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Marcas en Iraq: re-solicitud de marcas de principal interés

Un día más desde que tengo uso de razón, Iraq (oficialmente República de Iraq) vuelve a convertirse en noticia internacional. Estados Unidos, por primera vez desde que se emprendiera la guerra contra el Estado Islámico, ha iniciado la retirada de tropas del país.

Me he detenido un instante en la noticia -que pasa casi desapercibida entre la densidad política, el temporal de nieve en España, y otras borrascas y chubascos varios- para reflexionar sobre el alcance y los matices inimaginables de un  contexto de crisis que, por diferentes motivos, dura desde hace décadas.

Aún siento el impacto que me produjo, a finales de los años 90, la noticia de que Estados Unidos bombardearía Iraq, siendo yo prácticamente una niña. En aquel momento no era capaz de comprender qué sucedería ni qué alcance tendría. Creo que tampoco sería capaz 20 años después. Ni siquiera logro entender con todos los matices las condiciones en las que se debe ejercer nuestra profesión en un entorno semejante. Los conflictos afectan a todos los ámbitos de la vida, y por ello, aunque pueda resultar insignificante, también a la Propiedad Industrial, a las marcas, a las instituciones y organismos gubernamentales que las administran, a los funcionarios y profesionales locales, a titulares y terceros interesados, incluso a las comunicaciones, servicios postales y tecnología y a los expedientes físicos que desaparecen o se destruyen.

No me cuesta imaginar un contexto en el que rigen otras prioridades. Por eso, personalmente estoy empezando a encontrar una justificación al hecho de que la Oficina de Marcas Iraquí haya decidido llevar a cabo una suerte de tabla rasa con algunos expedientes de marca, según hemos conocido estos días.

Interpreto que en un intento de renacimiento tras el desastre, entre las medidas y enmiendas que ha ido introduciendo la Oficina de Marcas Iraquí, se ha puesto en práctica un nuevo procedimiento de registro en el que se ha invertido el orden de algunos de los principales hitos procesales. Ahora, las solicitudes de marca quedan supeditadas al resultado positivo de un examen previo tras el cual se considerarán depositadas oficialmente, para pasar después a ser publicadas y registradas.

Esta medida no tendría una gran relevancia en nuestra profesión, de no ser porque ha ido acompañada de la decisión de suspender aquellas solicitudes de marca que hubieran sido depositadas bajo el amparo de la antigua ley y antigua práctica. A los titulares interesados se les da, como única opción, la re-solicitud de sus marcas con la preferencia de poder preservar la fecha de prioridad de la solicitud más antigua durante el procedimiento de registro de la nueva solicitud.

La reactivación de los procedimientos suspendidos parece verdaderamente improbable. Y esta improbabilidad parece cobrar sentido tras haber conocido estos días que, el 29 de enero de 2018, la Oficina de Marcas de Iraq ha comenzado a requerir oficialmente a los titulares de marcas suspendidas la re-solicitud de sus derechos a riesgo de resolver su cancelación.

Si bien hay que tomar esta noticia con todas las cautelas del contexto expresado, pues existen también opiniones e informaciones discordantes, lo que parece conveniente es precisar los intereses reales en Iraq y, por prudencia, re-solicitar aquellos registros que se consideren fundamentales.

Autora: Cristina Arroyo
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Venezuela: se recomienda abonar los pagos de tasas oficiales relativos a marcas con suficiente antelación a los vencimientos

En Venezuela, como consecuencia de la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal (art. 6 del Decreto nº 1.398) del año 2015, se ha producido un importante incremento en las tasas oficiales correspondientes a trámites de derechos ya registrados.

La Reforma también ha complicado sobremanera la gestión del pago de las tasas de registro, renovación e inscripción de cambios de titularidad, domicilios y licencias, en materia de marcas.

La experiencia nos ha demostrado que las gestiones en Venezuela deben anticiparse lo máximo posible a los vencimientos, pues el pago de las tasas debe quedar transferido a la cuenta del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) y una vez realizado el depósito efectivo, los comprobantes de dichas transferencias deben recibir el sello oficial. No es infrecuente encontrarse con obstáculos burocráticos extraordinarios que demoren las actuaciones.

