Category Archives: Elzaburu

Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/
 

¿Avance o retroceso en la especialización judicial?

Sede del CGPJ (Fuente: Wikipedia)

El Consejo General del Poder Judicial en Acuerdo de 18 de octubre, hecho público hoy, ha resuelto ampliar la especialización judicial en propiedad industrial a nuevos Juzgados.

Se recordará que desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes en abril de 2017 la competencia objetiva de los pleitos en materia de marcas, diseños y patentes había quedado en manos de ciertos Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia. Esta migración de la litigiosidad hacia tres únicos fueros había despertado el aplauso de los partidarios de la hiper especialización judicial pero también las reservas o los celos, por decirlo de este modo, de otros Juzgados que habían sido excluidos del reparto. La reacción de estos últimos no se ha hecho esperar.

El Acuerdo del CGPJ atribuye la competencia exclusiva para conocer de las acciones en propiedad industrial, además de los Juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia que ya la tenían, a estos otros:

ANDALUCÍA Juzgado de lo Mercantil 1 Granada
GALICIA Juzgado de lo Mercantil 1 A Coruña
CANARIAS Juzgado de lo Mercantil 1 Las Palmas
PAÍS VASCO Juzgado de lo Mercantil 2 Bilbao
 

El nuevo marco de competencias entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y no sería raro que esta vacatio produzca algún que otro movimiento en el foro.

Como curiosidad cabe añadir que el CGPJ ha informado desfavorablemente de la designación de Juzgados especializados en otras Comunidades Autónomas que lo habían solicitado. Queda en al aire la pregunta de si esta ampliación de la competencia objetiva refuerza o por el contrario diluye la especialización judicial en los pleitos en propiedad industrial. No por las diferentes bondades o limitaciones que pudieran presentar unos Juzgados u otros, sino por la conveniencia de concentrar los asuntos en el menor número posible de Juzgados a fin de favorecer la especialización.

Autor: Antonio Castán
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

¿Cuándo pueden las autoridades públicas acceder a los datos de las tarjetas SIM?

Acceso de las autoridades públicas a los datos electrónicos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído: no limitado a delitos graves al ser injerencia no grave en derechos fundamentales.

El 16 de febrero de 2015 el Sr. Hernández Sierra presentó una denuncia ante la Policía española por un robo con violencia, durante el cual resultó herido y le sustrajeron la cartera y el teléfono móvil. El Juzgado de Instrucción denegó el 5 de mayo de 2015 la solicitud efectuada por la Policía Judicial consistente en que se ordenase a diversos proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la transmisión de los números de teléfono activados, desde el 16 de febrero hasta el 27 de febrero de 2015, con el código IMEI del teléfono móvil sustraído, así como los datos personales o de filiación de los titulares o usuarios de los números de teléfono correspondientes a las tarjetas SIM activadas con dicho código, como su nombre, apellidos y, en su caso, dirección.

El Ministerio Fiscal recurrió en apelación la denegación de dichas diligencias, invocando la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2010 en un caso similar. La Audiencia Provincial de Tarragona decidió suspender el procedimiento, recordando la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica) y planteó dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE:

1.- ¿La suficiente gravedad de los delitos como criterio que justifica la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE puede identificarse únicamente en atención a la pena que pueda imponerse al delito que se investiga o es necesario, además, identificar en la conducta delictiva particulares niveles de lesividad para bienes jurídicos individuales y/o colectivos?

2.- En su caso, si se ajustara a los principios constitucionales de la Unión, utilizados por el TJUE en su sentencia de 8 de abril de 2014 [Digital Rights Ireland y otros, C‑293/12 y C‑594/12, EU:C:2014:238] como estándares de control estricto de la Directiva, la determinación de la gravedad del delito atendiendo solo a la pena imponible ¿cuál debería ser ese umbral mínimo? ¿Sería compatible con una previsión general de límite en tres años de prisión?

El TJUE resuelve ambas cuestiones en su sentencia de 2 de octubre de 2018 (asunto C-207/16).

En esta sentencia se declara que, conforme al principio de proporcionalidad, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté también calificada de grave. Sin embargo, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general.

