Category Archives: Elzaburu

Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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Se abre la “línea telefónica” de los Juzgados para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acaban de hacer público el Protocolo de Servicio de Guardia y de actuaciones rápidas para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 adoptado el pasado 13 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que los Juzgados de Barcelona dan cobertura a este importante foro internacional haciendo posible la adopción de medidas cautelares y la tramitación de escritos preventivos en condiciones de máxima urgencia. Pero este año el Protocolo trae consigo algunas novedades importantes.

Por primera vez, el Protocolo es suscrito al mismo tiempo por el Tribunal Mercantil de Barcelona y por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. De esta manera el Protocolo será efectivo no sólo con respecto a infracciones de patentes sino también para los casos de infracción de marcas y diseños de la Unión Europea. Las medidas cautelares que puedan adoptarse por el Tribunal de Alicante en este contexto podrán ser ejecutadas por los Juzgados de Barcelona durante la propia celebración del Congreso.

El Protocolo estará en vigor durante todo el mes de febrero y particularmente durante los días del evento, del 25 al 28 de febrero. El compromiso judicial consiste en tramitar y resolver las solicitudes de medidas cautelares urgentes en plazo de 2 días (sin audiencia del demandado) o de 10 días (con la celebración previa de Vista) en función de si se ha presentado previamente un escrito preventivo.

Pero el Protocolo propone además un criterio para evaluar el factor de riesgo que justifica la adopción de las medidas sin audiencia del demandado. A estos efectos será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. El Protocolo enfatiza que “será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

Estas previsiones del Protocolo invitan a las empresas que participan en el MWC a ponderar y poner en marcha cuanto antes las estrategias defensivas o preventivas que garanticen su posición. No hay que olvidar que en 2018 se llevaron a cabo 35 actuaciones en la MWC por los Jueces de Barcelona, 7 de las cuales consistieron en medidas cautelares adoptadas sin audiencia de los demandados encaminadas a conseguir la retirada de productos exhibidos en los stands.

Autor: Enrique Armijo
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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (II)

Derechos digitales

Adicionalmente al campo de protección de datos, en su Título X la norma establece una discutida, entre los profesionales del sector, y discutible serie de previsiones en relación con derechos en el ámbito digital como son la neutralidad de Internet, su acceso

universal, su promoción en el ámbito educativo o la ampliación del derecho al olvido al ámbito de las RRSS.

En el ámbito laboral

En relación con el ámbito laboral establece una amplia protección a los trabajadores, descargando en el empleador la necesidad de adaptar sus políticas internas a factores nuevos como son:

  1. a) Protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales y acceso tasado a su contenido.
  2. b) Desconexión digital, a fin de garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del tiempo de trabajo.
  3. c) Mayor regulación de las condiciones para la videovigilancia y grabación de sonidos válida.
  4. d) Derecho de la intimidad del trabajador frente a sistemas de geolocalización.
Herencia digital

Salvo estipulación testamentaria en contrario, los herederos, personas vinculadas al fallecido y/o que hayan sido designadas por él, podrán acceder a sus contenidos en redes sociales y plataformas digitales y dar instrucciones a los prestadores de estos servicios sobre su uso, modificación, destino y eliminación.

Acceso a la primera parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (I)

El 6 diciembre ha sido publicada en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) que fue aprobada por el Pleno del Senado el anterior 21 de noviembre.

Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no deja a los Estados miembro de la UE un margen de actuación muy amplio, motivo por el que la nueva Ley se remite con frecuencia a dicho Reglamento, sin embargo, ésta sí contempla algunas previsiones novedosas que reflejamos en este post informativo.

El Delegado de Protección de Datos

Adicionalmente a las previsiones que ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al respecto, la norma establece un total de 16 supuestos en los que resulta preceptivo que se designe a un DPD.

Así, empresas de publicidad que lleven a cabo profiling, operadores que desarrollen la actividad del juego vía canales electrónicos, entidades aseguradoras, centros docentes o empresas de servicios de inversión relacionadas con el mercado de valores, entidades financieras y ciertas compañías energéticas, entre otras, se verán afectadas por esta previsión.

Transparencia e información

Mediante su artículo 11, la LOPDPGDD convierte en norma lo que hasta ahora venían siendo recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y del antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29 en relación con el sistema de información en doble capa.

De este modo, si ahora se acude a este método de información por niveles, necesariamente la primera capa deberá contener como mínimo los aspectos que este artículo 11 exige:

  1. La identidad del responsable y, en su caso, su representante.
  2. La finalidad del tratamiento.
  3. La posibilidad de ejercer los derechos de protección de datos.
  4. Si los datos no se obtienen directamente del titular, además el tipo de datos y su fuente de obtención.

Menores de edad

Mantiene el criterio del límite de edad en los 14 años e introducen previsiones en pro de la defensa del menor y su interacción con el ámbito digital, como son la posible intervención del Ministerio Fiscal en aquellos casos de utilización o difusión de imágenes e información personal de menores en las RRSS en caso de que estos supongan una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

Interés legítimo e interés público

Se recogen expresamente determinados tratamientos de datos respecto de los cuales se presume que el responsable tiene interés legítimo o que se llevan a cabo con base en el interés público.

Respecto a los primeros, encontraríamos los sistemas de información crediticia, la modificación estructural de sociedades o su traspaso y el caso de los datos de contacto de empresarios individuales y profesionales liberales, siempre y cuando su tratamiento se circunscriba únicamente al ámbito profesional en tanto a su localización y contacto para prestación de servicios especializados.

Por su parte, en relación con el interés público, tenemos la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas.

La polémica sobre los partidos políticos

En sus disposiciones finales, la nueva LOPD contempla la modificación de la Ley del Régimen Electoral, permitiendo a los partidos políticos la recopilación y uso de datos recabados a través de páginas web y otras fuentes de acceso público, así como avalar el envío de propaganda electoral, incluso por vía electrónica, al confirmar que dicha propaganda no debe considerarse como comunicación comercial.

Desde un punto de vista técnico, destaca la consideración implícita de las páginas web como fuentes de acceso público, ya que hasta ahora Internet no era considerada como tal.

Sistema de sanciones

La norma concreta y gradúa las conductas infractoras de la normativa de protección de datos en las tradicionales categorías de (i) leve, (ii) grave y (iii) muy grave, manteniendo las cuantías ya asentadas en el RGPD, que oscilan entre un mínimo de 10.000.000€ o el 2% de facturación anual global y un máximo de 20.000.000€ o el 4% de facturación anual global.

 

Acceso a la segunda parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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