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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: conclusiones del AG en el asunto C-583/12


De Manuel Alarcón
Vía Flickr
El abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el procedimiento para determinar dicha vulneración.

Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.

Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron importadas por la compañía Sintax.

Sintax solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.

Sintax en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante y recurrió a un Tribunal superior.

El recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras.

La conclusión del abogado general es que el artículo 13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La conclusión del Abogado General es que el Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, sigue diciendo el abogado general que la abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento.

Si los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los tribunales. Este poder conllevará, sin duda, también una gran responsabilidad (si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones.


Autor: Transi Ruiz

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Financiando la infamia: la relación entre la falsificación de productos y el crimen organizado


Bajo el título “Mira más allá”, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) acaba de lanzar el pasado 14 de enero una campaña de concienciación ciudadana orientada a dar a conocer la estrecha relación que guarda la lacra de la piratería y la falsificación de productos con el crimen organizado a nivel mundial. La campaña se materializa en un spot publicitario estrenado en la pantalla NASDAQ de Times Square de Nueva York y destinado a retransmitirse a través de los medios de comunicación más influyentes en los más de diez idiomas a los que ha sido traducido. A través de inversiones como ésta, la ONU demuestra que cada vez es más consciente del peligro que entraña la piratería y la falsificación de productos así como de los perjuicios que acarrean estos fenómenos a la sociedad y a sus miembros.

El negocio de las falsificaciones mueve al año miles de millones de dólares alrededor del mundo, dato que no pasa desapercibido para las redes de crimen organizado internacional. Son numerosas las organizaciones delincuenciales que han sido relacionadas con este tipo de tráfico comercial ilícito y cuya vinculación con éste ha sido constatada. Basta citar que los grupos italianos la Cosa Nostra o la Camorra Napolitana, así como la Mafia Rusa, han sido relacionados con el tráfico de productos falsificados en operaciones realizadas por INTERPOL en América Latina y por Europol en el Viejo Continente. En Asia, donde la fabricación de productos de ínfima calidad que incorporan signos distintivos ajenos es asombrosamente sencilla de llevar a cabo por su menor coste de producción, grupos como los Yakuza japoneses o las Tríadas chinas dominan estos procesos de producción y distribución con capacidad de extenderse por todo el planeta.

Órganos como INTERPOL han alertado de que el mercado de falsificaciones tiene detrás, en no pocas ocasiones, la tela de araña de una organización criminal internacional y la financiación, a través de las ganancias que se obtienen por este tipo de comercio ilícito, de muchos otros delitos como el tráfico de personas, el blanqueo de dinero o el tráfico de drogas. Las reducidas penas aparejadas a los delitos contra la propiedad industrial no hacen más que favorecer la participación en ellos del crimen organizado, que encuentran un mercado millonario (que incluso podría superar en beneficios al tráfico de drogas) y para el que el castigo penal en caso de ser condenados se revela como ridículo comparado con el lucro que les proporciona.

De Frank Schwichtenberg
Vía Wikimedia
El tráfico de productos falsificados mantiene una estrecha vinculación con los siguientes delitos:


·  Blanqueo de capitales. Los criminales encuentran en la falsificación una manera de lavar el dinero negro obtenido a través de sus diferentes actividades delictivas. Mediante la introducción de dichos productos en las cadenas de distribución ordinarias, haciéndolos pasar por originales a través de empresas supuestamente legales, consiguen que el beneficio obtenido llegue limpio a los jefes de dichos grupos.

·   Explotación laboral. Como se menciona en el spot de esta campaña, las mafias dedicadas a la falsificación aprovechan la coyuntura de países subdesarrollados para producir este tipo de mercaderías. Trabajar en condiciones más que precarias, por sueldos ridículos o inexistentes y durante interminables jornadas de trabajo es el pan de cada día de las miles de personas (muchas de ellas menores) que sufren la explotación en las fábricas por parte de estos grupos criminales.

