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Datos personales. Salvaguardas para el Brexit

Si tu empresa tiene algún proveedor, matriz, filial, partner o colaborador establecido en Reino Unido, es muy probable que esté transfiriendo datos personales a dicho país. En ese caso es sumamente conveniente saber qué puede hacerse, si finalmente llega el Brexit, para poder seguir transfiriendo esa información y beneficiándose de esas relaciones sin incumplir la normativa sobre protección de datos ni exponerse a duras sanciones por ello.

Y es que, una vez se haya consumado la desvinculación de Reino Unido, las comunicaciones de datos personales a dicho país serán consideradas como Transferencias Internacionales de Datos (TID), al pasar a ser un país tercero de la UE y del EEE.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la normativa más estricta en materia de privacidad a nivel mundial. De ello se deriva que, en caso de que los datos se envíen a un país fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), el nivel de seguridad y garantías disminuyen. Así, la regla general es que no se permiten esos flujos de datos salvo que se cumpla alguno de los siguientes supuestos:

  • Que el país de destino de los datos cuente con una Decisión de Adecuación: la Comisión Europea, tras estudiar la normativa de privacidad del país, considera que reviste las garantías suficientes para estar acorde al nivel europeo, como ha sido el reciente caso de Japón el pasado 24 de enero. Sin embargo, aunque el Reino Unido ha adaptado su legislación nacional al Reglamento europeo de Protección de Datos (el RGPD), el Comité Europeo de Protección de Datos o CEPD (el antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29) ya apunta que, a día de hoy, no cuenta con tal decisión de adecuación y lo cierto es que su tramitación puede llevar un tiempo precioso durante el que no se pueden paralizar los flujos de datos al Reino Unido.
  • Que se hayan adoptado garantías adecuadas: aun sin contar el país de destino con una decisión de adecuación, se puede habilitar la transferencia de datos si se cuenta con alguna de las garantías que la avalan, de las cuales las más importantes son:
    • Cláusulas tipo: previsiones contractuales que obligan al receptor de los datos a adoptar medidas y garantías que permiten un nivel de protección equiparable al europeo.
    • Normas corporativas vinculantes: más conocidas por sus siglas en inglés, las BCR (Binding Corporate Rules), consisten en un conjunto de normas políticas o códigos de conducta jurídicamente vinculantes que un grupo de empresas diseña e implanta, con la finalidad de ofrecer las garantías suficientes para que las transferencias de datos intra grupo resulten seguras. Es un mecanismo exclusivo para los grupos empresariales, y deben presentarse a la Autoridad de Control pertinente para su revisión y, en su caso aceptación.
  • Códigos de conducta y mecanismos de certificación: estos mecanismos son una novedad introducida por el RGPD. Los códigos de conducta consisten en normas sectoriales de autorregulación, el planteamiento es similar al de las BCR pero en lugar de a un grupo industrial, aplicado a un sector empresarial. De otra, el RGPD establece la posibilidad de la creación de mecanismos de certificación en materia de protección de datos (tales como sellos o marcas) a fin de demostrar el cumplimiento de la normativa aplicable. El CEPD está actualmente trabajando en una serie de directrices para armonizar estas condiciones.
  • Que resulte aplicable alguna de las excepciones tasadas: el RGPD deja algo de margen, estableciendo que, aun cuando la TID esté dirigida a un destino que no se considere seguro, ni tampoco se haya blindado la comunicación con garantías adecuadas, se podrá llevar a cabo en caso de que se pueda amparar en algunas de las situaciones excepcionales que contempla. El CEPD ya advierte que, al tratarse de excepciones deben ser interpretadas de una manera estricta, debiendo acudir a las mismas sólo de manera ocasional y no como regla general.

De esta suerte, aun cuando el Reino Unido no lograra alcanzar un acuerdo antes de su marcha definitiva, o si dicho acuerdo no contempla previsiones en materia de protección de datos, no conllevaría necesariamente el aislamiento de flujos de datos personales de la UE, si bien su fluidez dependerá de la decisión que le merezca a la Unión Europea, y de la anticipación o rápida respuesta por parte de las empresas del resto de Europa que tengan relación con el Reino Unido.

Autores: Fernando Díaz y Ruth Benito
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Balance del MWC 2019 de Barcelona

El Tribunal de lo Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante acaban de hacer público su informe resumen sobre la aplicación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress celebrado la semana pasada en Barcelona (MWC 2019). Para quienes, como ELZABURU, han vivido muy de cerca las peripecias procesales de este Congreso, los datos facilitados en este informe no son ninguna sorpresa.

