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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (II)

Derechos digitales

Adicionalmente al campo de protección de datos, en su Título X la norma establece una discutida, entre los profesionales del sector, y discutible serie de previsiones en relación con derechos en el ámbito digital como son la neutralidad de Internet, su acceso

universal, su promoción en el ámbito educativo o la ampliación del derecho al olvido al ámbito de las RRSS.

En el ámbito laboral

En relación con el ámbito laboral establece una amplia protección a los trabajadores, descargando en el empleador la necesidad de adaptar sus políticas internas a factores nuevos como son:

  1. a) Protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales y acceso tasado a su contenido.
  2. b) Desconexión digital, a fin de garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del tiempo de trabajo.
  3. c) Mayor regulación de las condiciones para la videovigilancia y grabación de sonidos válida.
  4. d) Derecho de la intimidad del trabajador frente a sistemas de geolocalización.
Herencia digital

Salvo estipulación testamentaria en contrario, los herederos, personas vinculadas al fallecido y/o que hayan sido designadas por él, podrán acceder a sus contenidos en redes sociales y plataformas digitales y dar instrucciones a los prestadores de estos servicios sobre su uso, modificación, destino y eliminación.

Acceso a la primera parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (I)

El 6 diciembre ha sido publicada en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) que fue aprobada por el Pleno del Senado el anterior 21 de noviembre.

Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no deja a los Estados miembro de la UE un margen de actuación muy amplio, motivo por el que la nueva Ley se remite con frecuencia a dicho Reglamento, sin embargo, ésta sí contempla algunas previsiones novedosas que reflejamos en este post informativo.

El Delegado de Protección de Datos

Adicionalmente a las previsiones que ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al respecto, la norma establece un total de 16 supuestos en los que resulta preceptivo que se designe a un DPD.

Así, empresas de publicidad que lleven a cabo profiling, operadores que desarrollen la actividad del juego vía canales electrónicos, entidades aseguradoras, centros docentes o empresas de servicios de inversión relacionadas con el mercado de valores, entidades financieras y ciertas compañías energéticas, entre otras, se verán afectadas por esta previsión.

Transparencia e información

Mediante su artículo 11, la LOPDPGDD convierte en norma lo que hasta ahora venían siendo recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y del antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29 en relación con el sistema de información en doble capa.

De este modo, si ahora se acude a este método de información por niveles, necesariamente la primera capa deberá contener como mínimo los aspectos que este artículo 11 exige:

  1. La identidad del responsable y, en su caso, su representante.
  2. La finalidad del tratamiento.
  3. La posibilidad de ejercer los derechos de protección de datos.
  4. Si los datos no se obtienen directamente del titular, además el tipo de datos y su fuente de obtención.

Menores de edad

Mantiene el criterio del límite de edad en los 14 años e introducen previsiones en pro de la defensa del menor y su interacción con el ámbito digital, como son la posible intervención del Ministerio Fiscal en aquellos casos de utilización o difusión de imágenes e información personal de menores en las RRSS en caso de que estos supongan una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

Interés legítimo e interés público

Se recogen expresamente determinados tratamientos de datos respecto de los cuales se presume que el responsable tiene interés legítimo o que se llevan a cabo con base en el interés público.

Respecto a los primeros, encontraríamos los sistemas de información crediticia, la modificación estructural de sociedades o su traspaso y el caso de los datos de contacto de empresarios individuales y profesionales liberales, siempre y cuando su tratamiento se circunscriba únicamente al ámbito profesional en tanto a su localización y contacto para prestación de servicios especializados.

Por su parte, en relación con el interés público, tenemos la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas.

La polémica sobre los partidos políticos

En sus disposiciones finales, la nueva LOPD contempla la modificación de la Ley del Régimen Electoral, permitiendo a los partidos políticos la recopilación y uso de datos recabados a través de páginas web y otras fuentes de acceso público, así como avalar el envío de propaganda electoral, incluso por vía electrónica, al confirmar que dicha propaganda no debe considerarse como comunicación comercial.

Desde un punto de vista técnico, destaca la consideración implícita de las páginas web como fuentes de acceso público, ya que hasta ahora Internet no era considerada como tal.

