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Alerta de la OCDE a los gobiernos en el informe titulado “Pautas para luchar contra el comercio ilícito”

El 1 de marzo de 2018, la OCDE publicó el informe “Pautas para luchar contra el Comercio Ilícito”.

En este informe, la OCDE ha introducido una nueva fase en sus esfuerzos por ayudar a los países a luchar contra la piratería y así proteger al mercado, a los consumidores y a los empresarios. Las razones de haber incrementado estos esfuerzos son, entre otros, las condenas inconsistentes, la falta de control en pequeños envíos y la falta de información y coordinación entre las fronteras en las zonas de comercio libre.

Esto significa que las redes criminales trafican, cada año, con bienes falsificados valorados en millones de dólares. Este informe de la OCDE muestra que, de media, el 2´5% de los bienes objeto de comercio internacional son falsos, aumentando la cifra al 7% en el caso de productos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las víctimas de estas prácticas fraudulentas no son sólo los titulares de las marcas o las patentes, sino también los consumidores y los propios gobiernos. En palabras del Director de Gobernanza Pública de la OCDE: “El comercio de productos falsificados y prohibidos puede ser peligroso para los consumidores y costoso para las empresas y los gobiernos. Esto afecta a las industrias de todos los países de la OCDE y, cada vez más, a las de los mercados emergentes. Abordar las brechas políticas puede comenzar a aumentar los riesgos y disminuir las recompensas del comercio ilícito para los delincuentes”.

El estudio de la OCDE muestra como las redes criminales evitan las detenciones y el cumplimiento normativo “gracias a” la falta de comunicación y de coordinación transfronteriza.

El informe examina también como el uso de servicio postal y de mensajería y las ventas por internet han incrementado, haciendo más fácil el tráfico ilícito en pequeños envíos.

Se trata de una importante advertencia a los gobiernos sobre la necesidad de cooperar entre sí en la lucha contra el comercio internacional de mercancías falsificadas.

 

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La Comisión Europea propone nuevas medidas contra los contenidos ilícitos en línea

La difusión de contenidos ilícitos en línea menoscaba la confianza de los ciudadanos en internet y puede plantear amenazas para la seguridad. Aunque en Europa se han realizado progresos en lo referente a la protección de los ciudadanos en la red, las plataformas tienen que redoblar sus esfuerzos para retirar de la web los contenidos ilícitos con mayor rapidez y de manera más eficaz. Las medidas voluntarias del sector, promovidas por la Comisión, ya han dado algunos frutos: el Foro de Internet de la UE sobre los contenidos terroristas en línea, el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en línea y el Memorándum de acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas. Sin embargo, aún queda margen para una actuación más eficaz.

Antecedentes:

En la Comunicación de septiembre de 2017 sobre la lucha contra el contenido ilícito en línea, la Comisión Europea prometió hacer un seguimiento de los progresos realizados y evaluar si se requieren medidas adicionales, incluidas eventuales medidas legislativas que complementen el actual marco regulador, para garantizar que los contenidos ilícitos en línea se detectan y retiran de manera rápida y proactiva.

Novedad: Recomendación de la Comisión de 1 de marzo de 2018

Con carácter previo a determinar si será necesaria una actuación legislativa, la Comisión acaba de publicar la Recomendación de 1 de marzo de 2018 en esta materia. Se trata de un conjunto de medidas operativas, acompañadas de las salvaguardias correspondientes, que han de adoptar las empresas y los Estados miembros. Las medidas recomendadas atañen a todas las formas de contenidos ilícitos: los contenidos terroristas,  la incitación al odio y la violencia, el material relacionado con abusos sexuales a menores, los productos falsificados o la violación de derechos de autor.

Básicamente, se refuerzan los procedimientos para una mayor eficacia en la retirada de contenidos ilícitos con las siguientes medidas operativas:

