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La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

Ciertamente, el tenor del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 93/98 deja poco lugar a la duda: “Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos en al menos un Estado miembros en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 [1 de julio de 1995] en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines…” Si tal como quedó acreditado en el litigio principal las obras en cuestión no se encontraban protegidas en ningún Estado miembro a fecha de 1 de julio de 1995, no es posible aplicarles el plazo de protección de 70 años p.m.a. que establece la Directiva de duración. Como argumenta el TJUE no pueden extraerse consecuencias jurídicas distintas de una norma que el legislador comunitario estableció de forma tan clara. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que la causa de que no pueda aplicarse este plazo sea el incumplimiento de una formalidad exigida por una norma nacional aparentemente contraria al Convenio de Berna y, por ende, contraria al derecho comunitario. Esto es algo que no pasa por alto el TJUE, frente a lo cual argumenta que los principios del Convenio de Berna no son vinculantes para la Unión hasta 1996. El argumento no parece del todo convincente porque en todo caso el conflicto entre la norma comunitaria y la nacional se habría producido a partir de ese momento.

Pese a llegar a conclusiones opuestas, tanto el Tribunal de Justicia como el Abogado general parten de la premisa de que la normativa neerlandesa, que subodirna la protección por derecho de autor de unos diseños a la presentación de una declaración y el pago de una tasa, es contraria al Convenio de Berna. Sin embargo, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la regulación específica que tienen los diseños –pues en todo caso estamos hablando de una silla y de un sillón- dentro del referido Convenio. Su artículo 2.7 reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen iure conventionis, como es la ausencia de formalidades. El artículo 2.7 del Convenio constituiría una excepción a la norma general contenida en el artículo 5.2, resultando que una norma como la neerlandesa sería conforme con el Convenio. La conclusión a que conduce esta argumentación es la misma a la que llega el Tribunal: el artículo 10.2 de la Directiva 93/98 no se opone a una normative como la neerlandesa. Sin embargo, la argumentación del TJUE no descansa en las peculiaridades regulatorias de los diseños y, por tanto, tiene una pretensión de aplicarse a todo tipo de obras. Si en vez de tratarse de una silla y de un sillón el objeto del litigio hubiera sido una obra literaria… ¿podría llegarse a la misma conclusión? En tal caso, aun aplicando el razonamiento del TJUE, es probable que la obra hubiese podido gozar del plazo ampliado de 70 años pues posiblemente hubiese sido más sencillo acreditar que los derechos sobre la misma se encontraban en vigor en algún otro Estado miembro.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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Aumento del número de mercancías falsificadas retenidas por las aduanas de la UE en 2015

La Comisión Europea acaba de publicar, el pasado 23 de septiembre, su informe sobre los resultados de las medidas en frontera contra la usurpación de los derechos de propiedad industrial e intelectual practicadas en el año 2015.

De acuerdo con este informe, en el año 2015 se retuvieron en las aduanas de la UE un total de 40.728.675 productos sospechosos de violar esos derechos, representando un aumento del 14% respecto a los 35.568.982 productos retenidos en 2014. El valor de los productos retenidos en la UE 2015 superó los 642 millones de euros.

En el caso de España, el aumento de productos retenidos en 2015 fue mayor: se incrementó un 17% respecto a 2014 (1.893.019 productos retenidos en 2015 respecto a 1.619.264 productos retenidos en 2014). España sigue estando dentro del top 10 de países de la UE con mayor número de mercancías retenidas, en concreto en el puesto nº 9.

La efectividad de las medidas en frontera previstas en el Reglamento (UE) 608/2013 es muy alta: las mercancías retenidas fueron destruidas en el 80% de los casos de retención, se iniciaron procedimientos judiciales en el 9% de los casos y tan solo resultaron ser productos originales en el 2,7% de los casos.

China sigue siendo el principal país de procedencia de los productos retenidos por las aduanas de la UE (40%). Por categorías, las mercancías tienen también su origen en los siguientes países: Benin (alimentos), México (bebidas alcohólicas), Marruecos (otras bebidas), Malasia (productos de cuidado corporal), Turquía (vestidos), Hong-Kong (teléfonos móviles y accesorios, tarjetas de memoria, equipamiento informático, CD/DVD y encendedores), Montenegro (cigarrillos) e India (medicinas).

Los productos de uso diario que podrían ser peligrosos para la salud y seguridad de los consumidores (como alimentos, bebidas, productos de tocador, medicamentos, electrodomésticos, juguetes, etc.) representan el 25,8% del total de retenciones.

Los medios de transporte más utilizados, por el número de retenciones producidas, siguen siendo los envíos por correo postal y los servicios de mensajería (77% de las retenciones), correspondientes a las compras efectuadas a través de Internet.

Las principales mercancías retenidas en 2015 han sido cigarrillos (27%); otros productos, incluyendo baterías, pegamento, muebles y lámparas, manuales y otros documentos, imanes, pesticidas, etc. (10%); juguetes (9%); etiquetas permanentes, etiquetas temporales y pegatinas (8%);  y alimentos (7%).

Llama poderosamente la atención que las referidas etiquetas y pegatinas han pasado a estar dentro del top 5 de productos retenidos en 2015, lo que viene a confirmar la última técnica utilizada por las organizaciones criminales de falsificación consistente en importar productos sin marcar y, por separado, importar las etiquetas y pegatinas con las marcas, procediendo a colocar las marcas sobre los productos ya en territorio de la UE. Esta técnica ya fue puesta de manifiesto por Europol y la EUIPO en su informe 2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union de abril de 2015.





