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La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
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A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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Consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de registros de marca de la UE

Las consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de marcas de la UE sólo se harán sentir en la práctica, previsiblemente, dentro de unos 3 años después de la notificación oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido; sin embargo obligan a los titulares de marcas de la UE a tomar ciertas medidas para evitar que los futuros cambios debidos al Brexit tengan consecuencias adversas para la protección de sus marcas.
Tomamos en consideración un plazo mínimo de 3 años para que se haga efectiva la separación del Reino Unido de la UE basándonos en las distintas fases establecidas para el procedimiento de salida de la UE de un Estado Miembro. En efecto, después de haberse tomado la decisión de salir de la UE, el Reino Unido, conforme al Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, acaba de notificar formalmente su salida al Consejo Europeo. Después de ello dispone de un plazo de dos años para llevar a cabo las negociaciones que permitirán fijar el nuevo marco legal, el cual será sometido al voto de los Estados Miembros y, además, al parecer, también al voto del Parlamento británico. La nueva situación dependerá por lo tanto, del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE y de los mecanismos que se pongan en marcha.
Por lo tanto, de momento sigue sin cambios el marco que conocemos en materia de marcas en el territorio de la UE: siguen existiendo las marcas nacionales, las marcas internacionales del Sistema de Madrid del que es miembro el Reino Unido y las marcas de la Unión Europea con aplicación a los 28 países de la UE, incluido el Reino Unido.
Consultada la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ésta ha anunciado su intención de mantener un vínculo con la UE, por lo que es probable que admita un proceso de transformación o una convalidación automática de los derechos adquiridos por una marca de la UE en marca nacional del Reino Unido.
Entendemos que, previsiblemente se mantendría la fecha de solicitud de la marca de la UE como fecha de prioridad, como en el caso de la transformación de marcas de la UE en registros nacionales prevista en el Art. 112 del RMUE para los casos en los que, si una marca de la UE ha sido denegada debido a la oposición de una o varias marcas nacionales, su titular decida solicitar la protección de su marca en los países en los que no ha tenido obstáculos. Esta transformación se lleva a cabo mediante el pago de una tasa de transformación, el equivalente de una tasa de solicitud, y sometiéndose en su caso al sistema local de examen, como si fuera una nueva marca nacional, con la excepción de que mantiene como fecha de solicitud y prioridad la de la marca de la UE. Si la transformación se solicitase de un registro de marca de la Unión Europea y no de una mera solicitud, cabría la posibilidad de que la concesión como marca nacional se acordase sin más trámite. Todo depende de los términos de la negociación y de las decisiones de política interna que se adopten por el Reino Unido.
De momento, las marcas de la UE siguen teniendo todos sus efectos en el Reino Unido y sólo pasado este plazo estimado de 3 años deberán decidir las empresas si les interesa bastante el mercado británico para justificar el depósito de una nueva solicitud de marca británica, una extensión de una marca internacional al Reino Unido o solicitar la conversión o transformación de su registro de la UE como registro nacional en el Reino Unido.
Sin embargo, desde ya podemos  prever casos en los que será necesario que las empresas tengan que tomar medidas para evitar la pérdida de sus derechos de marca tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, como consecuencia del Brexit.
Por ejemplo, en el caso de  marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y  transformadas en marcas nacionales en el Reino Unido, estas marcas podrían correr el riesgo de que se les presente, apenas transformadas, una acción de cancelación por no uso en el Reino Unido si no han sido usadas en este país. Tampoco se podría descartar, sin embargo, que sea la fecha de solicitud o de concesión de transformación la que abriera ese plazo.
De la misma manera, una vez que el Reino Unido ya no forme parte de la UE, los titulares de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y únicamente objeto de uso en el Reino Unido, corren el riesgo de que el título obtenido se quede sin valor a la hora de presentar una oposición contra una nueva marca de la UE al no poder demostrar válidamente el uso de su marca en el territorio de la UE o puedan perder dicho derecho si es objeto de una acción de cancelación por falta de uso ante la EUIPO.
Por ello, las empresas deben replantearse desde ya la estrategia de protección de sus marcas en consideración al país en el que están haciendo un uso real y efectivo de ellas.
Además, para las empresas británicas, resultará imprescindible que registren sus marcas como marcas de la UE o en algún país de la UE para poder impedir el registro de marcas de la UE, ya que sus registros nacionales no podrán servir de base en una oposición contra una marca de la UE.
En cuanto a las empresas  de la UE no británicas, deberán sopesar la importancia del mercado británico para ellas. En caso de que estas empresas tengan un interés particular en el mercado británico será imprescindible solicitar, además de los registros de marca de la UE que puedan tener, el registro paralelo de marcas nacionales en el Reino Unido antes de que se resuelva, de una forma u otra, la situación de las marcas de la UE, para evitar la posible, aunque bastante improbable, pérdida de derechos.
También resulta recomendable para todas las empresas a partir de ahora mantener en vigor los registros británicos obtenidos, aunque se haya reivindicado su antigüedad en un registro de la UE idéntico, al desconocer si será posible recuperar la validez de dichos derechos, una vez que hayan sido abandonados a nivel nacional, en el momento en que el Reino Unido haya salido de la UE.
Por otro lado, resulta también imprescindible que los nuevos acuerdos que se firmen actualmente en relación con marcas de la UE incluyan cláusulas expresas que prevean que dichos acuerdos se seguirán aplicando en los territorios que fueron parte del territorio de la UE aún cuando hubieran dejado de serlo en el futuro, al igual que se incluyan cláusulas en las que se prevea la aplicación de los acuerdos firmados no sólo en el territorio de la UE en la fecha de la firma del acuerdo sino también en el territorio de los futuros países miembros de la UE.
Estas son algunas de las reflexiones que podemos ofrecer ahora, momentos después de haberse activado el mecanismo del art. 50 del Tratado de la Unión Europea. Queda todavía un largo recorrido antes de que se pueda conocer la normativa que resultará de aplicación, los términos de los acuerdos que se alcancen en materia de marcas y las medidas que las empresas habrán de adoptar para la mejor protección de sus derechos en el Reino Unido.
Autora: Catherine Bonzom
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La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

