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El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Elzaburu, de nuevo entre los despachos de abogados más reputados de España

La firma volvió a situarse por encima de los 14 millones de euros anuales de volumen de negocio en 2015

Madrid, 1 de Junio de 2016. El ranking realizado cada año por el diario Expansión ha vuelto a destacar a Elzaburu entre los despachos más prestigiosos de España. De este modo, los 14 millones de euros de volumen de negocio colocan al despacho entre los 20 mejores despachos españoles.

Asimismo, la firma continúa con su proceso de expansión, incrementando en un 14,3% el número de letrados en plantilla. Este dato posiciona a Elzaburu entre los 25 despachos con sede en España que más incrementó su plantilla el pasado 2015.

Por otro lado, Elzaburu se coloca en el puesto número 14 de facturación por profesional, ascendiendo a una suma total de 235.000 euros por profesional, cifra muy superior a la media de facturación por profesional de los despachos españoles, que en 2015 se situó en 190.867 euros. En este sentido, y atendiendo únicamente a la cifra de letrados por despacho, Elzaburu asciende al puesto 10 en facturación por profesional.

Un año más se demuestra que la experiencia y profesionalidad de Elzaburu continúan siendo los estandartes de la firma, colocándola así entre las mejores de España.  


Con la Iglesia han topado … los ciberpiratas!

The 10 commandments
de John Taylor
vía Flickr
¿Hace falta decir que cualquier mensaje que contribuya a reforzar la sensibilidad social hacia la lucha contra la piratería comercial es positivo, necesario y urgente?  La Conferencia Episcopal Española (CEMCS) acaba de hacer público un documento, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que dista mucho de resultar una anécdota.

Bajo el título “La piratería en el cine, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, el documento examina el fenómeno de la defraudación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de los mandamientos.

La Iglesia empieza por reconocer el valor cultural del mundo del cine y la importancia de la labor creativa que el medio despliega. Para la Iglesia el cine es una industria cultural “que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad”.

A continuación la Comisión Episcopal denuncia que la piratería en el cine recibe frecuentemente una consideración “relativista y utilitaria”. En su lugar, la Iglesia propone una aproximación al problema desde una “conciencia moral” que ponga en valor la dimensión social de los bienes intelectuales y culturales.

Es lógico que desde este punto de vista moral, la piratería no pueda calificarse sino como un pecado contra el 7º mandamiento (“no robarás”). Y no por obvia esta proclamación deja de ser importante. Pero no es la única sorpresa que nos regala este documento.

Para los obispos, la piratería inflige un daño al bien común de la sociedad (pues la industria del cine se resiente y no puede desarrollar su labor creativa) y la piratería daña además “al ser humano en su esencial dignidad” (puesto que es una forma de actuar ligada al consumo por el consumo).

En ocasiones Internet ha sido contemplada como una verdadera “religión”, con apóstoles y mártires de una supuesta “causa digital”. Pues bien que se sepa bien claro que para la Religión Católica, que pasa por ser la verdadera, los desvíos en el uso de la red –como es el fenómeno de la piratería- atentan contra los mandamientos y constituyen pecado.

A más de las sanciones que el ordenamiento arbitra para este tipo de delincuencia, los piratas se exponen a partir de ahora a una consecuencia más severa, por su duración: la mismísima condena eterna a las penas del infierno.



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El impacto económico del comercio mundial de productos falsificados: imposible mirar hacia otro lado

El pasado día 18 fue presentado el estudio en la sede de la OCDE en París “Comercio de productos falsificados y pirateados: calibrando el impacto económico” elaborado conjuntamente por la OCDE y la UEIPO. La publicación de este estudio se produjo en la víspera del inicio del 2016 OECD Integrity Forum que se desarrolló los días 19 y 20 de abril de 2016.

Ambas instituciones han analizado la información de casi medio millón de retenciones aduaneras en todo el mundo desde 2010 a 2013 y han elaborado el estudio más riguroso hasta la fecha de estimación del tráfico mundial de productos falsificados.

Los resultados del estudio se refieren a retenciones aduaneras, no incluyendo productos falsificados y paralelos producidos y consumidos en el interior del país ni los productos digitales pirateados en Internet. Resaltamos algunos datos en dicho estudio:

– el tráfico internacional de productos falsificados o pirateados en 2013 representaron el 2,5 % del total del comercio mundial por valor de 461.000 millones de USD. Esta cantidad equivale al PIB de Austria o el PIB combinado de Irlanda y la República Checa, lo que da una clara idea de los posibles ingresos económicos que obtienen las organizaciones criminales envueltas en este comercio.

– la importación en EU de este tipo de productos en 2013 alcanzó el 5 % del total de las importaciones con valor de 85.000 millones de euros (116.000 millones USD), lo que sugiere que las falsificaciones en la UE tienen el doble de impacto que en el total mundial.

– la falsificación y la piratería tienen gran importancia en una economía global impulsada por la innovación, suponiendo la principal amenaza a la economía basada en el conocimiento. La protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual es uno de los principales impulsores de la innovación, contribuyendo al crecimiento económico a largo plazo.

– los falsificadores y los piratas maximizan sus beneficios dirigiéndose a todos los segmentos de mercado: tanto a los compradores que creen comprar un producto original (mercado primario) como a los que directamente quieren comprar productos falsificados (mercado secundario).

– cualquier producto en el que la propiedad industrial e intelectual añada valor económico y cree diferencias de precios se convierte en objetivo para los falsificadores, afectando a cualquier tipo de producto, tanto para consumidores de productos de lujo como para empresas y consumidores normales.

– la falsificación y piratería es un fenómeno global y dinámico que se apoya en la recuperación del comercio tras la crisis, la apertura de mercados en muchas regiones, la aparición y globalización de cadenas de valor y la explosión del comercio electrónico.

– este tipo de productos se originan prácticamente en todas las economías en todos los continentes, siendo China la mayor economía productora.

– los países cuyas empresas han sido más golpeadas por el comercio de productos falsificados y pirateados son los siguientes: Estados Unidos (20%); Italia (15%); Francia y Suiza (12%); Japón y Alemania (8%); Reino Unido (4%); Luxemburgo (3%); Finlandia, España y Bélgica (2%) y China (1%). Algunos países emergentes cuyas compañías innovadoras se apoyan en la propiedad industrial e intelectual para basar su estrategia global de desarrollo también sufren este tipo de infracciones.

– las rutas comerciales de los productos falsificados y pirateados son complejas y son objeto de cambios dinámicos a través de puntos de tránsito, algunos de estos en economías con un gobierno débil o con fuerte presencia de organizaciones criminales o redes terroristas, como Afganistán y Siria, con cambios cada año para explotar los resquicios y ausencias de control que se presenten en cada momento.

– continuo aumento del porcentaje de pequeños envíos, principalmente a través de envíos postales o empresas de mensajería, debido a la creciente importancia de Internet y el comercio-e en el comercio mundial. Por un lado, los traficantes se benefician del descenso de costes en este tipo de envíos, evitando su detección y minimizando los riesgos de sanción, mientras que, por otro lado, se aumentan los costes operacionales de control y detención por las aduanas debido al enorme volumen de envíos.


Los distintos países pueden y deben establecer, de forma individual o conjunta, soluciones políticas y de protección efectiva frente a este fenómeno global que afecta no sólo al titular del derecho de propiedad industrial e intelectual sino al propio Estado y a la sociedad en su conjunto. Como pone de manifiesto el documento de base para el 2016 OECD Integrity Forum, los costes de la inacción son significativos, ya que exponen a la sociedad a las amenazas globales engendradas por el lado oscuro de la globalización, en el que la ausencia de controles efectivos de integridad en las administraciones aduaneras pueden beneficiar al crimen organizado permitiendo prosperar el tráfico ilícito y el contrabando, que incluye tanto productos prohibidos como falsificados, estimando que las pérdidas de ingresos aduaneros por la corrupción en ese sector en los Estados miembros de la OCDE alcanzan un mínimo de 2.000 millones USD cada año. Una cifra que no permite mirar hacia otro lado.


N.BVersión española del artículo publicado en el Managing IP Blog



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El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




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