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Reciente creación de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) de EUROPOL y EUIPO


El pasado 12 de julio tuvo lugar en la sede de EUROPOL en La Haya el lanzamiento de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3). Esta organización supone la respuesta de la UE a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y es resultado de la unión de fuerzas entre EUROPOL y la EUIPO en esta materia.


La IPC3 se fundamenta en el acuerdo estratégico firmado en 2013 entre EUROPOL y la EUIPO. Queda incardinada dentro de la actual estructura de EUROPOL, contando con el apoyo financiero de la EUIPO de 500.000 euros anuales.

Este organismo proporcionará apoyo técnico y operativo a las fuerzas del orden y a otros socios en la UE, y fuera de ella, mediante:
a) facilitación y coordinación de investigaciones transfronterizas,
b) vigilancia e información sobre las tendencias de delitos online y aparición de nuevos modus operandi,
c) reforzar la armonización y estandarización de los instrumentos legales y procedimientos operativos para enfrentarse a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de forma global, y
d) llegar al público y a los agentes del orden mediante el aumento de la concienciación y facilitar entrenamiento en este específico campo de conocimientos. 
La creación de este organismo está más que justificada si tenemos en cuenta el elevado impacto en la UE de los productos falsificados y pirateados, que alcanzan hasta el 5% de las importaciones con un valor de 85.000 millones de euros. La lucha contra estos delitos es una prioridad de los agentes de la ley para proteger a los consumidores de productos peligrosos y defectuosos y para combatir las redes de crimen organizado envueltas en estas actividades ilegales, frecuentemente conectadas a otras formas graves de delincuencia transnacional (contrabando, inmigración ilegal, explotación laboral, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiación de actividades terroristas, etc).

La creación de un organismo específico de EUROPOL para combatir este tipo de delitos venía siendo reclamada desde el Joint Task Force Observatory EUIPO-INTA del EU Anti-Counterfeiting Subcommittee de la INTA, del que ELZABURU forma parte.



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¿Brexit en propiedad industrial? No tan rápido, por favor

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea –en el lenguaje utilizado por el tan mentado art. 50 del Tratado de la Unión Europea- parece que ha abierto, parafraseando el título del relato del escritor británico Rudyard Kipling, la Puerta de los Cien Pesares. Abundan las voces plañideras y los mensajes de alarma. Pero lo cierto es que la puerta todavía no ha sido abierta (la notificación al Consejo no se ha producido y, previsiblemente, tardará en hacerse) y queda por ver el alcance y grado de los padecimientos que está llamada a provocar, es decir, las condiciones en que la salida será negociada.

En lo que respecta a la propiedad industrial es claro, sobre el papel, que la marcha del Reino Unido pondrá a prueba la fortaleza de los sistemas tan laboriosamente construidos a lo largo de más de medio siglo en torno a la unificación y la armonización en materia de marcas, diseños, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, obtenciones vegetales, secretos industriales o patentes. Las marcas y diseños que se registran en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, dejarán de tener efecto en el Reino Unido y habrá que arbitrar medidas para determinar qué pasa con los títulos ya inscritos y con los expedientes en curso. Algo similar ocurrirá con las denominaciones geográficas, las indicaciones de origen y las obtenciones vegetales, mientras que la armonización de los secretos industriales recién acordada no podrá imponerse al Reino Unido.

La patente europea con efectos unitarios, iniciativa a la que, como es bien sabido, no se ha incorporado España, pierde a uno de sus interlocutores más visible. De un lado, la futura posible protección unitaria para las patentes europeas ya no podrá cubrir el Reino Unido. Y, de otro lado, el propuesto Acuerdo Internacional creando un Tribunal Unificado de Patentes, además de necesitar, para su entrada en vigor, una ratificación distinta, deberá ser retocado en tanto en cuanto Londres era la sede escogida para una de las tres secciones de su División Central, la que hubiere de tratar el área de la química, de la metalurgia y de las ciencias de la vida.

Las empresas deberán sopesar en sus estrategias sobre activos inmateriales qué incidencia puede tener optar por sistemas que dejan fuera un territorio tan relevante, pero no parece que haya razones por ahora para tomar decisiones precipitadas. El Reino Unido será en su momento país de registro a cuyas orillas no llegará el efecto unitario de las marcas y diseños de la Unión Europea ni la acción de sus Tribunales.  Pero así había sido hasta no hace tanto tiempo y con ello vivían empresas y profesionales.

Sin embargo hay consecuencias de la salida del Reino Unido que escapan del ámbito de lo prosaico, pero que tienen para la propiedad industrial –lo mismo que para los derechos de autor- una importancia extraordinaria. Se quiera o no el Reino Unido encarnaba en muchas materias sensibles un modelo de ver las cosas –llamémosle, anglosajón– que pugnaba no pocas veces con el modelo más europeo o continental.

Las tensiones entre estas concepciones un tanto antagónicas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o incluso de la competencia desleal, se dejaban sentir -y de qué manera- en la propia gestación de la legislación comunitaria y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. Cabe preguntarse si con la desaparición del influjo británico la situación podría cambiar en el futuro y el difícil equilibrio alcanzado en ciertos terrenos podría hacerse añicos para siempre.

Por el momento y por acabar, como empezamos, con una cita al británico Kipling y su célebre poema “Si”, tendrá la Unión Europea que tratar en esta etapa que ahora se abre de conservar la cabeza cuando a su alrededor todos la pierden y agacharse y reconstruir con las herramientas desgastadas las cosas a las que ha dedicado su vida y que ahora contempla destrozadas.


Autor: Luis Baz


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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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