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Un tribunal ordena a varias compañías de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a internet de ciertas páginas web de enlaces

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona enjuicia una acción dirigida por una serie de productoras audiovisuales integrantes de la Motion Picture Association of America (MPAA) contra varias empresas de telecomunicaciones proveedoras de acceso a internet con el objeto de que éstas adopten medidas dirigidas a cortar el acceso a internet a determinados sujetos que están llevando a cabo actos de puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales protegidos sin la preceptiva autorización de sus titulares.

A través de las páginas web HDFULL.TV y REPELIS.TV es posible acceder en  streaming a una multitud de obras cinametográficas y series de televisión que han sido subidos a internet sin la autorización de sus titulares. Ambas páginas integran contenidos de vídeo procedentes de empresas extrenas, y utilizan el servicio de una empresa llamada Cloudfare para ocultar la ubicación concreta de las webs que utilizan. Ambas páginas ordenan, clasifican y publicitan el contenido que ofrecen a través de una interfaz que no sólo permite a los usuarios buscar el contenido que desean visualizar, sino que también se les aconseja y se les sugieren determinados contenidos. Ambas páginas se nutren de publicidad de terceros.

El Juez considera que la actividad de puesta a disposición del público a través de enlaces que tiene lugar en las páginas web HDFULL y REPELIS vulnera los derechos de propiedad intellectual de las productoras demandantes. Considera que las páginas constituyen bases de datos de enlaces a contenidos ilícitos que además no se limitan a “almacenar o enlistar” enlaces, sino que inducen a los usuarios a la visualización de los contenidos al clasificarlos y presentarlos de modo atractivo, sugiriendo la concreta visualización de algunos de ellos. Son circunstancias relevantes y significativas de la ilicitud de la conducta el hecho de que esta actividad se lleve a cabo con ánimo de lucro (las páginas en cuestión se nutren de publicidad), así como la ocultación voluntaria de la titularidad de los nombres de dominio.

Lo interesante de esta sentencia es que la acción se dirige no contra el titular de la plataforma o de la web de enlaces, sino contra las compañías de comunicación proveedoras del acceso a internet. El ejercicio de este tipo de acciones se ha hecho posible gracias a la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que entre otras cuestiones tiene por objeto “el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos”.

En lo que se refiere a la posibilidad de dirigir la acción contra los proveedores de acceso (legitimación pasiva), el Juez considera (i) que las demandadas constituyen intermediarios de la sociedad de la información tal y como se define el término en la Ley 34/2002, (ii) que los artículos 138 y 139 .1 h) TRLPI prevén de forma expresa la legitimación pasiva de estos sujetos; (iii) que tanto la jurisprudencia del TJUE (asunto Scarlet Extended) como algunas resoluciones recientes de los tribunales españoles reconocen la legitimación pasiva de los proveedores de acceso a internet en acciones de cesación por infracción de derechos de propiedad intelectual, y (iv) que tales medidas pueden solicitarse no sólo frente al proveedor de acceso al titular de las páginas donde se alojan los contenidos infractores, sino también frente a los “intermediarios que transmiten” por red la infracción.

Por último, respecto de la proporcionalidad o no de las medidas, lo que sostiene el Juez es que cualquier otra medida menos contundente (por ejemplo, el bloqueo parcial) no resultaría eficaz ni adecuada para conseguir el objetivo que se persigue, que es imposibilitar el acceso a las webs infractoras, cuyos titulares no han podido ser identificados ni localizados.

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Con la Iglesia han topado … los ciberpiratas!

The 10 commandments
de John Taylor
vía Flickr
¿Hace falta decir que cualquier mensaje que contribuya a reforzar la sensibilidad social hacia la lucha contra la piratería comercial es positivo, necesario y urgente?  La Conferencia Episcopal Española (CEMCS) acaba de hacer público un documento, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que dista mucho de resultar una anécdota.

Bajo el título “La piratería en el cine, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, el documento examina el fenómeno de la defraudación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de los mandamientos.

La Iglesia empieza por reconocer el valor cultural del mundo del cine y la importancia de la labor creativa que el medio despliega. Para la Iglesia el cine es una industria cultural “que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad”.

