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Tag Archives: Legislación

La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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Nueva regulación del daño en materia de competencia, nada más (y nada menos)

Con esa depurada técnica legislativa que el legislador nos regala a veces el BOE del sábado pasado 27 de mayo de 2017 nos sorprendió con la publicación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

Haciendo suyo el dicho del “más difícil todavía” en un solo texto legislativo el Gobierno adapta al mismo tiempo una directiva sobre almacenamiento de células y tejidos humanos, al lado de otra sobre pago y liquidación de valores y una sobre daños en materia del Derecho de la competencia.

En lo respecta a la directiva sobre daños en materia de competencia tres observaciones a vuela pluma permiten situar el alcance de la reforma.

1.           La primera es que el RDL modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, para regular ampliamente la acción de resarcimiento en ese campo. Es una regulación exhaustiva, en la que se opta por una indemnización de naturaleza reparadora (resarcimiento pleno de los daños efectivamente causados) pero no punitiva.

2.       La segunda es que el RDL modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para introducir una nueva Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título I del Libro II con la siguiente rúbrica y contenido: «Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia”. Estos cambios se inscriben en consecuencia en el contexto de las medidas de aseguramiento y anticipación de prueba del artículo 283 LEC. Un instrumento fundamental para recabar la información necesaria para la determinación del daño.

3.           La tercera es que el RDL no lleva a cabo, en cambio, la aplicación extensiva de su articulado a los derechos de propiedad industrial e intelectual ni tampoco modifica el régimen de las diligencias preliminares de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Seguramente se recordará que existía un Anteproyecto de Ley de adaptación de la Directiva sobre daños elaborado por la Comisión General de Codificación que apuntaba en esa dirección. No sólo el modelo que propugnaba la Comisión no ha sido finalmente adoptado en este extremo (aunque sí en la parte sustantiva) sino que a la Directiva sobre daños la han hermanado, en su trasposición al ordenamiento español, con otras de naturaleza totalmente distinta.

Queda por determinar si la adaptación, más allá de la singularidad del parto legislativo, responde a las expectativas creadas.

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La Ley de Patentes ha muerto. ¡Larga vida a la Ley de Patentes!

Ha fallecido en Madrid de muerte natural, a los 31 años de edad, la Ley de Patentes de 1986. Su sucesora, la Ley 24/2015, después de 21 meses en la incubadora, pudo ver la luz el sábado 1 de abril merced a la publicación en el BOE, el último día del plazo, de su Reglamento de Ejecución. El esfuerzo denodado de la OEPM por sacar adelante el Reglamento dio sus frutos in extremis garantizando el feliz alumbramiento.

A partir de ahora nos enfrentamos a un nuevo procedimiento de concesión, a un nuevo sistema judicial, a nuevos retos y estrategias y también a nuevas incógnitas. Nada a lo que no estemos acostumbrados los abogados desde que en 1986, precisamente con la Ley por la que entonamos hoy un nostálgico responso, pusiese en marcha el proceso de transformación profunda del derecho de propiedad industrial e intelectual en nuestro país.

En tiempos de cambio, recordemos aquello que cantaba el hoy Premio Nobel de Literatura, en su clásico “forever young”, Bob Dylan: :“may you have a strong foundation when the winds of changes shift”. Larga vida a la nueva Ley de patentes y buena suerte a todos.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016

Autor: Antonio Castán

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¡Bienvenida, Ley de Patentes!

¡Por fin! El 1 de abril de 2017 entra en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes.

Han sido necesarios varios años de elaboración y discusión hasta su aprobación, y, una vez aprobada, una larga espera hasta ver que finalmente va a poder ser aplicada.


La nueva ley supone una importante mejora y actualización de nuestro sistema de protección de las invenciones. La anterior ley, motivada por la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986, también supuso en su día un avance relevante. No obstante, después de treinta años de vida, eran necesarios una puesta al día y un salto cualitativo, que se han materializado en este nuevo texto legal.

Por otro lado, estamos pendientes de la versión final del Reglamento de Ejecución de la Ley, a cuyos borradores se han realizado varias propuestas por parte de diversas asociaciones y organizaciones, que confiamos sean tenidas en cuenta para conseguir un documento que resulte eficaz a la hora de implementar la Ley.

La OEPM está llevando a cabo los preparativos necesarios para la implementación de la Ley, incluyendo el refuerzo con más medios humanos. Pero para que la nueva Ley de Patentes sea un éxito es necesario que todos los usuarios de la misma seamos conscientes de su potencial y lo pongamos al servicio de la innovación y de la investigación.

