Tag Archives: Legislación

La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se anuncia como un paso necesario en una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda, entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura e integral de la Ley.


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/


* Versión del artículo publicado en Expansión el 16.10.2014

La reforma de la Ley de Patentes: un paso necesario para potenciar la innovación en España


Tras casi 30 años desde la promulgación de la actual Ley de Patentes, se ha hecho evidente que la normativa actual necesita una revisión para adaptarla a los avances de la sociedad. Por ello, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se está promoviendo una nueva Ley de Patentes, cuyo segundo borrador de Anteproyecto de Ley se publicó el pasado mes de diciembre.

En nuestro actual sistema, uno de los puntos que más controversia ha ocasionado en los últimos años es el llamado sistema de concesión opcional, según el cual el solicitante puede escoger entre el procedimiento tradicional de concesión, en la cual la patente se concede siempre, o bien el procedimiento con examen previo, en el que los examinadores de la OEPM evalúan la solicitud de patente y ésta sólo se concede si consideran que la invención reivindicada cumple los requisitos legales de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Desgraciadamente este sistema no se ha llegado a implantar con éxito ya que, a día de hoy, sólo un 8% de las solicitudes se tramitan por la vía del examen previo. Este hecho traslada a la sociedad, los competidores y los tribunales la carga de anular patentes que tal vez nunca debieron ser concedidas.

Este es, probablemente, el principal cambio que se puede observar en el anteproyecto de Ley de Patentes pues a partir de ahora, el examen sustantivo de la invención será obligatorio, y sólo se concederá la patente si la invención reivindicada cumple los requisitos legales para que una invención sea patentable.

Pero éste no es el único cambio que introduce el nuevo anteproyecto de Ley, ni mucho menos, ya que se han incorporado a nuestro sistema legal un buen número de nuevas disposiciones orientadas a racionalizar el sistema, simplificar los requisitos, reducir las formalidades y evitar pérdidas involuntarias de derechos que suponen una cierta revolución en el ámbito del derecho de patente.

Las más importantes de estas nuevas disposiciones, son:

1. Se simplifican los requisitos para obtener una fecha de presentación, de modo que, por ejemplo, de entrada se podrá presentar el texto de la solicitud en cualquier idioma -si bien, en ese caso, será obligatoria la posterior presentación de su traducción al castellano-.
2. La fase de búsqueda se adelanta a la presentación de la solicitud, por lo que será obligatorio abonar la tasa de petición del Informe sobre el Estado de la Técnica al presentarla.
3. Se incorpora explícitamente la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o en nuevas indicaciones terapéuticas.
4.  El procedimiento de oposición pasa a ser post-concesión.
5. Se introducen nuevos procedimientos administrativos de revocación y de limitación de la patente a petición de su titular, quien podrá limitar el alcance de las reivindicaciones en cualquier momento de la vida legal de la patente.

Pero no sólo las patentes son objeto de modificaciones sustanciales; también se ve modificado otro título muy utilizado en España, principalmente por el pequeño y mediano empresario: el modelo de utilidad.

En el caso de los modelos de utilidad se equipara el requisito de novedad al de las patentes, lo que evita las incertidumbres a este respecto de la ley actual. El nivel de actividad inventiva, por el contrario, no se modifica y sigue siendo inferior al exigido para las patentes. Además, se amplía el abanico de invenciones que pueden ser protegidas por modelos de utilidad, de modo que ahora se podrán proteger también sustancias o composiciones químicas, si bien aún seguirán estando excluidas las invenciones biotecnológicas y las composiciones farmacéuticas.

Estas modificaciones pueden convertir este título en una opción interesante para, por ejemplo, obtener un título de protección rápido mientras se tramita más lentamente la concesión de una patente.

Finalmente, en lo que se refiere a tasas, se establece también una reducción de un 50% en las tasas de solicitud, búsqueda y examen para determinados emprendedores y PYMES, lo que debería facilitar el acceso de estos colectivos a la protección de su innovación.

