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Las obras de Chesterton están aún vivas en España

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio surgido entre los herederos del escritor británico G.K.Chesterton y una editorial española con motivo de las discrepancias en torno al plazo de protección aplicable a las obras de aquél en España. La sentencia ratifica que las obras de Chesterton, como las de cualquier autor, nacional o extranjero, que hubiera fallecido bajo la vigencia de la ley española de 1879, se protegen en España durante un plazo de 80 años post mortem auctoris.

The Royal Literary Fund (RLF) es una fundación británica, heredera y representante de los derechos del escritor G.K.Chesterton. Enokia, S.L. es una compañía española propietaria de una casa editorial conocida fundamentalmente por sus colecciones de autores clásicos. RLF interpuso demanda contra la editorial española con motivo de la edición y comercialización por parte de esta última de una serie de títulos del escritor británico, que, a entender de la fundación, aún no se encontraban en el dominio público en España. Consecuentemente, solicitaba se declarase que la edición, publicación y comercialización de las obras de Chesterton constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, condenando a la demanda a cesar en la explotación de las obras y a indemnizar a los titulares por los daños patrimoniales y morales causados.

El 13 de abril de 2015, el Tribunal Supremo resolvió finalmente a favor de la fundación británica afirmando que la protección conferida por la Ley española de 1879 establece claramente un plazo de 80 años p.m.a.

Añade, así mismo, el Tribunal que no puede aceptarse la declaración de la recurrente, sobre un posible resultado discriminatorio e injusto para los autores nacionales. Si bien es cierto que, a diferencia de los autores extranjeros, los requisitos de inscripción en el Registro sí les eran aplicables a los nacionales, también lo es que la Ley de 1987 no sólo eliminó esta diferenciación, sino que arbitró mecanismos para paliar el trato injusto que bajo la vigencia de la legislación habían recibido.

La complejidad –y la riqueza- de este pleito viene motivada porque la solución al conflicto (la determinación del plazo de protección de las obras del escritor británico en España), exige una labor de integración y conciliación de diversas normas que se encuentran en planos espaciales y temporales distintos. A los problemas de derecho transitorio propios de la ley española se suman los derivados de tener que conciliar las distintas normativas aplicables –la nacional, la comunitaria y la contenida en los Convenios internacionales-, en algunos puntos contradictorias.

Que las obras de G.K. Chesterton se protejan en España por un plazo de 80 años no resultaría tan chocante si no fuera porque en Reino Unido, país de origen del escritor, los derechos sobre las mismas se encuentran en el dominio público desde el año 1986 o, como muy tarde, desde el año 2006 (tras la ampliación operada por la Directiva 93/98/CE). El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que España sería el único país donde, a día de hoy, los derechos sobre la obra de Chesterton se encuentran aún en vigor.

En un intento de abstracción, podría afirmarse que  la conclusión a que llega el Tribunal Supremo español es fruto de la aplicación de tres principios fundamentales:

  1. El principio de no discriminación entre nacionales comunitarios. Las obras de G.K. Chesterton se protegen en España por 80 años como las de cualquier otro autor comunitario –español o no- porque, de lo contrario, se le estaría otorgando al escritor un trato discriminatorio en relación con el resto de autores nacionales, cuyas obras sí estarían protegidas durante todo ese plazo.
  2. Respeto a los derechos adquiridos. De acuerdo con este principio de respeto de los derechos adquiridos, unido al  juego de las disposiciones transitorias de las sucesivas normas de propiedad intelectual, resultaría que a los autores fallecidos con anterioridad a 1987 no se les aplicaría ni el plazo de 60 años previsto inicialmente en la ley de 1987, ni tampoco el de 70 fijado tras la armonización comunitaria, sino el de 80 años de la Ley de 1879.
  3. Protección mínima. El artículo 5.2 del convenio de Berna establece que el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo “no estarán subordinados a ninguna formalidad”. La Ley de 1987, en señal de rechazo al sistema formalista anterior, compensó a los autores que lo habían sufrido permitiéndoles “rescatar” del dominio público las obras que habían caído en el mismo por no haber sido inscritas.

