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Brasil será el próximo miembro americano del Sistema de Madrid

El próximo 2 de octubre de 2019 se consolidará la entrada de Brasil en el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Con Brasil, los países del continente americano que forman parte del Sistema de Madrid serán 6. Actualmente ya son miembros Cuba, Colombia, México, EE.UU y el pasado 17 de junio de 2019 se incorporó Canadá firmando el Protocolo. Todo ello, sin perjuicio de algunas jurisdicciones caribeñas que ya eran miembros desde hace años como Antigua & Barbuda y las antiguas Antillas Holandesas (Curazao, San Martín y las Islas Bes integradas por Bonaire, San Eustaquio y Saba).

Con la adhesión de Brasil, que hará el miembro 121 del Sistema de Madrid, se dará la posibilidad a los titulares de derechos de marca de optar por una vía alternativa de protección ante la OMPI, por medio de una sola solicitud multiclase, el pago de una única tasa, la flexibilidad de ir incorporando países de protección en un futuro, o un único trámite de renovación en los países protegidos, entre otras de las ventajas que ofrece el sistema internacional de marcas.

Se presume que el idioma oficial del INPI sea el portugués y por tanto, el factor idiomático será un elemento a considerar a la hora de definir las estrategias. Si bien el INPI ha trabajado duro a lo largo de estos años para agilizar procesos, no cabe duda de que uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno brasileño es el cumplimiento de los plazos dispuestos por del Sistema de Madrid, por ejemplo el plazo para realizar el examen de la solicitud y plazos de oposición.

Autores: Cristina ArroyoJuan M. Sáinz de Marles
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La importancia de la propiedad industrial e intelectual en el éxito empresarial

Un nuevo invento, una mejora técnica en un proceso o producto o un modelo de utilidad son algunos ejemplos de los que se conoce como propiedad industrial. Su registro supone la obtención de un monopolio legal, por un período de tiempo y el control de su uso. Estos bienes intangibles pueden ser el máximo patrimonio de una empresa.

Este verano he tenido una conversación muy divertida con mis hijos, de 11 y 8 años, sobre tecnología. Su edad hace que sean nativos digitales y, por lo tanto, que no tengan experiencia vital sobre un mundo sin móviles y sin internet.

Me miraban con incredulidad cuando les explicaba que antes en las calles había pequeñas casetas acristaladas con teléfonos en su interior porque nadie llevaba un teléfono consigo. O que, si querías enviar un mensaje a alguien, escribías una carta que tardaba días en llegar, o que los televisores no tenían color y, mucho menos, mando a distancia. Fue un momento mágico.

Inevitablemente, también saca una sonrisa comprobar qué pensaban nuestros abuelos sobre lo que sería el futuro. Y cómo, por lo general, la mayoría de las películas se alejan bastante de lo que finalmente fue ese futuro, que no es sino nuestro presente. Baste como ejemplo, comprobar que en Regreso al Futuro 2, en el futuro que imaginaron Robert Zemeckis y Bob Gale (sus guionistas), hay coches voladores en 2015, pero ni un solo móvil.

Verificas, en suma, cómo hemos evolucionado a una velocidad sin precedentes en el último siglo. Y también compruebas que esa evolución no siempre lleva a donde habías imaginado.

¿Cómo pueden las empresas tomar decisiones en este contexto? ¿Cómo invertir? ¿Cómo proteger sus inversiones? ¿Cómo predecir lo impredecible?

La legislación ofrece un amplio abanico de posibilidades para la protección de bienes inmateriales.

Así, quien inventa algo nuevo lo puede patentar, quien diseña una mejora técnica sobre un proceso o producto ya existente puede registrarlo como modelo de utilidad y así sucesivamente con las marcas, las denominaciones de origen, etcétera. Todo este bloque es el genéricamente conocido como propiedad industrial y requiere, para nacer, su registro. El registro supone la obtención de un monopolio legal, por un período dado, para el control del uso del intangible en cuestión.

Hay intangibles que valen millones y que son el máximo patrimonio de una empresa (marcas como Coca-cola, Apple, y El Corte Inglés, entre muchísimas otras).

La fabricación de un teléfono móvil puede incluir innovaciones protegidas contenidas en unas 2.000 patentes (el USB, el Wi-fi, el 4G, el Bluetooth entre ellas). Sin esto, simplemente no es posible crear hoy día un teléfono móvil que se pueda comercializar. Y aproximadamente el 25% del precio de venta del aparato en cuestión irá destinado al pago por el uso de esas patentes. Los bienes intangibles mueven el mundo.

