Tag Archives: Violación del derecho

¿Es necesario probar los daños si el titular de una patente opta por la regalía hipotética?


El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE de Enforcement parece equiparar, de un modo un tanto confuso, la regalía hipotética con los daños y perjuicios, mientras que en muchos ordenamientos jurídicos tendría mejor encaje en la figura del enriquecimiento injusto.


La referencia a los daños y perjuicios, que ha sido transpuesta en el artículo 66 de la Ley de Patentes, ha causado numerosos problemas en España donde la jurisprudencia ha afirmado tradicionalmente que los daños deben ser “reales y efectivos” y estrictamente limitados a los que se han probado. ¿El titular de la patente tiene la carga de aportar una prueba del daño que ha sufrido aunque opte por la regalía hipotética? Esto ha dado lugar a una jurisprudencia confusa y contradictoria y al desarrollo de la llamada doctrina de “ex re ipsa que busca compaginar de algún modo la regalía hipotética con la jurisprudencia tradicional, estableciendo que no hay necesidad de probar la existencia del daño si de las circunstancias se deduce claramente la existencia de daño ex re ipsa. Sin embargo, hubiera sido mucho más conveniente reconocer que, dado que la regalía hipotética no tiene encaje en el concepto de los daños y perjuicios, entonces la cuestión de su prueba ni siquiera surge.

Ésta es precisamente la conclusión de la Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia nº 25/2014 de 24 de enero 2014 en el recurso 578/2012. En esta sentencia se establece que la finalidad de la regalía hipotética no es la compensación de un quebranto patrimonial sino la retribución de la invasión antijurídica del derecho de exclusiva del titular.

La resolución no se fundamenta en la existencia ex re ipsa de daños y perjuicios, sino que establece que no es necesario probar que el titular los haya sufrido. Ésta es una buena noticia para los titulares de patentes que hasta ahora corrían el riesgo de que los tribunales consideraran que los daños no eran tan evidentes como se afirmaba, por ejemplo, cuando el titular no estuviera explotando la patente o no hubiera realizado preparativos para hacerlo directamente o por medio de la concesión de una licencia. La Audiencia ofrece además unas indicaciones claras sobre la determinación de la regalía hipotética, que puede comprender un canon de entrada, un canon fijo anual y un canon variable según el volumen de ventas.


Autor: Colm Ahern

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Los enlaces en Internet. ¿Son o no comunicación pública? Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 13 de febrero de 2014 (C-466/12, asunto Svensson)

“Hyperlinks come to life”
de Ricky Leong
(Vía Flickr)

El TJ parece con esta sentencia poner fin a la eterna disputa en torno a la calificación jurídica de los enlaces en Internet y su conceptuación como actos de comunicación pública. En España, la cuestión ha suscitado una verdadera controversia, hasta el punto de que el 2 de septiembre de 2012 se dictaron resoluciones contradictorias sobre la misma materia por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y del Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao. 

Lo curioso de este asunto es que el TJ termina por declarar que no hay comunicación al público, pero ello se debe a las circunstancias concretas que dieron lugar al litigio, sin que pueda extraerse del fallo de la sentencia la regla general de que los enlaces no constituyen comunicación pública, sino más bien todo lo contrario. En el concreto supuesto, la demandada gestionaba una página de Internet en la que facilitaba listas de enlaces sobre los que se podía pulsar y que conducían a artículos periodísticos publicados previamente por los demandantes en la página web del periódico Göteborgs-Posten, de Estocolmo. Lo relevante para el Tribunal a la hora de determinar que no hay comunicación pública es el hecho de que, durante el tiempo que estuvieron activos los enlaces, los contenidos periodísticos se encontraban también disponibles sin restricción de ningún tipo en la página web del referido periódico. En este sentido, el TJ considera que, si bien el concepto de comunicación al público ha de ser interpretado de manera amplia (como ya lo hiciera, entre otras, en las sentencias de 4 de octubre de 2011 “Football Association Premier League” y de 7 de marzo de 2013 “ITVBroadcasting”), para que tenga lugar tal acto de comunicación éste ha de estar dirigido a un público nuevo. 

La cuestión principal estriba, pues, en determinar qué se entiende por “publico nuevo”. Tal y como se desprende de la resolución, se trata de aquel que “no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial”. Si, como en el litigio principal, el contenido es puesto a disposición del público en Internet sin ningún tipo de restricción por parte del titular, es preciso entender que el público de esa comunicación inicial son todos los potenciales usuarios de Internet. De ahí que en el presente caso el Tribunal considerara que la comunicación pública no había tenido como destinatario un público nuevo. 

En todo caso, la sentencia comentada permite extraer la conclusión de que cuando los enlaces a contenidos protegidos permiten su acceso a un público que “no fue tenido en cuenta” por el titular, se tratará de un acto no consentido de comunicación pública en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Así sucederá, por ejemplo, cuando la obra o prestación que se enlaza ya no se encuentre a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando sólo lo esté para un público limitado. 




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Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre  (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.

No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.

Según el tenor literal de este precepto: 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: […] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. 

Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. 

En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.

En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.

El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor  depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.



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Luz verde del Tribunal Supremo al Reglamento de la “Ley Sinde-Wert”

Wikimedia (Cberbell)

El viernes pasado se hicieron públicas las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2013, desestimatorias -en lo fundamental- de los recursos interpuestos contra el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La interposición misma de estos recursos por parte de la Red de Empresas de Internet y de la Asociación de Internautas, enfatizó la importancia que encerraba el nuevo sistema de medidas arbitrado para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual mediante la interrupción de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de contenidos.