En resumidas cuentas, una modernización del sistema de patentes que supondría un paso adelante a favor de la protección de la innovación española.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Sangría para celebrar la regulación UE de indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados


De Katherine Price
(vía Wikimedia)
Hoy se ha publicado en el DOUE el nuevo Reglamento de la Unión Europea nº 251/2014 relativo a las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados, que deroga el anterior (Reglamento nº 1601/91) – si bien la derogación de éste último y la aplicación del nuevo se difieren hasta el 28 de marzo de 2015, con la excepción de ciertas medidas transitorias – y fortalece la protección de estas indicaciones geográficas poniéndola a un nivel similar al que ya tienen los otros esquemas de indicaciones geográficas regulados a nivel comunitario (productos agrícolas y alimenticios, bebidas espirituosas y vinos).

Bajo la denominación de productos vitivinícolas aromatizados se incluyen los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Se extiende así también a los productos vitivinícolas aromatizados la fuerte protección que tienen los otros citados productos, por ejemplo, frente a denominaciones que supongan una evocación de estas indicaciones geográficas, introduciéndose también la imposibilidad de que las indicaciones geográficas de estos productos vitivinícolas aromatizados puedan devenir genéricas.

Se prohibe la utilización de expresiones como «género», «tipo», «estilo», elaborado», «aroma» u otros términos similares a alguna de las denominaciones de venta previstas en el reglamento en la designación, presentación o etiquetado de bebidas alcohólicas que no cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Y se establecen los requisitos para la utilización de las denominaciones de venta previstas en él, las indicaciones de procedencia y el procedimiento para el registro de indicaciones geográficas para estos productos, además de su esfera de protección y obligaciones de control.

En un plano más específico se establece que la denominación de venta “Clarea” sólo podrá utilizarse para productos producidos en España y “Sangría”/”Sangria” si se produce en España o Portugal. En caso contrario sólo podrán utilizarse como complementos de la denominación de venta “bebida aromatizada a base de vino”, siempre que vayan acompañadas de los términos “producida en…” seguida del  nombre del Estado miembro de producción o de una región más pequeña.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Las mercancías falsificadas en tránsito por la UE tienen sus días contados


Parlamento Europeo
de Cédric Puisney
(vía Wikipedia) 
El Parlamento Europeo el 25 de febrero de 2014 ha aprobado el texto de la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Entre las interesantes disposiciones aprobadas en relación a la legislación de marcas se encuentra una que ha sido largamente demandada por multitud de organizaciones y compañías de diversos sectores de producción y consumo, y es la de eliminar la libertad de tránsito de los productos falsificados por el territorio de la UE, incluso cuando dichos productos van destinados a un país fuera de la Unión. 

Concretamente las medidas que se aprueban son:

1. Que el titular del derecho pueda impedir que se introduzcan productos en territorio de la Unión procedentes de terceros países y que contengan una marca falsificada.

2. Que el titular del derecho pueda emprender las acciones judiciales pertinentes contra los productos falsificados. Entre estas acciones se incluyen, el derecho de solicitar a las autoridades aduaneras nacionales que adopten las medidas necesarias, tales como retención y destrucción de los productos falsificados de conformidad con el nuevo Reglamento aduanero (UE) nº 608/2013.

3. Que el titular del derecho también pueda impedir la importación a la UE, de productos falsificados expedidos en pequeños envíos, especialmente encuadrados en las ventas comerciales a través de Internet.

Los pequeños envíos, tal y como los define el Reglamento (UE) nº 608/2013 de vigilancia aduanera son los paquetes postales que contengan 3 o menos unidades o con un peso bruto inferior a 2 kg.

En el caso de que se adopte la medida anterior respecto a los pequeños envíos, el Parlamento prevé que se informe a las personas o entidades que han encargado los productos del motivo por el que se han adoptado las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor del paquete.

