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Avanzamos, pero nos hace falta ser más valientes

Reforma Ley del Cine

(A vueltas con la reforma del Real Decreto reglamentario de la Ley del Cine)

Como colofón a un mes muy cinematográfico, con los Premios Goya aún en la retina, la Administración ha puesto en marcha hoy una consulta pública de cara a la modificación del Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

El Real Decreto en cuestión es la pieza angular sobre la que se sustenta todo el sistema regulatorio de la cinematografía española, que incluye, cómo no, la base sobre la que enraízan las ayudas públicas, pero también multitud de otras cuestiones, como el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y supervisión del Instituto de la Cinematografía, el régimen sancionador, la calificación de contenidos audiovisuales y un largo etc.

En cuanto al texto que se pone hoy a disposición en la consulta pública y sobre el que cualquier ciudadano puede participar hasta el próximo 19 de febrero, se trata de un aggiornamento del texto legal, lo mínimo considerando que la ley sobre la que se basa es del año 2007, algo más que doce años que resultan casi el jurásico para un sector que se reinventa y se actualiza de manera permanente.


Reforma Ley del Cine

No se trata de una reforma integral, sino de apenas algunos artículos del texto de 2015. Además, muchas de las reformas son de forma más que de fondo o debidas a cambios normativos posteriores al Real Decreto original y que resultan de aplicación aún sin la reforma que ahora se incorpora. Tal es el caso, por ejemplo, de las referencias del artículo 4.2 del nuevo borrador a la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo o la del artículo 36 a la Ley 40/2015, del Sector Público.

Hay, no obstante, algunas reformas, impulsada por la realidad práctica y que eran muy necesarias. Es el caso, por ejemplo, del artículo 10.3 del borrador a la gestión de coproducciones. La norma actual exige que cualquier cuestión vinculada a este apartado se realice obligatoriamente antes del inicio de rodaje de la producción. Ello supone que los productores no puedan recurrir a fondos provenientes de coproductores extranjeros interesados en participar del proyecto por este motivo, lo que, en ocasiones muy dramáticas (afortunadamente, unas pocas), pueden impedir la finalización del proyecto. La norma, con total razonabilidad, incluye una excepción al criterio general, de manera que las coproducciones financieras puedan aprobarse aún después del inicio de rodaje.

La reina de la reforma, cómo no, es el artículo 21.2 del borrador, que regula los límites de la ayuda del Estado. Estos límites condicionan la cantidad de dinero público que un proyecto audiovisual puede recibir y vienen predefinidos por la Unión Europea. Queda a criterio de cada Estado Miembro, determinar el contenido de las obras definidas como “difíciles”, es decir, aquellas que poseen un recorrido comercial más restringido, que pueden tener dificultades de financiación más importantes y que estarían abocadas a desaparecer si no cuentan con un apoyo adicional.

La definición de “obra difícil” es muy variable en la Unión Europea y permite que, en un estado de la Unión en concreto, un tipo de obra concreta pueda recibir una protección especial, por encima del límite del 50% que es el habitual de la industria. Cada país, por supuesto, fue estableciendo sus definiciones, creándose una pequeña “carrera armamentística” en este sentido.

Mabel KlimtEspaña no fue especialmente valiente a la hora de definir una obra como difícil en la normativa del 2015, algo que no resulta útil a los productores y creadores, que tienen que competir con países de nuestro entorno que sí lo han sido. Esto obliga a los empresarios de la industria española a asumir participaciones más minoritarias, extendiendo los procesos productivos en la búsqueda de financiación y perdiendo competitividad en la atracción de rodajes a nuestro país (con los consiguientes puestos de trabajo), etc.

