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Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (VII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

  Falsificación y piratería en la moda.

Desde hace ya algunos años, asistimos a la integración de las economías nacionales (incluida la española) en una única economía mundial. Las magníficas oportunidades que se abren para productores, empresas y consumidores llevan aparejadas, en muchas ocasiones, que grupos criminales que operan internacionalmente, aprovechen la flexibilidad del mercado para introducir productos ilícitos en puntos geográficos distantes.

La considerable extensión de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual en España obedece, especialmente, a las bajas penas con los que tradicionalmente venían siendo castigados estos delitos y a la práctica ausencia de concienciación social, incluso, judicial de los mismos.

Como otros sectores de producción y consumo, el mundo de la moda tampoco es ajeno a la lacra de la falsificación y la piratería.

Hay un dato especialmente preocupante sobre las falsificaciones de moda, ya que en el año 2015, el 46% del total de los productos retenidos por las aduanas en la UE, fueron artículos relacionados con la moda, concretamente, zapatillas deportivas, bolsos, carteras, relojes y ropa.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en el año 2016 en España cerca de 800.000 productos relacionados con la moda, concretamente, calzado, joyas, relojería, marroquinería, complementos, perfumería cosméticos y textil.

La venta online ha supuesto una novedosa forma de distribución y captación de consumidores en el mundo de la moda pero los infractores han aprovechado el anonimato de la Red, la multitud de potenciales compradores y el carácter transnacional de Internet, para realizar sus negocios criminales.

Con una simple búsqueda en Internet del término «bolsos falsos» seguido del nombre de cualquier marca de lujo, se obtienen cientos de miles de resultados.

Lo anterior pone de manifiesto la enorme extensión de la piratería y la falsificación en el sector de la moda relacionada con el comercio online, lo que supone, sin duda, un verdadero desafío para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los titulares de las marcas, que sufren un impacto económico real con la disminución de ingresos, pérdida de empleo y con el daño al prestigio e imagen de la marca, entre otros.

Pero no todo son noticias negativas en este campo. Se han producido sucesivas reformas legislativas en España que han incorporado importantes cambios en la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que servirán positivamente en la lucha contra las falsificaciones.

Como ejemplo más significativo de las últimas reformas, se encuentra el esperado escalonamiento de las penas según la gravedad de las conductas realizadas por los infractores (importación, distribución al mayor, comercialización ocasional, etc.), que nos encamina a una perspectiva más justa y proporcionada de los delitos contra la propiedad industrial.

  Autora: Tránsito Ruiz

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Un tribunal ordena a varias compañías de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a internet de ciertas páginas web de enlaces

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona enjuicia una acción dirigida por una serie de productoras audiovisuales integrantes de la Motion Picture Association of America (MPAA) contra varias empresas de telecomunicaciones proveedoras de acceso a internet con el objeto de que éstas adopten medidas dirigidas a cortar el acceso a internet a determinados sujetos que están llevando a cabo actos de puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales protegidos sin la preceptiva autorización de sus titulares.

A través de las páginas web HDFULL.TV y REPELIS.TV es posible acceder en  streaming a una multitud de obras cinametográficas y series de televisión que han sido subidos a internet sin la autorización de sus titulares. Ambas páginas integran contenidos de vídeo procedentes de empresas extrenas, y utilizan el servicio de una empresa llamada Cloudfare para ocultar la ubicación concreta de las webs que utilizan. Ambas páginas ordenan, clasifican y publicitan el contenido que ofrecen a través de una interfaz que no sólo permite a los usuarios buscar el contenido que desean visualizar, sino que también se les aconseja y se les sugieren determinados contenidos. Ambas páginas se nutren de publicidad de terceros.

El Juez considera que la actividad de puesta a disposición del público a través de enlaces que tiene lugar en las páginas web HDFULL y REPELIS vulnera los derechos de propiedad intellectual de las productoras demandantes. Considera que las páginas constituyen bases de datos de enlaces a contenidos ilícitos que además no se limitan a “almacenar o enlistar” enlaces, sino que inducen a los usuarios a la visualización de los contenidos al clasificarlos y presentarlos de modo atractivo, sugiriendo la concreta visualización de algunos de ellos. Son circunstancias relevantes y significativas de la ilicitud de la conducta el hecho de que esta actividad se lleve a cabo con ánimo de lucro (las páginas en cuestión se nutren de publicidad), así como la ocultación voluntaria de la titularidad de los nombres de dominio.

Lo interesante de esta sentencia es que la acción se dirige no contra el titular de la plataforma o de la web de enlaces, sino contra las compañías de comunicación proveedoras del acceso a internet. El ejercicio de este tipo de acciones se ha hecho posible gracias a la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que entre otras cuestiones tiene por objeto “el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos”.