Ciertamente, el tenor del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 93/98 deja poco lugar a la duda: “Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos en al menos un Estado miembros en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 [1 de julio de 1995] en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines…” Si tal como quedó acreditado en el litigio principal las obras en cuestión no se encontraban protegidas en ningún Estado miembro a fecha de 1 de julio de 1995, no es posible aplicarles el plazo de protección de 70 años p.m.a. que establece la Directiva de duración. Como argumenta el TJUE no pueden extraerse consecuencias jurídicas distintas de una norma que el legislador comunitario estableció de forma tan clara. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que la causa de que no pueda aplicarse este plazo sea el incumplimiento de una formalidad exigida por una norma nacional aparentemente contraria al Convenio de Berna y, por ende, contraria al derecho comunitario. Esto es algo que no pasa por alto el TJUE, frente a lo cual argumenta que los principios del Convenio de Berna no son vinculantes para la Unión hasta 1996. El argumento no parece del todo convincente porque en todo caso el conflicto entre la norma comunitaria y la nacional se habría producido a partir de ese momento.

Pese a llegar a conclusiones opuestas, tanto el Tribunal de Justicia como el Abogado general parten de la premisa de que la normativa neerlandesa, que subodirna la protección por derecho de autor de unos diseños a la presentación de una declaración y el pago de una tasa, es contraria al Convenio de Berna. Sin embargo, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la regulación específica que tienen los diseños –pues en todo caso estamos hablando de una silla y de un sillón- dentro del referido Convenio. Su artículo 2.7 reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen iure conventionis, como es la ausencia de formalidades. El artículo 2.7 del Convenio constituiría una excepción a la norma general contenida en el artículo 5.2, resultando que una norma como la neerlandesa sería conforme con el Convenio. La conclusión a que conduce esta argumentación es la misma a la que llega el Tribunal: el artículo 10.2 de la Directiva 93/98 no se opone a una normative como la neerlandesa. Sin embargo, la argumentación del TJUE no descansa en las peculiaridades regulatorias de los diseños y, por tanto, tiene una pretensión de aplicarse a todo tipo de obras. Si en vez de tratarse de una silla y de un sillón el objeto del litigio hubiera sido una obra literaria… ¿podría llegarse a la misma conclusión? En tal caso, aun aplicando el razonamiento del TJUE, es probable que la obra hubiese podido gozar del plazo ampliado de 70 años pues posiblemente hubiese sido más sencillo acreditar que los derechos sobre la misma se encontraban en vigor en algún otro Estado miembro.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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Brexit: Perspectivas en materia de protección de datos

La opción tomada por los ciudadanos británicos en el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 tiene múltiples consecuencias, muchas de ellas jurídicas. Algunas han sido ya abordadas, pero se ha relegado a un segundo plano lo que el denominado Brexit puede significar para un derecho de los ciudadanos europeos como es la privacidad y la protección de datos.