A continuación la Comisión Episcopal denuncia que la piratería en el cine recibe frecuentemente una consideración “relativista y utilitaria”. En su lugar, la Iglesia propone una aproximación al problema desde una “conciencia moral” que ponga en valor la dimensión social de los bienes intelectuales y culturales.

Es lógico que desde este punto de vista moral, la piratería no pueda calificarse sino como un pecado contra el 7º mandamiento (“no robarás”). Y no por obvia esta proclamación deja de ser importante. Pero no es la única sorpresa que nos regala este documento.

Para los obispos, la piratería inflige un daño al bien común de la sociedad (pues la industria del cine se resiente y no puede desarrollar su labor creativa) y la piratería daña además “al ser humano en su esencial dignidad” (puesto que es una forma de actuar ligada al consumo por el consumo).

En ocasiones Internet ha sido contemplada como una verdadera “religión”, con apóstoles y mártires de una supuesta “causa digital”. Pues bien que se sepa bien claro que para la Religión Católica, que pasa por ser la verdadera, los desvíos en el uso de la red –como es el fenómeno de la piratería- atentan contra los mandamientos y constituyen pecado.

A más de las sanciones que el ordenamiento arbitra para este tipo de delincuencia, los piratas se exponen a partir de ahora a una consecuencia más severa, por su duración: la mismísima condena eterna a las penas del infierno.



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Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: es necesario preservar nuestro patrimonio audiovisual para generaciones futuras



Este 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, bajo el lema “Preservar nuestro Patrimonio Audiovisual para las futuras generaciones”.

Elegida en 2005 para conmemorar la aprobación de la Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento en 1980, esta fecha, como todos los proclamados días mundiales, no tiene otro objetivo que concienciar al público sobre la necesidad de proteger, en este caso, la memoria misma de las artes, usos, costumbres, conflictos y vida de los siglos XX y XXI.

En efecto, resulta difícil echar la vista a atrás y no analizar nuestra historia más inmediata en clave de documentos audiovisuales, como películas, programas de radio y televisión, grabaciones de audio y vídeo. Y es que si bien estos elementos no sustituyen los medios escritos, nos encontramos en un momento en el coexisten e incluso sobrepasan en valor y en impacto a los medios tradicionales.

Visionarios como Alan Lomax, etnomusicólogo estadounidense, y uno de los mayores recopiladores de canciones populares del siglo XX en el mundo, sentaron las bases para la transformación del patrimonio oral e inmaterial en grabaciones, asegurando la pervivencia de expresiones características -de otra forma- condenadas a desvanecerse. Entendieron el valor de un medio que rebasaba las fronteras nacionales, lingüísticas y educativas, al tiempo que estimulaba de forma directa los sentidos que nos conectan al mundo: la vista y el oído.

En un momento en el que la caducidad de soportes, límites y sensibilidades están a la orden del día, los titulares de derechos, archivistas, las instituciones, las administraciones, las entidades privadas que ven en el patrocinio una oportunidad, deben ser conscientes de su papel clave en la preservación y difusión de este patrimonio audiovisual, y adoptar un papel activo en su puesta en valor.

A nivel nacional, no deja de ser llamativo que resulte imposible encontrar una recopilación de las obras de Luis Buñuel, pese a los esfuerzos realizados por el necesario y brillante Centro Buñuel de Calanda. Asimismo, Segundo de Chomón, verdadero genio del cine español, a día de hoy sigue siendo un verdadero desconocido para el público general, pese a la labor de rescate de su obra llevada a cabo por la Filmoteca de Catalunya.

Así las cosas, aún reciente el descubrimiento de la obra prima de Orson Welles en un almacén del norte de Italia- así como su rápida restauración y estreno en cines- el lema escogido para 2013 resulta –cuando menos- adecuado.

En el fondo, lo que está en juego es, ni más ni menos, la preservación de nuestra memoria e identidad en el tiempo.

