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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace naufragar, definitivamente, la nave de “The Pirate Bay”


La noticia ha saltado a los medios como un tsunami: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en decisión que se hizo pública ayer 14 de marzo de 2013, desestima la demanda que había interpuesto “The Pirate Bay” en relación con la condena penal de que fueron objeto en Suecia sus fundadores por usurpación de derechos de autor. La condena implicaba penas privativas de libertad (de 10 y de 8 meses) y una indemnización por daños (de 5 millones de Euros). Los hechos son bien conocidos: The Pirate Web era una website que hacía posible el intercambio masivo, entre sus usuarios, de archivos con obras intelectuales protegidas  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera, básicamente, que la condena está justificada y que las penas no son desproporcionadas. 

Pasemos por alto la perplejidad que suscita que al socaire de la libertad de expresión sea el infractor de derechos de autor -y no sus titulares- quienes acudan a una instancia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca de apoyo (cuando el derecho a la creación intelectual y artística y a la tutela del fruto de la creación es más “humano” que ningún otro); y dejemos de lado también el dislate de confundir “información” con “propiedad intelectual” (el material que contienen esos archivos de intercambio no es “información” sino “obras intelectuales”). Lo importante, a la postre, es que para este Tribunal. en la contraposición entre unos intereses y otros, en una sociedad democrática, está justiificada la restricción al derecho de expresión cuando sirve de pretexto para violar derechos de autor.

Me vienen a la cabeza, pensando en el nombre de la web en cuestión, estos versos de Miguel de Cervantes, que bien pueden servir de colofón para la trayectoria de “The Pirate Bay”:

“Triunfe el pirata, pues, agora y haga
júbilo y fiestas, porque el mar y el viento
han respondido al justo de su intento,
sin acordarse si el que debe, paga, 
que al sumar de la cuenta, en el remate
se hará un alcance que le alcance y mate”


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La retransmisión de obras a través de Internet (“Live streaming”) por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal Justicia de 7 de marzo de 2013 (C-607/11).


1. Hechos. Las demandantes en el presente litigio son varias cadenas de televisión británicas que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones y sobre muchos de los contenidos incluidos en las mismas. La demandada, -TVC-, es una entidad que se dedica a ofrecer a través de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto, incluidas las de las demandantes. La peculiaridad del servicio de TVC es que únicamente se ofrece a aquellos usuarios que previamente disponen de una licencia de televisión válida para acceder a esos contenidos. Además, el sistema de puesta a disposición del público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. Este servicio es financiado a través de publicidad que se muestra por inserción en el ordenador del usuario, respetando en todo caso la publicidad previamente insertada originariamente por las cadenas de televisión.

Las demandantes ejercieron una acción contra TVC ante la High Court of Justice por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones, concretamente, por llevar realizar actos de comunicación al público prohibidos por el artículo 20 de la Copyright, Designs and Patents Act de 1988.

En esta tesitura, la High Court of Justice plantea al TJUE una serie de cuestiones al TJUE, dirigidas a dilucidar si el concepto de “comunicación al público” del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE abarca la difusión a través de Internet de emisiones de radiodifusión a personas del público que habrían tenido derecho a acceder a las mismas utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.


2. Pronunciamientos. Según el TJUE, tal y como se deduce del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2011/29/CE, así como de los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, el derecho de comunicación al público ha de entenderse en un sentido amplio, de modo que comprenda todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar de la comunicación. Como quiera que el derecho de comunicación al público no es susceptible de agotamiento, cada uno de estos actos ha de ser objeto de una autorización individualizada.

La puesta a disposición del público a través de Internet de emisiones de televisión terrestre tiene lugar por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, y, por consiguiente, se trata de un nuevo acto de comunicación que debe ser autorizado por los titulares de derechos.

En lo que se refiere al concepto de público, el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. El hecho de que en el presente supuesto los destinatarios potenciales accedan a las obras a través de una conexión individualizada, no impide que un gran número de personas pueda tener acceso a la misma, pues es preciso tener en cuenta el efecto cumulativo de la puesta a disposición. Resulta indiferente, también, que el público al que va dirigido la retransmisión no sea un público nuevo, puesto que se trata de un acto de comunicación llevado a cabo por diferentes medios, y, por tanto, nuevo.

3. Comentario. Esta sentencia se suma a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJUE en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE (cfr. entre otras las SSTJUE de 7 de diciembre de 2006; C‑306/05, 4 de octubre de 2011; C-403/08, y 13 de octubre de 2011; C-431/09). Una vez más, el TJUE pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público.



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La utilización de fragmentos de grabaciones audiovisuales en formatos televisivos de collage o zapping no quedan amparados por el límite de cita. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2012


1. Hechos. La presente sentencia pone fin al litigio surgido hace ya más de cinco años entre Telecinco y La Sexta por el supuesto uso inconsentido de secuencias audiovisuales en los programas de esta última.

 Los hechos se remontan a comienzos del 2006, cuando la cadena de televisión La Sexta comenzó a emitir en abierto el programa “Sé lo que hicisteis”, un formato televisivo caracterizado por la utilización de fragmentos de programas de otras cadenas, -fundamentalmente programas del corazón-, con fines humorísticos, sarcásticos, e incluso ridiculizantes. 

Telecinco ejercitó sus derechos de propiedad intelectual ante los Tribunales, obteniendo pronunciamientos estimatorios tanto en primera instancia como en apelación. Coincidían ambos órganos al afirmar que la emisión de este programa constituía una actividad vulneradora de los derechos de Telecinco que no quedaba amparada por límite alguno a la propiedad intelectual. 

Frente a tales pronunciamientos la demandada interpone ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. 


