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Se fija en cinco millones de euros la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013

Se acaba de publicar en el BOE la Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013. 

Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción, correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el 29% a los libros.

Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.

Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución podría hacer peligrar el sistema actual. 



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La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se anuncia como un paso necesario en una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda, entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura e integral de la Ley.


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* Versión del artículo publicado en Expansión el 16.10.2014

Nuevo acuerdo aduanero entre China y la UE. ¿Qué implica para los titulares de marcas?

Mercado de la Seda de Beijing
(de gruntzooki vía Flickr)

China y la Unión Europea han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo en cooperación aduanera cuyo principal objetivo es facilitar los trámites aduaneros a aquellos comerciantes que sean considerados de confianza. Se han firmado a su vez dos nuevas iniciativas que complementan el acuerdo, un nuevo “Marco estratégico para la cooperación aduanera” y un nuevo “Plan de acción UE-China sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”.

La figura del “comerciante de confianza”, también conocido como “Operador económico autorizado”, ha estado presente en la regulación aduanera de la UE desde 2008 y se caracteriza por disfrutar de procedimientos aduaneros simplificados siempre que demuestre que es un operador seguro, fiable y que cumple con la normativa de seguridad. Por lo tanto, los comerciantes de confianza pasan por un número menor de controles aduaneros y disponen de procedimientos más rápidos al entrar y salir del Espacio Económico Europeo (EEE)

China no es el primer país en firmar un acuerdo de este tipo con la UE; existen acuerdos de reconocimiento mutuo ya firmados con países como EE.UU (2012) y Japón (2011), pero la incorporación de China lo ha convertido en el sistema de comercio certificado más aceptado en el mundo, ya que incluye en la actualidad alrededor de 15.000 empresas certificadas como comerciantes seguros (para más información véase la nota de prensa de la Comisión Europea).

Es necesario, sin embargo, resaltar otro punto. China ostenta la triste reputación de ser un país en el que comúnmente se comenten infracciones contra la propiedad intelectual. A pesar de ello, el 1 de mayo de 2014 ha entrado en vigor la nueva Ley de Marcas (para más detalles sobre las modificaciones, consulte la entrada previa en nuestro blog) que presumiblemente reforzará la protección de los titulares de marcas contra infracciones y solicitudes de mala fe. Es pronto aún para saber cómo se llevará a cabo en la práctica, pero la combinación entre la nueva Ley de Marcas y el acuerdo aduanero firmado recientemente son, sin lugar a dudas, buenas noticias para los titulares de derechos.

Nuestra experiencia en China, sin embargo, nos ha demostrado que los titulares  europeos de marcas suelen tener más problemas con los “trademark squattersque con los infractores de derechos de propiedad intelectual. La razón es simple: es una práctica ampliamente establecida entre los propietarios europeos de marcas la fabricación de sus mercancías en China para después venderlas en el mercado europeo, pero sin llevar a cabo el registro de sus marcas en China. Esto puede llevar aparejada una consecuencia: cualquier empresa o particular chino puede acudir a la Oficina de Marcas (SAIC) y registrar la marca europea sin ningún problema ya que el sistema de registro de marcas en China se basa en el principio de  “first-to file”. A continuación, también pueden registrar la marca en la aduana china (GAC) y cuando el dueño de la marca europea intenta mandar a Europa su próximo envío, los productos son detenidos en la aduana por infringir una marca china registrada. Con lo cual, el titular europeo se ve abocado a elegir una de estas dos opciones, igual de negativas: pagar una cantidad importante de dinero para adquirir su propia marca en China o ir a juicio / TRAB.

Una de las rutas más comunes es tratar de cancelar dicho registro por mala fe o falta de uso a partir de los tres primeros años de la inscripción. En este caso, el mayor problema al que se enfrenta el propietario legítimo es demostrar el uso, o al menos, cierta influencia de su marca en el mercado chino. Efectivamente, en la actualidad es casi imposible demostrar el uso de una marca europea en estos casos ya que la fabricación para la exportación no es considerado uso real de la marca (no existe precedente en el sistema judicial de China, por lo que los tribunales chinos no están obligados a seguir las decisiones anteriores, aún cuando las haya) y sólo algunas marcas muy famosas han conseguido ser reconocidas por los tribunales cuando no se habían utilizado en el mercado chino.

