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Un nuevo mundo para las denominaciones de origen: Lisboa renace en Ginebra

La conferencia diplomática convenida para la adopción de un nuevo acta del Arreglo de Lisboa, celebrada en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entre el 11 y el 21 de mayo de 2015 ha dado lugar a la adopción del Acta de Ginebra, tras el acuerdo alcanzado en esta ciudad suiza.

La conferencia diplomática ha estado precedida de 10 sesiones de un grupo de trabajo “ad hoc”, que se iniciaron en 2009 y hasta 2014 han venido discutiendo y elaborando el borrador del texto que ha dado lugar a este acta y su reglamento.

El acta adoptada tiene como uno de sus principales objetivos hacer más atractivo el actualmente existente Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional-que tiene actualmente únicamente 28 partes contratantes – para la adhesión de nuevos miembros.

Algunas de las novedades más relevantes a ese respecto son la posibilidad de adhesión al acta por parte de organizaciones intergubernamentales y la posibilidad de registro internacional tanto de denominaciones de origen como de indicaciones geográficas (hasta ahora el arreglo únicamente contemplaba las denominaciones de origen), en un sistema que, además del lógico respeto a los ADPIC, se inspira en muchos aspectos en los reglamentos de la Unión Europea relativos a estas figuras. También merece destacarse en este Acta de Ginebra el desarrollo de los artículos relativos al (amplio) ámbito de protección que permite dar a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en las partes contratantes, así como el tratamiento del tema de las tasas oficiales (algo extraño a la normativa de la Unión Europea en este campo).

A este respecto, hay que destacar el interés mostrado a lo largo de la gestación del acta por dos organizaciones gubernamentales, tanto la representación de la Unión Europea (la propia OAMI también ha estado presente como “observadora a título individual”) como, en menor medida, la OAPI (Organización Africana de la Propiedad intelectual). A medida que la labor del grupo de trabajo durante estos años fue ganando credibilidad con la elaboración de textos detallados y suscitando el interés de un número cada vez mayor de países, hicieron aparición delegaciones de algunas de las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Federación rusa o China) inicialmente ausentes o con presencia pasiva y tuvieron numerosas intervenciones que enriquecieron enormemente el debate planteando cuestiones y propuestas muy interesantes desde distintas perspectivas jurídicas, económicas y culturales.

Al igual que el Arreglo de Lisboa actualmente existente, no limita su registro a determinados productos, sino que pueden ser registradas denominaciones de origen e indicaciones geográficas para cualquier tipo de producto (agrícola o no agrícola) siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El acta de Ginebra entrará en vigor a los tres meses de que cinco partes contratantes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o accesión.

Sería injusto no mencionar la destacada labor de las delegaciones de las organizaciones con estatus de “observador” en el grupo de trabajo y la conferencia, y entre las que destacaría, entre otras, al CEIPI, por su alto contenido académico, MARQUES, oriGIn e INTA, representando los intereses de sus miembros y el interés general de la comunidad por un texto lo más claro posible y que no produzca situaciones de inseguridad jurídica.

Por último, habiendo tenido el privilegio de asistir a las 10 sesiones del grupo de trabajo y a la conferencia diplomática y siendo español, no puedo dejar de extrañarme por la falta de actividad y de comunicaciones por parte del Estado español en relación con el sistema de Lisboa. España es signataria del Arreglo de Lisboa desde su adopción en 1958, pero nunca lo ratificó, y aunque en diversos momentos ha manifestado en las primeras sesiones del grupo de trabajo su intención de hacerlo, en otros momentos ha desaparecido del debate. Todo lo contrario de otros países cercanos a nosotros en cuanto a la importancia que tienen para ellos estas denominaciones geográficas de calidad, como ocurre con Francia, Italia o Portugal, que han tenido una gran presencia y actividad en la gestación del nuevo acta.

Siendo nuestro país tan rico en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, parece que un instrumento que permitiese su registro internacional mediante una sola solicitud centralizada podría tener importantes ventajas para nuestros productores.

