Tag Archives: Propiedad intelectual

Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/
 

El Big Data farmacéutico como activo valioso: el caso de IMS Health

El Tribunal Supremo español ha desestimado el recurso de casación presentado por la filial española del grupo americano IMS HEALTH frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba al pago de una indemnización de 5 millones de euros por apropiarse indebidamente y comercializar parte del contenido de una base de datos desarrollada por la empresa demandante.

INFONIS, SL y IMS HEALTH, SA, son empresas ambas que operan en el sector de la información y la tecnología dentro del ámbito médico. Fruto de una relación comercial, IMS tuvo acceso a una base de datos elaborada por INFONIS durante los años 2004 a 2006 – ZBSales – que contenía valiosa información sobre la distribución territorial de los centros médicos en España. Según el relato de los hechos, tras poner fin a la relación comercial y contractual en el año 2007, IMS habría continuado haciendo uso de la base de datos elaborada por INFONIS para elaborar un producto propio -Sanibricks -, que comercializaba a terceros.

En el año 2010, INFONIS interpuso demanda de juicio ordinario frente a IMS con base en la infracción del derecho sui generis sobre su base de datos y por actos de competencia desleal. El Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Madrid acogió las pretensiones de la demandante condendando a IMS a retirar del Mercado el producto Sanibricks y a indemnizar a INFONIS en más de 5 millones de euros, correspondientes al 65% de los ingresos obtenidos a través de la venta del producto infractor. IMS recurrió en apelación pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó de nuevo las pretensiones de IMS a excepción de lo concerniente a la obligación que imponía la sentencia de instancia de desinstalar el producto aun cuando hubiese sido adquirido por terceros de buena fe.

IMS recurre entonces en casación ante el Tribunal Supremo, que inadmite el recurso por falta de justificación e inexistencia de interés casacional.

No obstante, lo interesante de este caso son los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmados posteriormente por el Alto Tribunal que dirimen cuestiones tales como el concepto de “inversión sustancial” y de “extracción o volcado de datos”, de gran relevancia ambos en el ámbito del derecho “sui generis” sobre las bases de datos.

En lo que se refiere al concepto de “inversión sustancial”, el Tribunal considera que ésta debe darse no tanto en la confección de la base de datos propiamente dicha sino en la obtención de los datos que conforman su contenido. A este respecto, considera que una inversión de 2.700.000 euros en concepto de remuneración a las personas que trabajaron en la búsqueda y recopilación de los datos, tal y como acreditó la demandada en primera instancia, ha de calificarse como sustancial.

Respecto de los criterios para determinar la existencia o no de infracción, más allá de la elevada similitud entre ambas bases de datos (cifrada por la demandante en un 86%), el Tribunal entiende que un factor definitivo es la presencia en la base de datos de la demandada, de multitud de errores ortográficos, erratas y gazapos presentes también en la base de datos originaria.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

Visite nuestra web: http://www.elzaburu.es/

Fashion Law. Moda 4.0: webs, apps y RRSS (XI)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Moda 4.0. Webs, apps y RRSS: Protección y defensa

La era digital ha afectado al mundo de la moda transformando su forma de diseñar, vender o comunicar. Nadie puede limitarse a operar a través de los canales tradicionales, siendo imprescindible llegar a los consumidores a través de los medios online.

Para ello, es esencial limitar los riesgos protegiendo los activos inmateriales del negocio.

En este sentido, tener la exclusiva sobre un dominio que identifique el negocio es muy relevante, especialmente, para excluir el uso por parte de terceros. Para conseguir este monopolio debe registrarse el dominio ante el organismo correspondiente, en función del dominio que se registre, pudiendo ser nacional (.es, .us, .uk, etc.) o genérico (.com, .net, .biz, etc.).

En un sitio web también puede protegerse su contenido, apariencia y disposición. Cualquier contenido original incluido en el sitio web (imágenes, textos, vídeos, ilustraciones, etc.) se encuentra protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Esta protección se extiende también a los contenidos subidos a las redes sociales, pues tienen la misma consideración que aquellos incluidos en una web corporativa. Igualmente, pueden protegerse como base de datos aquellas webs de las que se extraen o compilan datos e información, bien como obra o bien como derecho sui generis, siempre que se acredite la inversión realizada por el titular, siendo más habitual lo segundo.

Todo ello debe complementarse con una estrategia de protección contractual, siendo las políticas de uso de la web una herramienta idónea para limitar la reutilización de los activos intangibles del negocio.

La protección de las Apps móviles sigue un esquema similar al de las webs para sus contenidos, siendo la diferencia principal que la App puede protegerse adicionalmente como un programa de ordenador o software, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente, no debe olvidarse el registro de aquellas marcas utilizadas para identificar al negocio en las plataformas online.