Sistema de sanciones

La norma concreta y gradúa las conductas infractoras de la normativa de protección de datos en las tradicionales categorías de (i) leve, (ii) grave y (iii) muy grave, manteniendo las cuantías ya asentadas en el RGPD, que oscilan entre un mínimo de 10.000.000€ o el 2% de facturación anual global y un máximo de 20.000.000€ o el 4% de facturación anual global.

 

Acceso a la segunda parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
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Reforma de la Ley de propiedad intelectual española: liberalización y control de las entidades de gestión

El 14 de abril entró en vigor en España el Real Decreto –Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta reforma se transponen al ordenamiento español dos Directivas: la Directiva 2017/1654 del Parlamento Europeo, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos y la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

La reforma afecta también a cuestiones puntuales relativas a otros ámbitos, como el plazo para obtener el reembolso del pago de la compensación equitativa por copia privada o las acciones de cesación frente a los actos de elusión de medidas tecnológicas. No obstante, centraremos nuestro análisis en las cuestiones suscitadas con motivo de la transposición de la Directiva comunitaria de gestión colectiva, por ser ésta la de mayor envergadura, afectando a más de 30 artículos de la Ley.

Es bien sabido que esta reforma trae causa, en gran medida, de los escándalos a que se ha visto expuesta durante los últimos años, cierta entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual en España. El creciente desprestigio de la gestión colectiva española exigía, desde hace tiempo, la adopción de medidas legislativas dirigidas que permitieran “sanear” el sistema.

Estas medidas, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva, han tomado dos direcciones paralelas: la de la liberalización de la gestión colectiva y la del control de las entidades de gestión.

Las medidas de liberalización están encaminadas a crear un mayor margen para la gestión individual dentro de la gestión colectiva. Concretamente, se ha tratado de evitar que el hecho de encomendar la gestión de derechos a una entidad de gestión, suponga una pérdida total y absoluta de control sobre la misma; que el titular pueda reservarse siempre y en todo caso la posibilidad de gestionar directamente determinados tipos de obras, derechos y categorías de derechos.

Las normas de la Directiva están encaminadas a limitar el alcance de la cesión de derechos a la EG, o al menos, a posibilitar que el titular pueda limitarla, de modo que la gestión colectiva sea compatible también con una gestión individual. Así:

(i)     El art. 157 impone la necesidad de que cada uno de los derechos y modalidades de explotación encomendados a la entidad se documente de forma explícita, así como los territorios en los que se va a llevar a cabo la gestión. Además, dicho contrato no podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de uso ni la de la totalidad de la obra o producción futura.

(ii)       El art. 169 recoge el derecho que tiene el titular a otorgar licencias para usos no comerciales, sin perjuicio de que haya encomendado la gestión de sus derechos a la entidad.

(iii)      El art. 158 establece el plazo máximo de duración del contrato de gestión en 3 años, y faculta al titular para no sólo revocar su mandato a la entidad, sino también para retirar parte de sus derechos, categorías de derechos o tipos de obras con un preaviso no superior a 6 meses.

(iv)      El art. 153 prevé la posibilidad de crear organismos de gestión independientes (OGIs), como alternativa a las entidades de gestión en todo aquello que quede dentro del ámbito de la gestión colectiva voluntaria. Estos organismos deberán ser entidades con ánimo de lucro y sus órganos de gobierno no podrán guardar relación alguna con los titulares cuyos derechos se gestionan. A diferencia de las entidades de gestión, no necesitan ser autorizados por el Ministerio de cultura, pero sí estarán sujetos a su supervisión y a su potestad sancionadora.

La liberalización de la gestión colectiva también se ha traducido en la posibilidad de que las entidades de gestión extranjeras presten sus servicios en España (art. 151), y en la posibilidad de que tanto dentro como fuera de España, las entidades españolas otorguen licencias multiterritoriales para el uso en línea de obras musicales.

Por otro lado, se trata de imponer un mayor control a los órganos de gobierno de las entidades, a través de:

(i)     La creación de un órgano de control interno (art. 162), independiente de los órganos de gobierno de la entidad, para facilitar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión.

(ii)     La obligación a cargo de las entidades de gestión de elaborar un informe anual de transparencia que deberá proveer con elevado nivel de detalle de información financiera y sobre gestión económica. (art. 175.5).

(iii)     La atribución de funciones específicas de supervisión, inspección y vigilancia al Ministerio de Cultura respecto de la actividad de las entidades (art. 155).

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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