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El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




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Adiós OAMI, hola EUIPO

Hoy miércoles 23 de marzo entra en vigor una gran parte de las modificaciones del nuevo Reglamento sobre la marca comunitaria. A partir de ahora las marcas comunitarias (CTM) pasarán a llamarse marcas de la Unión Europea (EUTM) y la OAMI/OHIM cambia su nombre por el de EUIPO. Las modificaciones introducidas en el régimen de las marcas de la Unión Europea no son sólo eufemísticas.Pero en el día en que el cambio es ya una realidad entonemos un responso por la OAMI y gritemos un ¡larga vida a la EUIPO!

Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


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No hay puerto seguro: navegando en la tempestad (Caso Maximilliam Schrems v Data Protection Commissioner)

La largamente esperada decisión en el marco del asunto C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner ha sido finalmente publicada en fecha 6 de octubre de 2015. Controvertida en sus conclusiones, esta sentencia sobre una cuestión prejudicial trae nueva luz en el debate permanente en materia de recopilación, transferencia y tratamiento de datos de ciudadanos comunitarios por parte de compañías estadounidenses, y el tratamiento de estos datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses dentro del marco del programa PRISMA.

Antecedentes

El señor Schrems, un ciudadano austriaco, es un usuario de la plataforma Facebook desde 2008. Tal y como resulta habitual en relación con todos los usuarios residentes en la Unión Europea, una parte o la totalidad de los datos que facilitan a Facebook es transferida desde la filial irlandesa de Facebook hacia servidores localizados en los Estados Unidos, donde son tratados. 

El señor Schrems formuló una demanda ante la autoridad supervisora irlandesa (el Comisario de Protección de Datos) con base en el hecho de que a la luz de las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, sobre las actividades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (en particular, la NSA), la ley y las prácticas vigentes en los Estados Unidos no ofrecían protección suficiente contra la vigilancia por parte de las autoridades públicas de los datos transferidos desde la Unión Europea a ese país.

El supervisor irlandés rechazó la demanda basándose en la decisión de 26 de julio de 2000, en la que se señalaba que bajo el “esquema de puerto seguro” los Estados Unidos aseguraban un nivel de protección de los datos de carácter personal transferidos adecuado y satisfactorio (conocida como la “Decisión de puerto seguro”).

El señor Schrems, a continuación, recurrió ante la High Court de Irlanda, la cual consideró que la cuestión planteada en esta acción estaba estrechamente vinculada con la normativa comunitaria ya que, en opinión de la High Court, la Decisión de Puerto Seguro no cumplía con los principios considerados en las sentencias dictadas en los asuntos C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238.

Cuestión prejudicial elevada al TJUE

El 17 de Julio de 2014, la High Court de Irlanda, ante la que se había sustanciado el asunto, remitió las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para obtener una respuesta aclaratoria al respecto:

1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE? 

2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?

La Opinión del Abogado General, de 23 de septiembre de 2015

De acuerdo con la Opinión del Abogado General (Yves Bot), una compañía, por el mero hecho de contra con una certificación de Puerto seguro, no cumple de forma automática con los requisitos para transferencias de datos establecidos en la directiva comunitaria en materia de protección de datos.

Este argumento ya estaba presente en la Comunicación COM(2013) 846 y en la Comunicación COM(2013) 847.

Como era de esperar, el TJUE ha adoptado los argumentos formulados por el Abogado General. 


La sentencia publicada el 6 de octubre de 2015

El TJUE ha fallado que la Decisión de Puerto seguro es inválida, y que la autoridad supervisora irlandesa debería haber analizado la reclamación del señor Schrems de forma detallada y diligentemente para determinar si la transferencia de datos por parte de la filial europea de Facebook a servidores de Facebook en Estados Unidos era conforme con los principios de protección de datos y con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios, habida cuenta la existencia de pruebas que sugerían que las prácticas seguidas en los Estados Unidos no garantizaban un nivel de protección adecuado de los datos de carácter personal del señor Schrems. 