Umberto Eco, en su ensayo “Hacia una nueva Edad Media” (1972), objeto de recopilación en el libro “La estrategia de la ilusión” publicado en Editorial Debolsillo, elaboraba un fino paralelismo entre aquella era y la actual. Tras analizar cómo en ambas épocas nos encontramos ante el imperio de lo gráfico o visual a la hora de transmitir a las clases populares la cultura, concluía que

“Mientras Fellini y Antonioni experimentan sus Infiernos y Pasolini sus Decamerones (y el Orlando de Marconi no es exactamente una fiesta renacentista, sino un misterio medieval representado en la plaza para el pueblo llano) hay quien intenta desesperadamente salvar la cultura antigua, creyéndose investido de un mandato intelectual, y se acumulan las enciclopedias, los digestos, los almacenes electrónicos de la información con los que Vacca contaba para transmitir a la posteridad un tesoro de saber que corre el riesgo de disolverse en catástrofe”.

En el caso que nos ocupa, la necesidad de preservar y transmitir a la posteridad nuestro legado audiovisual responde no sólo a un mandato intelectual sino, sobre todo, humano.

Esperemos que pasada esta nueva Edad Media, como entonces, nos encontremos en el despertar de un Renacimiento 3.0, que conserve el brillo de nuestro tiempo como un espejo dentro de un espejo.


Autora: Alba Mª López

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La retransmisión de obras a través de Internet (“Live streaming”) por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal Justicia de 7 de marzo de 2013 (C-607/11).


1. Hechos. Las demandantes en el presente litigio son varias cadenas de televisión británicas que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones y sobre muchos de los contenidos incluidos en las mismas. La demandada, -TVC-, es una entidad que se dedica a ofrecer a través de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto, incluidas las de las demandantes. La peculiaridad del servicio de TVC es que únicamente se ofrece a aquellos usuarios que previamente disponen de una licencia de televisión válida para acceder a esos contenidos. Además, el sistema de puesta a disposición del público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. Este servicio es financiado a través de publicidad que se muestra por inserción en el ordenador del usuario, respetando en todo caso la publicidad previamente insertada originariamente por las cadenas de televisión.

Las demandantes ejercieron una acción contra TVC ante la High Court of Justice por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones, concretamente, por llevar realizar actos de comunicación al público prohibidos por el artículo 20 de la Copyright, Designs and Patents Act de 1988.

En esta tesitura, la High Court of Justice plantea al TJUE una serie de cuestiones al TJUE, dirigidas a dilucidar si el concepto de “comunicación al público” del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE abarca la difusión a través de Internet de emisiones de radiodifusión a personas del público que habrían tenido derecho a acceder a las mismas utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.


2. Pronunciamientos. Según el TJUE, tal y como se deduce del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2011/29/CE, así como de los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, el derecho de comunicación al público ha de entenderse en un sentido amplio, de modo que comprenda todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar de la comunicación. Como quiera que el derecho de comunicación al público no es susceptible de agotamiento, cada uno de estos actos ha de ser objeto de una autorización individualizada.

La puesta a disposición del público a través de Internet de emisiones de televisión terrestre tiene lugar por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, y, por consiguiente, se trata de un nuevo acto de comunicación que debe ser autorizado por los titulares de derechos.

En lo que se refiere al concepto de público, el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. El hecho de que en el presente supuesto los destinatarios potenciales accedan a las obras a través de una conexión individualizada, no impide que un gran número de personas pueda tener acceso a la misma, pues es preciso tener en cuenta el efecto cumulativo de la puesta a disposición. Resulta indiferente, también, que el público al que va dirigido la retransmisión no sea un público nuevo, puesto que se trata de un acto de comunicación llevado a cabo por diferentes medios, y, por tanto, nuevo.

3. Comentario. Esta sentencia se suma a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJUE en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE (cfr. entre otras las SSTJUE de 7 de diciembre de 2006; C‑306/05, 4 de octubre de 2011; C-403/08, y 13 de octubre de 2011; C-431/09). Una vez más, el TJUE pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público.



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La utilización de fragmentos de grabaciones audiovisuales en formatos televisivos de collage o zapping no quedan amparados por el límite de cita. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2012


1. Hechos. La presente sentencia pone fin al litigio surgido hace ya más de cinco años entre Telecinco y La Sexta por el supuesto uso inconsentido de secuencias audiovisuales en los programas de esta última.