2. Pronunciamientos. El recurso extraordinario por infracción procesal tiene como único motivo la infracción del artículo 219.3 LEC. La sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por la Audiencia, condenaba a La Sexta al pago de la indemnización de los daños y perjuicios, difiriendo su cuantificación a un posterior procedimiento declarativo. Según la recurrente, este pronunciamiento infringe lo establecido en el apartado 3 del artículo 219 de la LEC, que excluiría la posibilidad de diferir a ejecución de sentencia la cuantificación de los daños cuando no es ése el único pronunciamiento pretendido en el suplico.  

Pues bien, según el Alto Tribunal, una interpretación conforme al espíritu de la Ley pasa por entender que es posible tal diferimiento cuando el resto de pretensiones que se acumulan a la indemnizatoria han de entenderse implícitamente ejercitadas, tal es la fundamental y previa de que se califique la conducta como ilícita. De lo contrario, un excesivo rigor en la aplicación del precepto en cuestión tendría como consecuencia privar de indemnización a los perjudicados, afectando gravemente a su derecho a la tutela judicial efectiva. 

En lo que se refiere al recurso de casación, el pronunciamiento del TS está encaminado a dilucidar si la conducta de los demandados tiene o no cabida en el límite de cita y reseñas y revistas de prensa recogido en el artículo 32.1 TRLPI. En este sentido, el Tribunal afirma que la utilización de secuencias ajenas en el programa de la demandada no queda amparado por tal límite, por cuanto que no se cumplen sus principales exigencias. 

En primer lugar, se trata de un programa de entretenimiento, sin una finalidad docente, de investigación o, al menos, cultural. Además, la utilización de las imágenes ajenas no se realiza “en la medida justificada por el fin”, sino que se trata de una práctica recurrente e indiscriminada. Tampoco constituye una reseña o una revista de prensa, pues carece el programa de finalidad informativa. Ni siquiera puede considerarse que se trata de una actividad encuadrada dentro del fenómenos conocido como “press clipping” (art. 32.1 in fine), dado que tal género es exclusivo de la prensa escrita. En definitiva, la conducta de la demandada constituye una infracción de los derechos de reproducción y comunicación de la demandante. 

3. Comentario. Esta sentencia resulta doblemente interesante, tanto en lo que se refiere a sus pronunciamientos en materia procesal como en lo relativo a los aspectos sustantivos. 

La posibilidad de diferir la cuantificación de los daños a ejecución de sentencia es algo que ya había sido anunciado con anterioridad por el alto Tribunal entre otras, por la sentencia de 16 de enero de 2012. Sin embargo, con este pronunciamiento, queda claro que el principio de que las sentencias deben ser líquidas ha de ser matizado en ocasiones (fundamentalmente cuando por causas ajenas a los perjudicados no es posible la cuantificación de la indemnización en el curso del proceso) en aras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

En lo que al pronunciamiento sobre el fondo se refiere, la interpretación del límite del artículo 32.1 TRLPI, además de ser ajustada al tenor literal de la Ley, resulta ciertamente acorde con la finalidad y espíritu del sistema de límites establecido por el legislador. En efecto, uno de los motivos que sustenta la decisión del Tribunal es el de que la conducta de la demandada, desde el momento en que persigue un mayor éxito de audiencia en el mismo mercado en el que concurre con los programas de la demandante, es susceptible de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas. 

Cabe preguntarse, no obstante, cuál hubiera sido la decisión del Tribunal si la conducta de la recurrente hubiese sido analizada desde el punto de vista de la parodia…



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El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).


1. Hechos. La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción  por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de  Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos. La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario. La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que  «en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (…) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. 


Autor: Luis Baz

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Refuerzo a las posibilidades procesales de actuación de los titulares de patentes europeas al amparo del Reglamento (CE) nº 44/2001

Hemos conocido por nuestro buen amigo Aurelio López-Tarruella que el TJUE en sentencia de 12 de julio de 2012 dictada en  respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por los órganos jurisdiccionales holandeses en el marco de una acción por violación de una patente europea frente a varios demandados  (asunto C-616/10), ha clarificado el alcance de los arts. 6.1, 22.4 y 31 del Reglamento nº 44/2001 relativo a la competencia judicial en el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Hay dos aspectos de esta sentencia que merecen destacarse:

Primero, el TJUE admite la aplicación de la regla especial de competencia prevista en el art. 6.1 del Reglamento nº 44/2001 frente a la regla de competencia general relativa al foro correspondiente al domicilio del demandado. Para el TJUE el hecho de que conforme al art. 64 del CPE las acciones por violación de la patente europea deban enjuiciarse conforme a las normativas nacionales, no es óbice para que el juez nacional pueda entender que existe un vinculo de conexión entre las diferentes demandas presentadas ante él a los efectos de la entrada en juego del art. 6.1 del Reglamento comunitario citado.

Segundo, el TJUE confirma que en el contexto de una acción por violación de una patente europea en la que se plantea incidentalmente la invalidez de la referida patente como excepción a la adopción de una medida cautelar/provisional, el art. 22.4 del Reglamento CE nº 44/2001 (relativo a la competencia en cuanto al fondo) no será obstáculo a la entrada en juego del art. 31 del citado Reglamento (relativo a la competencia judicial incidental). El TJUE corrobora que ambos preceptos regulan situaciones distintas y tienen ámbitos de aplicación diferentes. El TJUE admite, en todo caso, que el juez que conoce incidentalmente del asunto pueda negarse a adoptar la medida provisional/cautelar si considera que existe una posibilidad razonable de que la patente base de la acción sea eventualmente anulada por el tribunal competente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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