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Madrileños ante el top manta: datos para la reflexión

Recientemente se ha publicado un estudio sobre la percepción y actitudes acerca de la venta ambulante en Madrid.

El estudio ha sido presentado por SigmaDos el pasado 22 de enero en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) a la que asistió un nutrido grupo de empresarios, representantes de ANDEMA (Asociación de Defensa de la Marca) y representante del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación se ha llevado a cabo tomando en consideración a los viandantes (tanto residentes como turistas) mayores de 18 años y los propios comerciantes.

Como conclusión general, el estudio establece que el top manta produce:

  • una reducción de la demanda en el sector del que se trate, y generando por ello, una caída en los ingresos de las empresas.
  • una reducción en las ventas que se traduce en pérdida de empleo
  • una reducción en la recaudación impositiva.

Desde el punto de vista de la población en general, los datos sobre la extensión del top manta son demoledores: una ¼ parte de los madrileños ha comprado alguna vez en el top manta, y del porcentaje que aún no lo ha hecho, hay un 7,8% que no descarta hacerlo en el futuro.

Los productos más demandados son los bolsos, seguidos por ropa en general y música. El gasto medio por compra asciende a 24,72€.

A la pregunta de ¿por qué compra o ha comprado en el top manta? La respuesta mayoritaria de los madrileños es el precio, dato por otro lado sorprendente, ya que muchos comercios legales ofertan productos similares a los vendidos en el top manta (pero sin marca) con precios muy similares o incluso inferiores a los propios de la venta ilegal.

Por otro lado, es significativo el dato de que la compra en el top manta es la propia de un impulso, ya que 90,5% de los madrileños que han comprado en el top manta, lo han hecho de forma espontánea y sin planificar.

6 de cada 10 madrileños opina que la venta ambulante ilegal es un problema social muy o bastante importante y 7 de cada 10 opinan que la venta ambulante ilegal es perjudicial para la economía social.

También 6 de cada 10 madrileños opina que el Ayuntamiento es el responsable de la gestión y solución del problema. Y 5 de cada 10 cree que afecta al orden y seguridad de la ciudad.

Con respecto a los comerciantes, se evidencia aún más la preocupación por el fenómeno del top manta, siendo opinión mayoritaria de este sector que la venta ambulante irregular afecta directamente sobre su negocio ya que supone una competencia directa, además de otros problemas derivados de la inseguridad y la ocupación de la vía pública.

Según la UE, el comercio no declarado supone un coste económico para Europa en su conjunto de 31.412 millones de euros en términos de pérdidas en ventas y de 396.629 empleos. En España, el coste se traduce en una reducción de ventas de 4.630 millones de euros y la pérdida de 53.203 puestos de trabajo.

Los datos sin duda merecen una reflexión profunda por parte de todos los operadores económicos, sociales y políticos.

Cómo abordar el fenómeno de la venta ilegal, no puede ser sólo policial (que sin duda debe mantenerse), sino que tenemos por delante un camino que pasa, sin lugar a duda, por la concienciación y educación de todos los madrileños.

Autora: Tránsito Ruiz

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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (VII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

  Falsificación y piratería en la moda.

Desde hace ya algunos años, asistimos a la integración de las economías nacionales (incluida la española) en una única economía mundial. Las magníficas oportunidades que se abren para productores, empresas y consumidores llevan aparejadas, en muchas ocasiones, que grupos criminales que operan internacionalmente, aprovechen la flexibilidad del mercado para introducir productos ilícitos en puntos geográficos distantes.

La considerable extensión de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual en España obedece, especialmente, a las bajas penas con los que tradicionalmente venían siendo castigados estos delitos y a la práctica ausencia de concienciación social, incluso, judicial de los mismos.

Como otros sectores de producción y consumo, el mundo de la moda tampoco es ajeno a la lacra de la falsificación y la piratería.