 Los hechos se remontan a comienzos del 2006, cuando la cadena de televisión La Sexta comenzó a emitir en abierto el programa “Sé lo que hicisteis”, un formato televisivo caracterizado por la utilización de fragmentos de programas de otras cadenas, -fundamentalmente programas del corazón-, con fines humorísticos, sarcásticos, e incluso ridiculizantes. 

Telecinco ejercitó sus derechos de propiedad intelectual ante los Tribunales, obteniendo pronunciamientos estimatorios tanto en primera instancia como en apelación. Coincidían ambos órganos al afirmar que la emisión de este programa constituía una actividad vulneradora de los derechos de Telecinco que no quedaba amparada por límite alguno a la propiedad intelectual. 

Frente a tales pronunciamientos la demandada interpone ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. 


2. Pronunciamientos. El recurso extraordinario por infracción procesal tiene como único motivo la infracción del artículo 219.3 LEC. La sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por la Audiencia, condenaba a La Sexta al pago de la indemnización de los daños y perjuicios, difiriendo su cuantificación a un posterior procedimiento declarativo. Según la recurrente, este pronunciamiento infringe lo establecido en el apartado 3 del artículo 219 de la LEC, que excluiría la posibilidad de diferir a ejecución de sentencia la cuantificación de los daños cuando no es ése el único pronunciamiento pretendido en el suplico.  

Pues bien, según el Alto Tribunal, una interpretación conforme al espíritu de la Ley pasa por entender que es posible tal diferimiento cuando el resto de pretensiones que se acumulan a la indemnizatoria han de entenderse implícitamente ejercitadas, tal es la fundamental y previa de que se califique la conducta como ilícita. De lo contrario, un excesivo rigor en la aplicación del precepto en cuestión tendría como consecuencia privar de indemnización a los perjudicados, afectando gravemente a su derecho a la tutela judicial efectiva. 

En lo que se refiere al recurso de casación, el pronunciamiento del TS está encaminado a dilucidar si la conducta de los demandados tiene o no cabida en el límite de cita y reseñas y revistas de prensa recogido en el artículo 32.1 TRLPI. En este sentido, el Tribunal afirma que la utilización de secuencias ajenas en el programa de la demandada no queda amparado por tal límite, por cuanto que no se cumplen sus principales exigencias. 

En primer lugar, se trata de un programa de entretenimiento, sin una finalidad docente, de investigación o, al menos, cultural. Además, la utilización de las imágenes ajenas no se realiza “en la medida justificada por el fin”, sino que se trata de una práctica recurrente e indiscriminada. Tampoco constituye una reseña o una revista de prensa, pues carece el programa de finalidad informativa. Ni siquiera puede considerarse que se trata de una actividad encuadrada dentro del fenómenos conocido como “press clipping” (art. 32.1 in fine), dado que tal género es exclusivo de la prensa escrita. En definitiva, la conducta de la demandada constituye una infracción de los derechos de reproducción y comunicación de la demandante. 

3. Comentario. Esta sentencia resulta doblemente interesante, tanto en lo que se refiere a sus pronunciamientos en materia procesal como en lo relativo a los aspectos sustantivos. 

La posibilidad de diferir la cuantificación de los daños a ejecución de sentencia es algo que ya había sido anunciado con anterioridad por el alto Tribunal entre otras, por la sentencia de 16 de enero de 2012. Sin embargo, con este pronunciamiento, queda claro que el principio de que las sentencias deben ser líquidas ha de ser matizado en ocasiones (fundamentalmente cuando por causas ajenas a los perjudicados no es posible la cuantificación de la indemnización en el curso del proceso) en aras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

En lo que al pronunciamiento sobre el fondo se refiere, la interpretación del límite del artículo 32.1 TRLPI, además de ser ajustada al tenor literal de la Ley, resulta ciertamente acorde con la finalidad y espíritu del sistema de límites establecido por el legislador. En efecto, uno de los motivos que sustenta la decisión del Tribunal es el de que la conducta de la demandada, desde el momento en que persigue un mayor éxito de audiencia en el mismo mercado en el que concurre con los programas de la demandante, es susceptible de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas. 

Cabe preguntarse, no obstante, cuál hubiera sido la decisión del Tribunal si la conducta de la recurrente hubiese sido analizada desde el punto de vista de la parodia…



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