar el producto protegido, implica que, efectuada la notificación y transcurrido el plazo de un mes sin que el titular o beneficiario de la protección invoque sus derechos, el importador tendrá derecho –una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes- a importar y comercializar dicho producto en el Estado miembro de que se trate. Entiende, en consecuencia, que el plazo impuesto por la norma conlleva la obligación implícita del titular o beneficiario de la patente de ejercitar sus derechos lealmente y notificar su intención de invocarlos en el mencionado plazo, pues lo contrario comportaría para el importador una situación de inseguridad jurídica lesiva de sus intereses y expectativas legítimas.
– Por su parte, Merck sostiene que el repetido mecanismo específico no impone ninguna obligación al titular o beneficiario de la patente o CCP de notificar previamente su intención de prohibir la importación paralela, obligación que, para existir, debería haberse previsto expresamente, tanto en su exigibilidad como en la modalidad o modalidades de su cumplimiento.

El TJUE resuelve de acuerdo con las siguientes apreciaciones: (i) el titular o beneficiario de una patente que, conforme al mencionado mecanismo específico, quiera prohibir una importación paralela de un producto farmacéutico, no está obligado, para poder invocar sus derechos sobre ese producto, a manifestar su oposición a la importación en el plazo de un mes. Sin embargo, (ii) si en ese plazo de un mes, el titular o beneficiario no expresa su oposición a la importación, el importador paralelo –una vez obtenida la correspondiente autorización de las autoridades competentes- podrá proceder a su importación y comercialización; por lo que, en consecuencia, (iii) el titular o beneficiario de la patente o CCP no podrá invocar sus derechos respecto de la importación y comercialización del producto farmacéutico en cuestión que se haya efectuado antes de que haya manifestado su intención de prohibirla.


Se puede concluir que la sentencia contribuye a fijar el significado y alcance de la norma reguladora del mecanismo específico previsto en el Acta de adhesión de 2003 sobre la base de un ponderado equilibrio entre los derechos conferidos por las patentes y CCPs y el principio de libre circulación de mercancías en la UE.



Autores: Enrique Armijo Chávarri — María Cadarso

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