Y aunque seguramente el ideal de un empresario sería registrarlo todo, esto no siempre es posible.

En ocasiones, el invento no reúne los requisitos para su protección por vía de registro: el lamentablemente habitual caso de dar a conocer el nuevo invento y luego recurrir al especialista para obtener la patente, descubriendo que ello ya no es posible, por haberse incumplido el requisito exigido de novedad mundial.

En otras, resulta que el nuevo invento, o la ocurrencia para el nombre del nuevo producto, no es tan novedoso y, después de haber dado todos los pasos para el registro, comprobamos que existe un registro previo por algo idéntico o muy similar que frustra nuestras expectativas. Y todo por no salir al mercado con nuestro producto sin registrar y encontrarnos con una demanda.

En ocasiones también existen motivos económicos que frustran el registro porque sus costes exceden las posibilidades de la empresa en ese momento concreto. Y a veces, ¿por qué no? porque por más innovador que sea el invento, está claro que no tendrá recorrido comercial o le faltan mejoras técnicas y, por lo tanto, no merezca la pena la inversión que requiere su registro o, al menos, no en ese momento.

Además de la propiedad industrial también existe otro bloque igual de importante para la protección de los bienes intangibles: el de la propiedad intelectual. Este otro bloque nace por el mero hecho de la creación y puede funcionar como red última de contención en casos de registros frustrados, reclamaciones o cuando la protección a través de la propiedad industrial o no es posible, o bien no llega a tiempo. Requerirá, eso sí, una esmerada labor de documentación a efectos de prueba.

Con lo que, registrable o no, registrado o no, antes o después, siempre hay que seguir explorando alternativas.

Y si bien es perfectamente comprensible que una start-up que está iniciando su actividad considere la obtención de una marca mundial o de una patente como algo costoso, lo que no puede admitirse es que lo considere algo accesorio o no esencial para su actividad. En el caso de empresas con más recorrido, el desdén por la protección de sus intangibles es algo simplemente imperdonable.

Es fundamental que las empresas planifiquen la política de protección en materia de bienes intangibles prácticamente desde su mismo origen. Considerar e incorporar al plan de trabajo procedimientos específicos que permitan identificar: cuáles son las prioridades de las empresas en función de su actividad, donde y como surge la innovación y la creatividad, si existen secretos empresariales que se deban proteger, cuáles son las alternativas de protección disponible y qué debe hacerse para protegerla (documentarlo, designar un responsable en la organización para la centralización de solicitudes, recurrir al asesor especializado para la valoración del mecanismo de protección más adecuado, entre muchas otras) y, fundamentalmente, formar y concienciar al personal sobre la importancia de esta cuestión.

Una planificación adecuada en este sentido permitirá un uso racional de los recursos, que podrán irse redimensionando según el crecimiento de la empresa, la apertura de nuevas áreas de negocio o la situación coyuntural de cada ejercicio.

Además, se concretará en una sabia inversión: permitirá establecer alertas para saber cuándo y cómo proteger, evitará errores que puedan frustrar la protección, dará control sobre los bienes protegidos (para renovar los registros, ampliarlos, administrar la concesión de licencias a terceros, cobrar royalties, etc.) y creará barreras sólidas ante reclamaciones de terceros.

En un entorno de evolución constante y cada vez más acelerado, estos mecanismos serán, con absoluta seguridad, fuente de riqueza y garantía de viabilidad de la empresa a largo plazo. Una planificación mantenida en el tiempo será una herramienta útil en la toma de decisiones, en la racionalización de la inversión y el diseño del futuro de la empresa. Y así podríamos haber sabido, con años de antelación, que en 2015 iba a ser mejor centrarse en los móviles y descartar los proyectos de coches voladores.

Artículo publicado originalmente en Especial Directivos
Autora: Mabel Klimt
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50 aniversario de la llegada a la luna: aspectos jurídicos de la exploración espacial

La celebración del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna es un buen momento para reflexionar sobre la repercusión de la exploración espacial en la tecnología, en su protección jurídica y en otros aspectos jurídicos de dicha exploración.

La carrera espacial que tuvo lugar principalmente entre los años 50 y los años 70 del pasado siglo supuso un estímulo para lograr importantes avances tecnológicos. A partir de entonces, los progresos en numerosas áreas han sido notables: telecomunicaciones civiles y militares, sistemas de propulsión, meteorología, observación de la Tierra, cartografía, etc. Asimismo se han podido llevar a cabo importantes experimentos científicos con aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria.