Sin restarle importancia a la victoria de la Royal Literary Fund en la defensa de los derechos del genial escritor, lo cierto es que las implicaciones de esta sentencia del Tribunal Supremo español van mucho más allá. Por si cabía alguna duda, el plazo de protección en España de las obras de autores –nacionales o no- fallecidos con anterioridad a 1987 es de 80 años p.m.a. Probablemente, esta sentencia haya supuesto una grata sorpresa para los herederos de muchos autores cuyas obras creían ya en el dominio público. 


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Muebles y derechos de autor. Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015, en el asunto Dimensione, C-516/13

Hay sentencias del Tribunal de Justicia que resultan menos interesantes por lo que dicen que por lo que dan a entender. La Sentencia de 13 de mayo del Tribunal de Justicia (C-516/13) trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en Alemania en el marco de un litigio surgido entre dos sociedades italianas: como demandante, la sociedad Knoll International SPA, titular del derecho exclusivo de distribución sobre ciertos muebles con nombre propio (el sillón «Wassily», la mesa «Laccio», el sillón, taburete, diván y mesa «Barcelona», las sillas «Brno» y «Prag», y el sillón «Freischwinger»); y como demandada, la sociedad Dimensione Direct Sales Srl, responsable de cierta campaña de publicidad, específicamente orientada a Alemania, en relación con la venta de reproducciones imitativas de tales muebles.

Las ofertas de venta se llevaban a cabo a través del sitio de Internet de la demandada, disponible en lengua alemana, así como con la publicación de anuncios en revistas y diarios alemanes.
La sentencia toma como punto de partida lo que para algunos podría haber sido el objeto mismo de la controversia: para el Derecho alemán, los muebles en cuestión son obras de arte que gozan de protección bajo el paraguas del derecho de autor. Tampoco se plantea ante el Tribunal ninguna cuestión jurisdiccional: el hecho de que los muebles sean fabricados en Italia no obsta para que, si la publicidad va dirigida al mercado alemán, pueda ser interpuesta la acción en Alemania pues es en ese país donde las obras están protegidas.
La cuestión es otra distinta: si una oferta de venta o una publicidad del original o de una copia de una obra de arte puede infringir el derecho de distribución, allí donde se encuentre protegido, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del producto.
La Sentencia viene a recordar que el Tribunal de Justicia se ha decantado, en cierta medida, por una noción amplia del derecho de distribución para entender comprendidos en el mismo otros actos (ofertas contractuales, ofertas y publicidad no vinculantes) que forman parte de la cadena de operaciones emprendidas con el objetivo de realizar la venta de un producto.
En cuanto a la posibilidad de que titular de un derecho exclusivo de distribución de una obra protegida se oponga a una oferta de venta o a una publicidad del original o de una copia de esa obra, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del objeto protegido por un comprador de la Unión, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29 no se opone a ello “siempre que dicha publicidad incite a los consumidores del Estado miembro en el que esa obra está protegida por el derecho de autor a su adquisición”.
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Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Los calendarios de celebraciones y efemérides internacionales, promovidos desde la Organización de Naciones Unidas, juegan un papel fundamental como instrumento generador de conciencia social. Nadie pone en duda la necesidad de consagrar un día del calendario cada año a la salud, la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades y la violencia. ¿Quién no se siente identificado o, al menos, solidarizado, con estas causas?



Hoy, 26 de abril, celebramos el día mundial de la propiedad intelectual. La fecha conmemora la entrada en vigor del Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Convenio OMPI), hace ahora 45 años. 