Hay un dato especialmente preocupante sobre las falsificaciones de moda, ya que en el año 2015, el 46% del total de los productos retenidos por las aduanas en la UE, fueron artículos relacionados con la moda, concretamente, zapatillas deportivas, bolsos, carteras, relojes y ropa.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en el año 2016 en España cerca de 800.000 productos relacionados con la moda, concretamente, calzado, joyas, relojería, marroquinería, complementos, perfumería cosméticos y textil.

La venta online ha supuesto una novedosa forma de distribución y captación de consumidores en el mundo de la moda pero los infractores han aprovechado el anonimato de la Red, la multitud de potenciales compradores y el carácter transnacional de Internet, para realizar sus negocios criminales.

Con una simple búsqueda en Internet del término «bolsos falsos» seguido del nombre de cualquier marca de lujo, se obtienen cientos de miles de resultados.

Lo anterior pone de manifiesto la enorme extensión de la piratería y la falsificación en el sector de la moda relacionada con el comercio online, lo que supone, sin duda, un verdadero desafío para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los titulares de las marcas, que sufren un impacto económico real con la disminución de ingresos, pérdida de empleo y con el daño al prestigio e imagen de la marca, entre otros.

Pero no todo son noticias negativas en este campo. Se han producido sucesivas reformas legislativas en España que han incorporado importantes cambios en la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que servirán positivamente en la lucha contra las falsificaciones.

Como ejemplo más significativo de las últimas reformas, se encuentra el esperado escalonamiento de las penas según la gravedad de las conductas realizadas por los infractores (importación, distribución al mayor, comercialización ocasional, etc.), que nos encamina a una perspectiva más justa y proporcionada de los delitos contra la propiedad industrial.

  Autora: Tránsito Ruiz

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Alerta de la OCDE a los gobiernos en el informe titulado “Pautas para luchar contra el comercio ilícito”

El 1 de marzo de 2018, la OCDE publicó el informe “Pautas para luchar contra el Comercio Ilícito”.

En este informe, la OCDE ha introducido una nueva fase en sus esfuerzos por ayudar a los países a luchar contra la piratería y así proteger al mercado, a los consumidores y a los empresarios. Las razones de haber incrementado estos esfuerzos son, entre otros, las condenas inconsistentes, la falta de control en pequeños envíos y la falta de información y coordinación entre las fronteras en las zonas de comercio libre.

Esto significa que las redes criminales trafican, cada año, con bienes falsificados valorados en millones de dólares. Este informe de la OCDE muestra que, de media, el 2´5% de los bienes objeto de comercio internacional son falsos, aumentando la cifra al 7% en el caso de productos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las víctimas de estas prácticas fraudulentas no son sólo los titulares de las marcas o las patentes, sino también los consumidores y los propios gobiernos. En palabras del Director de Gobernanza Pública de la OCDE: “El comercio de productos falsificados y prohibidos puede ser peligroso para los consumidores y costoso para las empresas y los gobiernos. Esto afecta a las industrias de todos los países de la OCDE y, cada vez más, a las de los mercados emergentes. Abordar las brechas políticas puede comenzar a aumentar los riesgos y disminuir las recompensas del comercio ilícito para los delincuentes”.

El estudio de la OCDE muestra como las redes criminales evitan las detenciones y el cumplimiento normativo “gracias a” la falta de comunicación y de coordinación transfronteriza.

El informe examina también como el uso de servicio postal y de mensajería y las ventas por internet han incrementado, haciendo más fácil el tráfico ilícito en pequeños envíos.

Se trata de una importante advertencia a los gobiernos sobre la necesidad de cooperar entre sí en la lucha contra el comercio internacional de mercancías falsificadas.

 

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La Comisión Europea propone nuevas medidas contra los contenidos ilícitos en línea

La difusión de contenidos ilícitos en línea menoscaba la confianza de los ciudadanos en internet y puede plantear amenazas para la seguridad. Aunque en Europa se han realizado progresos en lo referente a la protección de los ciudadanos en la red, las plataformas tienen que redoblar sus esfuerzos para retirar de la web los contenidos ilícitos con mayor rapidez y de manera más eficaz. Las medidas voluntarias del sector, promovidas por la Comisión, ya han dado algunos frutos: el Foro de Internet de la UE sobre los contenidos terroristas en línea, el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en línea y el Memorándum de acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas. Sin embargo, aún queda margen para una actuación más eficaz.

