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La retransmisión de obras a través de Internet (“Live streaming”) por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal Justicia de 7 de marzo de 2013 (C-607/11).


1. Hechos. Las demandantes en el presente litigio son varias cadenas de televisión británicas que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones y sobre muchos de los contenidos incluidos en las mismas. La demandada, -TVC-, es una entidad que se dedica a ofrecer a través de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto, incluidas las de las demandantes. La peculiaridad del servicio de TVC es que únicamente se ofrece a aquellos usuarios que previamente disponen de una licencia de televisión válida para acceder a esos contenidos. Además, el sistema de puesta a disposición del público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. Este servicio es financiado a través de publicidad que se muestra por inserción en el ordenador del usuario, respetando en todo caso la publicidad previamente insertada originariamente por las cadenas de televisión.

Las demandantes ejercieron una acción contra TVC ante la High Court of Justice por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones, concretamente, por llevar realizar actos de comunicación al público prohibidos por el artículo 20 de la Copyright, Designs and Patents Act de 1988.

En esta tesitura, la High Court of Justice plantea al TJUE una serie de cuestiones al TJUE, dirigidas a dilucidar si el concepto de “comunicación al público” del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE abarca la difusión a través de Internet de emisiones de radiodifusión a personas del público que habrían tenido derecho a acceder a las mismas utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.


2. Pronunciamientos. Según el TJUE, tal y como se deduce del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2011/29/CE, así como de los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, el derecho de comunicación al público ha de entenderse en un sentido amplio, de modo que comprenda todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar de la comunicación. Como quiera que el derecho de comunicación al público no es susceptible de agotamiento, cada uno de estos actos ha de ser objeto de una autorización individualizada.

La puesta a disposición del público a través de Internet de emisiones de televisión terrestre tiene lugar por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, y, por consiguiente, se trata de un nuevo acto de comunicación que debe ser autorizado por los titulares de derechos.

En lo que se refiere al concepto de público, el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. El hecho de que en el presente supuesto los destinatarios potenciales accedan a las obras a través de una conexión individualizada, no impide que un gran número de personas pueda tener acceso a la misma, pues es preciso tener en cuenta el efecto cumulativo de la puesta a disposición. Resulta indiferente, también, que el público al que va dirigido la retransmisión no sea un público nuevo, puesto que se trata de un acto de comunicación llevado a cabo por diferentes medios, y, por tanto, nuevo.

3. Comentario. Esta sentencia se suma a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJUE en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE (cfr. entre otras las SSTJUE de 7 de diciembre de 2006; C‑306/05, 4 de octubre de 2011; C-403/08, y 13 de octubre de 2011; C-431/09). Una vez más, el TJUE pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público.



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La utilización de fragmentos de grabaciones audiovisuales en formatos televisivos de collage o zapping no quedan amparados por el límite de cita. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2012


1. Hechos. La presente sentencia pone fin al litigio surgido hace ya más de cinco años entre Telecinco y La Sexta por el supuesto uso inconsentido de secuencias audiovisuales en los programas de esta última.

 Los hechos se remontan a comienzos del 2006, cuando la cadena de televisión La Sexta comenzó a emitir en abierto el programa “Sé lo que hicisteis”, un formato televisivo caracterizado por la utilización de fragmentos de programas de otras cadenas, -fundamentalmente programas del corazón-, con fines humorísticos, sarcásticos, e incluso ridiculizantes. 

Telecinco ejercitó sus derechos de propiedad intelectual ante los Tribunales, obteniendo pronunciamientos estimatorios tanto en primera instancia como en apelación. Coincidían ambos órganos al afirmar que la emisión de este programa constituía una actividad vulneradora de los derechos de Telecinco que no quedaba amparada por límite alguno a la propiedad intelectual. 

Frente a tales pronunciamientos la demandada interpone ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. 


2. Pronunciamientos. El recurso extraordinario por infracción procesal tiene como único motivo la infracción del artículo 219.3 LEC. La sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por la Audiencia, condenaba a La Sexta al pago de la indemnización de los daños y perjuicios, difiriendo su cuantificación a un posterior procedimiento declarativo. Según la recurrente, este pronunciamiento infringe lo establecido en el apartado 3 del artículo 219 de la LEC, que excluiría la posibilidad de diferir a ejecución de sentencia la cuantificación de los daños cuando no es ése el único pronunciamiento pretendido en el suplico.  