Además, recientemente, el Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones económicas a Venezuela que también tienen un efecto en materia marcaria. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en dólares a cuentas venezolanas, lo cual puede producir importantes retrasos en la materialización de los pagos. Estos obstáculos pueden tener importantes consecuencias para los derechos de marca. Tomando como ejemplo el procedimiento de renovación para el que la legislación venezolana no prevé periodo de gracia para extender el plazo de vencimiento, el pago de la tasa oficial – que para una marca en una clase asciende actualmente a 3.000 USD -, debe haberse acreditado convenientemente ante el SAPI antes de la fecha de expiración de la marca con el fin de evitar que el organismo declare su abandono.

Conviene tener presente, por tanto, que en Venezuela, en aquellos trámites que conlleven el pago de una tasa afectada por el art. 6 del Decreto nº 1.398, es necesario actuar ágilmente y con suficiente antelación a los vencimientos.

Autora: Cristina Arroyo
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La falsificación de marcas afecta a seis millones de puestos de trabajo en España

Crónica del desayuno de trabajo sobre falsificación de marcas en Internet, organizado por Elzaburu.

La falsificación de marcas es un fenómeno creciente que se ha fortalecido con el avance tecnológico. Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual no causan un perjuicio privado, sino que afectan a toda la sociedad, algo reseñado por la firma Elzaburu, que en su defensa por la innovación empresarial, organizó recientemente la jornada de trabajo ‘Tendencias contra la falsificación de marcas a través de Internet’. Esta Mesa Redonda, que encuadró la realidad actual acerca de este fenómeno y esbozó los campos de actuación para atajarlo, estuvo moderada por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, perteneciente a la firma, que presentó el libro ‘Derecho de marcas y Proceso penal’, una obra que tiene como objetivo servir como referente en la materia.

Según datos recopilados en el libro, las empresas que usan intensivamente los derechos de propiedad industrial representan en la Unión Europea (UE) más de 25% del empleo, un 33% de la riqueza generada y, sólo en España, afectan a más de seis millones de puestos de trabajo. La falsificación de marcas se realiza a nivel multinacional en todo tipo de productos de uso diario, “incluso medicamentos, alimentos o prótesis, lo que constituye además un riesgo para la salud pública”, explicó Juan José Caselles. “En la lucha contra este problema nos encontramos con grandes barreras como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito” añadió.

Para José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marcas), el de las falsificaciones “es un negocio creciente del que no manejamos cifras exactas, pero cerca del 20% de las réplicas se venden online”, aceptando que “los tiempos de Internet y los de la Justicia son muy distintos”. Además, expuso que no es un problema que pueda resolverse en cada país, sino que se necesita el apoyo de la Comisión Europea (CE) para abordarlo, ya que los delitos se cometen de forma transnacional o multinacional. “La buena noticia es que parece que las plataformas de comercialización se empiezan a mover”, añadió.

Nuria Gené, la directora del Bureau du Champagne en España (CIVC), explicó de qué manera afecta la piratería a su negocio, debido a la frecuencia en la que se usa la denominación de origen del Champagne para todo tipo de comercios y productos, especialmente en la venta de falsificaciones de botellas. La amenaza para su negocio en España, noveno mercado con 4 millones de botellas en 2016, y en otros países, ha alcanzado tal gravedad que cerca del 40% de los empleados del Bureau se encargan ya de luchar contra la piratería.

Luis Manuel Vallés Causada, Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia, dijo que las colaboraciones con plataformas de otros países son cada vez más frecuentes ante este problema. “Intentamos hacer el máximo daño financiero a estas redes para que no puedan recuperarse y poder frenar así su actuación”, explicó.

“Todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”, según palabras de Manuel García Torres, Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial (UCDEV) en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. La falsificación comporta consecuencias dañinas para la sociedad, como riesgo a la salud pública, desprotección del consumidor, economía sumergida, contrabando, corrupción, evasión fiscal, blanqueo de capitales o financiación ilegal de otras actividades criminales. “Tenemos constancia de que en países como Bulgaria, la falsificación se ha usado incluso para apoyar económicamente al Estado Islámico”, explicó.

 “Internet es un reflejo de la realidad: al igual que hoy se ve el top manta como algo normal y cotidiano, es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”, de acuerdo a Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, quien explicó que “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opaco y otros como las criptomonedas favorecen la venta online de estas réplicas” y que “el problema no es tanto normativo, sino de cumplimiento: los supervisores no están trabajando para frenar el problema”.

Como representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, Mª Pilar Rodríguez calificó este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”. Además, subrayó que la legislación del Tribunal de Justicia de la UE, que no permite conservar los datos de tráfico a favor de la libertad de los ciudadanos, pone trabas adicionales que dificultan la investigación. “Por fortuna, en el Ministerio ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de crear un Fiscal de sala de propiedad intelectual para evitar el alto número de problemas que se encuentran las marcas en la tramitación de cada denuncia”, concluyó la fiscal.

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Filipinas, nueva declaración de uso actual para mantener los derechos de marca

En Filipinas se ha producido una importante novedad legislativa que atañe al mantenimiento de los derechos de marca. El cambio consiste en la exigencia de una nueva Declaración de Uso Actual (en adelante DAU) en esta jurisdicción. The Intellectual Property Office of the Phillipines (IPO) así lo ha establecido en la Circular No.17-010 (Reglamento de Marcas de 2017) en vigor desde el pasado 1 de agosto de 2017.

Aparentemente, el cambio trae causa de la necesaria adecuación de la legislación filipina de marcas a las disposiciones del Protocolo de Madrid, aunque también podrían existir otro tipo de motivos que persiguieran restringir la obtención en exclusiva de marcas de cobertura o incluso el apercibimiento de una nueva tasa. No es nuestro cometido analizar en estas líneas los porqués de la novedad, sino exponer en la manera más sencilla posible en qué consisten tales cambios.

Hasta ahora, para conservar los derechos de marca en Filipinas era preciso acreditar su uso aportando una DAU y pruebas del mismo. Bajo la nueva Ley de Marcas, la acreditación del uso se requería en momentos diferentes de la vida de la marca:

  • En el tercer aniversario desde la fecha de la solicitud de la marca,
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de registro de la marca y
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de renovación de la marca.

Pues bien, la Circular No.17-010 introduce una DAU adicional a las ya exigidas por la legislación vigente que debe presentarse en el plazo de un año desde la fecha de expiración de la vigencia de la marca.

La necesidad de presentar la DAU afectaría tanto a marcas nacionales filipinas, como a registros internacionales que designan Filipinas y a designaciones posteriores de registros internacionales en este país. Cuando una marca se haya protegido a través del sistema de registro internacional, si bien el plazo es también de un año, se computará a partir de la fecha de renovación de la marca internacional.

La Circular No.17-010 es verdaderamente retorcida, pues parece indicar que la exigencia de la nueva DAU se aplicará con un cierto carácter retroactivo para las marcas que se hubieran renovado a partir del pasado 1 de enero de 2017, y al mismo tiempo parece indicar que todas las marcas deben cumplir con este requisito en el plazo de un año desde su fecha de expiración.

En la práctica, para toda marca que se pretenda mantener en Filipinas se deberá aportar una DAU en el plazo establecido de un año desde su fecha de expiración y habrá que reiterar dicha formalidad cuando se cumpla cada uno de los ciclos de 10 años de duración de la vigencia del registro.

En un futuro más inmediato, aquellos titulares de expedientes cuya fecha de expiración recaía a partir del 1 de enero de 2017, deberán cumplir con el requisito de aportación  de la DAU antes del fin del plazo de un año desde la fecha en que vencía su vigencia. Aquellos titulares que hayan renovado sus marcas durante el transcurso del año 2017 y deseen mantenerlas, deben tener en cuenta que deben cumplir con esta prescripción.

