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Estudio muestra un uso frecuente de dominios caducados para vender productos piratas

La EUIPO acaba de publicar ayer, día 24 octubre, el resultado (resumen en español, disponible aquí) de la 2ª fase de su investigación sobre modelos de negocio en línea que vulneran derechos de propiedad intelectual en la UE y, en concreto, sobre las tiendas electrónicas sospechosas de vulnerar marcas y que utilizan nombres de dominio previamente utilizados.

El estudio ahonda en la información sobre el amplio uso que los presuntos infractores de la propiedad intelectual están haciendo de nombres de dominio que en el pasado utilizaron personas famosas, organizaciones, embajadas extranjeras, empresas comerciales y otras muchas entidades, aprovechándose de la popularidad de dichos nombres de dominio para atraer tráfico a nuevas tiendas electrónicas que comercializaban productos sospechosos de vulnerar marcas. Inmediatamente después de que los nombres de dominio pasaran a estar disponibles para un nuevo registro, los presuntos infractores los adquirían y, poco después, activaban una tienda electrónica.

En esta 2ª fase, se ha seleccionado a Suecia, que como país escandinavo se supone comparable a Dinamarca en la 1ª fase; a Alemania y el Reino Unido, que cuentan con sectores de comercio electrónico muy bien desarrollados y abultados; y a un país del sur de Europa dotado de un gran sector de comercio electrónico, España.

En la investigación se han detectado 27.870 tiendas electrónicas sospechosas de comercializar productos que vulneran marcas en Suecia, Alemania, el Reino Unido y España. Se ha descubierto que 21.001 de estas tiendas (un 75,35 %) empleaban nombres de dominio ya utilizados previamente para dirigir tráfico de internet a sitios web que no guardan ninguna relación con su uso anterior. El 25,9 % de las tiendas electrónicas sospechosas tienen su proveedor de alojamiento ubicado en Turquía; el 19,3 %, en los Países Bajos; y el 18,3 %, en los Estados Unidos.

La investigación parece indicar que lo que, en apariencia, aparentan ser varios millares de tiendas electrónicas sin relación entre sí, probablemente sean una o unas pocas empresas que comercializan productos que vulneran marcas entre los consumidores europeos.

Una vez más, se pone en evidencia la necesidad de contar con instrumentos rápidos y eficaces para combatir el comercio online de productos falsificados, tanto desde la perspectiva de la investigación criminal como de la persecución judicial, a nivel no sólo de la UE sino también a nivel global. La reciente Comunicación (Com 2017/555) de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones del pasado 28 de septiembre 2017 para afrontar los contenidos ilícitos online, estableciendo directrices dirigidas a las plataformas online, puede constituir un buen inicio para intentar solucionar estos problemas.

Autor: Juan José Caselles

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No es posible protección de denominaciones de origen a nivel nacional cuando hay régimen comunitario

El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la esperada sentencia del TJUE en el caso PORT CHARLOTTE (C-56/16 P), que contribuye a esclarecer una de las sombras importantes de la regulación de las Indicaciones Geográficas en la Unión Europea, en la que la dispersión normativa, la existencia de algunas diferencias terminológicas y de redacción entre los reglamentos de la Unión Europea en algunos de los aspectos regulados por ellos han alimentado especulaciones y diversas interpretaciones en relación con cuestiones esenciales de su regulación como es la de su carácter exhaustivo.

Ya con anterioridad a ella, de acuerdo con la interpretación dominante, el régimen de la UE de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados revestía carácter exhaustivo y sustituye a la protección nacional de esos productos, que debía considerarse suprimida por los reglamentos de la UE actualmente vigentes en la materia.

La cuestión resultaba clara en el esquema de los productos agrícolas y agroalimenticios, dado que, tanto el Reglamento (CE) n° 510/2006 (predecesor del actual nº 1151/2012) como la STJUE 8.9 2009 (C-478/07 Bud, § 95-129) en su interpretación del mismo, mantenían que el régimen jurídico de protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios era uniforme y exclusivo y reemplazaba a las legislaciones nacionales en relación con esos productos.