Los datos solicitados por la Policía española solo permiten vincular, durante un período determinado, la tarjeta o tarjetas SIM activadas con el teléfono móvil sustraído y los datos personales o de filiación de los titulares de estas tarjetas SIM. Sin un cotejo con los datos relativos a las comunicaciones realizadas con esas tarjetas SIM y de localización, estos datos no permiten conocer la fecha, la hora, la duración o los destinatarios de las comunicaciones efectuadas con las tarjetas SIM en cuestión, ni los lugares en que estas comunicaciones tuvieron lugar, ni la frecuencia de estas con determinadas personas durante un período concreto. Por tanto, dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados, no pudiendo calificarse de injerencia grave en los derechos fundamentales de esos individuos.

La injerencia que supone el acceso a dichos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general, al que se refiere el artículo 15, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2002/58, sin que sea necesario que dichos delitos estén calificados como graves.

En consecuencia, se declara que el acceso de las autoridades públicas a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de estos, consagrados en los citados artículos de la Carta, pero no presenta una gravedad tal que dicho acceso deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos en general.

Esperemos que esta sentencia contribuya a despejar las reticencias de nuestros Tribunales a la hora de prevenir, investigar, descubrir y perseguir cualquier tipo de delito en el que se requiera la adopción de medidas de investigación tecnológicas, ponderando los distintos intereses en juego pero sin frustrar las posibilidades reales de esclarecimiento de los hechos.

Autor: Juan José Caselles
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El Big Data farmacéutico como activo valioso: el caso de IMS Health

El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación presentado por la filial española del grupo americano IMS HEALTH frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba al pago de una indemnización de 5 millones de euros por apropiarse indebidamente y comercializar parte del contenido de una base de datos desarrollada por la empresa demandante.

INFONIS, SL y IMS HEALTH, SA, son empresas ambas que operan en el sector de la información y la tecnología dentro del ámbito médico. Fruto de una relación comercial, IMS tuvo acceso a una base de datos elaborada por INFONIS durante los años 2004 a 2006 – ZBSales – que contenía valiosa información sobre la distribución territorial de los centros médicos en España. Según el relato de los hechos, tras poner fin a la relación comercial y contractual en el año 2007, IMS habría continuado haciendo uso de la base de datos elaborada por INFONIS para elaborar un producto propio -Sanibricks -, que comercializaba a terceros.

En el año 2010, INFONIS interpuso demanda de juicio ordinario frente a IMS con base en la infracción del derecho sui generis sobre su base de datos y por actos de competencia desleal. El Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Madrid acogió las pretensiones de la demandante condendando a IMS a retirar del Mercado el producto Sanibricks y a indemnizar a INFONIS en más de 5 millones de euros, correspondientes al 65% de los ingresos obtenidos a través de la venta del producto infractor. IMS recurrió en apelación pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó de nuevo las pretensiones de IMS a excepción de lo concerniente a la obligación que imponía la sentencia de instancia de desinstalar el producto aun cuando hubiese sido adquirido por terceros de buena fe.

IMS recurre entonces en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmite el recurso por falta de justificación e inexistencia de interés casacional.

No obstante, lo interesante de este caso son los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmados posteriormente por el Alto Tribunal que dirimen cuestiones tales como el concepto de “inversión sustancial” y de “extracción o volcado de datos”, de gran relevancia ambos en el ámbito del derecho “sui generis” sobre las bases de datos.

En lo que se refiere al concepto de “inversión sustancial”, el Tribunal considera que ésta debe darse no tanto en la confección de la base de datos propiamente dicha sino en la obtención de los datos que conforman su contenido. A este respecto, considera que una inversión de 2.700.000 euros en concepto de remuneración a las personas que trabajaron en la búsqueda y recopilación de los datos, tal y como acreditó la demandada en primera instancia, ha de calificarse como sustancial.

Respecto de los criterios para determinar la existencia o no de infracción, más allá de la elevada similitud entre ambas bases de datos (cifrada por la demandante en un 86%), el Tribunal entiende que un factor definitivo es la presencia en la base de datos de la demandada, de multitud de errores ortográficos, erratas y gazapos presentes también en la base de datos originaria.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

Visite nuestra web: http://www.elzaburu.es/

Buscar

Archivo

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto