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Argelia se adhiere al Protocolo de Madrid

Argelia ha depositado su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el pasado 31 de julio de 2015 y su entrada en vigor está prevista para el 31 de octubre de 2015.

De los 95 miembros que actualmente forman parte del Sistema de Madrid, Argelia es el único Estado que pertenece sólo al Arreglo de Madrid. 

El Arreglo, tratado internacional mucho menos flexible y arcaico que el Protocolo, entre otras consideraciones, exige el depósito de una solicitud internacional sobre la base de un registro de marcas y la realización de determinados trámites por conducto de la oficina de origen. Además de los retrasos y complicaciones que estas rigideces provocan, el Arreglo impide la designación por la vía internacional de Estados que sean miembros únicamente del Protocolo – entre los que se encuentran jurisdicciones muy importantes como la propia OAMI, JPO o USPTO. Sin duda, este impedimento también estaba suponiendo una restricción para los titulares argelinos que hasta ahora no podían extender sus derechos por la vía internacional a países pertenecientes sólo al Protocolo.  

A partir de la entrada en vigor de esta nueva adhesión, aunque el Sistema de Madrid se rija por el Arreglo y el Protocolo y su Reglamento Común, y con la versión modificada de la cláusula de salvaguardia del 9 sexies del Protocolo por la que prevalece este tratado frente al Arreglo cuando las relaciones entre Estados comparten los dos tratados en común, la norma que pasa a regir el Sistema de Madrid es el Protocolo.


Se trata de un hecho clave para el Sistema de Madrid. A partir de ahora, todos los registros internacionales de marcas quedarán regidos exclusivamente por el Protocolo de Madrid lo cual se traduce en una gran simplificación del Sistema de Registro Internacional de Marcas. 


Autora: Cristina Arroyo


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Reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la UE

El pasado mes de marzo, el Tribunal General de la UE (“TG”) acordó la reforma de su Reglamento de Procedimiento. El nuevo texto procesal introduce algunas novedades importantes en el apartado relativo al contencioso en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual (procedimientos judiciales relacionados con marcas y diseños comunitarios). Entre dichas novedades pueden destacarse las siguientes:

  • En los recursos directos, la lengua de procedimiento será elegida por el demandante de entre las lenguas oficiales de la UE. En aquellos casos en los que el interviniente se oponga a la lengua del recurso elegido por el demandante, la lengua de la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI impugnada ante el TG, se convertirá en la lengua de procedimiento.
  • Se suprime la posibilidad de que los escritos iniciales de las partes puedan ser completados con escritos de réplica y dúplica. 
  • El escrito de adhesión al recurso por parte del interviniente deberá presentarse en un escrito separado distinto del escrito de contestación al recurso. 
  • El escrito de adhesión al recurso se considerará carente de objeto cuando el demandante en el recurso principal desista del mismo o cuando el recurso principal se declare manifiestamente inadmisible. 
  • En materia de costas, se contempla la posibilidad de que en aquellos casos en los que el recurso interpuesto sea estimado, el TG pueda ordenar que la OAMI cargue únicamente con sus propias costas (y el demandante vencedor asuma las suyas). 
  • Se introduce la posibilidad de que este tipo de recursos puedan ser resueltos por un juez único. 
  • Y también se introduce la posibilidad de que el Abogado General pueda intervenir en este tipo de recursos en aquellos casos que revistan especial dificultad o complejidad.

La nueva normativa procesal entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015.


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A vueltas con la “jurisdicción digital”

La enésima modificación de las normas acerca de los conflictos relativos a marcas emitida por una red social y algunos casos recientes me ha traído de nuevo a la memoria una cuestión sobre la que llevo reflexionando mucho tiempo y que de hecho abordamos en el I Congreso de la Abogacía Madrileña con una brillante intervención de Andy Ramos al respecto.


Los que nos dedicamos a temas de propiedad industrial e intelectual veníamos usando como legislación de referencia la nacional, comunitaria y tratados internacionales, complementándolo en su caso con las normas procesales aplicables.

Sin embargo, hace ya algunos años, que este conocimiento tiene que ser complementado con el de las normas que cada una de las redes sociales dicta en relación con los conflictos que se refieren al uso indebido de marcas, derechos de imagen, derechos de autor, etc.

Así, cada una de estas redes establece sus normas y lo que en principio se trata de condiciones de uso de la red social se convierten en un corpus jurídico material y procesal que hay que seguir (como se pueda) para intentar resolver los cada vez más numerosos conflictos que afectan a nuestros clientes. Y es que haciendo un pequeño repaso me doy cuenta que hoy por hoy el 80% de nuestra actividad tiene que ver con Internet y redes sociales, de una manera o de otra.

No es que tenga nada en contra de normas que escapen de la autoridad del Estado puesto que hay ejemplos de sistemas de autorregulación que han sido un éxito. Si nos fijamos en las normas UDRP que rigen los conflictos relativos a marcas y nombres de dominio, veremos cómo una abrumadora mayoría de los mismos son resueltos por expertos y administrados por instituciones desvinculadas de la autoridad de cualquier estado, entre las cuales destaca por el gran número de casos y su calidad el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Pero el problema se plantea cuando estas normas no son el fruto de un consenso sino que provienen del dueño y administrador de la red social. El problema aumenta cuando el que dicta las normas lo hace con una “inspiración legal” más  estadounidense que europea (y ya tenemos casos de conflictos en redes sociales chinas, la que se avecina). La cosa se hace más complicada cuando cada red social tiene unas normas diferentes. Y para acabar de complicarlo, las “políticas”, es decir la interpretación de las normas, es el fruto de las consideraciones particulares de cada uno de los gestores de cada red social.

Hace poco intervine en un caso que enfrentaba a dos profesionales gallegos por cuestiones de derecho de autor en una red social. Los administradores y gestores del conflicto comenzaron sus comunicaciones con citas de la Digital Millenium Copyright Act, el Fair Use y otras normas exóticas, dejando estupefacto al cliente. Naturalmente ni la Ley de Propiedad Intelectual española ni las directivas comunitarias aparecían por ningún lado.

Más grave es un caso de infracción de derechos de imagen de un menor, con intervención de la fiscalía, en la que resultaba imposible extender cualquier medida que se solicitaba más allá de las fronteras españolas, aun cuando la difusión de las imágenes tiene carácter global.

Y como éstos, hay otros muchos casos que día a día nos ocupan. Son muchas las consideraciones que hay que hacer para normalizar esta situación y darle un tratamiento legal adecuado.

Se ha hablado de la aplicación de un principio de territorialidad por el cual “si haces negocios en mi territorio es con las leyes de mi territorio”, solución que no deja de ser parcial por el carácter no territorial de las redes sociales al que se ha aludido.

También las autoridades de la Unión Europea intentan que la armonización de las normas europeas tenga también una influencia en los conflictos que se producen en las redes sociales.

Es todavía largo el camino que nos queda por recorrer pero tenemos ejemplos de éxito que nos demuestran que una regulación armonizada puede reducir el número de conflictos sustancialmente. La aplicación de la normativa territorial podría quedar entonces para determinados conflictos que sólo afectan a situaciones locales.


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Se confirma la sentencia en el caso Huawei sobre patentes esenciales para una norma

La reciente sentencia en el caso Huawei v ZTE (C 170/13) confirma en gran medida la opinión del Abogado General (comentada en nuestro blog de 2.12.2014).

Esta sentencia supone una ruptura con los criterios restrictivos establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (en alemán) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución Orange Book.

El Tribunal inaplica las normas establecidas por el BGH en el asunto Orange Book, donde la solicitud de cese por parte del titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los que se hubiera probado la infracción de la patente.

El Tribunal, sin embargo, considera que es el titular de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo condiciones FRAND (equitativas, razonables y no discriminatorias) de empleo habitual, especificando, en particular, el precio del royalty así como el método de cálculo. De no hacerse así, se podría considerar un abuso de posición dominante.