·   Extorsión y soborno. Para posibilitar el flujo de artículos defraudadores entre los distintos países, estas organizaciones recurren habitualmente a los sobornos y la corrupción de cuantos individuos fueran necesarios. Asimismo, la extorsión y las amenazas a distribuidores y comerciantes que no quisieran “cooperar” entran también en juego en los delitos contra la propiedad industrial.

·   Delitos tributarios (fraude fiscal).-  Según los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el valor de la mercancía falsificada con la que se comercia alrededor del mundo en un año es de alrededor de 250.000 millones de dólares, cifra que escapa al control de los erarios públicos y llega íntegramente a las organizaciones criminales.

Aunque el delito contra la propiedad industrial aún sigue contando con cierto grado de tolerancia social y sea considerado como un delito “menor”, hay que señalar que puede conllevar un gravísimo riesgo para la salud del consumidor. La compra de falsificaciones no constituye un simple ahorro para el bolsillo particular inocua para el resto de la sociedad sino que se colabora activamente con la financiación del crimen organizado, se fomenta que continúe la explotación de esclavos en las fábricas y se siguen engordando los bolsillos de los “capos”. A diferencia del resto de actividades de las mafias internacionales, la falsificación de productos tiene la ventaja de que multiplica exponencialmente los consumidores potenciales, ya que sus actividades no se dirigen a un puñado de pobres diablos, tampoco a señores de la guerra africanos, ni a grupos terroristas. Se dirigen a personas perfectamente normales y absolutamente ajenas a cualquier tipo de actividad delictiva, aprovechando su desconocimiento acerca del daño que ocasiona el adquirir uno de estos artículos tanto a ellos mismos como al conjunto de víctimas que hay detrás. Resulta, por tanto, necesario concienciar a la población de todo lo que hay detrás y mirar, de nuevo, más allá.



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El TJUE declara de acuerdo a la legalidad las medidas tecnológicas que impiden el uso de homebrews en las consolas de Nintendo

El TJUE dictó ayer sentencia (caso C-355/12) resolviendo sobre una cuestión prejudicial presentada en el seno de un litigio suscitado en Italia entre las compañías Nintendo y PC Box. El conflicto surge por la fabricación y comercialización por parte de PC BOX de unos aparatos que, una vez instalados en las consolas de Nintendo, permiten eludir su sistema de protección y el uso de videojuegos falsificados. Se trata de las homebrews, creadas por PC Box expresamente para ser utilizadas en las consolas de Nintendo y cuyo fin es desactivar las medidas tecnológicas de protección de modo que sea posible la lectura en las consolas de videojuegos de otros fabricantes, así como ficheros MP3, películas y vídeos.

Lo que se plantea al TJUE por parte del tribunal italiano son dos cuestiones. Por un lado, si las medidas tecnológicas de protección instaladas por Nintendo en sus consolas para impedir la utilización de programas, juegos y, en general, contenidos ajenos a esta compañía son conformes a la normativa comunitaria, y, en concreto, si se ciñen al concepto de medida tecnológica eficaz contemplado en el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE. Y, por otro, con arreglo a qué criterios procede valorar el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces.

(i) La primera de las cuestiones no carece de pertinencia, pues las medidas tecnológicas adoptadas por la demandante consisten en un sistema de encriptado instalado tanto en las consolas como en los videojuegos que impide, no sólo la utilización de videojuegos carentes de código, sino de cualquier otro tipo de software destinado a otros fines como pueda ser la lectura de archivos MP3, vídeos o películas. Lo que aduce PC Box, en este sentido, es que tales medidas tecnológicas irían más allá de lo permitido por la Directiva, al excluir cualquier tipo de interoperabilidad entre la consola y otros aparatos que no procedan de la empresa fabricante. El considerando 48 de la Directiva, establece a, estos efectos, que la protección jurídica conferida por la medidas tecnológicas “debe respetar el principio de proporcionalidad y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos de la elusión de la protección técnica”.
Consola Nintendo 3DS AquaOpen
De Evan-Amos
Via Wikimedia Commons