Ciertamente, la causa puede resultar ajena a una gran parte de la población, para quien el término “propiedad intelectual” es sinónimo de prohibiciones, licencias, censuras y demás obstáculos a la llamada libertad cultural de la era digital. Incluso, desde una óptica no tan crítica, el término propiedad intelectual es susceptible de evocar conceptos tan ajenos para la mayoría de los mortales como son las leyes, los convenios, los jueces  o un montón de abogados encorbatados defendiendo a las “grandes industrias“. Quizá hubiera sido más apropiado hablar de día mundial de la creatividad, la innovación o la cultura. Al menos, hubiera tenido más “pegada”. Porque, sin recovecos ni artificios, la propiedad intelectual es creatividad, es innovación y es cultura. En el despertador que nos levanta para ir a la oficina, en la música que escuchamos de camino al trabajo, en el videoclip que vemos en la pantalla del metro, en la obra de teatro que se anuncia en la marquesina del autobús, en todos los programas, herramientas y aplicaciones que nos permiten llevar a cabo nuestro trabajo de cada día, en la cafetera que nos rescata del sopor matutino, en la serie de televisión o en el libro que cogemos antes de irnos a dormir… Detrás de todo eso hay músicos, artistas, programadores, ingenieros, actores, escritores, productores, y… sí, probablemente también un montón de jueces, legisladores y abogados encorbatados tratando de salvar lo que queda de este reducto, a veces injustamente cuestionado, que es la propiedad intelectual. 


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El examen de la claridad en procedimientos de oposición ante la EPO: decisión G3/14

La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes ha emitido recientemente una importante decisión (G3/14) sobre el examen de la claridad de las reivindicaciones en los procedimientos de oposición ante dicha Oficina.

La falta de claridad de las reivindicaciones (Art. 84 del Convenio de la Patente Europea) no es un motivo de oposición de los comprendidos en la lista cerrada del Art.100 de dicho Convenio. Sin embargo, cuando durante el procedimiento de oposición el titular ha realizado modificaciones en su patente, el Art. 101(3) indica que la División de Oposición debe examinar si la patente modificada cumple con los requisitos del Convenio (incluyendo el requisito de claridad del Art. 84), y, por tanto, debe decidir si la mantiene con las modificaciones introducidas o si la revoca.

De manera recurrente se ha planteado la cuestión de si la EPO debe examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas durante una oposición o un recurso. A este respecto, han surgido dos líneas divergentes de decisiones
– La línea seguida por la decisión T 301/87 (línea “convencional), que indica que, cuando se modifican las reivindicaciones durante un procedimiento de oposición, no están permitidas las objeciones por falta de claridad si dichas objeciones no tienen su origen en las modificaciones realizadas (“do not arise out of the amendments made”, en el original en inglés). 
– La línea seguida por las decisiones T 1459/05 y T 459/09 (línea “divergente). La decisión T 1459/05 indicó que, durante el procedimiento de oposición, se puede examinar la claridad de una característica introducida en una reivindicación independiente concedida y procedente de una reivindicación dependiente concedida, especialmente cuando dicha característica adicional sea decisiva para distinguirse de la técnica anterior pero pueda considerarse que adolece de falta de claridad. En la decisión T459/09 se expuso que un “ejercicio sin restricciones” de la facultad de realizar el examen según el Art. 101(3) estaba justificado cuando las reivindicaciones hubieran sido modificadas con una característica técnicamente significativa.

A la vista de la situación, se pidió a la Alta Cámara de Recursos que emitiera una opinión sobre la cuestión de si era permisible examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas en aquellos casos en los que uno o varios elementos de una reivindicación dependiente fueran añadidos a una reivindicación independiente, y, de ser así, se le pidió aclarar el alcance de dicho examen de claridad.

La Alta Cámara de Recursos contestó que, de cara al examen previsto en el Art. 101(3),  las reivindicaciones de la patente pueden ser examinadas con el objeto de cumplir con los requisitos del Art. 84 sólo cuando la modificación introduzca el incumplimiento del Art. 84, y el alcance del examen de claridad estará limitado el estudio de si la modificación introduce el incumplimiento del Art. 84.

Además, la  Alta Cámara de Recursos aprobó la “línea convencional” y desaprobó la “línea divergente” de manera explícita.