Pues bien, según el Alto Tribunal, una interpretación conforme al espíritu de la Ley pasa por entender que es posible tal diferimiento cuando el resto de pretensiones que se acumulan a la indemnizatoria han de entenderse implícitamente ejercitadas, tal es la fundamental y previa de que se califique la conducta como ilícita. De lo contrario, un excesivo rigor en la aplicación del precepto en cuestión tendría como consecuencia privar de indemnización a los perjudicados, afectando gravemente a su derecho a la tutela judicial efectiva. 

En lo que se refiere al recurso de casación, el pronunciamiento del TS está encaminado a dilucidar si la conducta de los demandados tiene o no cabida en el límite de cita y reseñas y revistas de prensa recogido en el artículo 32.1 TRLPI. En este sentido, el Tribunal afirma que la utilización de secuencias ajenas en el programa de la demandada no queda amparado por tal límite, por cuanto que no se cumplen sus principales exigencias. 

En primer lugar, se trata de un programa de entretenimiento, sin una finalidad docente, de investigación o, al menos, cultural. Además, la utilización de las imágenes ajenas no se realiza “en la medida justificada por el fin”, sino que se trata de una práctica recurrente e indiscriminada. Tampoco constituye una reseña o una revista de prensa, pues carece el programa de finalidad informativa. Ni siquiera puede considerarse que se trata de una actividad encuadrada dentro del fenómenos conocido como “press clipping” (art. 32.1 in fine), dado que tal género es exclusivo de la prensa escrita. En definitiva, la conducta de la demandada constituye una infracción de los derechos de reproducción y comunicación de la demandante. 

3. Comentario. Esta sentencia resulta doblemente interesante, tanto en lo que se refiere a sus pronunciamientos en materia procesal como en lo relativo a los aspectos sustantivos. 

La posibilidad de diferir la cuantificación de los daños a ejecución de sentencia es algo que ya había sido anunciado con anterioridad por el alto Tribunal entre otras, por la sentencia de 16 de enero de 2012. Sin embargo, con este pronunciamiento, queda claro que el principio de que las sentencias deben ser líquidas ha de ser matizado en ocasiones (fundamentalmente cuando por causas ajenas a los perjudicados no es posible la cuantificación de la indemnización en el curso del proceso) en aras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

En lo que al pronunciamiento sobre el fondo se refiere, la interpretación del límite del artículo 32.1 TRLPI, además de ser ajustada al tenor literal de la Ley, resulta ciertamente acorde con la finalidad y espíritu del sistema de límites establecido por el legislador. En efecto, uno de los motivos que sustenta la decisión del Tribunal es el de que la conducta de la demandada, desde el momento en que persigue un mayor éxito de audiencia en el mismo mercado en el que concurre con los programas de la demandante, es susceptible de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas. 

Cabe preguntarse, no obstante, cuál hubiera sido la decisión del Tribunal si la conducta de la recurrente hubiese sido analizada desde el punto de vista de la parodia…



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Las recomendaciones resultantes del proceso de mediación en materia de compensación por copia privada publicadas por la Comisión Europea cuestionan el modelo español de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado


El contexto de publicación del informe

Consciente de que la compensación derivada de la excepción de copia privada ha generado, y de hecho genera, importantes fricciones con el principio de libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado de la Unión, La Comisión Europea anunció, en su Comunicación de 24 de mayo de 2011 (“Un mercado único de los Derechos de propiedad Intelectual: estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa”), la puesta en marcha de un proceso de mediación entre los principales afectados a nivel europeo por la excepción de copia privada.

Con fecha de 31 de enero, la Comisión ha publicado, a través del mediador portugués A. Vitorino, un informe en el que se establecen una serie de recomendaciones que tratan de lograr cierta armonización de esta figura con base en los principios de proporcionalidad, equidad y eficacia. Entre las partes involucradas en este proceso se encuentran las principales asociaciones de productores, artistas, actores, editores, y demás creadores de contenidos a nivel europeo, así como entidades de gestión, fabricantes, distribuidores, operadores de telefonía y prestadores de servicios de la sociedad de la información.

