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Tag Archives: Propiedad intelectual

Estudio muestra un uso frecuente de dominios caducados para vender productos piratas

La EUIPO acaba de publicar ayer, día 24 octubre, el resultado (resumen en español, disponible aquí) de la 2ª fase de su investigación sobre modelos de negocio en línea que vulneran derechos de propiedad intelectual en la UE y, en concreto, sobre las tiendas electrónicas sospechosas de vulnerar marcas y que utilizan nombres de dominio previamente utilizados.

El estudio ahonda en la información sobre el amplio uso que los presuntos infractores de la propiedad intelectual están haciendo de nombres de dominio que en el pasado utilizaron personas famosas, organizaciones, embajadas extranjeras, empresas comerciales y otras muchas entidades, aprovechándose de la popularidad de dichos nombres de dominio para atraer tráfico a nuevas tiendas electrónicas que comercializaban productos sospechosos de vulnerar marcas. Inmediatamente después de que los nombres de dominio pasaran a estar disponibles para un nuevo registro, los presuntos infractores los adquirían y, poco después, activaban una tienda electrónica.

En esta 2ª fase, se ha seleccionado a Suecia, que como país escandinavo se supone comparable a Dinamarca en la 1ª fase; a Alemania y el Reino Unido, que cuentan con sectores de comercio electrónico muy bien desarrollados y abultados; y a un país del sur de Europa dotado de un gran sector de comercio electrónico, España.

En la investigación se han detectado 27.870 tiendas electrónicas sospechosas de comercializar productos que vulneran marcas en Suecia, Alemania, el Reino Unido y España. Se ha descubierto que 21.001 de estas tiendas (un 75,35 %) empleaban nombres de dominio ya utilizados previamente para dirigir tráfico de internet a sitios web que no guardan ninguna relación con su uso anterior. El 25,9 % de las tiendas electrónicas sospechosas tienen su proveedor de alojamiento ubicado en Turquía; el 19,3 %, en los Países Bajos; y el 18,3 %, en los Estados Unidos.

La investigación parece indicar que lo que, en apariencia, aparentan ser varios millares de tiendas electrónicas sin relación entre sí, probablemente sean una o unas pocas empresas que comercializan productos que vulneran marcas entre los consumidores europeos.

Una vez más, se pone en evidencia la necesidad de contar con instrumentos rápidos y eficaces para combatir el comercio online de productos falsificados, tanto desde la perspectiva de la investigación criminal como de la persecución judicial, a nivel no sólo de la UE sino también a nivel global. La reciente Comunicación (Com 2017/555) de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones del pasado 28 de septiembre 2017 para afrontar los contenidos ilícitos online, estableciendo directrices dirigidas a las plataformas online, puede constituir un buen inicio para intentar solucionar estos problemas.

Autor: Juan José Caselles

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La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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Se presenta el balance de incautaciones en España en el Día Mundial Antifalsificación 2017

Con motivo de la celebración el pasado 30 de junio del Día Mundial Antifalsificación, se presentó en la Oficina  Española de Patentes y Marcas el balance anual de intervenciones de productos falsificados llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en España en 2016.

En total, en 2016 se incautaron en España más de 4 millones de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de casi 780 millones de euros.

La intervenciones policiales realizadas tanto por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sumaron la cifra de 1.447 operaciones en las que se incautaron 1’6 millones de objetos falsificados que habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que casi 590 millones corresponden a joyas y relojería, casi 38’4 millones al sector textil y casi 21’2 millones a marroquinería y complementos.

Las incautaciones policiales se han realizado por el siguiente orden: 43’68 % en naves/fábricas/almacenes; el 23’28 % en domicilios y el 20’85 % en la vía pública.

Por comunidades autónomas, el mayor número de intervenciones se produjo en Andalucía con 464 intervenciones y un total de casi 408.000 productos incautados. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana con 208 intervenciones y un total de 380.622 productos incautados. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 175 intervenciones y 367.234 productos incautados y Cataluña con 172 intervenciones y casi 190.000 artículos incautados.

Por otro lado, la Agencia Tributaría practicó en 2016 un total de 2.232 intervenciones con más de 2’5 millones de productos incautados, que habrían alcanzado un valor en el mercado de casi 78 millones de euros. Más el 60 % de los productos fueron aprehendidos en los puertos, procediendo del continente asiático dos de cada tres productos falsos.

En la celebración de este Día Mundial Antifalsificación se puso de manifiesto que este tipo de actividad delictiva destruye en España cada año más de 67.000 puestos de trabajo directos y supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, destacando la necesidad de que los consumidores sean conscientes del problema y efectúen compras responsables en comercios lícitos que generen empleo y riqueza y que cumplan con la legalidad.

Autor: Juan José Caselles

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Decálogo de la comunicación pública. Breve repaso a la jurisprudencia del TJUE

En los últimos años el número de resoluciones del Tribunal de Justicia contestando a cuestiones prejudiciales planteadas en torno al concepto y delimitación del derecho de comunicación pública en la Unión Europea ha ido en aumento. A día de hoy la jurisprudencia del  Tribunal sobre esta materia es ciertamente apabullante.

Las particularidades de cada una de las técnicas empleadas, cada vez más numerosas y complejas, plantean verdaderas dudas interpretativas a los Estados, que tratan de encajarlas dentro de un concepto –la comunicación pública- que se supone armonizado. Por su parte, el Tribunal de Justicia parece hacer encaje de bolillos para dar respuesta a todas las cuestiones que se le plantean y mantener una línea interpretativa sólida, clara y coherente. Pero lo cierto es que, un repaso a las sentencias de los últimos diez años, pone de relieve una jurisprudencia construida a base de parches y remiendos, haciendo del derecho de comunicación pública un concepto farragoso e impreciso. Las sucesivas resoluciones del TJUE han ido añadiendo al concepto tantas excepciones, excepciones de las excepciones, concreciones, matices y nuevos conceptos, que hoy en día se pone en duda la existencia de un concepto unificado y sistematizado de este derecho.

Un claro ejemplo de esta realidad es el de la radiodifusión de obras en lugares públicos. En el año 2006 el TJUE estableció, en el asunto SGAE c. Rafael hoteles (C-306/05) que la colocación de aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel constituía un acto de comunicación al público por parte del hotel al considerar que la misma no tenía lugar dentro de un ámbito estrictamente doméstico. En su argumentación el TJUE tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, el efecto “cumulativo” de los sucesivos clientes que ocupan las habitaciones, lo cual determinaba que pudieran ser considerados en su conjunto como un “público nuevo”.

Seis años más tarde, en el asunto SCF c. Del Corso (C-135/10), el Tribunal de Justicia consideró, sin embargo, que la difusión de fonogramas en la consulta de un dentista no constituía un acto de comunicación al público. A diferencia de la comunicación en establecimientos hoteleros, el público de una consulta odontológica estaría formado por un conjunto de personas mucho más reducido, cuyo objetivo no es en modo alguno escuchar música –lo cual constituiría un hecho fortuito que les vendría impuesto-, sino recibir un servicio médico.

La misma cuestión fue presentada posteriormente ante el TJUE respecto a la comunicación pública en establecimientos termales (asunto Osa; C-351/12) y centros de rehabilitación (asunto Reha Training, C-117/15), aplicando en estos supuestos el tribunal la doctrina sentada en el asunto SGAE. El considerando 63 de esta última sentencia refleja y resume en gran medida la argumentación del Tribunal: “la difusión (…) al tener por objeto ofrecer una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación como el controvertido en el asunto principal durante sus tratamientos o el tiempo de espera que precede a estos, constituye una prestación de servicios adicional que, si bien carece de todo interés médico, tiene un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento, proporcionándoles así una ventaja competitiva.”

Todos estos asuntos no hacen sino poner de relieve que la casuística que se presenta en torno a la comunicación pública de obras es amplísima, lo que obliga constantemente al TJUE a reformular, precisar y concretar el concepto y alcance de este derecho.

Fruto de un ejercicio de abstracción es esta humilde propuesta de decálogo, que no tiene otra ambición que recopilar algunas de las directrices y pautas interpretativas sentadas por el TJUE a lo largo de estos años.