1. Los Tribunales han atendido y resuelto un total de 50 asuntos, lo que representa un incremento del 42% sobre los asuntos ingresados en 2018.

2. Para tratar de evitar la adopción de medidas cautelares inaudita altera parte, se presentaron 38 escritos preventivos, 36 en Barcelona en materia de patentes y 2 en Alicante en materia de marcas y diseños de la Unión Europea. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en 24 horas.

3. Para verificar la presencia durante la Feria de mercancía sospecha de infracción de patentes, el Tribunal atendió 5 solicitudes de Diligencias de comprobación de hechos, que fueron tramitadas y concedidas en un plazo de 48 horas. 2 de estas solicitudes se notificaron y ejecutaron, mediante la aprehensión de ejemplares, con la inauguración misma del Congreso.

4. En materia de medidas cautelares inaudita altera parte el Tribunal de Barcelona atendió 5 solicitudes que fueron presentadas y concedidas en un plazo de 48 horas antes del comienzo del Congreso. Las medidas se ejecutaron durante la tramitación del Congreso, con el embargo de ejemplares in situ. Curiosamente, en uno de los casos la interesada pudo presentar en dos días escrito de oposición y el Tribunal estimó la oposición levantando las medidas sobre la marcha.

5. ELZABURU ha seguido en vivo y en directo la celebración del MWC2019 interviniendo en 6 procedimientos judiciales, preparando la estrategia de defensa en otros 2 casos adicionales que han seguido otros derroteros y asistiendo al Congreso in situ para hacer frente a los incidentes que pudieran producirse.

Por lo demás, la actuación de los Juzgados de Barcelona y Alicante no ha podido ser más ejemplar, si se mide por la inmediatez de la respuesta judicial y por la efectividad de los mecanismos establecidos en el Protocolo. Ahora a pensar en el MWC2020!

Autor: Enrique Armijo
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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (II)

Se considera al secreto como objeto de propiedad, permitiendo la cesión y licencia de los secretos empresariales, con un régimen similar al de las patentes, donde ya se contemplaba la cesión del know-how. Asimismo, se determina el régimen para los casos de cotitularidad sobre el secreto; en estos casos prevalecería lo acordado entre las partes, aplicándose en su defecto lo que resulte aplicable en la Ley y, en lo restante, por las previsiones sobre comunidad de bienes del Código Civil. De nuevo, el régimen legal es similar al de las patentes. Por último, este capítulo impone responsabilidad al transmitente de secretos de los que no era titular por los daños causados al adquirente, siempre que el primero hubiese actuado de mala fe.

Con respecto a las acciones de defensa del secreto empresarial, se equipara este derecho al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo de nuevo el catálogo de acciones permitidas para las patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. La responsabilidad atenuada del tercero de buena fe de la que hablábamos antes se materializa en este punto, pues se permite la sustitución de estas acciones por el pago de una indemnización pecuniaria en algunos casos.  Adicionalmente, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento fijado tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los grandes avances incorporados es la exigencia de confidencialidad en procedimientos judiciales sobre secretos, evitando poner en riesgo esta valiosa información por el ejercicio de una acción estableciéndose medidas de preservación y sanciones por su infracción.

La nueva Ley supone una oportunidad para todas las empresas, a las que abre la posibilidad de proteger como secreto empresarial informaciones que no tenían una protección clara. Precisamente por este motivo se hace necesario implantar un plan de protección del secreto empresarial para conseguir la protección dispensada por la Ley. De lo contrario, el titular del secreto empresarial no podría ejercitar las múltiples acciones que la nueva Ley pone a su alcance.

Asimismo, las empresas deberán ser especialmente diligentes con la información que reciben y utilicen y pueda ser considerada secreto pues, como ya hemos mencionado, pueden ser responsables de infracciones, aun en el caso de ser terceros de buena fe.

  Puedes acceder a la primera entrega aquí
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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (I)

Por fin se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta novedad legislativa abre una nueva posibilidad de protección para las empresas, que verán como parte de su información más valiosa pasa a tener un reconocimiento legal equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. Por ello, vamos a analizar algunas de las novedades más relevantes que incorpora esta regulación.

En primer lugar, esta Ley define qué es el secreto empresarial, y lo hace de una manera muy amplia, permitiendo que todo tipo de información pueda serlo. El objeto de protección incluye cualquier información o conocimiento que cumpla con tres requisitos:

  1. Sea secreto.
  2. Tenga valor empresarial.
  3. Haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto.

Así, prácticamente cualquier conocimiento que una empresa genere puede ser un secreto empresarial.