Ojalá, a la vista de este Acta de Ginebra, las autoridades españolas adopten una política más proactiva, den a conocer su punto de vista y, aún mejor, tomen iniciativas para ver en qué medida podría beneficiar a los productores españoles, interactuando para ello con los potenciales afectados.


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La adhesión de España al Tratado sobre el derecho de patentes conllevará importantes cambios en la tramitación de patentes y modelos de utilidad españoles



España ha manifestado recientemente su consentimiento en obligarse por el Tratado sobre el derecho de patentes, su Reglamento y las Declaraciones a través del Instrumento de Adhesión publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de octubre de 2013.

La entrada en vigor en España de este Tratado acaecerá el próximo 6 de noviembre de 2013 y conllevará importantes cambios en la tramitación de patentes y modelos de utilidad españoles, especialmente en lo referido a la obtención de una fecha de presentación, la reivindicación de prioridad y la representación obligatoria para los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea.

En lo concerniente a la obtención de una fecha de presentación, una vez entrado en vigor el Tratado sobre el derecho de patentes, podrá presentarse una solicitud sin reivindicaciones, en cualquier idioma e, incluso, se podrá presentar por referencia a una solicitud anterior. Cuando proceda, deberá aportarse una traducción al castellano de la solicitud en un plazo no inferior a 2 meses desde notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las copias certificadas de los documentos de prioridad podrán aportarse dentro de un plazo no inferior a 16 meses contados desde la fecha de prioridad más antigua, siendo necesario aportar una traducción al castellano únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable.

Asimismo, será posible corregir y adicionar reivindicaciones de prioridad de una solicitud si se presenta una petición a tal efecto dentro de un plazo no inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de las solicitudes anteriores respecto de las cuales se reivindique prioridad y la prioridad está válidamente reivindicada.

También será posible restaurar el derecho de prioridad si se presenta una petición a tal efecto dentro de un plazo no inferior a 2 meses a partir de la fecha en que haya expirado el período de prioridad declarando los motivos del incumplimiento del período de prioridad y la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que el error no fue intencionado.

Puesto que la Oficina Española de Patentes y Marcas exige demostrar que se observó toda diligencia debida exigida por las circunstancias para estimar un restablecimiento de derechos, es de esperar que opte por mantener este criterio para restaurar el derecho de prioridad.

Los cesionarios de una solicitud, solicitantes, titulares u otras personas interesadas no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea podrán actuar ante la OEPM en relación con la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación, el simple pago de una tasa y la presentación de una copia de una solicitud anteriormente presentada.



A efectos de obtener una fecha de presentación:

–   no será necesario aportar reivindicaciones;

–   la descripción se podrá presentar en cualquier idioma, siendo necesario aportar una traducción al castellano en el plazo de 2 meses desde notificación de la OEPM apuntando que falta la traducción;

–   la descripción y dibujos podrán reemplazarse por la referencia a una solicitud anteriormente presentada si:

·   se indica que la descripción y los dibujos se sustituyen mediante la referencia a la solicitud presentada anteriormente;

·   se indica el número de la solicitud presentada anteriormente y la Oficina en que se presentó;

·   en caso que la OEPM optara por exigirlo, se indica la fecha de presentación de la solicitud presentada anteriormente;

·   se presenta una copia de la solicitud presentada anteriormente y una traducción al castellano, cuando proceda, en un plazo no inferior a 2 meses contados desde la fecha de recepción de la solicitud que contenga la referencia; y

·   se presenta una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente en un plazo no inferior a 4 meses contados desde la fecha de recepción de la solicitud que contenga la referencia.