  1. El concepto de comunicación pública ha de entenderse de manera amplia. Esta premisa básica, repetida hasta la saciedad por el TJUE, implica que los elementos que conforman la comunicación al público –el concepto de comunicación en sí misma y el de público- están dotados de una vis atractiva y expansiva. Es quizá en los asuntos ITV Broadcasting (C-607/11), y SGAE c. Rafael Hoteles donde con mayor evidencia se refleja esta interpretación extensiva. Consecuentemente, cualquier excepción al derecho de comunicación pública será analizada de acuerdo a un criterio restrictivo. (Vid. asunto AKM c. Zürs.net; C-138/16).
  2. El concepto de comunicación pública no varía en función de quien sea el titular. El TJUE ha señalado en varias ocasiones que el concepto de comunicación al público contenido en la Directiva 2001/29/CE y en la Directiva 2006/115 debe tener el mismo significado y, por tanto, debe apreciarse conforme a los mismos criterios. (Vid. asuntos Reha Training, C-117/15 y Verwertungsgesellschaft, C-641/15).
  3. La comunicación incluye toda transmisión de obras protegidas independientemente del medio o proceso técnico utilizado. Tal y como se desprende de la jurisprudencia del TJUE, ni siquiera hace falta que el “comunicador” lleve a cabo el acto directamente, sino que basta con que ponga los medios para que el destinatario de la comunicación pueda acceder a las obras. Claro ejemplo de ello es el asunto PPL (C-162/10), donde el TJUE consideró que un hotel que pone a disposición de sus clientes en las habitaciones aparatos de reproducción de música junto con fonogramas para ser escuchados en ese equipo lleva a cabo un acto de comunicación al público.
  4. El público al que se dirige la comunicación hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales que pueden acceder a la obra de forma simultánea o “cumulativa”. A sensu contrario ha de entenderse que las personas concretas y determinadas no se consideran parte del público. (Vid. asunto SBS Belgium C-325/14).
  5. El público ha de ser nuevo. Para que exista un acto de comunicación al público es preciso que el público al que va destinada la obra sea nuevo, en el sentido de no haber sido tenido en cuenta por el titular de derechos cuando realizó la comunicación originaria. El concepto de público nuevo, esbozado por primera vez en SGAE c. Rafael Hoteles, cobra especial relevancia a raíz de la sentencia Svensson (C-466/12), donde el TJUE considera que el acto de colocar enlaces en internet a un contenido que ha sido puesto a disposición del público con el consentimiento del titular no constituye un acto de comunicación al público. Lo mismo ha de considerarse cuando se trate de enlaces embebidos o inline links (asunto Bestwater; C-348/13). En el ámbito analógico el elemento del “publico nuevo” ha sido aplicado recientemente en el asunto AKM c. Zürs (C-138/16) para permitir la difusión de programas de televisión previamente emitidos por un organismo nacional de radiodifusión en abierto a través de una red de cable local.
  6. El acto de comunicar y la existencia de un público son dos requisitos cumulativos. Las sentencias más recientes exigen que ambos elementos –comunicación y público- se den de forma cumulativa.
  7. El papel del sujeto que lleva a cabo la comunicación debe ser imprescindible para que el público pueda acceder a la obra. Tal intervención deja de ser imprescindible cuando el comunicador actúa como un mero intermediario técnico cuya labor sea, por ejemplo, la de garantizar o mejorar la difusión y/o recepción de las obras entre el público al que ya se ha dirigido el comunicador originario. (Vid. asunto SBS Belgium).
  8. La comunicación ha de aportar cierto “valor” a la actividad principal del comunicador. Uno de los factores que el TJUE toma en consideración para calificar un acto como tal, es el hecho de que el mismo aporte alguna ventaja competitiva o valor añadido al negocio o actividad principal de comunicador. Es el caso de los establecimientos hoteleros y de los centros termales y de rehabilitación.
  9. El conocimiento de la ilicitud y el ánimo de lucro son factores relevantes cuando los enlaces dirigen a contenidos no autorizados por el titular. De acuerdo a lo establecido por el tribunal en el asunto GS Sanoma (C-160/15) y recientemente confirmado en el asunto Filmspeler (C-527/15) habrá comunicación pública cuando el enlazador tenga o pueda tener conocimiento acerca del carácter ilícito del contenido al que enlaza. Este conocimiento se presume cuando la actividad del enlazador reviste un carácter lucrativo.
  10. ¿Continuará…? De las anteriores pautas y consideraciones se desprende que el concepto comunitario de comunicación pública se ha ido configurando –o si se quiere, precisando y ampliando- a través de los pronunciamientos del TJUE en contestación a cuestiones de los diferentes Estados surgidas en gran medida por la aparición de nuevas técnicas de comunicación y el desarrollo de las ya existentes.