En segundo lugar, se indican qué actividades son considerados lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta las actividades que la gestión de los secretos empresariales conlleva: obtención, utilización y revelación. Así, tales actos podrán ser legales o ilegales según las circunstancias que describe la Ley.

Por un lado, la obtención, y por ello la utilización y revelación será lícita si es consecuencia de:

  1. El descubrimiento independiente.
  2. La ingeniería inversa.
  3. El ejercicio de los derechos laborales.
  4. Cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.

Pero, por otro lado, esas mismas actuaciones (obtención, utilización y revelación de secretos empresariales) también pueden ser consideradas ilícitas. Esto ocurre en el caso de que la obtención del secreto empresarial se haya producido sin autorización del titular, es decir, en el caso de obtención ilícita.

Esta forma de obtener la información afecta a las otras conductas, pues la utilización y revelación serán también ilícitas si la obtención lo ha sido. También, si se ha llegado al conocimiento de forma lícita, pero se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar, estos actos serán considerados como infracciones del secreto empresarial.

Una de las novedades importantes de esta nueva Ley es la responsabilidad por la infracción, pues se fija la responsabilidad objetiva de terceros que no cometen las actividades ilícitas explicadas antes. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, pues también establece un régimen de responsabilidad que podríamos calificar de “ultra objetiva”, por el que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque dicha responsabilidad es más atenuada que en los supuestos anteriores.

Por tanto, la Ley exige una gran diligencia a las empresas a la hora de transmitir o recibir secretos empresariales, debiendo cuidarse de no tratar con información obtenida de forma irregular para evitar sanciones.

Puedes acceder a segunda y última entrega aquí
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Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas

Fuente: Wikipedia

El pasado 31 de enero de 2019, se ha promulgado la nueva Ley de Marcas de la República de la Unión de Myanmar (en adelante, Myanmar). Los pilares fundamentales de la nueva Ley se asientan sobre un sistema de registro de marcas First to File donde el primero en acceder al registro será el primero en obtener derechos de marca en este país.

Hasta la fecha, Myanmar no contaba con una Ley de Marcas y, en su defecto, los titulares se podían proteger frente a eventuales actos desleales de manera preventiva y con fines probatorios. Las medidas preventivas generalmente consistían en inscribir una declaración de titularidad en un registro oficial (DTO) al que seguía una publicación en un diario o periódico local. Se recomendaba adoptar medidas precautorias cada 3 años, aproximadamente.

La nueva Ley no ha entrado aún en vigor y está pendiente todo su desarrollo normativo, organizativo, administrativo y estructural, incluida la puesta en marcha de la Oficina de Propiedad Intelectual. Por tanto, por el momento, no es posible depositar solicitudes de marca y tampoco es predecible cuánto tiempo se demorará la Oficina de Propiedad Intelectual en estar operativa. Las tasas oficiales no están publicadas, ni se conoce si el sistema de registro que regirá será uniclase o multiclase, cuestiones muy relevantes que aún están en el aire.

Sin embargo, ante esta nueva posibilidad que ofrece la nueva Ley birmana, aquellos titulares con intereses en el país deben ir revisando sus carteras y adoptando las decisiones estratégicas pertinentes en lo que afecta a la protección de sus marcas para, tan pronto sea inaugurada la Oficina de Propiedad Intelectual, intentar ganar una fecha de presentación.

Es importante considerar, que es altamente probable que NO exista Sunrise Period ni se tengan en cuenta las inscripciones previas de DTOs, según nuestras fuentes. En consecuencia, en el caso de aquellos titulares que han adoptado medidas precautorias en el pasado y cuenten con DTOs inscritas, no podrían beneficiarse de la protección previamente adquirida, y para proteger sus marcas tendrían que depositar solicitudes de marca ex novo, al amparo de la nueva Ley y ante la Oficina de Marcas birmana.

Asimismo, en este nuevo escenario, aquellos que no hayan protegido nunca sus marcas en Myanmar y deseen hacerlo ahora, conviene que vayan tomando las decisiones pertinentes y se interesen por los preparativos dirigidos a ello.

Resulta muy importante tener en cuenta que hasta la fecha, la República de la Unión de Myanmar no dispone de representación consular en España y que aquellos documentos, como por ejemplo poderes y/o autorizaciones que exija la Oficina de Propiedad Intelectual para actuar ante ella, deberán ser reconocidos por una representación consular de este país en el extranjero. Desde España la representación consular más próxima se sitúa en París, Francia, lo cual puede ocasionar demoras importantes en los trámites.

Por si fuese de su interés, adjuntamos enlace ampliando información: “Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020″

Autor: Cristina Arroyo
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