El punto de inflexión en esta particular carrera lo marcó Italia cuando hace dos años introdujo un paquete de normas que introdujo modificaciones sustanciales en su regulación interna (basado, claro está, en el sistema francés). La nueva normativa definió como obra difícil a cualquier producción italiana con un presupuesto por debajo de 2.5 millones de euros y permitió la financiación pública al 100% para estos proyectos. Ello, sumado a un esquema de subvenciones cuasi-automático, un fuerte esquema de incentivos fiscales y un incremento de un 60% de la dotación de fondos públicos disponibles para el sector, hasta los 400 millones de euros. Ahí es nada, si consideramos que España a nivel nacional apenas si alcanza en global los 70 millones de euros en este tipo de ayudas.

La reforma que ahora se plantea en esta propuesta legislativa, sin ser la panacea italiana y muy lejos del sistema francés, introduce mejoras que permiten sostener a proyectos singularmente vulnerables y que hasta ahora no tenían protección especial. Destacan entre ellos, los dirigidos por discapacitados, los dirigidos por mujeres y los proyectos con especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional.

No obstante, la reforma se queda a medias. Más allá del esfuerzo que, seguro, supone y supondrá para la Administración la aprobación de la norma bajo análisis, se trata de la voz aislada del Ministerio de Cultura. Es bien sabido que, a día de hoy, el sistema de producción audiovisual no podría mantenerse con el ritmo actual si no fuera por el sistema de incentivos fiscales, que abren la puerta a la financiación privada y que hacen atractivo a nuestro país para los productores extranjeros.

La modificación que ahora se propone, para ser plenamente eficiente, debe coordinarse con la normativa fiscal específica que indicamos, incluida en el artículo 36.1 de la Ley de Impuesto de Sociedades. De otra forma, seguirán existiendo dos terrenos de juego independientes, uno fiscal y otro regulatorio, este último imprescindible conciliar para contar con una estructura legal del sector coherente y segura.


Autor: Mabel Klimt
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BREXIT, ¿Y AHORA QUÉ?

brexit

TRANQUILIDAD es el término que debe guiar la actuación de cualquier titular de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual a partir de esta media noche, es decir, cuando a las 00:00 horas CET se produzca el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea.


brexit

A pesar de los nubarrones que en algún momento de 2019 presagiaban una salida abrupta del Reino Unido de la UE, finalmente se ha alcanzado un acuerdo que, al margen de ordenar esa salida, dispone que durante un período transitorio que, en principio, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, la legislación de la UE sigue siendo aplicable en el Reino Unido. Este periodo transitorio se extiende, por tanto, a los Reglamentos relativos a la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, al Reglamento que regula las medidas en frontera para combatir la piratería comercial o a los Reglamentos procesales que resultan de aplicación al ejercicio de acciones judiciales, entre otros. Hay que tener presente, por lo demás, que las patentes europeas no se van a ver afectadas por el Brexit, toda vez que el Convenio sobre la Patente Europea, que regula la concesión de esos títulos, no forma parte del ordenamiento jurídico de la UE.

Los efectos del Brexit en materia de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y otras afines se retrasan, por tanto, hasta el 1 de enero de 2021.

ELZABURU se propone enviar durante los próximos meses circulares informativas sobre las consecuencias del Brexit en relación con solicitudes y registros de marcas de la Unión Europea y registros internacionales de marca que designen la UE; también sobre los efectos del Brexit en materia de dibujos y modelos comunitarios; en relación con variedades vegetales y nombres de dominio <.eu>; sobre las solicitudes de intervención aduanera; sobre los procedimientos judiciales en curso o por iniciar; sobre la falta de incidencia hoy por hoy en cuestiones relativas a la patente europea; sobre procedimientos de oposición, nulidad y caducidad de derechos, así como cuestiones relacionadas con la representación para actuar ante la EUIPO.

El mensaje por ahora es claro. Desde el 1 de febrero y hasta el final del período transitorio, previsto para el 31 de diciembre de 2020, todo seguirá igual en la práctica: los procedimientos en materia de marcas, diseños y otros activos intangibles van a seguir operando como lo han venido haciendo hasta la fecha.