El sentido de estas resoluciones hace plantearse si existe un concepto comunitario unívoco de comunicación pública, integrado por un conjunto de elementos y requisitos aplicables independientemente de la técnica empleada o si, por el contrario, son las peculiaridades de las distintas formas que pueda revestir la comunicación las que determinan la exigencia de requisitos adicionales o la no aplicación de algunos de ellos.

Toda esta experiencia jurisprudencial plantea dudas acerca de la estabilidad y permanencia del concepto comunitario de comunicación pública, pero sobre todo acerca de la suficiencia o no del mismo para hacer frente a potenciales conflictos que surjan con motivo de formas de explotación que no se hayan planteado hasta ahora. La cuestión fundamental es si contamos ya con elementos interpretativos suficientes para hacer frente a cualquier conflicto que pueda surgir de la comunicación al público de obras o si, por el contrario, el propio concepto de comunicación al público está expuesto a ser cuestionado y replanteado cada vez que nuevas formas de explotación sean sometidas al examen del TJUE. En tal caso, habrá que ampliar el decálogo.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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El Supremo emite sentencia sobre originalidad de obras arquitectónicas

El Tribunal Supremo español se ha pronunciado recientemente sobre el concepto de originalidad en el ámbito de las obras de arquitectura, sentando así, por primera vez, de forma clara y precisa, pautas para la aplicación de la protección por Derecho de autor a este tipo de obras.

 El supuesto de hecho que da lugar al litigio es muy común en el sector de la arquitectura. Un primer arquitecto (el demandante en primera y segunda instancia) elabora un Proyecto de arquitectura para un hotel en Barcelona por encargo de una promotora inmobiliaria. Al no obtener la autorización por parte de las autoridades urbanísticas, la promotora contrata a otros dos arquitectos (demandados en primera y segunda instancia y recurrentes en casación) para que preparen una segunda propuesta que se ajuste a la normativa urbanística municipal. Demandante y demandados suscribieron un acuerdo por el que el primero renunciaba al 50% de la dirección de la obra, compartiendo así el encargo con los otros dos. Se elaboró un Segundo Proyecto firmado por los tres arquitectos, que quedó paralizado por falta de liquidez de la promotora. Dos años más tarde, los demandados presentaron un tercer Proyecto, sustancialmente idéntico al anterior, pero esta vez sin la firma del demandante. Este hecho motivó la presentación de la demanda contra los arquitectos firmantes del tercero de los proyectos, en la que se alegaba, fundamentalmente, que el mismo constituía una obra en colaboración, regulada en el artículo 7 TRLPI y que, en consecuencia, los derechos sobre la misma correspondían a los arquitectos a partes iguales. Exigía el demandante su reconocimiento como coautor del proyecto y el abono de los honorarios que en tal concepto le hubieran correspondido.

Para el Tribunal la obra arquitectónica es una obra de carácter funcional que sólo está protegida por el derecho de autor en la medida en que sea “singular”. Más allá de los logros estéticos o prácticos la obra debe presentar “un carácter novedoso que permita diferenciarla de otras preexistentes”. Si se proyectan edificios “ordinarios”, sin una mínima singularidad o distintividad, la propiedad intelectual no le es aplicable.

Los pronunciamientos de la sentencia no pueden ser más elocuentes: “Ni todo proyecto arquitectónico está dotado per se de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de mayor o menor tamaño, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitectónico ni toda edificación es una obra original, protegida por la propiedad intelectual

El Tribunal niega la condición de autor al arquitecto demandante en relación con la obra para la que colaboró con los demandados. Según puntualiza el Tribunal, cuando se trata de una obra en colaboración en la que pueden distinguirse partes que reúnen el requisito de la originalidad y partes que no lo reúnen, y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, “aquellos que hayan realizado las aportaciones al proyecto arquitectónico dotadas de originalidad serán considerados autores protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozarán de tal consideración y protección, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo recibido y del trabajo realizado para cumplirlo“.

En el presente caso, el Tribunal considera que la participación del demandante no tenía la necesaria altura creativa para considerarle autor, a diferencia de lo que sucedía con la parte realizada en exclusiva por los demandados y limitada en esencia a la composición volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, elementos estos a los que se habrían aplicado unos criterios compositivos dotados de originalidad.

 La sentencia comentada tiene una enorme relevancia porque no sólo consolida el concepto general de originalidad que ha de revestir una determinada creación para ser considerada una obra, sino que establece pautas bastante claras para su aplicación concreta a los proyectos arquitectónicos.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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