Los teléfonos móviles (con todas sus prestaciones) son un ejemplo de cómo las tecnologías empleadas inicialmente en el ámbito espacial han pasado al ámbito doméstico. Asimismo, las misiones a la Luna y su uso por los astronautas contribuyeron a popularizar productos ya existentes, como el velcro, y materiales, como el teflón.

Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA) cuentan con programas de transferencia de tecnología que les permiten comercializar sus patentes y tecnologías en el sector privado, y que han sido el origen de numerosas empresas de nueva creación. En efecto, muchos de los objetos y de las tecnologías que empleamos habitualmente tienen su origen en tecnologías relacionadas con el espacio y han sido objeto de diversas patentes.

La mayoría de estas tecnologías, a pesar de emplearse en el espacio, han sido desarrolladas y probadas previamente en la Tierra, por lo que son susceptibles de protegerse mediante las leyes de patentes. Pero, ¿qué ocurre cuando una invención ha sido generada en el espacio, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional (EEI)?

El Tratado sobre el espacio ultraterrestre, del 27 de enero de 1967, que representa el marco jurídico básico del derecho internacional del espacio, sienta las bases jurídicas para la exploración y utilización del mismo. En dicho Tratado se indica que el espacio ultraterrestre estará abierto a la investigación científica, y que los Estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones.

La Estación Espacial Internacional (EEI) es un ejemplo de cómo mediante la cooperación internacional ha sido posible llevar a cabo proyectos conjuntos que han permitido obtener resultados positivos.

La EEI está regida por un acuerdo relativo a la cooperación en la Estación Espacial Internacional Civil (el Acuerdo sobre la Estación Internacional de 1998), firmado por EE. UU., Rusia, Japón, Canadá y los estados miembros de la ESA. En este Acuerdo se indica que la EEI está integrada por diversos módulos pertenecientes a diversos estados, y que cada estado tiene jurisdicción sobre su propio módulo, por lo que sus leyes de patentes serían aplicables en su módulo. El régimen de la EEI podría servir de modelo para futuras misiones científicas espaciales; por ejemplo, en el horizonte próximo hay varios proyectos, como las misiones a Marte o el regreso a la Luna, que han situado de nuevo la exploración espacial en el foco mediático.

Asimismo, la irrupción de nuevas actividades espaciales (como el incipiente turismo espacial, que ya ha llegado a la EEI) ha llevado a algunos países a plantearse cómo regularlas de modo que sean compatibles con el derecho internacional.

Por otro lado, es sabido que las patentes son derechos de ámbito territorial, por lo que, en teoría, podrían plantearse conflictos cuando una nave de un país utiliza plataformas de lanzamiento u otras instalaciones que normalmente se encuentran en otros países con condiciones más favorables. Sin embargo, muchas leyes de patentes nacionales, inspiradas en el Artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establecen excepciones por las que el titular de una patente no puede ejercer su monopolio frente a terceros cuando se trate de aeronaves autorizadas a entrar en un territorio, en cuanto a posibles reclamaciones por piezas, accesorios, procedimientos, etc. que pudieran infringir patentes en vigor en dicho territorio, lo cual resuelve la problemática planteada.

Actualmente el derecho espacial se encuentra regulado por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), con sede en Viena, que es la encargada de implementar las políticas de la Asamblea General de Naciones Unidas relacionadas con el espacio y de mantener un registro de objetos lanzados al espacio.

Sin la exploración espacial sería imposible imaginar el mundo como es actualmente. Seguro que en el 2069, cuando se cumpla el centenario de la llegada a la Luna, nuestra vida cotidiana se habrá transformado enormemente, en gran medida por los avances tecnológicos en el sector espacial.

En definitiva, es necesario seguir avanzando en la exploración espacial y sus aspectos jurídicos para seguir contribuyendo a hacernos la vida más fácil aquí, en la Tierra.

Artículo publicado originalmente en Cinco Días

Autor: Pedro Saturio

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Reforma a las directivas europeas sobre derechos de autor

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente y luego de un extenso debate, las directivas UE/2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y UE/2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión, programas de radio y televisión.

 

Estas directivas incluyen modificaciones a la normativa hasta ahora vigente, a fin de adaptar las normas sobre derechos de autor al mundo actual, considerando la evolución tecnológica. El objetivo central de estas reformas es ajustar la legislación necesaria para garantizar una remuneración justa a los titulares de derechos.