Cualquier duda les rogamos se dirijan a brexit@elzaburu.es.

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Nueva incorporación al Sistema de Madrid en el Sudeste Asiático: Malasia

Malasia

Malasia ha sido el último país del Sudeste Asiático en depositar el instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid. El 27 de septiembre de 2019, se ha producido este hito histórico que sitúa a Malasia entre los 122 miembros del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

  Madrid Malasia

Entre los principales países del Sudeste Asiático, Malasia y Myanmar (antigua Birmania) eran los únicos que aún no se habían incorporado a este sistema práctico y eficaz para gestionar marcas en todo el mundo. Forman parte del mismo: Singapur, Vietnam, Laos, Filipinas, Camboya, Brunéi Darussalam, Tailandia e Indonesia. Myanmar queda ahora como único país de la región que no permite la internacionalización de las marcas por la vía internacional; aunque es previsible que lo haga durante el año 2020, una vez haya puesto en marcha su nueva Ley de Marcas y su administración esté completamente lista para operar. Quedarán fuera del Sistema de Madrid Timor Oriental y otros pequeños territorios dependientes, cuya incorporación es sin duda muy improbable en el corto-medio plazo.

Como otros países del Sistema de Madrid, en particular el vecino Singapur, Malasia se ha reservado algunos derechos que le permiten adecuar la normativa internacional a la local. Entre ellos, al designar Malasia por la vía internacional será preciso tener presente que este país exige una declaración de intención de uso de la marca y que dicha declaración se interpretará implícitamente efectuada en el trámite. Como algunos países del Protocolo, el plazo para notificar denegaciones provisionales se extenderá a 18 meses o los podrá superar en caso de oposición, lo cual puede suponer un alargamiento del procedimiento, así como otras consideraciones varias a las que se pueden acoger los países miembros del Protocolo.

La entrada en vigor de Malasia en el Protocolo de Madrid se ha producido el pasado 27 de diciembre de 2019. Con el fin de lograr este objetivo, las autoridades malasias han tenido que recorrer un largo camino de preparación para que finalmente vea la luz su nueva Ley de Marcas, que precisamente dispone la incorporación del país al Sistema de Madrid y cuya entrada en vigor se produjo en la misma fecha.

La nueva Ley malaya abre el registro a signos no tradicionales reproducibles gráficamente (marcas de color, sonoras, hologramas, etc.), marcas colectivas, marcas multiclase, así como nuevos plazos oficiales más acordes al resto de jurisdicciones. Estas son algunas de las cuestiones clave que contempla la nueva norma y que desprenden un gran esfuerzo de modernización y adaptación a los nuevos tiempos.

 
Autor: Cristina ArroyoJuan Miguel Sáinz de Marles
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Los premios y festivales de cine; mucho más que recibir una estatuilla

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En Estados Unidos se han celebrado recientemente los premios denominados Globos de Oro, y el próximo 9 de febrero se entregarán en Los Ángeles los Oscars de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. También en febrero se entregarán los premios del cine inglés, los BAFTA, y los del francés, los César.

España no es la excepción a esta “temporada de premios”: a mediados de enero se han celebrado los Premios José Mª Forqué, que organizados por EGEDA han celebrado este año su 25ª edición. A ellos les siguen los Premios Feroz y, cómo no, los Premios Goya que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y que se celebran el próximo 25 de enero.

 

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Ante esta “avalancha” de galardones, es inevitable cuestionarse sobre su importancia. La realidad, en el fondo, es que la “temporada de premios” no existe y la actividad, entre premios, festivales, galas y mercados, dura prácticamente todo el año para las distintas facetas y especialidades del sector.

