Blog de ELZABURU - Propiedad Industrial e Intelectual

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España, el tercer país de la UE de mayor impacto de las falsificaciones en el sector del deporte

España se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la UE con mayor impacto de la falsificación en el sector del deporte con un 15,7% de las ventas, solo por detrás de Lituania y Latvia, superando en más del doble la media de la UE (6,5% de las ventas). Sin embargo, los impactos absolutos de mayor importancia se dan en Francia y España, concentrando ambos países la tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación, que asciende a un total de 492 millones de euros.

Estas son las principales conclusiones que afectan a España del reciente informe “El coste económico de la vulneración de los DPI en losartículos de deporte” del Observatorio Europeo de las Vulneración de losDerechos de Propiedad Intelectual de la OAMI, elaborado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes. De acuerdo con este informe, el consumo total de artículos deportivos en la UE en 2012 se estimó en 7.500 millones de euros, existiendo un total de 4.271 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos dando empleo a 43.000 trabajadores en la UE.

Además de los efectos directos de la falsificación por la pérdida de ventas de las empresas legítimas del sector de artículos deportivos, indirectamente se ven afectados otros sectores económicos con unas pérdidas de 361 millones de euros. Por otro lado, la Administración Pública pierde ingresos por impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) estimados en 150 millones de euros. Los efectos directos e indirectos de la falsificación en este sector provocan una pérdida de ventas en la economía de la UE estimada en unos 850 millones de euros dando lugar a la pérdida de 5.800 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que este informe incluye solamente la fabricación de artículos y equipos de deporte (como palos de golf, raquetas y pelotas de tenis, esquíes, etc) pero excluye las prendas de vestir y el calzado deportivo, hay que deducir que los costes económicos de la falsificación de artículos de deporte son realmente mayores a los que se indican en el informe.


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Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



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Día Mundial Antifalsificación

El próximo 2 de junio se celebra el Día Mundial Antifalsificación en diversos países del mundo. Con este motivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca organizan, por quinto año consecutivo, en colaboración la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una jornada con el objetivo de sensibilizar y concienciar a ciudadanos e Instituciones Públicas sobre los efectos negativos de la fabricación y comercialización de productos falsificados.

En esta ocasión, la jornada se celebra en Vigo. La elección de esta ciudad no es un hecho casual: responde a la operación policial “Cuarzo” contra las falsificaciones, desarrollada a mediados de octubre de 2014 en el mercado de La Piedra de esta ciudad. Pero hay más casualidades: Vigo, y su famoso mercado de venta de falsificaciones, apareció en la lista negra internacional de la falsificación publicada en febrero de 2014 por el representante de comercio del Gobierno de Estados Unidos, indicando, precisamente, la condición de esa ciudad de puerto de escala para muchas líneas de cruceros y que ese mercado “opera bajo la supervisión y control del gobierno municipal”.

La elección de Vigo como ciudad española para celebrar el Día Mundial Antifalsificación no podría resultar más acertada. Con toda seguridad, la celebración de ese Día Mundial servirá, especialmente, para concienciar a los gobernantes locales en la necesidad de sacar a su ciudad de la lista negra mundial de la vergüenza, combatiendo con mayor efectividad este tipo de actividades delictivas.




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Nuevo acuerdo aduanero entre China y la UE. ¿Qué implica para los titulares de marcas?

Mercado de la Seda de Beijing
(de gruntzooki vía Flickr)

China y la Unión Europea han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo en cooperación aduanera cuyo principal objetivo es facilitar los trámites aduaneros a aquellos comerciantes que sean considerados de confianza. Se han firmado a su vez dos nuevas iniciativas que complementan el acuerdo, un nuevo “Marco estratégico para la cooperación aduanera” y un nuevo “Plan de acción UE-China sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”.

La figura del “comerciante de confianza”, también conocido como “Operador económico autorizado”, ha estado presente en la regulación aduanera de la UE desde 2008 y se caracteriza por disfrutar de procedimientos aduaneros simplificados siempre que demuestre que es un operador seguro, fiable y que cumple con la normativa de seguridad. Por lo tanto, los comerciantes de confianza pasan por un número menor de controles aduaneros y disponen de procedimientos más rápidos al entrar y salir del Espacio Económico Europeo (EEE)

China no es el primer país en firmar un acuerdo de este tipo con la UE; existen acuerdos de reconocimiento mutuo ya firmados con países como EE.UU (2012) y Japón (2011), pero la incorporación de China lo ha convertido en el sistema de comercio certificado más aceptado en el mundo, ya que incluye en la actualidad alrededor de 15.000 empresas certificadas como comerciantes seguros (para más información véase la nota de prensa de la Comisión Europea).

Es necesario, sin embargo, resaltar otro punto. China ostenta la triste reputación de ser un país en el que comúnmente se comenten infracciones contra la propiedad intelectual. A pesar de ello, el 1 de mayo de 2014 ha entrado en vigor la nueva Ley de Marcas (para más detalles sobre las modificaciones, consulte la entrada previa en nuestro blog) que presumiblemente reforzará la protección de los titulares de marcas contra infracciones y solicitudes de mala fe. Es pronto aún para saber cómo se llevará a cabo en la práctica, pero la combinación entre la nueva Ley de Marcas y el acuerdo aduanero firmado recientemente son, sin lugar a dudas, buenas noticias para los titulares de derechos.