La STGUE (Sala Cuarta), de 18 de  noviembre de 2015 (T-659/14, § 44), con base en el reglamento (CE) de vinos 1234/2007, que ya no está en vigor, afirmó que no resultaba de las disposiciones de ese reglamento que la protección que confería fuese exhaustiva y que, por el contrario, sí derivaba que la protección de las indicaciones geográficas con base en el reglamento de vinos podía ser completada por Derecho nacional que confiriese una protección adicional.

Finalmente, la sentencia PORT CHARLOTTE, en línea con el espíritu e incluso tenor literal que dejan traslucir los textos de los más recientes reglamentos de la Unión Europea en el campo de las indicaciones geográficas, anula en lo que se refiere a ese aspecto la sentencia del TGUE recurrida.

El resultado es que, habiendo sido confirmada por lo que respecta a los reglamentos UE relativos a las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de vinos la exhaustividad de la regulación de la UE, parece que la cuestión queda resuelta y que lo mismo deberá interpretarse respecto de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados.

Diferente asunto es el de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas, que, al no contar con un régimen común en la UE, son objeto de legislación a nivel nacional por algunos Estados miembros. La UE está actualmente trabajando en la posible creación de una regulación comunitaria para este sector de productos.

En resumen, parece que podemos decir con fundamentos sólidos que, a diferencia de lo que ocurre con el campo de las marcas, donde existe posibilidad de registro de marcas nacionales y de la Unión Europea con regulaciones distintas y efectos territorialmente distintos, en el campo de las indicaciones geográficas, para los productos para los que actualmente existe una regulación sobre indicaciones geográficas de la Unión Europea, no es posible registrar indicaciones geográficas nacionales (algo que choca con la situación en algún estado miembro como Bulgaria) ni tampoco dictar normas que establezcan una protección adicional para éstas a nivel nacional (algo que en el caso tratado tenía su origen en Portugal, pero sin duda no es el único país en el que ocurre, y en España lo sabemos bien).

En cuanto a la colisión entre la denominación de origen y la marca confrontadas, la sentencia no entra a realizar una nueva valoración por considerarla una cuestión fáctica que corresponde al TGUE.

Una cuestión que sigue abierta, y más tras esta nueva sentencia, es la de la validez y aplicabilidad de alguna normativa española existente.

Autor: Miguel Ángel Medina

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Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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Decálogo de la comunicación pública. Breve repaso a la jurisprudencia del TJUE

En los últimos años el número de resoluciones del Tribunal de Justicia contestando a cuestiones prejudiciales planteadas en torno al concepto y delimitación del derecho de comunicación pública en la Unión Europea ha ido en aumento. A día de hoy la jurisprudencia del  Tribunal sobre esta materia es ciertamente apabullante.

Las particularidades de cada una de las técnicas empleadas, cada vez más numerosas y complejas, plantean verdaderas dudas interpretativas a los Estados, que tratan de encajarlas dentro de un concepto –la comunicación pública- que se supone armonizado. Por su parte, el Tribunal de Justicia parece hacer encaje de bolillos para dar respuesta a todas las cuestiones que se le plantean y mantener una línea interpretativa sólida, clara y coherente. Pero lo cierto es que, un repaso a las sentencias de los últimos diez años, pone de relieve una jurisprudencia construida a base de parches y remiendos, haciendo del derecho de comunicación pública un concepto farragoso e impreciso. Las sucesivas resoluciones del TJUE han ido añadiendo al concepto tantas excepciones, excepciones de las excepciones, concreciones, matices y nuevos conceptos, que hoy en día se pone en duda la existencia de un concepto unificado y sistematizado de este derecho.