Esta concentración de premios en los primeros meses del año se debe, sobre todo, al hecho de que estos eventos son herramientas promocionales para los distintos títulos que están a punto de salir al mercado o para los que lo han hecho de manera reciente. Esto permite, en un mundo repleto de distracciones, llamar o recalcar la atención de los espectadores. En algunos casos, la obtención de una nominación o un premio destacado puede suponer incluso una “segunda vida comercial” para una película (cuando no, una vida, sin más, para los proyectos más pequeños que habían pasado por las carteleras sin pena ni gloria).

Hasta tal punto tiene esta cuestión trascendencia como parte del proceso económico vinculado a la producción, promoción y explotación de un proyecto audiovisual, que el Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) dependiente del Ministerio de Cultura y varias Comunidades Autónomas, dispone de líneas de ayudas específicas en relación con el apoyo tanto a los asistentes a un festival,  como a sus organizadores.

Es habitual, además, que estos eventos y, principalmente, los festivales de cine (Berlín, Cannes, Toronto, San Sebastián) estén acompañados de actividades paralelas para el desarrollo de la industria en forma de convenciones, jornadas o áreas de trabajo. En ellas se suelen dar agendas frenéticas de reuniones, a fin de concertar ventas, buscar financiación, participar en encuentros para debate de futuros textos legales, asambleas y juntas de asociaciones del sector, entrevistas con autoridades o, simplemente, aprovechar para establecer redes de colaboración que puedan dar lugar a futuros proyectos.

Así pues, a pesar del halo de glamour inherente a cualquier premio o certamen del séptimo arte, debemos ser conscientes de que, tras ese halo, y por encima de la ilusión por recibir una estatuilla, subyace una industria pujante de actividad que en España superó los 500 millones de euros por venta de entradas el pasado año.

 

Autor: Mabel Klimt

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Tres abogados de ELZABURU seleccionados para formar parte de un nuevo Consejo de expertos que asesorará al gobierno de China en materias de PI

Este nuevo año 2020, China estrena un centro denominado Chinese Overseas Intellectual Property Dispute Centre, con el que busca rodearse de profesionales de diferentes países expertos en propiedad intelectual que sirvan de guía en materias relacionadas con este ámbito. El centro ha sido creado por la Oficina de Patentes y Marcas China (CNIPA), la cual es la oficina más grande del mundo con una plantilla de más de 20.000 personas.

 

La selección de los 75 expertos que ya forman parte de este centro se llevó a cabo a través de un concurso de méritos público a nivel mundial. De entre los 35 profesionales extranjeros que participarán en esta iniciativa, 6 son españoles, y de ellos, 3 son abogados de ELZABURU: Manuel Desantes, Enrique Armijo Chávarri y Colm Ahern.

El objetivo de la CNIPA con esta iniciativa es que sirva de guía a la hora de resolver posibles conflictos relacionados con la propiedad intelectual. Por un lado, para salvaguardar sus derechos en el extranjero y, por otro, para comprender mejor los sistemas y normas de propiedad intelectual de las jurisdicciones extranjeras.

Tal y como explica Manuel Desantes en una entrevista para Confilegal, el problema más importante que encuentran las empresas chinas que buscan internacionalizarse es el desconocimiento de los sistemas jurídicos de los diferentes países, por lo que este asesoramiento será esencial para disipar dudas y, así, evitar futuros conflictos. Además, gracias a la colaboración de estos expertos, China podrá defenderse mejor en el caso de que alguna empresa extranjera infrinja sus derechos de propiedad intelectual.

A través de la creación de nuevos canales para la obtención y distribución de información sobre disputas de propiedad intelectual en el extranjero, el centro buscará establecer un mecanismo de orientación y coordinación para gestionar las controversias relacionadas con este ámbito en las que se vean envueltas las empresas chinas.

Por ser China la primera potencia mundial en propiedad intelectual, se espera que este proyecto sirva de ejemplo para otros países a la hora de evitar conflictos y litigios, y así se pueda mejorar tanto la seguridad jurídica, como las relaciones comerciales internacionales, concluye Desantes.

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