  1. Procedimientos de «notificación y acción» más claros. Las empresas deben fijar unas normas sencillas y transparentes para la notificación de los contenidos ilícitos, incluyendo procedimientos acelerados para los «alertadores fiables». A fin de evitar que se retiren de forma accidental contenidos que no sean ilícitos, se informará a los proveedores de contenidos de las decisiones de retirada, quienes podrán impugnar las decisiones.
  2. Instrumentos más eficaces y tecnologías proactivas. Las empresas deberán diseñar unos sistemas de notificación claros para los usuarios. Habrán de contar con instrumentos proactivos para detectar y retirar los contenidos ilícitos, en particular en el caso de los contenidos terroristas y los contenidos que no necesitan contextualización para considerarse ilícitos, como el material relacionado con abusos sexuales a menores o las mercancías falsificadas.
  3. Salvaguardias más sólidas para garantizar los derechos fundamentales. Para garantizar que las retiradas de contenidos estén bien fundadas, las empresas deben poner en marcha salvaguardias eficaces y apropiadas, en particular la supervisión y la verificación por humanos, respetando en todo momento los derechos fundamentales, la libertad de expresión y las normas relativas a la protección de los datos.
  4. Prestar especial atención a las pequeñas empresas. El sector debe, a través de acuerdos voluntarios, cooperar e intercambiar experiencias, mejores prácticas y soluciones tecnológicas, sobre todo instrumentos para la detección automática. Esta responsabilidad compartida beneficiará especialmente a las plataformas de menor tamaño, con recursos y conocimientos técnicos más limitados.
  5. Cooperación más estrecha con las autoridades. Si hay pruebas que apuntan a un delito grave o se sospecha de que hay contenidos ilícitos que suponen una amenaza para la vida o la seguridad, las empresas deben informar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad. Se invita a los Estados miembros a que establezcan las obligaciones jurídicas apropiadas.

Próximos pasos:

La Comisión hará un seguimiento de las medidas que se adopten en cumplimiento de esta Recomendación, determinando si se requieren medidas suplementarias, incluyendo las legislativas.

En estrecha colaboración con las partes interesadas, la Comisión proseguirá su labor de análisis con la puesta en marcha de una consulta pública sobre la cuestión (cuyo plazo finaliza el 30 de marzo de 2018). Asimismo, se pedirá a los Estados miembros y las empresas que faciliten la información correspondiente sobre los contenidos terroristas (en el plazo de 3 meses) y sobre otros contenidos ilícitos (en el plazo de 6 meses).

Habrá que estar, por tanto, preparados para colaborar con la Comisión en relación a los contenidos ilícitos en materia de derecho de autor y propiedad industrial.

Autor: Juan José Caselles Fornes

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Watch-List europea sobre falsificaciones y piratería

Abierto el plazo para que los interesados informen sobre los mercados infractores para incorporar a la futura Watch-List Europea de Falsificaciones y Piratería

Partiendo de una iniciativa similar en EEUU donde se ha creado una lista con sitios con contenidos infractores, la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta que servirá para la elaboración de una lista propia, llamada Lista de vigilancia sobre falsificaciones y piratería.

La creación de esta Lista de Vigilancia se encuadra dentro de las estrategias e iniciativas que están siendo implantadas desde la Comisión por los desafíos surgidos en materia de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual (PI) en la UE.

A este respecto, hay que tener en cuenta el estudio reciente elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la OCDE, que indica que hasta el 5% de todas las importaciones anuales a la UE son productos falsos o pirateados.

Estas prácticas fraudulentas causan graves pérdidas a los titulares de los derechos y además, la inversión, innovación y el empleo de las empresas europeas se ven seriamente amenazadas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo proyecto destinado a señalar e identificar mercados físicos y, especialmente, online de fuera de la UE relacionados con las falsificaciones y la piratería.

La lista anunciada será una gran base de datos de los sitios más problemáticos, sustentada con las informaciones que aporten las personas interesadas. La Comisión realizará una exhaustiva verificación de dicha información para confirmar la efectiva infracción de los derechos protegidos de PI. Los informantes podrán mantener su identidad confidencial si así se lo desean.

La Watch-List tendrá una triple función:

  1. Concienciará a los consumidores de los riesgos sobre la seguridad, salud y medioambiente por la adquisición de bienes y servicios fraudulentos.
  2. Las autoridades y titulares de derechos podrán tomar las medidas oportunas para reducir la disponibilidad de dichos bienes o servicios infractores.
  3. Se instará a los propietarios y operadores de estos mercados a adoptar modelos comerciales basados en la distribución autorizada de contenidos y productos legítimos.

La Comisión Europea ha abierto un plazo que termina el próximo 31 de marzo de 2018 para que cualquier interesado contribuya a la identificación de los sitios online o físicos que infrinjan los derechos de PI.

Nos encontramos ante una gran oportunidad para poner de manifiesto de forma pública las cada vez más numerosas infracciones cometidas, especialmente, a través de Internet.