Antecedentes:

En la Comunicación de septiembre de 2017 sobre la lucha contra el contenido ilícito en línea, la Comisión Europea prometió hacer un seguimiento de los progresos realizados y evaluar si se requieren medidas adicionales, incluidas eventuales medidas legislativas que complementen el actual marco regulador, para garantizar que los contenidos ilícitos en línea se detectan y retiran de manera rápida y proactiva.

Novedad: Recomendación de la Comisión de 1 de marzo de 2018

Con carácter previo a determinar si será necesaria una actuación legislativa, la Comisión acaba de publicar la Recomendación de 1 de marzo de 2018 en esta materia. Se trata de un conjunto de medidas operativas, acompañadas de las salvaguardias correspondientes, que han de adoptar las empresas y los Estados miembros. Las medidas recomendadas atañen a todas las formas de contenidos ilícitos: los contenidos terroristas,  la incitación al odio y la violencia, el material relacionado con abusos sexuales a menores, los productos falsificados o la violación de derechos de autor.

Básicamente, se refuerzan los procedimientos para una mayor eficacia en la retirada de contenidos ilícitos con las siguientes medidas operativas:

  1. Procedimientos de «notificación y acción» más claros. Las empresas deben fijar unas normas sencillas y transparentes para la notificación de los contenidos ilícitos, incluyendo procedimientos acelerados para los «alertadores fiables». A fin de evitar que se retiren de forma accidental contenidos que no sean ilícitos, se informará a los proveedores de contenidos de las decisiones de retirada, quienes podrán impugnar las decisiones.
  2. Instrumentos más eficaces y tecnologías proactivas. Las empresas deberán diseñar unos sistemas de notificación claros para los usuarios. Habrán de contar con instrumentos proactivos para detectar y retirar los contenidos ilícitos, en particular en el caso de los contenidos terroristas y los contenidos que no necesitan contextualización para considerarse ilícitos, como el material relacionado con abusos sexuales a menores o las mercancías falsificadas.
  3. Salvaguardias más sólidas para garantizar los derechos fundamentales. Para garantizar que las retiradas de contenidos estén bien fundadas, las empresas deben poner en marcha salvaguardias eficaces y apropiadas, en particular la supervisión y la verificación por humanos, respetando en todo momento los derechos fundamentales, la libertad de expresión y las normas relativas a la protección de los datos.
  4. Prestar especial atención a las pequeñas empresas. El sector debe, a través de acuerdos voluntarios, cooperar e intercambiar experiencias, mejores prácticas y soluciones tecnológicas, sobre todo instrumentos para la detección automática. Esta responsabilidad compartida beneficiará especialmente a las plataformas de menor tamaño, con recursos y conocimientos técnicos más limitados.
  5. Cooperación más estrecha con las autoridades. Si hay pruebas que apuntan a un delito grave o se sospecha de que hay contenidos ilícitos que suponen una amenaza para la vida o la seguridad, las empresas deben informar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad. Se invita a los Estados miembros a que establezcan las obligaciones jurídicas apropiadas.

Próximos pasos:

La Comisión hará un seguimiento de las medidas que se adopten en cumplimiento de esta Recomendación, determinando si se requieren medidas suplementarias, incluyendo las legislativas.

En estrecha colaboración con las partes interesadas, la Comisión proseguirá su labor de análisis con la puesta en marcha de una consulta pública sobre la cuestión (cuyo plazo finaliza el 30 de marzo de 2018). Asimismo, se pedirá a los Estados miembros y las empresas que faciliten la información correspondiente sobre los contenidos terroristas (en el plazo de 3 meses) y sobre otros contenidos ilícitos (en el plazo de 6 meses).

Habrá que estar, por tanto, preparados para colaborar con la Comisión en relación a los contenidos ilícitos en materia de derecho de autor y propiedad industrial.

Autor: Juan José Caselles Fornes

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