Con el fortalecimiento del requisito de buena fe en el registro y en el uso por la nueva Ley de Marcas de China y el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE, los casos mencionados anteriormente deberían disminuir. No sólo por la protección reforzada que ofrece la ley, sino también porque la cooperación aduanera facilitaría la lucha contra los “trademark squatters” mediante el reconocimiento de los comerciantes europeos de confianza en China, un hecho que puede alentar a las empresas de la UE a registrar sus marcas en este país con el fin de estar completamente protegidos. De esta manera, la aduana china podría dedicar muchos más recursos a los comerciantes de alto riesgo y luchar contra las infracciones de manera más eficiente.

A pesar de que la legislación china en materia relacionada con propiedad industrial e intelectual y las actuaciones de las autoridades están mejorando cada día más, debemos ser conscientes de los peligros que aún existen para adaptar nuestra estrategia de propiedad intelectual de acuerdo a ellos. Para el ciudadano corriente en China, los esfuerzos de las autoridades son casi invisibles, lo que demuestra una vez más la magnitud de las infracciones y la enorme cantidad de recursos y tiempo que hay que dedicar a esta lucha. Si el propietario de una marca se dedica a la fabricación o planea usar su marca en el mercado chino, sus derechos deberían ser registrados antes de comenzar cualquier actividad comercial o de otro tipo en China. En caso de que el propietario se encuentre en el mercado chino, es altamente recomendable registrar las marcas tan pronto como sea posible.




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¿Se podría bloquear el acceso de los usuarios a una página web que infrinja derechos de autor?


De Tobias Myrstrand Leander
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Durante el día de ayer se publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-314/12 en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof austriaco cuyo objeto era la interpretación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE relativo a la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan requerir judicialmente la adopción de medidas cautelares frente a aquellos intermediarios a los que un tercero recurra para infringir derechos de autor.

Las cuestiones prejudiciales planteaban el supuesto aquel en el que un titular de derechos de autor hubiera solicitado la adopción de medidas cautelares frente a un proveedor de servicios de acceso a Internet, obligándole a bloquear el acceso de sus clientes a una página web de un tercero que no es cliente de ese mismo proveedor destinatario de las medidas.

La problemática que este supuesto planteaba con respecto al artículo 8.3 de la Directiva residía en si cabría considerar que el tercero -titular de la página web infractora- estaría recurriendo también a los servicios de los proveedores de aquellos usuarios que accediesen a la página web en cuestión.

La decisión del TJUE no admite dudas, al considerarse que el tercero infractor estaría recurriendo a cuantos servicios de proveedores permitan que sus clientes accedan al sitio web infractor, siendo indiferente para su determinación la existencia de un vínculo contractual entre proveedor e infractor. Lo que posibilita la adopción de medidas cautelares frente a todos los proveedores de servicios y no sólo aquel del que sea cliente el infractor

Por otra parte, también se señala que para la concesión de las medidas cautelares solicitadas no será necesario probar el acceso efectivo de los clientes de los proveedores a las páginas web con contenido ilícito, ya que estas medidas no sólo tendrían por objeto detener las infracciones, sino también evitarlas.

No obstante, matiza el Tribunal, estas medidas a adoptar por los proveedores de servicios en cumplimiento de las obligaciones que puedan derivar de esta normativa deberán respetar el derecho de los usuarios al libre acceso a la información y, por otro lado, ser razonablemente efectivas, en el sentido de que deben ser difícilmente eludibles por los usuarios.

Así pues, se deja abierta la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan solicitar ante los tribunales la adopción de medidas cautelares frente a los proveedores de servicios de acceso a Internet de cuyos servicios se sirvan los usuarios, pudiendo consistir las medidas en bloquear el acceso a los usuarios a páginas web de terceros que infrinjan derechos de autor, como son aquellas que sin autorización del titular ofrecen la descarga o la visualización en streaming de películas.



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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: conclusiones del AG en el asunto C-583/12


De Manuel Alarcón
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El abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el procedimiento para determinar dicha vulneración.

Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.

Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron importadas por la compañía Sintax.

Sintax solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.

Sintax en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante y recurrió a un Tribunal superior.

El recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras.

La conclusión del abogado general es que el artículo 13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La conclusión del Abogado General es que el Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, sigue diciendo el abogado general que la abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento.

Si los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los tribunales. Este poder conllevará, sin duda, también una gran responsabilidad (si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones.


Autor: Transi Ruiz

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