A efectos de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior:

–   se deberá aportar una copia certificada, que incluya una certificación de la fecha de presentación, de las solicitudes anteriores dentro de un plazo no inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de esas solicitudes anteriores;

–   no será necesario aportar una copia certificada de la solicitud anterior o una certificación de la fecha de presentación cuando la solicitud anterior haya sido presentada ante la OEPM o esté disponible para la OEPM desde una biblioteca digital que sea aceptada por la OEPM con tal fin;

–   únicamente deberá aportarse una traducción al castellano cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable, en cuyo caso se deberá aportar dentro de un plazo no inferior a 2 meses a partir de la fecha de notificación;

–   se podrá corregir o adicionar una reivindicación de prioridad respecto de una solicitud si:

·   se hace una petición a tal efecto;

·   se presenta la petición dentro de un plazo no inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de las solicitudes anteriores respecto de las cuales se reivindique prioridad; y

·   la prioridad está válidamente reivindicada;

–   se podrá restaurar el derecho de prioridad si:

·   se hace una petición a tal efecto;

·   se presenta la petición dentro de un plazo no inferior a 2 meses a partir de la fecha en que haya expirado el período de prioridad;

·   la petición declara los motivos del incumplimiento del período de prioridad; y

·   la OEPM considera que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias.

A efectos de representación obligatoria, aplicable para no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea, un cesionario de una solicitud, un solicitante, titular u otra persona interesada podrá actuar ante la OEPM en relación con:

–   la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación;

–   el simple pago de una tasa; y

–   la presentación de una copia de una solicitud anteriormente presentada.



Autor: Miguel Soriano

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Actualidad del Convenio de Berna, con la doctrina española como referente


En los tiempos convulsos del Derecho de autor actual nada mejor que volver la vista atrás y buscar asideros en la fuente de donde brotaron para los autores no pocos ríos, afluentes y manantiales. En épocas en que la Ciencia parece circunscribirse a los linderos microscópicos de un mensaje twittero de 140 caracteres o a las reducidas fronteras de un post en un blog de actualidad, bueno será que nos quitemos el sombrero ante las verdaderas aportaciones científicas.  

Un grupo de profesores y expertos españoles en derechos de autor, con el maestro Rodrigo Bercovitz a la cabeza, acaban de publicar un Libro de Comentarios al Convenio de Berna que analiza precepto a precepto, a lo largo de casi 1.700 páginas, los entresijos de un texto capital en la historia de la protección de la propiedad intelectual.

Cabe recordar que la importancia extrema de este Convenio quedó bien patente con el tributo que le rindió, entre tantas otras iniciativas internacionales o comunitarias, el Acuerdo ADPIC alcanzado en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio. Este organismo se decantó por adoptar Berna como marco jurídico de referencia para todos los países.

La doctrina internacional, sin embargo, no había estado a la altura de las circunstancias. Sin perjuicio de algunas aportaciones aisladas, faltaba tal vez una obra específica que hiciese justicia al tamaño de las aportaciones de Berna. Esta laguna viene a cubrirse ahora con este libro de raigambre española.

En los Comentarios, que han sido editados por Tecnos, colaboran hasta 15 estudiosos de extracción universitaria y con una acreditada experiencia en el campo de los derechos de autor, tales como Pilar Cámara, Ignacio Garrote, José Carlos Erdozaín, Nazareth Pérez de Castro o Rafael Sánchez Aristi. Es un motivo de satisfacción señalar que entre estos autores se encuentra la Dra.en Derecho Patricia Mariscal Garrido Falla, abogada de ELZABURU, responsable de las glosas a dos de los artículos del Convenio.

En tiempos de tribulaciones y dudas, no está de más entonar un “larga vida al Convenio de Berna” y recrearse en las páginas de este trascendental estudio para saber de dónde venimos y -por qué no decirlo también- para dilucidar de la mano de nuestros mayores adónde queremos ir.