Por tanto, la conclusión es que a partir de la decisión G3/14 el examen de la claridad de las reivindicaciones en procedimientos de oposición deberá tener un alcance mucho más limitado que el que habían establecido las decisiones de la “línea divergente”.

Autor: Pedro Saturio

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Tomates y brécol: los productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos sí son patentables


La primavera ha llegado acompañada de dos importantes decisiones sobre plantas: las decisiones G2/12 (Tomates II) y G2/13 (Brécol II) de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Ambas confirman que la EPO considera admisibles reivindicaciones de producto relativas a plantas e, incluso, a partes de plantas (G2/13) y a material vegetal tal como los frutos (G2/12), incluso en el caso de que, en la fecha de presentación de la solicitud, las plantas a proteger sólo puedan obtenerse por un método esencialmente biológico descrito en la solicitud. La sentencia sobre el brécol (G2/13) especifica, además, que la planta o el material vegetal a proteger pueden estar definidos por reivindicaciones en las que el producto quede definido por su procedimiento de obtención (“product-by-process claims”), aunque las características de dicho procedimiento indiquen que se trata de un proceso esencialmente biológico de obtención de plantas, todo ello con la condición de que la reivindicación no se refiera a una única variedad vegetal.

Las dos decisiones aclaran que la exclusión de patentabilidad de los procesos esencialmente biológicos de producción de plantas y animales, definida por el Artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea (EPC), no se extiende a las plantas y partes de plantas obtenidas mediante dichos procesos. Ello no altera, sin embargo, que las reivindicaciones que intenten proteger tales productos no podrán referirse a una única variedad vegetal, pues la protección de variedades vegetales y animales está también excluida de patentabilidad según el Artículo 53(b) del EPC. Este mismo requisito queda expresado con mayor detalle en la Regla 27(b) del Reglamento de Ejecución, donde se especifica que las invenciones biotecnológicas que se refieren a plantas sólo son patentables si es técnicamente posible llevarlas a efecto en más de una variedad vegetal concreta.

No es la primera vez que la interpretación del Artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea (EPC) ha requerido una decisión de la Alta Cámara de Recursos. De hecho, existen dos decisiones previas, G1/08 y G2/07, relacionadas también con tomate y brécol, que intentaban aclarar qué condiciones debe cumplir un proceso de producción de plantas para ser considerado “esencialmente biológico” y, por ello, excluido de patentabilidad. Las dos decisiones recientemente emitidas, G2/12 y G2/13, confirman que los productos obtenidos por tales procedimientos pueden ser patentables, siempre y cuando cumplan los requisitos generales de patentabilidad, como cualquier otro producto, y las condiciones impuestas por la Regla 27(b) del Reglamento de Ejecución.


La importancia de todas estas decisiones radica no sólo en la clarificación de los criterios para juzgar la patentabilidad de las invenciones en función del Artículo 53(b) del EPC, sino en la importancia comercial de los productos a los que afectan y a los que podrían afectar en un futuro.

Por otra parte, las invenciones que han dado lugar a dichas decisiones ilustran además el incesante afán del ser humano por modificar las especies vegetales y lograr, entre otros muchos objetivos, una mayor diversidad de alimentos. El brécol o brócoli (Brassica oleracea italica), en particular, es una buena muestra de los logros obtenidos, pues es una variedad perteneciente a la misma especie que el repollo, la coliflor o las coles de Bruselas, todas ellas variantes que tienen a la col silvestre como ancestro común y que han ido apareciendo mediante cultivo selectivo a lo largo de los años. La intervención del ser humano en la diversificación de especies y en la modificación de sus características ha sido tan habitual desde el Neolítico que no es percibida por el público en general como un proceso biotecnológico que dé lugar a inquietantes productos con consecuencias impredecibles, sino como un hecho natural, consustancial a nuestra evolución. Otras invenciones biotecnológicas, sin embargo, por estar basadas en hallazgos más recientes, provocan fácilmente un fuerte rechazo social, que en ocasiones influye en las decisiones sobre su patentabilidad o en la legislación que determina su marco de desarrollo y sus condiciones de comercialización.  



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