Las disposiciones aprobadas en relación a los pequeños envíos tiene su precedente en la reciente sentencia del TJ en el asunto C-98/13 que se dictó el pasado 6 de febrero de 2014, en la que ya se entendía que, aunque la venta de productos para uso particular se hubiera producido a través de una página web situada en un tercer país fuera de la UE, no se puede privar de la protección que garantiza el Reglamento aduanero al titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, concretamente la de impedir la entrada de la mercancía en el espacio europeo, sin que sea necesario comprobar previamente si la mercancía había sido objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo.

El Parlamento Europeo ha dado un gran paso en la lucha contra las falsificaciones en todos los frentes posibles y no sólo para su territorio.


Autor: Transi Ruiz

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

La Comisión Europea presenta propuesta para armonizar la protección de los secretos comerciales


El pasado 28 de noviembre la Comisión Europea hizo pública su propuesta de Directiva relativa a la protección de la información comercial y los conocimientos técnicos no divulgados (secretos comerciales) contra su adquisición, utilización y divulgación ilícitas. 

La propuesta es el resultado de la consulta pública y del estudio externo sobre la relevancia y la protección de los secretos comerciales en la Unión Europea que se llevaron a cabo a finales del año 2012 y durante el año 2013, y se enmarca dentro de la estrategia global adoptada por la Comisión destinada a asegurar el buen funcionamiento del mercado interior de la propiedad intelectual.

A través del citado estudio externo la Dirección General del Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea había constatado las acusadas diferencias existentes entre los Estados miembros en lo relativo a la protección legal de los secretos comerciales y a las medidas disponibles para sus titulares frente a su adquisición, uso y divulgación ilícitos. Por este motivo, dentro de la orientación general de armonización de la protección de los derechos de propiedad intelectual y derechos relacionados dentro de la Unión Europea, la Comisión ha elaborado esta propuesta de Directiva con la finalidad de mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos comerciales.

En cuanto a su contenido, la propuesta de Directiva comienza con una definición del secreto comercial que reproduce literalmente la contenida en el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Seguidamente establece las circunstancias en las que la obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales son ilícitas, constituyendo el elemento clave al respecto la ausencia de consentimiento de su titular. La propuesta establece también las circunstancias en las que esa obtención, uso o divulgación se considera lícitas, entre ellas el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa.

La propuesta determina a continuación las medidas, procedimientos y remedios que deberán introducirse en la legislaciones de los Estados miembros para la protección de los secretos comerciales. A este respecto se configura un sistema de protección análogo al de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la posibilidad de adopción de medidas provisionales y cautelares, así como las medidas sobre el fondo características de esos derechos, como la orden de cese y prohibición de uso y divulgación de los secretos comerciales y la retirada del mercado y destrucción de los productos infractores. Se contempla asimismo la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el titular, incluyendo la posibilidad de cuantificación de los mismos a través del método de la licencia hipotética, así como la publicación de la sentencia. Finalmente se prevé la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de las medidas provisionales y definitivas contra la violación de los secretos comerciales, con referencia expresa a las multas coercitivas.

La propuesta de Directiva introduce algunas normas procedimentales que exigirán en su día la modificación de las leyes españolas, como son las dirigidas a garantizar la confidencialidad de los secretos comerciales divulgados en los tribunales en el marco de un proceso judicial y un plazo de prescripción máximo de dos años para el ejercicio de las acciones judiciales contra la violación de los secretos comerciales. También será necesaria la inclusión de medidas encaminadas a evitar las acciones judiciales abusivas.

La propuesta de Directiva seguirá ahora el procedimiento legislativo ordinario, para lo cual se transmitirá al Consejo y al Parlamento Europeo como paso previo a su aprobación. La Comisión espera que ésta se produzca antes del fin de 2014. Posteriormente se fija en la propuesta un plazo de transposición a los ordenamientos internos de dos años.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscar

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto

Pincha para oir nuestros programas de radio

Archivo