Un claro ejemplo de esta realidad es el de la radiodifusión de obras en lugares públicos. En el año 2006 el TJUE estableció, en el asunto SGAE c. Rafael hoteles (C-306/05) que la colocación de aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel constituía un acto de comunicación al público por parte del hotel al considerar que la misma no tenía lugar dentro de un ámbito estrictamente doméstico. En su argumentación el TJUE tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, el efecto “cumulativo” de los sucesivos clientes que ocupan las habitaciones, lo cual determinaba que pudieran ser considerados en su conjunto como un “público nuevo”.

Seis años más tarde, en el asunto SCF c. Del Corso (C-135/10), el Tribunal de Justicia consideró, sin embargo, que la difusión de fonogramas en la consulta de un dentista no constituía un acto de comunicación al público. A diferencia de la comunicación en establecimientos hoteleros, el público de una consulta odontológica estaría formado por un conjunto de personas mucho más reducido, cuyo objetivo no es en modo alguno escuchar música –lo cual constituiría un hecho fortuito que les vendría impuesto-, sino recibir un servicio médico.

La misma cuestión fue presentada posteriormente ante el TJUE respecto a la comunicación pública en establecimientos termales (asunto Osa; C-351/12) y centros de rehabilitación (asunto Reha Training, C-117/15), aplicando en estos supuestos el tribunal la doctrina sentada en el asunto SGAE. El considerando 63 de esta última sentencia refleja y resume en gran medida la argumentación del Tribunal: “la difusión (…) al tener por objeto ofrecer una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación como el controvertido en el asunto principal durante sus tratamientos o el tiempo de espera que precede a estos, constituye una prestación de servicios adicional que, si bien carece de todo interés médico, tiene un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento, proporcionándoles así una ventaja competitiva.”

Todos estos asuntos no hacen sino poner de relieve que la casuística que se presenta en torno a la comunicación pública de obras es amplísima, lo que obliga constantemente al TJUE a reformular, precisar y concretar el concepto y alcance de este derecho.

Fruto de un ejercicio de abstracción es esta humilde propuesta de decálogo, que no tiene otra ambición que recopilar algunas de las directrices y pautas interpretativas sentadas por el TJUE a lo largo de estos años.