El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar una contra-oferta con condiciones alternativas e incluso podría ofrecer una garantía bancaria u ofrecer el depósito de una cantidad en un depósito. El titular de la patente sólo podrá solicitar el cese a un tribunal en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la infracción

Esta sentencia supone que los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales para normas bajo el “criterio Orange Book” se hallen claramente restringidos.

N.BVersión española del artículo publicado en el IP Finance Blog

Autor: Colm Ahern

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Libertad de expresión, insultos y derechos humanos

“Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

No poco revuelo ha causado la sentencia emitida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el asunto Delfi AS c Estonia 64569/09.

De nuevo nos encontramos ante un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor que afecta a los medios de comunicación, esencialmente los digitales y a su potestad/obligación de control de los contenidos difamatorios.


El supuesto de hecho del asunto parte de una situación en la que el titular de un portal de noticias web, Delfi, es considerado civilmente responsable por los Tribunales de Estonia, que consideran lesionado el derecho al honor de una persona por los comentarios difamatorios contenidos en un apartado habilitado a tal efecto por el titular del portal en cada noticia.

Delfi contaba con medidas para la supresión de los comentarios en su portal (un filtro automático para bloquear comentarios con ciertas palabras y un sistema de detección y retirada para la rápida supresión de mensajes difamatorios) y considera por tanto que la Sentencia estonia infringe su derecho a la libertad de expresión, por lo que la recurre ante el TEDH. 

En su decisión de primera instancia, el TEDH considera que la atribución de la responsabilidad a Delfi es una restricción a la libertad de expresión justificada y proporcionada, de ahí que entienda que la sentencia estonia no contravenga la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Frente a ello, Delfi apela ante la Gran Sala del TEDH.

La Gran Sala ratifica la Sentencia, usando para ello argumentos muy similares a los de la primera instancia, si bien no idénticos. Mención especial merece el detalle de que, en contraposición a la anterior, la Sentencia de la Gran Sala no ha sido unánime.

La fundamentación jurídica de la resolución aborda por un lado la cuestión de la legalidad y por otro la cuestión de la libertad de expresión y sus restricciones.

Por legalidad se debe entender que “la norma debe ser accesible por la persona afectada y poder predecir sus efectos/consecuencias” ya que son estas consecuencias las que hacen moldear la conducta del sujeto, de ahí que deban ser previsibles.

Delfi alegaba que no existía ninguna norma nacional en virtud de la cual un intermediario pudiera ser considerado como editor. Argumentaba que la normativa a aplicar debía ser la legislación europea, la cual prohíbe expresamente la imposición de responsabilidad a los intermediarios en virtud de la Directiva 31/2000 de Comercio Electrónico.

La Gran Sala, advirtiendo que el problema de fondo radica esencialmente en la consideración de Delfi como mero intermediario,  aprovecha para recordar que entre sus funciones no se encuentra la de sustituir a los tribunales nacionales de tal modo que deba interpretar y aplicar normativa, sino únicamente determinar si los medios adoptados y sus efectos se encuentran en conformidad con la Carta Europea de los Derechos Humanos.

A los efectos de solventar este punto, el TEDH destaca que Delfi, al ser uno de los mayores portales de noticias de Estonia, debería estar familiarizado con las leyes y jurisprudencia nacional, atendiendo a las cuales no es insólito concebir una eventual responsabilidad por los hechos ya expuestos.


La Gran Sala considera pues, que sí se cumple el requisito de legalidad.

En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad en una sociedad democrática y de la libertad de expresión como elemento esencial de la misma, el TEDH intenta poner estos principios en contexto, para determinar así los posibles límites que serían de aplicación.

En este punto el TEDH destaca la naturaleza comercial y profesional de Delfi, aludiendo al interés comercial de ésta porque hubiera el mayor número de comentarios posibles. De ello se infiere que Delfi detentaba cierto grado de control, razón por la cual no se puede considerar como un mero intermediario.