En lo que se refiere a la posibilidad de dirigir la acción contra los proveedores de acceso (legitimación pasiva), el Juez considera (i) que las demandadas constituyen intermediarios de la sociedad de la información tal y como se define el término en la Ley 34/2002, (ii) que los artículos 138 y 139 .1 h) TRLPI prevén de forma expresa la legitimación pasiva de estos sujetos; (iii) que tanto la jurisprudencia del TJUE (asunto Scarlet Extended) como algunas resoluciones recientes de los tribunales españoles reconocen la legitimación pasiva de los proveedores de acceso a internet en acciones de cesación por infracción de derechos de propiedad intelectual, y (iv) que tales medidas pueden solicitarse no sólo frente al proveedor de acceso al titular de las páginas donde se alojan los contenidos infractores, sino también frente a los “intermediarios que transmiten” por red la infracción.

Por último, respecto de la proporcionalidad o no de las medidas, lo que sostiene el Juez es que cualquier otra medida menos contundente (por ejemplo, el bloqueo parcial) no resultaría eficaz ni adecuada para conseguir el objetivo que se persigue, que es imposibilitar el acceso a las webs infractoras, cuyos titulares no han podido ser identificados ni localizados.

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Alerta de la OCDE a los gobiernos en el informe titulado “Pautas para luchar contra el comercio ilícito”

El 1 de marzo de 2018, la OCDE publicó el informe “Pautas para luchar contra el Comercio Ilícito”.

En este informe, la OCDE ha introducido una nueva fase en sus esfuerzos por ayudar a los países a luchar contra la piratería y así proteger al mercado, a los consumidores y a los empresarios. Las razones de haber incrementado estos esfuerzos son, entre otros, las condenas inconsistentes, la falta de control en pequeños envíos y la falta de información y coordinación entre las fronteras en las zonas de comercio libre.

Esto significa que las redes criminales trafican, cada año, con bienes falsificados valorados en millones de dólares. Este informe de la OCDE muestra que, de media, el 2´5% de los bienes objeto de comercio internacional son falsos, aumentando la cifra al 7% en el caso de productos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las víctimas de estas prácticas fraudulentas no son sólo los titulares de las marcas o las patentes, sino también los consumidores y los propios gobiernos. En palabras del Director de Gobernanza Pública de la OCDE: “El comercio de productos falsificados y prohibidos puede ser peligroso para los consumidores y costoso para las empresas y los gobiernos. Esto afecta a las industrias de todos los países de la OCDE y, cada vez más, a las de los mercados emergentes. Abordar las brechas políticas puede comenzar a aumentar los riesgos y disminuir las recompensas del comercio ilícito para los delincuentes”.

El estudio de la OCDE muestra como las redes criminales evitan las detenciones y el cumplimiento normativo “gracias a” la falta de comunicación y de coordinación transfronteriza.

El informe examina también como el uso de servicio postal y de mensajería y las ventas por internet han incrementado, haciendo más fácil el tráfico ilícito en pequeños envíos.

Se trata de una importante advertencia a los gobiernos sobre la necesidad de cooperar entre sí en la lucha contra el comercio internacional de mercancías falsificadas.

 

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La Comisión Europea propone nuevas medidas contra los contenidos ilícitos en línea

La difusión de contenidos ilícitos en línea menoscaba la confianza de los ciudadanos en internet y puede plantear amenazas para la seguridad. Aunque en Europa se han realizado progresos en lo referente a la protección de los ciudadanos en la red, las plataformas tienen que redoblar sus esfuerzos para retirar de la web los contenidos ilícitos con mayor rapidez y de manera más eficaz. Las medidas voluntarias del sector, promovidas por la Comisión, ya han dado algunos frutos: el Foro de Internet de la UE sobre los contenidos terroristas en línea, el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en línea y el Memorándum de acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas. Sin embargo, aún queda margen para una actuación más eficaz.

Antecedentes:

En la Comunicación de septiembre de 2017 sobre la lucha contra el contenido ilícito en línea, la Comisión Europea prometió hacer un seguimiento de los progresos realizados y evaluar si se requieren medidas adicionales, incluidas eventuales medidas legislativas que complementen el actual marco regulador, para garantizar que los contenidos ilícitos en línea se detectan y retiran de manera rápida y proactiva.

Novedad: Recomendación de la Comisión de 1 de marzo de 2018

Con carácter previo a determinar si será necesaria una actuación legislativa, la Comisión acaba de publicar la Recomendación de 1 de marzo de 2018 en esta materia. Se trata de un conjunto de medidas operativas, acompañadas de las salvaguardias correspondientes, que han de adoptar las empresas y los Estados miembros. Las medidas recomendadas atañen a todas las formas de contenidos ilícitos: los contenidos terroristas,  la incitación al odio y la violencia, el material relacionado con abusos sexuales a menores, los productos falsificados o la violación de derechos de autor.