  1. El concepto de comunicación pública ha de entenderse de manera amplia. Esta premisa básica, repetida hasta la saciedad por el TJUE, implica que los elementos que conforman la comunicación al público –el concepto de comunicación en sí misma y el de público- están dotados de una vis atractiva y expansiva. Es quizá en los asuntos ITV Broadcasting (C-607/11), y SGAE c. Rafael Hoteles donde con mayor evidencia se refleja esta interpretación extensiva. Consecuentemente, cualquier excepción al derecho de comunicación pública será analizada de acuerdo a un criterio restrictivo. (Vid. asunto AKM c. Zürs.net; C-138/16).
  2. El concepto de comunicación pública no varía en función de quien sea el titular. El TJUE ha señalado en varias ocasiones que el concepto de comunicación al público contenido en la Directiva 2001/29/CE y en la Directiva 2006/115 debe tener el mismo significado y, por tanto, debe apreciarse conforme a los mismos criterios. (Vid. asuntos Reha Training, C-117/15 y Verwertungsgesellschaft, C-641/15).
  3. La comunicación incluye toda transmisión de obras protegidas independientemente del medio o proceso técnico utilizado. Tal y como se desprende de la jurisprudencia del TJUE, ni siquiera hace falta que el “comunicador” lleve a cabo el acto directamente, sino que basta con que ponga los medios para que el destinatario de la comunicación pueda acceder a las obras. Claro ejemplo de ello es el asunto PPL (C-162/10), donde el TJUE consideró que un hotel que pone a disposición de sus clientes en las habitaciones aparatos de reproducción de música junto con fonogramas para ser escuchados en ese equipo lleva a cabo un acto de comunicación al público.
  4. El público al que se dirige la comunicación hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales que pueden acceder a la obra de forma simultánea o “cumulativa”. A sensu contrario ha de entenderse que las personas concretas y determinadas no se consideran parte del público. (Vid. asunto SBS Belgium C-325/14).
  5. El público ha de ser nuevo. Para que exista un acto de comunicación al público es preciso que el público al que va destinada la obra sea nuevo, en el sentido de no haber sido tenido en cuenta por el titular de derechos cuando realizó la comunicación originaria. El concepto de público nuevo, esbozado por primera vez en SGAE c. Rafael Hoteles, cobra especial relevancia a raíz de la sentencia Svensson (C-466/12), donde el TJUE considera que el acto de colocar enlaces en internet a un contenido que ha sido puesto a disposición del público con el consentimiento del titular no constituye un acto de comunicación al público. Lo mismo ha de considerarse cuando se trate de enlaces embebidos o inline links (asunto Bestwater; C-348/13). En el ámbito analógico el elemento del “publico nuevo” ha sido aplicado recientemente en el asunto AKM c. Zürs (C-138/16) para permitir la difusión de programas de televisión previamente emitidos por un organismo nacional de radiodifusión en abierto a través de una red de cable local.
  6. El acto de comunicar y la existencia de un público son dos requisitos cumulativos. Las sentencias más recientes exigen que ambos elementos –comunicación y público- se den de forma cumulativa.
  7. El papel del sujeto que lleva a cabo la comunicación debe ser imprescindible para que el público pueda acceder a la obra. Tal intervención deja de ser imprescindible cuando el comunicador actúa como un mero intermediario técnico cuya labor sea, por ejemplo, la de garantizar o mejorar la difusión y/o recepción de las obras entre el público al que ya se ha dirigido el comunicador originario. (Vid. asunto SBS Belgium).
  8. La comunicación ha de aportar cierto “valor” a la actividad principal del comunicador. Uno de los factores que el TJUE toma en consideración para calificar un acto como tal, es el hecho de que el mismo aporte alguna ventaja competitiva o valor añadido al negocio o actividad principal de comunicador. Es el caso de los establecimientos hoteleros y de los centros termales y de rehabilitación.
  9. El conocimiento de la ilicitud y el ánimo de lucro son factores relevantes cuando los enlaces dirigen a contenidos no autorizados por el titular. De acuerdo a lo establecido por el tribunal en el asunto GS Sanoma (C-160/15) y recientemente confirmado en el asunto Filmspeler (C-527/15) habrá comunicación pública cuando el enlazador tenga o pueda tener conocimiento acerca del carácter ilícito del contenido al que enlaza. Este conocimiento se presume cuando la actividad del enlazador reviste un carácter lucrativo.
  10. ¿Continuará…? De las anteriores pautas y consideraciones se desprende que el concepto comunitario de comunicación pública se ha ido configurando –o si se quiere, precisando y ampliando- a través de los pronunciamientos del TJUE en contestación a cuestiones de los diferentes Estados surgidas en gran medida por la aparición de nuevas técnicas de comunicación y el desarrollo de las ya existentes.

El sentido de estas resoluciones hace plantearse si existe un concepto comunitario unívoco de comunicación pública, integrado por un conjunto de elementos y requisitos aplicables independientemente de la técnica empleada o si, por el contrario, son las peculiaridades de las distintas formas que pueda revestir la comunicación las que determinan la exigencia de requisitos adicionales o la no aplicación de algunos de ellos.

Toda esta experiencia jurisprudencial plantea dudas acerca de la estabilidad y permanencia del concepto comunitario de comunicación pública, pero sobre todo acerca de la suficiencia o no del mismo para hacer frente a potenciales conflictos que surjan con motivo de formas de explotación que no se hayan planteado hasta ahora. La cuestión fundamental es si contamos ya con elementos interpretativos suficientes para hacer frente a cualquier conflicto que pueda surgir de la comunicación al público de obras o si, por el contrario, el propio concepto de comunicación al público está expuesto a ser cuestionado y replanteado cada vez que nuevas formas de explotación sean sometidas al examen del TJUE. En tal caso, habrá que ampliar el decálogo.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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El caso de la flor de algodón, ¿una sentencia de “qualité”?