El informe llega casi dos meses después de la publicación en el BOE del Real Decreto 1657/2012 , que deroga definitivamente el sistema de compensación establecido en el artículo 25 TRLPI, cuya financiación provenía de la recaudación que las entidades de gestión obtenían a través del gravamen de los dispositivos y soportes aptos para la reproducción y opta por un sistema de financiación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Contenido y alcance del modelo propuesto

El informe aborda dos temas claramente diferenciables. La primera parte está dedicada al estudio del sistema de la compensación en relación con los nuevos modelos de negocio relativos a la distribución de contenidos protegidos en el entorno digital. En este ámbito, los consumidores no se conforman con poder acceder a una obra que han adquirido a través de su PC, sino que reclaman un acceso ubicuo, así como la posibilidad de hacer múltiples copias de misma. Ello ha provocado la creación de sistemas de explotación de obras en los que los consumidores no almacenan los contenidos en sus ordenadores, sino que quedan guardados en servidores de almacenamiento suministrados por los prestadores de servicios de la información (lo que se conoce como “la nube”). Estos servicios se ofrecen a través de licencias que tratan de cubrir todos los tipos de reproducción posibles de la obra (por ejemplo, si se trata de una obra musical, no sólo se licencia su descarga, sino también la posibilidad de copiarla en el ordenador, en el teléfono móvil, añadirla a una lista de reproducción e, incluso, compartirla con otros usuarios). 

Algunas de las partes interesadas en el proceso de mediación han argumentado que este tipo de licencias, que permiten al usuario realizar cuantas copias desee, son nulas por cuanto que no es posible renunciar a la excepción, mientras que, para otros, nada impide que una licencia pueda cubrir también la realización de copias para uso privado si esa es la voluntad explícita del titular. 

En opinión de Vitorino, una copia realizada con el consentimiento del titular no puede causar ningún daño y, por tanto, no debería generar un derecho a percibir una compensación. Es preciso tener en consideración que, en el ámbito analógico, la compensación tiene su fundamento en la imposibilidad de indemnizar el daño derivado de las copias realizadas, y que, siendo esto posible a través de las licencias de acceso que se otorgan en el ámbito digital, la compensación por copia privada carece de sentido. A estos efectos, las medidas tecnológicas de protección que suelen ir incorporadas a este tipo de productos permiten al titular controlar y limitar el uso que va a realizarse del contenido protegido, por lo que la activación del sistema de compensación en estos casos supondría, o bien un doble pago al titular de derechos, o bien un pago por una utilización que no ha tenido lugar. 


La segunda parte del informe está dirigida a establecer una serie de principios informadores en relación al escenario actual de la compensación por copia privada en los Estados miembros. Aunque es cierto que cada vez con mayor frecuencia se va imponiendo un modelo de negocio en el que el titular tiene la capacidad de controlar todos los posible usos posibles de su producto, lo cierto es que la excepción por copia privada es una realidad en la mayoría de los Estados miembros, lo que determina que la figura de la compensación no vaya a desaparecer por completo de un día para otro. Así las cosas, se hace necesaria la fijación de ciertos principios que contribuyan a conciliar las divergencias entre los sistemas de los diferentes Estados miembros, y que suponen un obstáculo al principio de libre circulación de bienes y servicios. Esta armonización no ha de alcanzar, sin embargo, a la determinación de los específicos aparatos y soportes susceptibles de ser gravados con el canon, cuestión esta que prefiere dejarse al arbitrio de los Estados.

Entre las cuestiones que requieren de una mayor armonización está la relativa a la venta transfronteriza de obras y demás bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual. Según el TJUE (asunto Stichting de Thuiskopie vs. Opus), el daño surge en el territorio donde reside el usuario que realiza la copia. Este principio, aplicado a la venta transfronteriza de bienes, implica, según este informe, que el cánon únicamente debería recaudarse en el Estado de residencia del usuario final. Un sistema que basado en este principio evitaría, por un lado, los dobles pagos, y, por otro, el hecho potencial de que las importaciones se concentren solamente en aquellos países cuyos importadores están obligados a pagar unas tarifas más bajas. 