El marco regulatorio de protección de datos en la Unión Europea confería una total libertad de circulación a los datos dentro de las fronteras de los 28 países miembros. Así, la salida del Reino Unido de la Unión, y por tanto, de ese entorno legislativo, va a provocar que se considere a los radicados en las islas como establecidos en un tercer país, lidiando con controversias como las actualmente existentes con Estados Unidos. En resumidas cuentas, enviar datos de cualquier país de la Unión a Reino Unido constituirá una transferencia internacional de datos, con los efectos legales que ello conlleva.

Es evidente que, dada la importancia que tiene el tratamiento masivo de datos para una empresa de cualquier tipo de industria, Reino Unido no va a mantenerse distante respecto de sus antiguos compañeros, pues no interactuar en este campo con la Unión le dejaría en fuera de juego en un campo de vital importancia para la economía.

Ante esta situación se abre una clara incertidumbre, que habrá de ser resuelta por el gobierno británico en los próximos meses, en torno a la decisión que se adoptará en materia de protección de datos desde el Estado insular.

Antes de nada, hay que comprender la situación legislativa del Reino Unido en esta materia. En la actualidad, la norma aplicable a la protección de datos a nivel nacional es la UK Data Protection Act de 1998, producto de la transposición de la directiva europea de protección de datos de 1995, por lo que implanta los conceptos y principios fundamentales que se utilizan en las normativas europeas de protección de datos en toda Europa. También es relevante la UK Electronic Communications Act, que regula cuestiones de firma electrónica provenientes de la directiva de 1999, transacciones y comunicaciones electrónicas, apoyada en los textos que transpusieron la directiva de comercio electrónico del año 2000. Como puede verse, el marco legislativo actual no dista mucho del que existe en los otros 27 países gracias a la transposición de varias directivas.


A primera vista, la reacción previsible es que se considere al Reino Unido un país con un nivel de protección seguro en protección de datos, no habiendo demasiados problemas para mantener la situación actual, puesto que su normativa está actualmente adaptada a la Europea, siendo muy próxima a la de los otros 27. Claro que esto depende de varios factores: en primer lugar, el gobierno británico cambia, por lo que no conocemos las intenciones de próximos ocupantes del número 10 de Downing Street, así que es factible pensar en un cambio de política legislativa en cuanto a la protección de datos, rompiendo así de manera más drástica los lazos les unían con la Unión. Otra variable a considerar es que la declaración como país con nivel de protección suficiente depende de la aprobación de la Comisión Europea, teniendo que llevarse a cabo por un procedimiento regulado, habiendo de estudiarse numerosos elementos como el funcionamiento de una autoridad de control, la jurisprudencia acerca del tema, los compromisos internacionales del país; además de que ha de revisarse el acuerdo cada cuatro años.

Suponiendo que la segunda opción, más realista y conservadora, sea la que se dé de manera efectiva, la coyuntura no estaría exenta de problemas. La necesidad de la declaración de la Comisión a la que se hacía referencia puede provocar que, en el intervalo de tiempo que exista entre la salida efectiva de la Unión y la aprobación del acuerdo, Reino Unido sea un tercer país y los movimientos al mismo sean transferencias internacionales de datos. Aquí se abriría un intervalo de tiempo indeterminado en el que las empresas de ambas partes tendrían que regularizar sus operaciones para cumplir con una normativa de transición con fecha de caducidad indeterminada. En resumen, demasiados cambios y obligaciones para un espacio de tiempo relativamente corto. A esto hay que sumarle que la normativa y las prácticas del Estado británico en materia de protección de datos serán vigiladas de forma detallada por los reguladores de la Unión, sometiéndose a un escrutinio minucioso.

No cabe olvidar que esta pugna tiene dos bandos, así que la reacción de la Unión Europea ha de ser valorada. Puesto que, si se produce la salida efectiva, será la Comisión la que deberá valorar un acuerdo que declare a Reino Unido como una especie de “puerto seguro”, la institución europea puede exigir unos estándares tremendamente exigentes con su excompañero. Así, el lado europeo tiene la capacidad de someter la normativa británica a un análisis pormenorizado que les degrade en la negociación, teniendo que aceptar un férreo control desde Bruselas con tal de no terminar en un limbo normativo.