Autor: Tránsito Ruiz Gallego

 
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Estudio muestra un uso frecuente de dominios caducados para vender productos piratas

La EUIPO acaba de publicar ayer, día 24 octubre, el resultado (resumen en español, disponible aquí) de la 2ª fase de su investigación sobre modelos de negocio en línea que vulneran derechos de propiedad intelectual en la UE y, en concreto, sobre las tiendas electrónicas sospechosas de vulnerar marcas y que utilizan nombres de dominio previamente utilizados.

El estudio ahonda en la información sobre el amplio uso que los presuntos infractores de la propiedad intelectual están haciendo de nombres de dominio que en el pasado utilizaron personas famosas, organizaciones, embajadas extranjeras, empresas comerciales y otras muchas entidades, aprovechándose de la popularidad de dichos nombres de dominio para atraer tráfico a nuevas tiendas electrónicas que comercializaban productos sospechosos de vulnerar marcas. Inmediatamente después de que los nombres de dominio pasaran a estar disponibles para un nuevo registro, los presuntos infractores los adquirían y, poco después, activaban una tienda electrónica.

En esta 2ª fase, se ha seleccionado a Suecia, que como país escandinavo se supone comparable a Dinamarca en la 1ª fase; a Alemania y el Reino Unido, que cuentan con sectores de comercio electrónico muy bien desarrollados y abultados; y a un país del sur de Europa dotado de un gran sector de comercio electrónico, España.

En la investigación se han detectado 27.870 tiendas electrónicas sospechosas de comercializar productos que vulneran marcas en Suecia, Alemania, el Reino Unido y España. Se ha descubierto que 21.001 de estas tiendas (un 75,35 %) empleaban nombres de dominio ya utilizados previamente para dirigir tráfico de internet a sitios web que no guardan ninguna relación con su uso anterior. El 25,9 % de las tiendas electrónicas sospechosas tienen su proveedor de alojamiento ubicado en Turquía; el 19,3 %, en los Países Bajos; y el 18,3 %, en los Estados Unidos.

La investigación parece indicar que lo que, en apariencia, aparentan ser varios millares de tiendas electrónicas sin relación entre sí, probablemente sean una o unas pocas empresas que comercializan productos que vulneran marcas entre los consumidores europeos.

Una vez más, se pone en evidencia la necesidad de contar con instrumentos rápidos y eficaces para combatir el comercio online de productos falsificados, tanto desde la perspectiva de la investigación criminal como de la persecución judicial, a nivel no sólo de la UE sino también a nivel global. La reciente Comunicación (Com 2017/555) de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones del pasado 28 de septiembre 2017 para afrontar los contenidos ilícitos online, estableciendo directrices dirigidas a las plataformas online, puede constituir un buen inicio para intentar solucionar estos problemas.

Autor: Juan José Caselles

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Se presenta el balance de incautaciones en España en el Día Mundial Antifalsificación 2017

Con motivo de la celebración el pasado 30 de junio del Día Mundial Antifalsificación, se presentó en la Oficina  Española de Patentes y Marcas el balance anual de intervenciones de productos falsificados llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en España en 2016.

En total, en 2016 se incautaron en España más de 4 millones de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de casi 780 millones de euros.

La intervenciones policiales realizadas tanto por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sumaron la cifra de 1.447 operaciones en las que se incautaron 1’6 millones de objetos falsificados que habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que casi 590 millones corresponden a joyas y relojería, casi 38’4 millones al sector textil y casi 21’2 millones a marroquinería y complementos.

Las incautaciones policiales se han realizado por el siguiente orden: 43’68 % en naves/fábricas/almacenes; el 23’28 % en domicilios y el 20’85 % en la vía pública.

Por comunidades autónomas, el mayor número de intervenciones se produjo en Andalucía con 464 intervenciones y un total de casi 408.000 productos incautados. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana con 208 intervenciones y un total de 380.622 productos incautados. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 175 intervenciones y 367.234 productos incautados y Cataluña con 172 intervenciones y casi 190.000 artículos incautados.

Por otro lado, la Agencia Tributaría practicó en 2016 un total de 2.232 intervenciones con más de 2’5 millones de productos incautados, que habrían alcanzado un valor en el mercado de casi 78 millones de euros. Más el 60 % de los productos fueron aprehendidos en los puertos, procediendo del continente asiático dos de cada tres productos falsos.

En la celebración de este Día Mundial Antifalsificación se puso de manifiesto que este tipo de actividad delictiva destruye en España cada año más de 67.000 puestos de trabajo directos y supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, destacando la necesidad de que los consumidores sean conscientes del problema y efectúen compras responsables en comercios lícitos que generen empleo y riqueza y que cumplan con la legalidad.

Autor: Juan José Caselles

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