Pues bien, según el TJUE no hay nada en la Directiva 2001/29/CE, aplicable también a los videojuegos, que permita considerar que su artículo 6.3 no se aplique a medidas tecnológicas como las que utiliza Nintendo para sus consolas. El concepto de medida tecnológica eficaz se define de un modo amplio e incluye también la aplicación de sistemas de protección consistentes en la codificación tanto de los soportes físicos de los videojuegos como de las propias consolas de modo que se impida la interoperabilidad con aparatos y dispositivos ajenos al sistema de encriptado.

(ii) En segundo lugar, el tribunal remitente plantea una cuestión relativa a los criterios o parámetros respecto de los cuales haya de medirse el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas, y, en concreto, si es preciso tomar en consideración el destino atribuido por el titular de derechos al producto que encierra el contenido protegido.

A este respecto, establece el Tribunal que, a la luz del citado considerando 48 de la Directiva 2001/29/CE, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta criterios tales como la existencia de otras medidas tecnológicas de eficacia comparable a las adoptadas por la demandante que hubieran provocado una menor interferencia en las actividades de terceros no sujetas a la autorización del titular, los costes de los distintos tipos de medidas, así como otras finalidades de los dispositivos utilizados por la demandada al margen de la elusión de las medidas tecnológicas y la frecuencia con que efectivamente se utilizan por los terceros.

Lo cierto es que de la resolución del TJUE no es posible extraer una conclusión definitiva respecto a si las homebrews fabricadas y comercializadas por PC Box son o no legales, pues se deja en manos del tribunal nacional su valoración a partir de la prueba del uso que efectivamente les den los terceros. Lo que sí es claro es que el concepto de medida tecnológica eficaz recogido en la Directiva 2001/29/CE abarca también aquellas medidas que impiden la interoperabilidad de una consola con otros dispositivos, aparatos y softwares ajenos a la compañía fabricante de la primera.

Por Maico Amorim
vía Wikimedia
Resulta también interesante de esta sentencia el pronunciamiento del TJUE respecto de la calificación jurídica de los videojuegos. Para este Tribunal, los videojuegos son un “material complejo” que incluiría no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros con valor creativo propio, y por lo tanto protegibles en su conjunto como obra intelectual, lo que determinaría la aplicación al videojuego del régimen jurídico establecido en la Directiva 2001/29/CE.





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Inminente aplicación del nuevo Reglamento UE de vigilancia aduanera contra las falsificaciones


El próximo 1 de enero de 2014 se empezará  a aplicar en la UE el nuevo Reglamento nº 608/2013 de vigilancia aduanera en protección de la propiedad industrial e intelectual.

El objetivo de este tipo de medidas en frontera es prevenir la presencia de productos falsificados en el mercado de la UE y adoptar las medidas necesarias para retener las mercancías que infrinjan los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin afectar al comercio de productos legítimos.

Derechos protegidos por el nuevo Reglamento nº 608/2013: marcas, diseños industriales, derechos de autor o derechos afines, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios de protección para medicamentos y para productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales, así como dispositivos para la elusión de medidas tecnológicas de protección de derechos de autor y moldes o matrices para la fabricación de mercancías infractoras. Se excluyen, básicamente, las mercancías no comerciales contenidas en el equipaje personal de los viajeros, las importaciones paralelas y las sobreproducciones no autorizadas.

Se prevé la presentación de solicitudes de intervención en formato electrónico, empleando los formularios que se publicarán en el presente mes de diciembre de 2013.

En vista de las últimas tendencias en la distribución de productos falsificados (las compras por Internet), se establece un nuevo procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías. Se define pequeño envío como el envío efectuado por correo postal o servicios de mensajería que contenga tres o menos unidades o tenga un peso bruto inferior a 2 Kg. Según este procedimiento, las aduanas notificarán la retención del paquete a su destinatario sin contactar con el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial y concederán al primero el plazo de 10 días para consentir su destrucción. Si en ese plazo no se opone a la destrucción, las mercancías serán destruidas.