Pero esta revolución digital está experimentando una transformación permanente, planteando nuevos retos y estrategias focalizadas en mejorar la experiencia del cliente: a través de la adaptación de las tiendas físicas a las nuevas tecnologías, la experimentación con chatbots, la personalización de prendas gracias a las novedades técnicas en los materiales utilizados, como en las prendas deportivas, cuyas características técnicas se adaptan a las exigencias de los deportistas de alto nivel, o en el diseño de ropa cuyo color cambia en función de las condiciones climáticas, y la adaptación de sus modelos de negocio a los nuevos objetivos de sostenibilidad o mejora de las condiciones medioambientales, por ejemplo, a través del uso de energías renovables en la fabricación de sus prendas o a través de nuevos medios de producción de bajo impacto.

Autor: Martín Bello

Visite nuestra web: http://www.elzaburu.es/

 

La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Reforma de la Ley de propiedad intelectual española: liberalización y control de las entidades de gestión

El 14 de abril entró en vigor en España el Real Decreto –Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta reforma se transponen al ordenamiento español dos Directivas: la Directiva 2017/1654 del Parlamento Europeo, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos y la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

La reforma afecta también a cuestiones puntuales relativas a otros ámbitos, como el plazo para obtener el reembolso del pago de la compensación equitativa por copia privada o las acciones de cesación frente a los actos de elusión de medidas tecnológicas. No obstante, centraremos nuestro análisis en las cuestiones suscitadas con motivo de la transposición de la Directiva comunitaria de gestión colectiva, por ser ésta la de mayor envergadura, afectando a más de 30 artículos de la Ley.

Es bien sabido que esta reforma trae causa, en gran medida, de los escándalos a que se ha visto expuesta durante los últimos años, cierta entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual en España. El creciente desprestigio de la gestión colectiva española exigía, desde hace tiempo, la adopción de medidas legislativas dirigidas que permitieran “sanear” el sistema.

Estas medidas, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva, han tomado dos direcciones paralelas: la de la liberalización de la gestión colectiva y la del control de las entidades de gestión.

Las medidas de liberalización están encaminadas a crear un mayor margen para la gestión individual dentro de la gestión colectiva. Concretamente, se ha tratado de evitar que el hecho de encomendar la gestión de derechos a una entidad de gestión, suponga una pérdida total y absoluta de control sobre la misma; que el titular pueda reservarse siempre y en todo caso la posibilidad de gestionar directamente determinados tipos de obras, derechos y categorías de derechos.

Las normas de la Directiva están encaminadas a limitar el alcance de la cesión de derechos a la EG, o al menos, a posibilitar que el titular pueda limitarla, de modo que la gestión colectiva sea compatible también con una gestión individual. Así:

(i)     El art. 157 impone la necesidad de que cada uno de los derechos y modalidades de explotación encomendados a la entidad se documente de forma explícita, así como los territorios en los que se va a llevar a cabo la gestión. Además, dicho contrato no podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de uso ni la de la totalidad de la obra o producción futura.

(ii)       El art. 169 recoge el derecho que tiene el titular a otorgar licencias para usos no comerciales, sin perjuicio de que haya encomendado la gestión de sus derechos a la entidad.

(iii)      El art. 158 establece el plazo máximo de duración del contrato de gestión en 3 años, y faculta al titular para no sólo revocar su mandato a la entidad, sino también para retirar parte de sus derechos, categorías de derechos o tipos de obras con un preaviso no superior a 6 meses.

(iv)      El art. 153 prevé la posibilidad de crear organismos de gestión independientes (OGIs), como alternativa a las entidades de gestión en todo aquello que quede dentro del ámbito de la gestión colectiva voluntaria. Estos organismos deberán ser entidades con ánimo de lucro y sus órganos de gobierno no podrán guardar relación alguna con los titulares cuyos derechos se gestionan. A diferencia de las entidades de gestión, no necesitan ser autorizados por el Ministerio de cultura, pero sí estarán sujetos a su supervisión y a su potestad sancionadora.

La liberalización de la gestión colectiva también se ha traducido en la posibilidad de que las entidades de gestión extranjeras presten sus servicios en España (art. 151), y en la posibilidad de que tanto dentro como fuera de España, las entidades españolas otorguen licencias multiterritoriales para el uso en línea de obras musicales.

Por otro lado, se trata de imponer un mayor control a los órganos de gobierno de las entidades, a través de:

(i)     La creación de un órgano de control interno (art. 162), independiente de los órganos de gobierno de la entidad, para facilitar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión.

(ii)     La obligación a cargo de las entidades de gestión de elaborar un informe anual de transparencia que deberá proveer con elevado nivel de detalle de información financiera y sobre gestión económica. (art. 175.5).

(iii)     La atribución de funciones específicas de supervisión, inspección y vigilancia al Ministerio de Cultura respecto de la actividad de las entidades (art. 155).

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

Buscar

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto

Pincha para oir nuestros programas de radio

Archivo