El TEDH indica que aunque Delfi sí contaba con medidas de filtrado de comentarios, éstos demostraron ser insuficientes tanto en un plano previo (detección de palabras inapropiadas) como posterior (posibilidad de denunciar como contenido inapropiado) pues se tardaron 6 semanas en proceder a su efectiva retirada. En caso de no haber mediado dicha tardanza el Tribunal considera que no habría conflicto. Interesa destacar que el Tribunal califica los polémicos comentarios como manifiestamente ilícitos, tildándolos de discurso de odio.
 
Basándose pues, en estos argumentos, la Gran Sala del TEDH considera que la medida estonia de considerar responsable a Delfi por los comentarios de terceros no es una restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión.

Si bien los anteriores son criterios preponderantes de la Gran Sala, los Jueces Sajó y Tsotsoria emitieron una opinión disconforme al respecto.

Entienden los citados jueces que la consecuencia de la sentencia es que todos los comentarios deberán ser monitorizados desde el momento en que son publicados. También con ello entienden que se incentiva a los portales a desactivar la opción de publicar comentarios respecto a noticias.

Estos hechos conducirán, según criterio de dichos jueces, a una censura colateral que no deja de ser una censura operada por el gobierno si bien no directamente, sí mediante el ejercicio de presión sobre los operadores privados al crear un escenario donde si se quiere evitar la responsabilidad la consecuencia inevitable es su auto–censura.

Lo anterior entienden que supone un atentado contra la libertad de expresión y una herramienta del gobierno para alcanzar a esos usuarios de Internet anónimos a los que, de otro modo, no tendría oportunidad de castigar.

El Tribunal Estonio condenó a Delfi a proceder a la retirada de los comentarios así como al pago de una multa de 320 euros. Habida cuenta que dicha cantidad resulta irrisoria para una entidad profesional así como que Delfi no se veía forzada a cambiar su modelo de negocio, las consecuencias eran mínimas.

La Gran Sala se esfuerza en remarcar que esta resolución no es extrapolable a otros casos de una manera genérica, ya que la solución adoptada es sólo válida en casos de comentarios de manifiesta ilicitud realizados en el contexto de un portal gestionado de forma profesional y con ánimo comercial. De ahí que aclare que este asunto no se refiere a otros foros de internet donde se difundan comentarios de terceros, donde los internautas pueden expresar libremente sus ideas sobre cualquier tema, sin que el administrador del foro aporte nada al debate para dirigirlo (por ejemplo, un foro de debate, o un tablón de anuncios electrónico); o una plataforma de medios sociales donde el proveedor de plataforma no ofrece ningún contenido y donde el proveedor de contenidos puede ser un particular que opera otra página web u otro blog como pasatiempo.

Como se puede ver, la sentencia refleja el debate actual sobre el ejercicio de la libertad de expresión en medios digitales y redes sociales. Si bien dicha libertad de expresión es uno de los principios  de todas las sociedades democráticas, no hay que olvidar que también el honor, la intimidad y la imagen son derechos constitucionalmente protegidos.

Los comentarios a las noticias son un nuevo modo de expresión de las ideas y han demostrado que sirven para enriquecer y democratizar los debates online, llegando incluso a aportar hechos o aspectos no incluidos en la noticia original por lo que sin duda contribuyen a fomentar la información veraz y equilibrada. En Europa se calcula que cada año se crean unos 5.000 millones de comentarios.

Sin embargo, basta la lectura de muchos medios digitales para ver cómo cualquier noticia puede provocar una serie de comentarios emitidos de forma anónima en los que encontramos no una opinión sino, muchas veces, sólo una catarata de insultos.

Miguel Hernández decía que “Para la libertad sangro, lucho, pervivo…”. Pero también que “Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo”. El poeta habla en otro tiempo y de otras circunstancias, pero aquel esfuerzo de muchos invita a pensar si, en nuestros días, los que sólo insultan y tanto se amparan en la libertad de expresión son los que la arrastran por el lodo y si el establecimiento de límites puede ayudar a mantener y enaltecer la verdadera libertad de expresión.


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