En esencia, para ambas asociaciones, un sistema que atribuye a un organismo de carácter administrativo la potestad de poner veto a lo que se “cuelga” en la red, debería considerarse nulo por vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión, la interdicción de la arbitrariedad y ser contrario a los principios del derecho administrativo sancionador. 

Sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado con estas dos resoluciones la legalidad del sistema instaurado en el artículo 158.4 TRLPI y desarrollado por el citado Real Decreto. Haciendo una ponderación de los intereses y libertades implicados, el Tribunal Supremo entiende que la configuración reglamentaria de este sistema de salvaguarda de la propiedad intelectual no resulta desproporcionado ni supone una restricción indebida de los derechos de los ciudadanos. 

Merece la pena destacar, de entre los fundamentos jurídicos del Tribunal, el siguiente argumento, que cito textualmente:

“Ciertamente resulta difícil vulnerar o restringir la libertad de expresión cuando se defiende, precisamente, a los creadores de los contenidos, en definitiva, a los titulares del derecho a la propiedad intelectual, si tenemos en cuenta que este tipo de propiedad se integra por los derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, ex artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y recordemos que el derecho a la producción, creación artística, científica y técnica, reconocido y protegido por el artículo 20.1.b) de la CE, no es sino una “concreción del derecho –también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo– a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones” (STC 153/1985, de 26 de noviembre).


Este respaldo judicial llega precisamente en un momento en que el Gobierno ultima la reforma del sistema, con el propósito de vencer algunas de las deficiencias detectadas. Partiendo del sistema instaurado por la Ley 2/2011, de Economía sostenible, la nueva regulación amplía las facultades de la sección 2ª de la Comisión de Propiedad intelectual, que según el texto propuesto en el Anteproyecto podrá requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad e imponer sanciones pecuniarias a los infractores. 

Estas dos resoluciones permitirán al legislador trabajar sobre tierra firme a la hora de ultimar los detalles del nuevo texto. Con todo, quizá haya que replantearse algunas cuestiones como la atribución a la sección 2ª de potestad para imponer sanciones administrativas de carácter pecuniario, habida cuenta que el Tribunal Supremo ha declarado que las funciones encomendadas a esta sección no revisten carácter sancionador, sino de mero “reestablecimiento de la legalidad”.

Celebremos, en cualquier caso, estas sentencias: todo instrumento que permita soslayar la impunidad con que algunos se sirven de Internet para defraudar derechos ajenos, por muchas imperfecciones que revista, debe ser bienvenido y apoyado sin fisuras. 



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¿Hacia una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual?


El pasado día 22 de marzo el Ministro de Educación, Cultura y Deporte elevó al Consejo de  Ministros la propuesta de Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El texto, que está disponible en la página web del Ministerio  aborda esta reforma numerosas cuestiones que pueden agruparse en cuatro bloques temáticos: 


  • La redefinición y delimitación de las excepciones de copia privada y de ilustración de la enseñanza.
  • La adaptación de las disposiciones nacionales al Derecho Comunitario en materia de duración del plazo de protección de los fonogramas.

  • Todo un paquete de medidas encaminadas a asegurar una mayor transparencia y una mejor eficacia de la gestión de derechos llevada a cabo por las entidades de gestión, y

  • El establecimiento de mecanismos procesales que permitan la agilización y una mayor eficacia en la protección de los derechos de PI frente a las vulneraciones de derechos en el entorno on line.

Son numerosas las voces que se están alzando en los medios de comunicación y a través de las redes sociales en contra de esta reforma. Entidades como CEDRO (Centro español de Derechos Reprográficos), la Federación Internacional de Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (IFRRO), o la Asociación Europea de Escritores (EWC), han dado traslado al Gobierno de su rechazo hacia el  nuevo texto. 

Y es que aunque la reforma contiene aspectos muy positivos para los titulares de derechos de propiedad intelectual, como es el establecimiento de medidas que permitan una defensa real y eficaz frente a las infracciones que tienen lugar en el entorno on line (incluyendo la introducción de un nuevo subapartado 10º en el artículo 256.1 de la LEC), la nueva regulación de la copia privada ha desatado todas las alarmas en las entidades de gestión.

A la delimitación del concepto de copia privada se une la eliminación de varios supuestos en los que, por causarse “un perjuicio mínimo al autor”, no darán lugar a una obligación de compensación. Todo ello determina que, según el texto propuesto, la compensación equitativa por copia privada únicamente será generada por la realización de copias de obras a las que se haya accedido en virtud de compraventa comercial. 

En cuanto a las numerosas modificaciones que el texto introduce en materia de funcionamiento y control de las entidades de gestión, sorprende la urgencia con que el Gobierno español ha decidido actuar en esta materia, si se tiene en cuenta que actualmente se encuentra en tramitación una Directiva sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.  El nuevo proyecto, en cambio, no hace referencia a las modificaciones necesarias para adaptar nuestra legislación a la ya aprobada Directiva, de 25 de octubre de 2012, sobre obras huérfanas. 

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses. Para los interesados, el Ministerio ha abierto un trámite público de información hasta el 17 de abril durante el cual podrán enviarse aportaciones, comentarios y propuestas en relación con el texto del Anteproyecto. 



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