Las nuevas directivas se ocupan de cubrir las actuales vías de acceso a obras, como son los servicios de emisión de música en tiempo real, las plataformas de video a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos cargados por los propios usuarios.

Directiva UE/2019/789, de 17 de abril de 2019

Los avances tecnológicos han creado nuevas formas de difusión de obras. Los organismos de radiodifusión y los operadores de servicios de retransmisión ofrecen múltiples programas y plataformas que comprenden una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas.

Esta directiva se ha encargado de velar por los intereses de los titulares de derechos y los prestadores de servicios en línea o radiodifusión, con el fin de facilitar la obtención de derechos para la prestación de servicios accesorios en línea, tanto nacionales como de manera transfronteriza.

Asimismo, especifica la aplicación del principio del país de origen y los requisitos que deben cumplir los operadores de servicios de retransmisión para proporcionar seguridad a los titulares de derechos y otorgarles una remuneración justa.

Así, a partir del momento en que dichos organismos fijen el importe de pago, deberán informar a las partes interesadas (a través de las entidades de gestión) todos los aspectos relacionados con el servicio accesorio en línea, es decir, las características del servicio en línea, la disponibilidad de los programas ofrecidos, la audiencia y versiones lingüísticas disponibles.

En caso de que más de una entidad de gestión colectiva gestione los derechos afectados en el territorio del Estado miembro de que se trate, le corresponderá al Estado en cuestión decidir la entidad de gestión que será la encargada de conceder o denegar la autorización. Dichas entidades colectivas deberán llevar un registro adecuado de sus miembros, licencias y el uso de las obras para cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la Directiva.

Directiva UE/2019/790, de 17 de abril de 2019

La Directiva UE/2019/790 pretende una armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre derechos de autor y derechos afines con el fin de impedir falseamiento de competencia en el mercado único digital. Asimismo, se plantea fijar criterios generales que le permitan ser una normativa de carácter estable frente a futuras innovaciones, dotando al sistema de seguridad jurídica pero sin limitar el desarrollo tecnológico.

En relación con ámbitos como la investigación, la innovación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, la Directiva innova en la aplicación de excepciones y limitaciones con el objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y titulares de derechos y los usuarios. Las excepciones y limitaciones, como criterios restrictivos de los derechos de autor, únicamente podrán aplicarse a determinados casos, no siendo posible la aplicación analógica.

En coherencia con normativa comunitaria previa, la Directiva ahonda en el hecho de que los Estados miembros deben disponer de un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz, en materia de buena gobernanza, transparencia e información, para garantizar la distribución y el pago regular y diligente a los titulares de derechos individuales. Del mismo modo, las entidades de gestión deberán de regirse por el principio de igualdad de trato y facilitarles a los titulares de derechos la exclusión de obras.

En este caso, la Directiva incluye medidas para facilitar la concesión de licencias colectivas. Consecuentemente, los Estados miembros deberán de prever mecanismos de licencia de este tipo que permitan a las entidades de gestión colectiva concluir contratos de licencia de forma voluntaria. Dichos mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas, mandatos legales y presunciones de presentación.

Conclusiones

En conclusión, ambas directivas han incluido mecanismos por los cuales la legislación se acoplará de manera paulatina al desarrollo tecnológico que se ha transformado de manera drástica durante los últimos años.

Seguiremos con atención la transposición de las directivas analizadas en la normativa española, lo que, según la reglamentación comunitaria, deberá tener lugar antes del próximo 7 de junio de 2021.

Autoras: Harumi Wakida y Mabel Klimt
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EE.UU. Representación obligatoria ante la USPTO

Desde el día 3 de agosto de 2019 la oficina norteamericana USPTO exige un agente americano designado e inscrito a los titulares extranjeros incluso desde el primer momento del depósito de una solicitud. En lo relativo a las solicitudes de marca por designación de Marca Internacional, la personación se hará tan pronto sea requerida la primera actuación por parte del solicitante, normalmente la relativa a la declaración de uso.

Se trata de una medida que intenta dar seguridad a las actuaciones y adquisición de derechos para el titular ante la proliferación de intervenciones no conocedoras de las normas, procedimientos o prácticas americanas. En lo relativo a nuestros clientes y a los derechos tramitados por nuestra firma o cuyo cuidado nos ha sido encomendado, esta nueva medida no tiene trascendencia, pues ya veníamos actuando con la colaboración de nuestros colegas norteamericanos, expertos en su propia jurisdicción.

  Autor: Juan M. Sáinz de Marles
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