Asimismo, se establece el procedimiento de destrucción obligatorio (opcional en el antiguo Reglamento) cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que en el plazo de 10 días el titular del derecho haya comunicado a la aduana su convicción de que se ha vulnerado su derecho y solicite la destrucción de los productos, tras haber procedido a la inspección de los mismos, y b) que en el plazo de 10 días el titular de las mercancías haya autorizado la destrucción de los productos o no se haya opuesto expresamente a la misma.

Se establece la posibilidad del levante anticipado de mercancías antes de que concluya el procedimiento judicial en caso de diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores u obtenciones vegetales, siempre que el titular de las mercancías haya aportado una garantía suficiente para proteger los intereses del titular del derecho y que la autoridad judicial competente no haya autorizado ninguna medida cautelar.

La responsabilidad del titular del derecho ante cualquier titular de mercancías que haya sufrido daños se limita a los siguientes supuestos: a) cuando se suspenda el procedimiento por acción u omisión del titular del derecho, b) cuando las muestras no se devuelvan o queden dañadas y c) cuando se compruebe con posterioridad que las mercancías retenidas no vulneran el derecho de propiedad intelectual o industrial.

El titular de la intervención reembolsará los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras u otras partes que actúen en su nombre (por almacenaje, manipulación y destrucción) y asumirá los costes de las traducciones necesarias. Los gastos se podrán repercutir al infractor u otras personas de acuerdo con la Ley nacional.


Confiamos en que el nuevo Reglamento contribuya a una mejor protección de la propiedad industrial e intelectual y al estímulo de la creación, innovación tecnológica y competitividad de las empresas de la UE, evitando perjuicios a los comerciantes respetuosos de las leyes y a la salud y seguridad de los consumidores.



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Los registros de marcas nacionales se mantienen en España


La Oficina Española de Patentes y Marcas ha hecho público recientemente su Memoria de Actividades 2012. Sorprende constatar que pese al empuje de la marca comunitaria y  aunque la situación económica en España ha atravesado por momentos delicados, el número de solicitudes de marca presentados sigue siendo considerable.

En concreto, el número de solicitudes de marcas españolas fue de 44.029 (en sistema multiclase), lo que prácticamente iguala la cifra alcanzada en 2011, cuando el número fue de 44.116. En lo que vamos de ejercicio. la tendencia es similar, con 30.487 solicitudes hasta finales de agosto. Aunque los tiempos en que las solicitudes superaban las ochenta mil (2000) quedan lejos, en estos últimos años se observa una frenada en la caída y un repunte hacia la recuperación.

2009
201
2011
2012
42.437
43.364
44.116
44.029

En ello está quizá influyendo la creciente confianza en el futuro de la economía española (queremos creer) pero también las incógnitas que ha generado la jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso OMEL C-149/11). Según cual sea la perspectiva que se adopte bien podría interpretarse que el uso de una marca comunitaria en un solo Estado de la UE podría no ser suficiente a efectos de una acción de caducidad. Esta sentencia cambia el criterio anterior y puede suscitar un interés en titulares de marcas comunitarias que decidan asegurar su protección mediante la cobertura complementaria a través de marcas nacionales. Lo mismo puede ocurrir respecto a las renovaciones de marcas españolas.

La OEPM también hizo públicos datos sobre delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual. En concreto, la policía española y la guardia civil incautaron casi 9 millones de objetos falsificados cuyo valor se estimaba en más de 694 millones de euros. Hubo 2.348 intervenciones y se detuvieron e imputaron a 2.101 personas. Por sectores, el más perjudicado fue el audiovisual, seguido de la electrónica, maquinaria y juguetes. Como dato positivo, los delitos desminuyeron un 31% respecto al año anterior.

También accesible en inglés en World Trademark Review


Autor: Luis Soriano 

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