Los sistemas de reembolso que actualmente aplican algunos Estados imponen a los fabricantes e importadores la carga financiara de soportar un pago que sólo les va a ser reintegrado en un momento posterior, así como la engorrosa tarea administrativa de su tramitación. Un sistema como el que se propone en este informe trasladaría estas obligaciones a los vendedores finales, que también se verían beneficiados por el sistema, pues el cánon únicamente se devengaría con la venta del producto, no estando obligados a “pre-financiar” la potencial compensación generada por aquellos productos de su inventario que aún no han sido vendidos. Además, sería preciso simplificar el sistema, a través de una reducción drástica de los tipos de tarifas aplicables. 

Incide también el informe en la imposibilidad de aplicar la obligación de pago de la compensación a aquellos sujetos que venden los productos susceptibles de ser gravados a profesionales, y no a consumidores privados (cfr. Caso Padawan vs. SGAE). La manera más recomendable de cumplir con este principio es la de establecer un sistema de exenciones ex ante en estos supuestos, que evite los inconvenientes de los sistemas de reembolso. 

Hace referencia asimismo el mediador Vitorino a la cuestión relativa al modo en que la compensación por copia privada es trasladad al usuario final. Según afirman algunos de las partes interesadas en este proceso, muchos vendedores se topan con dificultades a la hora de trasladar el importe de la compensación al precio final del producto. En este sentido, sería conveniente establecer un sistema que obligue a hacer visible en el producto la parte del precio que corresponde a la compensación por copia privada. Esto contribuiría a la transparencia del sistema, así como al conocimiento del mismo por parte de los consumidores. 


Un aspecto importante del informe es el relativo a la valoración del concepto de “daño sufrido por los titulares de derechos”. A fin de garantizar una mayor coherencia y predecibilidad del sistema de tarifas, sería recomendable asegurar que este concepto sea interpretado de forma uniforme en toda la Unión Europea. Según el informe, la determinación del daño soportado por los titulares de derechos por la realización de copias privadas debería tomar como punto de referencia una hipotética situación en la que no hubiera lugar a la excepción. En este escenario, lo fundamental es el valor que los consumidores otorgarían a cada una de las copias adicionales del contenido legalmente adquirido, para poder así determinar el daño económico sufrido, medido en términos de perdida de oportunidades de negocio. En opinión de Vitorino, esta cifra sería, en la mayoría de los casos, inferior al valor de la copia inicial, pero tampoco tan insignificante como para ser ignorada por completo. En realidad, -afirma-, el valor atribuido a cada copia privada realizada por el consumidor particular es bastante pequeño, y, por ello, el daño resultante debería ser mínimo, sin embargo, cree que el TJUE ha dejado claro en el asunto C-467/08 (Padawan vs SGAE) que el daño sujeto a la compensación equitativa surge, no de cada copia individual, sino del conjunto de las copias privadas realizadas por personas físicas, que, así valoradas, causan un daño relevante a los titulares. 


El modelo español en entredicho

Del contenido de estas recomendaciones se desprende que el recién estrenado sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada en España ha optado por un modelo claramente divergente al propuesto en el informe.

Concretamente, en lo que se refiere al concepto de daño sufrido por los titulares a que hace referencia el considerando 35 de la Directiva 2001/29/CE, es de destacar la opinión del mediador cuando afirma que, en todo caso, “el vínculo que existe entre las personas que causan el daño y se benefician de la excepción y las personas que financian el sistema no debería romperse”. Esta afirmación pone en entredicho, sin lugar a dudas, el sistema español de financiación, que procede exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado, de modo que son todos los contribuyentes los responsables de “indemnizar” el daño causado a los titulares por la realización de copias privadas, y no sólo los beneficiarios de la excepción. 


Autor: Patricia Mariscal


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Nueva regulación de aduanas en relación a la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial


Se acaba de publicar el borrador sobre protección de derechos de propiedad intelectual/industrial enaduanas que va a ser votado por la Comisión Parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor el próximo 24 de enero. Esta nueva normativa regularía las condiciones y procedimientos de suspensión del despacho de mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual e industrial.

Tras la aprobación del Comité, está prevista una segunda votación en el Pleno del Parlamento en abril. El nuevo texto vendrá a sustituir la regulación contenida en el Reglamento 1383/2003.