Esta sentencia dinamita el sistema de puerto seguro que estaba en marcha y está siendo considerado tanto por los académicos como por los medios como un movimiento certero e impactante en la protección de los datos de los ciudadanos comunitarios.

El pasado 1 de octubre, el propio señor Schrems no era capaz de prever el resultado e impacto de su cruzada.     


         

Punto de inflexión. Posibles consecuencias.

Esta decisión, al igual que la famosa decisión del año pasado en el caso C-131/12 Google Spain v AEPD and Mario Costeja González (se puede pinchar aquí para un comentario en este blog), ha causado un tsunami a nivel mundial en los sectores de la protección de datos y de las tecnologías de la información.

Ahora los Estados miembros, en particular sus agencias de protección de datos, han de tomar una decisión sobre el puerto seguro en sus respectivas jurisdicciones, e incluso sobre si lo prohíben dentro de sus fronteras.

Considerando que la High Court de Irlanda fue el tribunal que planteó la cuestión prejudicial que ha dado lugar a esta decisión, seguramente será el primer órgano judicial que decida si las compañías estadounidense deberán (a) recopilar y procesar todos los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios dentro de la Unión Europea; o (b) comprometerse a proteger efectivamente los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios, evitando cualquier acceso o injerencia por parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

De todas formas, creemos preciso señalar que las conclusiones alcanzadas por el TJUE en relación con el Puerto seguro también serían aplicables a las compañías que operan bajo un sistema de BCR (Binding Corporate Rules) o esquemas de contratos modelo.

Por otro lado, el artículo 26 de la Directiva 95/46 establece las excepciones en las que las compañías estadounidenses podrían ampararse a la hora de seguir tratando datos de ciudadanos comunitarios (a saber, el consentimiento del sujeto del tratamiento, la necesidad de transferir los datos para ejecutar un contrato suscrito con el sujeto del tratamiento, etc).

En vista de lo anterior, esta resolución del TJUE es una llamada de aviso a las compañías extranjeras que tratan datos de carácter personal de ciudadanos comunitarios, para que protejan dichos datos de conformidad con estándares razonables desde el punto de vista de la normativa comunitaria en la materia.    



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España, el tercer país de la UE de mayor impacto de las falsificaciones en el sector del deporte

España se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la UE con mayor impacto de la falsificación en el sector del deporte con un 15,7% de las ventas, solo por detrás de Lituania y Latvia, superando en más del doble la media de la UE (6,5% de las ventas). Sin embargo, los impactos absolutos de mayor importancia se dan en Francia y España, concentrando ambos países la tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación, que asciende a un total de 492 millones de euros.

Estas son las principales conclusiones que afectan a España del reciente informe “El coste económico de la vulneración de los DPI en losartículos de deporte” del Observatorio Europeo de las Vulneración de losDerechos de Propiedad Intelectual de la OAMI, elaborado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes. De acuerdo con este informe, el consumo total de artículos deportivos en la UE en 2012 se estimó en 7.500 millones de euros, existiendo un total de 4.271 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos dando empleo a 43.000 trabajadores en la UE.

Además de los efectos directos de la falsificación por la pérdida de ventas de las empresas legítimas del sector de artículos deportivos, indirectamente se ven afectados otros sectores económicos con unas pérdidas de 361 millones de euros. Por otro lado, la Administración Pública pierde ingresos por impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) estimados en 150 millones de euros. Los efectos directos e indirectos de la falsificación en este sector provocan una pérdida de ventas en la economía de la UE estimada en unos 850 millones de euros dando lugar a la pérdida de 5.800 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que este informe incluye solamente la fabricación de artículos y equipos de deporte (como palos de golf, raquetas y pelotas de tenis, esquíes, etc) pero excluye las prendas de vestir y el calzado deportivo, hay que deducir que los costes económicos de la falsificación de artículos de deporte son realmente mayores a los que se indican en el informe.


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