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Veinticuatro Estados firman en Bruselas el Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes

El 19 de febrero de 2013, a las 15.15 de la tarde, ha tenido lugar la ceremonia de celebración y firma del Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes. El escenario de la sala del Consejo de Justus Lipsius en Bruselas era ciertamente extraño: todos los Estados miembros de la UE menos España. Veinticuatro de ellos –todos menos Bulgaria y Polonia, presentes pero no firmantes- acaban de celebrar un acuerdo internacional para crear un Tribunal Unificado de Patentes fuera del marco de la UE, acuerdo cuyos únicos tres textos auténticos, en un solo ejemplar, están redactados en alemán, francés e inglés. Comenzando por Bélgica y con la Presidencia irlandesa y el Comisario Barnier como maestro de ceremonias, uno tras otro han ido estampando su firma en presencia de las cámaras. La ausencia de España estaba anunciada, así como la presencia de Italia, que ha decidido firmar el Acuerdo aunque no se haya integrado en el procedimiento de cooperación reforzada que ha establecido el efecto unitario de las patentes europeas para los otros veinticinco Estados miembros de la UE. En Italia, por lo tanto, el Acuerdo se aplicará solo a las patentes europeas clásicas allí validadas.


El Acuerdo entrará en vigor el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, siempre que entre estos trece Estados se encuentren Alemania, Francia y el Reino Unido, salvo que esta fecha se produzca durante el año 2013, en cuyo caso entrará en vigor el día 1 de enero de 2014. La presión va a ser sin duda muy elevada para que todos los Estados firmantes hayan ratificado antes del 1 de noviembre de 2013, lo que implicará la entrada en vigor del Acuerdo el día 1 de abril de 2014.

El viernes 27 de febrero el Grupo de Amigos de la Presidencia (Patentes) se reunirá en Bruselas con una cargada agenda que incluye una revisión de los planes de ratificación de cada Estado y un primer intercambio de opiniones respecto a la creación de los Comités Administrativo, Presupuestario y Consultivo.


La ceremonia, donde en ningún momento se ha hecho mención a la ausencia de España, ha concluido con una foto de familia –impagable la frase del Comisario Barnier ante las cámaras: “Do you allow the Commissioner to be in the picture?”- y una alocución de la Presidencia del Consejo destacando “this important step towards a new architecture within the European Union”.



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La OMPI convoca Conferencia Diplomática para adoptar un Tratado sobre límites al derecho de autor en favor de los discapacitados visuales


El pasado día 18 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual convocó, en Asamblea General, una Conferencia Diplomática para junio del próximo año, cuyo mandato principal es negociar y adoptar un Tratado en el que se regulen los límites y excepciones al Derecho de autor para facilitar el acceso a obras protegidas a millones de ciegos y discapacitados visuales.

Actualmente sólo algunos países prevén limitaciones específicas en su legislación en favor de discapacitados visuales, limitándose la mayoría a establecer excepciones al Derecho de autor que benefician a personas discapacitas en general, sin especificar el tipo de minusvalía (así, por ejemplo, nuestro artículo 31 bis, apartado 2º TRLPI). En el plano internacional, el vacío jurídico es aún mayor, puesto que ningún Tratado contempla este tipo de límites. Con este proyecto, se calcula que alrededor de 300 millones de ciegos o personas con discapacidad visual saldrán beneficiados en todo el mundo, y de forma especial, aquellos que habitan en los países menos desarrollados. El futuro Tratado pretende así hacer efectivos para este colectivo los derechos de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El texto del proyecto impone a los Estados firmantes la obligación de facilitar a los discapacitados visuales la disponibilidad de obras en formato accesible, lo que implica una limitación de los derechos de reproducción, distribución, interpretación, traducción y puesta a disposición del público de los titulares (cfr. artículo C del Proyecto).  La conversión de las obras en formato accesible (Braille, imprentas grandes, formatos de audio y otros) será llevada a cabo por entidades autorizadas, que deberán suministrar los ejemplares a los beneficiarios, así como facilitar el intercambio de obras con entidades de otros países. La forma en que ese intercambio tenga lugar, así como el establecimiento de parámetros que permitan determinar qué se entiende por distribución de las obras <<a precio razonable>> en los diferentes países, son puntos que han de ser discutidos en la Conferencia del próximo junio.



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