En lo que se refiere a las marcas internacionales, en realidad no existiría tal retroactividad porque Filipinas entró en el Protocolo el 25 de julio del 2012. No será hasta 2022 cuando haya que renovar las primeras marcas internacionales que designan esta jurisdicción. En este sentido, el art. 14.5) del Protocolo de Madrid establece que con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Protocolo antes de la fecha de adhesión de la Parte Contratante en cuestión, no es posible la designación posterior y, en consecuencia, tampoco existirían designaciones posteriores de marcas internacionales en Filipinas que se vieran afectadas retroactivamente por esta novedad. En el caso de las marcas internacionales, es una novedad a tener en cuenta de cara a un futuro más lejano.

Autora: Cristina Arroyo
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¿Conoces el Principado de Andorra?

Hace ya casi 35 años que mis padres me llevaron a Andorra para conocer ese pequeño país de los Pirineos. También me llevaban porque Andorra era el destino óptimo para invertir mis ahorros en el que fuera mi primer reloj digital.

Han pasado muchos años desde entonces y el Principado de Andorra sigue siendo un auténtico reclamo para el turismo. Sus impresionantes pistas de ski –muchas veces reconvertidas durante el período estival en pistas de mountain bike-; sus paisajes inigualables y caminos para los amantes del senderismo y su maravilloso arte románico, constituyen una magnífica excusa para viajar al Principado

Pero Andorra posee además otro valor que atrae todos los años a miles de turistas: su frenética actividad comercial basada en una política de impuestos y precios ajustados. No es difícil encontrar en sus calles establecimientos de marcas de lujo, coches que conquistan la mirada de los viandantes, tiendas de perfumes y licores, moda y electrónica o restaurantes donde resulta muy agradable degustar los mejores vinos de todos los rincones del mundo.

A pesar de este potencial turístico y comercial y de ser un país con una renta per cápita significativamente más elevada que la de sus países vecinos –España y Francia- el Principado de Andorra no ha dispuesto hasta fechas relativamente recientes de una legislación en materia de marcas. Hace tan sólo unos meses se celebraba el vigésimo aniversario del inicio de las actividades de la Oficina de Marcas y Patentes del Principado de Andorra (OMPA). Fue el 5 de diciembre de 1996 cuando las primeras solicitudes de marcas eran depositadas y los primeros titulares obtenían, por fin, una adecuada protección de sus marcas. No en vano, la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas destaca que “la importante actividad comercial y de prestación de servicios del Principado de Andorra hace necesario regular mediante una ley que dé la seguridad jurídica suficiente, tanto a nacionales como extranjeros, la protección al derecho de propiedad y el uso de marcas industriales, comerciales y de todo tipo”.

Andorra no forma parte de la Unión Europea ni es miembro del Protocolo del Arreglo de Madrid, por lo que un sistema propio de protección de marcas se había revelado necesario. Un sistema alineado con las legislaciones modernas, pero que permitiese el registro ágil y de coste muy contenido. Un procedimiento de registro en el que al no preverse la formulación de oposiciones tuviese como casi única dificultad la codificación de los productos. Un procedimiento de registro que rara vez se alargue más de quince o veinte días.

Parece que fue ayer cuando Elzaburu empezó a gestionar los primeros expedientes de registro en el Principado de Andorra. Desde entonces, ha intervenido en la tramitación de varios miles de marcas y gestionado su mantenimiento y cuidado de forma integral. Y el resultado se puede decir que es muy satisfactorio, porque ha permitido cubrir una de las carencias de protección que tenían los titulares de derechos. Ya no hay excusa; cualquier estrategia de protección de una marca en Europa debe pasar necesariamente por el registro en el Principado de Andorra.

Y quien no haya tenido presente el Principado de Andorra en sus estrategias de internacionalización, tiene todavía la oportunidad de hacerlo porque el registro de marcas del Principado de Andorra está ahora en su plenitud. La OMPA ha cumplido 20 años. ¡Felicidades!

Autor: Luis Baz
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