El pasado 8 de Junio, el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia (C-689/15) sobre la utilización de una marca individual como sello de calidad y la posible nulidad o caducidad  de este tipo de marcas cuando no se garantiza la calidad de los productos y servicios que identifica.

El litigio principal en el que se suscitan las cuestiones prejudiciales tiene como una de las partes, a Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), una asociación que se dedica, entre otros, a la celebración de contratos de licencia en los que las empresas afiliadas se comprometen a incluir la siguiente marca para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad: 

La parte contraria, Wolfgang Gözze y W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, una sociedad alemana que incluye, sin autorización, un signo similar a la marca de VBB en las etiquetas de las toallas que comercializa:

Ante esta situación, el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf planteó ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales de gran interés y relevancia.

La primera cuestión prejudicial planteada consiste en saber si una marca individual de la UE utilizada como sello de calidad comporta un uso efectivo de la  misma, facultando por tanto al titular de la marca a prohibir que terceros utilicen un signo similar en productos idénticos, por causar riesgo de confusión en el consumidor.

A la primera cuestión prejudicial planteada, el TJ concluye que sólo se está ante un uso efectivo de la marca cuando éste se realiza de acuerdo con su función principal, esto es, que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto o servicio marcado.

De esta forma, el TJ matiza que el uso de una marca como sello de calidad por parte del titular o de un tercero autorizado no supone un uso efectivo si la misma no cumple con la función esencial indicadora de origen empresarial. No obstante, si cumple dicha función y además, el titular garantiza a los consumidores que dichos productos proceden de una empresa responsable bajo cuyo control se fabrican, sí constituiría un uso efectivo otorgando al titular la posibilidad de prohibir a terceros el uso de un signo similar que cause riesgo de confusión al público.

¿Se podría por tanto, declarar la nulidad o caducidad de una marca individual como sello de calidad cuando el titular no garantiza mediante controles la veracidad de la calidad alegada? No, el TJ afirma que no puede declararse la nulidad o caducidad en dichos supuestos, al no ser uno de los motivos recogidos por el Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea.

Finalmente, ante la cuestión prejudicial en la que se plantea si se podrían aplicar las disposiciones relativas a las marcas colectivas en este tipo de situaciones, el TJ realiza una interpretación restrictiva  del Reglamento nº 207/2009, concluyendo que dichas disposiciones no pueden aplicarse a las marcas individuales de la UE, ya que el propio Reglamento vincula expresamente estas disposiciones a las marcas colectivas.

Mediante esta sentencia, el TJ recuerda que la función principal de la marca es indicar el origen empresarial a los consumidores, por lo que, si no concurre dicha circunstancia, resulta irrelevante que exista cualquier otro uso o función accesoria a la hora de ejercer los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas.

La sentencia viene a señalar que cada tipo de marca tiene una finalidad o función y sus propios requisitos de uso.

Actualmente y, en ocasiones a través de licencias, se está utilizando la figura de la marca individual para esquivar figuras más complicadas – que requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos, como el de ir acompañadas las solicitudes por el reglamento de uso – como son las marcas colectivas o las de certificación o garantía.

De la lectura de la sentencia se desprende la necesidad de una revisión profunda de los criterios que, a veces, se siguen en la práctica a la hora de optar por el registro de una  marca individual y el otorgamiento de licencias de uso de la misma como una alternativa más cómoda al registro de una marca de certificación, garantía o colectiva. Asimismo, con carácter general, habrá que prestar especial atención a las estrategias de marca basadas en el otorgamiento de licencias para asegurarse de que el uso que hagan los licenciatarios pueda considerarse uso efectivo de la marca.

Autores: Rebeca Bonet y Miguel Á. Medina

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