Aunque el borrador no recoge reivindicaciones históricas de los titulares de derechos como las retenciones de mercancías en tránsito o la eliminación de la responsabilidad de los titulares en el reembolso de gastos por las acciones aduaneras, sí se introducen algunos cambios que podrán ser ventajosos para el control de las falsificaciones en aduanas comunitarias:


Pequeños envíos: Paquetes postales o mensajería



El borrador introduce un procedimiento para pequeños envíos por el que se destruirá la mercancía sospechosa sin necesidad de intervención del titular del derecho, con el único requisito del consentimiento, tácito o expreso, del importador.

El borrador define “pequeño envío” como un envío postal de tres (3) o menos unidades y que no excedan de 2 Kg.

Esta regulación trata de responder al incremento considerable de pequeñas compras a través de Internet de productos falsificados o pirateados en países como China.

Extensión a nuevos derechos

El nuevo texto de Reglamento cubre ahora una de las carencias que se advertían en el Reglamento 1383/2003, y extiende su protección a nombres comerciales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y dispositivos que estén concebidos para la elusión de medidas de protección tecnológica.

Nuevos plazos para presentar solicitud

Se aumenta a 4 días hábiles el plazo para presentar la Solicitud de Intervención Aduanera tras la notificación de las autoridades aduaneras de la suspensión del levante de una mercancía.

Intercambio de información entre aduanas

El borrador expresamente articula el intercambio de información de la aduanas europeas con otras aduanas en relación a incautaciones, tendencias y riesgos generales, incluidas las mercancías que se encuentren en tránsito en el territorio de la Unión, tal y como recogía la sentencia del Tribunal de Justicia en los casos de Nokia/Philips (C-446/09 y C-495/09).

Sin duda, este reglamento, de ser aprobado en los términos descritos, proporcionará un avance en la protección de derechos de PI en las aduanas de la Unión, pero no podemos evitar pensar en la oportunidad perdida para regular temas tan controvertidos como las importaciones paralelas, mercancías en tránsito o costes para los titulares de derechos que aún quedan por perfilar y adecuar a las circunstancias del tráfico mercantil y aduanero.


Autor: Transi Ruiz

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La OMPI convoca Conferencia Diplomática para adoptar un Tratado sobre límites al derecho de autor en favor de los discapacitados visuales


El pasado día 18 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual convocó, en Asamblea General, una Conferencia Diplomática para junio del próximo año, cuyo mandato principal es negociar y adoptar un Tratado en el que se regulen los límites y excepciones al Derecho de autor para facilitar el acceso a obras protegidas a millones de ciegos y discapacitados visuales.

Actualmente sólo algunos países prevén limitaciones específicas en su legislación en favor de discapacitados visuales, limitándose la mayoría a establecer excepciones al Derecho de autor que benefician a personas discapacitas en general, sin especificar el tipo de minusvalía (así, por ejemplo, nuestro artículo 31 bis, apartado 2º TRLPI). En el plano internacional, el vacío jurídico es aún mayor, puesto que ningún Tratado contempla este tipo de límites. Con este proyecto, se calcula que alrededor de 300 millones de ciegos o personas con discapacidad visual saldrán beneficiados en todo el mundo, y de forma especial, aquellos que habitan en los países menos desarrollados. El futuro Tratado pretende así hacer efectivos para este colectivo los derechos de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El texto del proyecto impone a los Estados firmantes la obligación de facilitar a los discapacitados visuales la disponibilidad de obras en formato accesible, lo que implica una limitación de los derechos de reproducción, distribución, interpretación, traducción y puesta a disposición del público de los titulares (cfr. artículo C del Proyecto).  La conversión de las obras en formato accesible (Braille, imprentas grandes, formatos de audio y otros) será llevada a cabo por entidades autorizadas, que deberán suministrar los ejemplares a los beneficiarios, así como facilitar el intercambio de obras con entidades de otros países. La forma en que ese intercambio tenga lugar, así como el establecimiento de parámetros que permitan determinar qué se entiende por distribución de las obras <<a precio razonable>> en los diferentes países, son puntos que han de ser discutidos en la Conferencia del próximo junio.



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