Nuestra experiencia en China, sin embargo, nos ha demostrado que los titulares  europeos de marcas suelen tener más problemas con los “trademark squattersque con los infractores de derechos de propiedad intelectual. La razón es simple: es una práctica ampliamente establecida entre los propietarios europeos de marcas la fabricación de sus mercancías en China para después venderlas en el mercado europeo, pero sin llevar a cabo el registro de sus marcas en China. Esto puede llevar aparejada una consecuencia: cualquier empresa o particular chino puede acudir a la Oficina de Marcas (SAIC) y registrar la marca europea sin ningún problema ya que el sistema de registro de marcas en China se basa en el principio de  “first-to file”. A continuación, también pueden registrar la marca en la aduana china (GAC) y cuando el dueño de la marca europea intenta mandar a Europa su próximo envío, los productos son detenidos en la aduana por infringir una marca china registrada. Con lo cual, el titular europeo se ve abocado a elegir una de estas dos opciones, igual de negativas: pagar una cantidad importante de dinero para adquirir su propia marca en China o ir a juicio / TRAB.

Una de las rutas más comunes es tratar de cancelar dicho registro por mala fe o falta de uso a partir de los tres primeros años de la inscripción. En este caso, el mayor problema al que se enfrenta el propietario legítimo es demostrar el uso, o al menos, cierta influencia de su marca en el mercado chino. Efectivamente, en la actualidad es casi imposible demostrar el uso de una marca europea en estos casos ya que la fabricación para la exportación no es considerado uso real de la marca (no existe precedente en el sistema judicial de China, por lo que los tribunales chinos no están obligados a seguir las decisiones anteriores, aún cuando las haya) y sólo algunas marcas muy famosas han conseguido ser reconocidas por los tribunales cuando no se habían utilizado en el mercado chino.

Con el fortalecimiento del requisito de buena fe en el registro y en el uso por la nueva Ley de Marcas de China y el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE, los casos mencionados anteriormente deberían disminuir. No sólo por la protección reforzada que ofrece la ley, sino también porque la cooperación aduanera facilitaría la lucha contra los “trademark squatters” mediante el reconocimiento de los comerciantes europeos de confianza en China, un hecho que puede alentar a las empresas de la UE a registrar sus marcas en este país con el fin de estar completamente protegidos. De esta manera, la aduana china podría dedicar muchos más recursos a los comerciantes de alto riesgo y luchar contra las infracciones de manera más eficiente.

A pesar de que la legislación china en materia relacionada con propiedad industrial e intelectual y las actuaciones de las autoridades están mejorando cada día más, debemos ser conscientes de los peligros que aún existen para adaptar nuestra estrategia de propiedad intelectual de acuerdo a ellos. Para el ciudadano corriente en China, los esfuerzos de las autoridades son casi invisibles, lo que demuestra una vez más la magnitud de las infracciones y la enorme cantidad de recursos y tiempo que hay que dedicar a esta lucha. Si el propietario de una marca se dedica a la fabricación o planea usar su marca en el mercado chino, sus derechos deberían ser registrados antes de comenzar cualquier actividad comercial o de otro tipo en China. En caso de que el propietario se encuentre en el mercado chino, es altamente recomendable registrar las marcas tan pronto como sea posible.




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Las mercancías falsificadas en tránsito por la UE tienen sus días contados


Parlamento Europeo
de Cédric Puisney
(vía Wikipedia) 
El Parlamento Europeo el 25 de febrero de 2014 ha aprobado el texto de la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Entre las interesantes disposiciones aprobadas en relación a la legislación de marcas se encuentra una que ha sido largamente demandada por multitud de organizaciones y compañías de diversos sectores de producción y consumo, y es la de eliminar la libertad de tránsito de los productos falsificados por el territorio de la UE, incluso cuando dichos productos van destinados a un país fuera de la Unión. 

Concretamente las medidas que se aprueban son:

1. Que el titular del derecho pueda impedir que se introduzcan productos en territorio de la Unión procedentes de terceros países y que contengan una marca falsificada.

2. Que el titular del derecho pueda emprender las acciones judiciales pertinentes contra los productos falsificados. Entre estas acciones se incluyen, el derecho de solicitar a las autoridades aduaneras nacionales que adopten las medidas necesarias, tales como retención y destrucción de los productos falsificados de conformidad con el nuevo Reglamento aduanero (UE) nº 608/2013.

3. Que el titular del derecho también pueda impedir la importación a la UE, de productos falsificados expedidos en pequeños envíos, especialmente encuadrados en las ventas comerciales a través de Internet.

Los pequeños envíos, tal y como los define el Reglamento (UE) nº 608/2013 de vigilancia aduanera son los paquetes postales que contengan 3 o menos unidades o con un peso bruto inferior a 2 kg.

En el caso de que se adopte la medida anterior respecto a los pequeños envíos, el Parlamento prevé que se informe a las personas o entidades que han encargado los productos del motivo por el que se han adoptado las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor del paquete.

Las disposiciones aprobadas en relación a los pequeños envíos tiene su precedente en la reciente sentencia del TJ en el asunto C-98/13 que se dictó el pasado 6 de febrero de 2014, en la que ya se entendía que, aunque la venta de productos para uso particular se hubiera producido a través de una página web situada en un tercer país fuera de la UE, no se puede privar de la protección que garantiza el Reglamento aduanero al titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, concretamente la de impedir la entrada de la mercancía en el espacio europeo, sin que sea necesario comprobar previamente si la mercancía había sido objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo.

El Parlamento Europeo ha dado un gran paso en la lucha contra las falsificaciones en todos los frentes posibles y no sólo para su territorio.


Autor: Transi Ruiz

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