En definitiva, esperamos que la nueva Ley de Patentes arranque con buen pie y consiga ser una herramienta útil y eficaz para fomentar la investigación en España.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016

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Brexit: Perspectivas en materia de protección de datos

La opción tomada por los ciudadanos británicos en el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 tiene múltiples consecuencias, muchas de ellas jurídicas. Algunas han sido ya abordadas, pero se ha relegado a un segundo plano lo que el denominado Brexit puede significar para un derecho de los ciudadanos europeos como es la privacidad y la protección de datos.

El marco regulatorio de protección de datos en la Unión Europea confería una total libertad de circulación a los datos dentro de las fronteras de los 28 países miembros. Así, la salida del Reino Unido de la Unión, y por tanto, de ese entorno legislativo, va a provocar que se considere a los radicados en las islas como establecidos en un tercer país, lidiando con controversias como las actualmente existentes con Estados Unidos. En resumidas cuentas, enviar datos de cualquier país de la Unión a Reino Unido constituirá una transferencia internacional de datos, con los efectos legales que ello conlleva.

Es evidente que, dada la importancia que tiene el tratamiento masivo de datos para una empresa de cualquier tipo de industria, Reino Unido no va a mantenerse distante respecto de sus antiguos compañeros, pues no interactuar en este campo con la Unión le dejaría en fuera de juego en un campo de vital importancia para la economía.

Ante esta situación se abre una clara incertidumbre, que habrá de ser resuelta por el gobierno británico en los próximos meses, en torno a la decisión que se adoptará en materia de protección de datos desde el Estado insular.

Antes de nada, hay que comprender la situación legislativa del Reino Unido en esta materia. En la actualidad, la norma aplicable a la protección de datos a nivel nacional es la UK Data Protection Act de 1998, producto de la transposición de la directiva europea de protección de datos de 1995, por lo que implanta los conceptos y principios fundamentales que se utilizan en las normativas europeas de protección de datos en toda Europa. También es relevante la UK Electronic Communications Act, que regula cuestiones de firma electrónica provenientes de la directiva de 1999, transacciones y comunicaciones electrónicas, apoyada en los textos que transpusieron la directiva de comercio electrónico del año 2000. Como puede verse, el marco legislativo actual no dista mucho del que existe en los otros 27 países gracias a la transposición de varias directivas.


A primera vista, la reacción previsible es que se considere al Reino Unido un país con un nivel de protección seguro en protección de datos, no habiendo demasiados problemas para mantener la situación actual, puesto que su normativa está actualmente adaptada a la Europea, siendo muy próxima a la de los otros 27. Claro que esto depende de varios factores: en primer lugar, el gobierno británico cambia, por lo que no conocemos las intenciones de próximos ocupantes del número 10 de Downing Street, así que es factible pensar en un cambio de política legislativa en cuanto a la protección de datos, rompiendo así de manera más drástica los lazos les unían con la Unión. Otra variable a considerar es que la declaración como país con nivel de protección suficiente depende de la aprobación de la Comisión Europea, teniendo que llevarse a cabo por un procedimiento regulado, habiendo de estudiarse numerosos elementos como el funcionamiento de una autoridad de control, la jurisprudencia acerca del tema, los compromisos internacionales del país; además de que ha de revisarse el acuerdo cada cuatro años.

Suponiendo que la segunda opción, más realista y conservadora, sea la que se dé de manera efectiva, la coyuntura no estaría exenta de problemas. La necesidad de la declaración de la Comisión a la que se hacía referencia puede provocar que, en el intervalo de tiempo que exista entre la salida efectiva de la Unión y la aprobación del acuerdo, Reino Unido sea un tercer país y los movimientos al mismo sean transferencias internacionales de datos. Aquí se abriría un intervalo de tiempo indeterminado en el que las empresas de ambas partes tendrían que regularizar sus operaciones para cumplir con una normativa de transición con fecha de caducidad indeterminada. En resumen, demasiados cambios y obligaciones para un espacio de tiempo relativamente corto. A esto hay que sumarle que la normativa y las prácticas del Estado británico en materia de protección de datos serán vigiladas de forma detallada por los reguladores de la Unión, sometiéndose a un escrutinio minucioso.