Esta declaración de país con un nivel de protección suficiente sería necesaria solamente si Reino Unido, al abandonar la Unión Europea, no decide entrar en el Espacio Económico Europeo. Este es el modelo que sigue Suiza, que no es parte del EEE. El país helvético tiene un acuerdo desde el año 2000 por el que se establece que, al igual que otros territorios como la Isla de Man, Uruguay o Nueva Zelanda, se asegura un nivel adecuado para el tratamiento de datos personales en ese Estado. En el caso de que los británicos opten por adherirse al EEE, la legislación europea en materia de protección de datos se les aplicaría, así que no habría una transferencia internacional de datos al enviar datos a las islas.

Viendo que la opción digamos, tranquila, conservadora o cercana a la Unión, entraña muchos más problemas de los que parece, hay que tener en mente que no puede descartarse un movimiento mucho más drástico por parte del gobierno entrante, reformando la legislación existente en protección de datos para alejarse de la europea, de la cual manifestaron sus discrepancias durante el proceso de aprobación, adoptando así una posición más acorde con los principios menos proteccionistas del mundo anglosajón. Puesto que se asemeja contraproducente que se aíslen de tal forma, esta opción parece menos probable, aunque siempre puede razonarse que si la Unión ha llegado a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, podría alcanzarse con Gran Bretaña en tal caso.

A este respecto, el Information Commissioner’s Office, a través de Christopher Graham, ha manifestado que “es crucial tanto para empresas y organizaciones como para consumidores y ciudadanos que haya consistencia internacional en torno a las leyes y derechos de protección de datos”, así como que “hablaremos con el gobierno para presentar nuestra visión de que es necesaria una reforma en la legislación británica”. Por tanto, desde instituciones del país relevantes en el tema abogan, parece por mantener una unidad en la normativa entre Europa y el Reino Unido.

Sea cual sea la opción seguida, las consecuencias son, como mínimo, complejas. La salida se basa en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, según el cual, el Estado saliente y la Unión habrán de negociar un pacto de salida, fijando una fecha para el cese de la aplicación de los tratados que, de no fijarse, se produciría al cumplirse los dos años de la celebración de ese acuerdo, pudiendo prorrogarse este lapso de tiempo. Este periodo tiene una importancia vital, puesto que el Reglamento Europeo de Protección de Datos comenzará a tener efectos el 25 de Mayo de 2018, con lo que es más que probable que llegue a ser aplicable a Reino Unido durante un tiempo, puesto que todavía no se ha llegado al acuerdo de salida. Así, la situación en esta materia se tornaría esperpéntica: durante el periodo de negociación del acuerdo de salida y durante el plazo para la misma se seguiría aplicando la ley de 1998, proveniente de una directiva europea; hasta Mayo de 2018, momento en el que la salida, casi con total seguridad, no será efectiva todavía, por lo que empezará a aplicarse el reglamento europeo de protección de datos hasta la fecha en la que se fije el fin de la aplicación de los tratados. Cabe añadir que, una vez entre en vigor el reglamento, cualquier empresa u organización estará obligada a cumplir con su articulado si trata datos de ciudadanos de la UE, independientemente de dónde esté radicada la misma, así que cuando llegue el momento en que eviten la aplicación del reglamento, gran parte de las corporaciones británicas tendrán que sujetarse en buena parte de su actividad a dicho texto.

Podemos prever, sin miedo a equivocarnos, que la legislación británica seguirá acorde a la europea durante un plazo considerable, lo cual torna la bifurcación anteriormente comentada en una decisión a medio plazo. La aplicación del reglamento en Reino Unido será una realidad, así que durante un periodo prudencial habrá calma en cuanto a la protección de datos en el continente. De hecho, Reino Unido, al igual que el resto de países de la Unión, tendrá que transponer a su derecho interno la directiva de reciente aprobación (mayo) por el Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión; es decir, su legislación seguirá avanzando al ritmo del resto de la Unión, de momento.

El mare magnum de dudas suscitadas por el referéndum deja a todos los actores en una situación de desconcierto en el que no cabe más que esperar al desarrollo de los acontecimientos para hablar a ciencia cierta. Mientras tanto solamente se pueden hacer pronósticos y conjeturar. 



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