Básicamente, se refuerzan los procedimientos para una mayor eficacia en la retirada de contenidos ilícitos con las siguientes medidas operativas:

  1. Procedimientos de «notificación y acción» más claros. Las empresas deben fijar unas normas sencillas y transparentes para la notificación de los contenidos ilícitos, incluyendo procedimientos acelerados para los «alertadores fiables». A fin de evitar que se retiren de forma accidental contenidos que no sean ilícitos, se informará a los proveedores de contenidos de las decisiones de retirada, quienes podrán impugnar las decisiones.
  2. Instrumentos más eficaces y tecnologías proactivas. Las empresas deberán diseñar unos sistemas de notificación claros para los usuarios. Habrán de contar con instrumentos proactivos para detectar y retirar los contenidos ilícitos, en particular en el caso de los contenidos terroristas y los contenidos que no necesitan contextualización para considerarse ilícitos, como el material relacionado con abusos sexuales a menores o las mercancías falsificadas.
  3. Salvaguardias más sólidas para garantizar los derechos fundamentales. Para garantizar que las retiradas de contenidos estén bien fundadas, las empresas deben poner en marcha salvaguardias eficaces y apropiadas, en particular la supervisión y la verificación por humanos, respetando en todo momento los derechos fundamentales, la libertad de expresión y las normas relativas a la protección de los datos.
  4. Prestar especial atención a las pequeñas empresas. El sector debe, a través de acuerdos voluntarios, cooperar e intercambiar experiencias, mejores prácticas y soluciones tecnológicas, sobre todo instrumentos para la detección automática. Esta responsabilidad compartida beneficiará especialmente a las plataformas de menor tamaño, con recursos y conocimientos técnicos más limitados.
  5. Cooperación más estrecha con las autoridades. Si hay pruebas que apuntan a un delito grave o se sospecha de que hay contenidos ilícitos que suponen una amenaza para la vida o la seguridad, las empresas deben informar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad. Se invita a los Estados miembros a que establezcan las obligaciones jurídicas apropiadas.

Próximos pasos:

La Comisión hará un seguimiento de las medidas que se adopten en cumplimiento de esta Recomendación, determinando si se requieren medidas suplementarias, incluyendo las legislativas.

En estrecha colaboración con las partes interesadas, la Comisión proseguirá su labor de análisis con la puesta en marcha de una consulta pública sobre la cuestión (cuyo plazo finaliza el 30 de marzo de 2018). Asimismo, se pedirá a los Estados miembros y las empresas que faciliten la información correspondiente sobre los contenidos terroristas (en el plazo de 3 meses) y sobre otros contenidos ilícitos (en el plazo de 6 meses).

Habrá que estar, por tanto, preparados para colaborar con la Comisión en relación a los contenidos ilícitos en materia de derecho de autor y propiedad industrial.

Autor: Juan José Caselles Fornes

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Watch-List europea sobre falsificaciones y piratería

Abierto el plazo para que los interesados informen sobre los mercados infractores para incorporar a la futura Watch-List Europea de Falsificaciones y Piratería

Partiendo de una iniciativa similar en EEUU donde se ha creado una lista con sitios con contenidos infractores, la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta que servirá para la elaboración de una lista propia, llamada Lista de vigilancia sobre falsificaciones y piratería.

La creación de esta Lista de Vigilancia se encuadra dentro de las estrategias e iniciativas que están siendo implantadas desde la Comisión por los desafíos surgidos en materia de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual (PI) en la UE.

A este respecto, hay que tener en cuenta el estudio reciente elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la OCDE, que indica que hasta el 5% de todas las importaciones anuales a la UE son productos falsos o pirateados.

Estas prácticas fraudulentas causan graves pérdidas a los titulares de los derechos y además, la inversión, innovación y el empleo de las empresas europeas se ven seriamente amenazadas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo proyecto destinado a señalar e identificar mercados físicos y, especialmente, online de fuera de la UE relacionados con las falsificaciones y la piratería.

La lista anunciada será una gran base de datos de los sitios más problemáticos, sustentada con las informaciones que aporten las personas interesadas. La Comisión realizará una exhaustiva verificación de dicha información para confirmar la efectiva infracción de los derechos protegidos de PI. Los informantes podrán mantener su identidad confidencial si así se lo desean.

La Watch-List tendrá una triple función:

  1. Concienciará a los consumidores de los riesgos sobre la seguridad, salud y medioambiente por la adquisición de bienes y servicios fraudulentos.
  2. Las autoridades y titulares de derechos podrán tomar las medidas oportunas para reducir la disponibilidad de dichos bienes o servicios infractores.
  3. Se instará a los propietarios y operadores de estos mercados a adoptar modelos comerciales basados en la distribución autorizada de contenidos y productos legítimos.

La Comisión Europea ha abierto un plazo que termina el próximo 31 de marzo de 2018 para que cualquier interesado contribuya a la identificación de los sitios online o físicos que infrinjan los derechos de PI.

Nos encontramos ante una gran oportunidad para poner de manifiesto de forma pública las cada vez más numerosas infracciones cometidas, especialmente, a través de Internet.

Autor: Tránsito Ruiz Gallego

 
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