No cabe olvidar que esta pugna tiene dos bandos, así que la reacción de la Unión Europea ha de ser valorada. Puesto que, si se produce la salida efectiva, será la Comisión la que deberá valorar un acuerdo que declare a Reino Unido como una especie de “puerto seguro”, la institución europea puede exigir unos estándares tremendamente exigentes con su excompañero. Así, el lado europeo tiene la capacidad de someter la normativa británica a un análisis pormenorizado que les degrade en la negociación, teniendo que aceptar un férreo control desde Bruselas con tal de no terminar en un limbo normativo.

Esta declaración de país con un nivel de protección suficiente sería necesaria solamente si Reino Unido, al abandonar la Unión Europea, no decide entrar en el Espacio Económico Europeo. Este es el modelo que sigue Suiza, que no es parte del EEE. El país helvético tiene un acuerdo desde el año 2000 por el que se establece que, al igual que otros territorios como la Isla de Man, Uruguay o Nueva Zelanda, se asegura un nivel adecuado para el tratamiento de datos personales en ese Estado. En el caso de que los británicos opten por adherirse al EEE, la legislación europea en materia de protección de datos se les aplicaría, así que no habría una transferencia internacional de datos al enviar datos a las islas.

Viendo que la opción digamos, tranquila, conservadora o cercana a la Unión, entraña muchos más problemas de los que parece, hay que tener en mente que no puede descartarse un movimiento mucho más drástico por parte del gobierno entrante, reformando la legislación existente en protección de datos para alejarse de la europea, de la cual manifestaron sus discrepancias durante el proceso de aprobación, adoptando así una posición más acorde con los principios menos proteccionistas del mundo anglosajón. Puesto que se asemeja contraproducente que se aíslen de tal forma, esta opción parece menos probable, aunque siempre puede razonarse que si la Unión ha llegado a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, podría alcanzarse con Gran Bretaña en tal caso.

A este respecto, el Information Commissioner’s Office, a través de Christopher Graham, ha manifestado que “es crucial tanto para empresas y organizaciones como para consumidores y ciudadanos que haya consistencia internacional en torno a las leyes y derechos de protección de datos”, así como que “hablaremos con el gobierno para presentar nuestra visión de que es necesaria una reforma en la legislación británica”. Por tanto, desde instituciones del país relevantes en el tema abogan, parece por mantener una unidad en la normativa entre Europa y el Reino Unido.

Sea cual sea la opción seguida, las consecuencias son, como mínimo, complejas. La salida se basa en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, según el cual, el Estado saliente y la Unión habrán de negociar un pacto de salida, fijando una fecha para el cese de la aplicación de los tratados que, de no fijarse, se produciría al cumplirse los dos años de la celebración de ese acuerdo, pudiendo prorrogarse este lapso de tiempo. Este periodo tiene una importancia vital, puesto que el Reglamento Europeo de Protección de Datos comenzará a tener efectos el 25 de Mayo de 2018, con lo que es más que probable que llegue a ser aplicable a Reino Unido durante un tiempo, puesto que todavía no se ha llegado al acuerdo de salida. Así, la situación en esta materia se tornaría esperpéntica: durante el periodo de negociación del acuerdo de salida y durante el plazo para la misma se seguiría aplicando la ley de 1998, proveniente de una directiva europea; hasta Mayo de 2018, momento en el que la salida, casi con total seguridad, no será efectiva todavía, por lo que empezará a aplicarse el reglamento europeo de protección de datos hasta la fecha en la que se fije el fin de la aplicación de los tratados. Cabe añadir que, una vez entre en vigor el reglamento, cualquier empresa u organización estará obligada a cumplir con su articulado si trata datos de ciudadanos de la UE, independientemente de dónde esté radicada la misma, así que cuando llegue el momento en que eviten la aplicación del reglamento, gran parte de las corporaciones británicas tendrán que sujetarse en buena parte de su actividad a dicho texto.

Podemos prever, sin miedo a equivocarnos, que la legislación británica seguirá acorde a la europea durante un plazo considerable, lo cual torna la bifurcación anteriormente comentada en una decisión a medio plazo. La aplicación del reglamento en Reino Unido será una realidad, así que durante un periodo prudencial habrá calma en cuanto a la protección de datos en el continente. De hecho, Reino Unido, al igual que el resto de países de la Unión, tendrá que transponer a su derecho interno la directiva de reciente aprobación (mayo) por el Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión; es decir, su legislación seguirá avanzando al ritmo del resto de la Unión, de momento.

El mare magnum de dudas suscitadas por el referéndum deja a todos los actores en una situación de desconcierto en el que no cabe más que esperar al desarrollo de los acontecimientos para hablar a ciencia cierta. Mientras tanto solamente se pueden hacer pronósticos y conjeturar. 



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