Tag Archives: Jurisdicción competente

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: conclusiones del AG en el asunto C-583/12


De Manuel Alarcón
Vía Flickr
El abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el procedimiento para determinar dicha vulneración.

Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.

Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron importadas por la compañía Sintax.

Sintax solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.

Sintax en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante y recurrió a un Tribunal superior.

El recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras.

La conclusión del abogado general es que el artículo 13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La conclusión del Abogado General es que el Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, sigue diciendo el abogado general que la abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento.

Si los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los tribunales. Este poder conllevará, sin duda, también una gran responsabilidad (si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones.


Autor: Transi Ruiz

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre  (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.

No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.

Según el tenor literal de este precepto: 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: […] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. 

Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. 

En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.

En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.

El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor  depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/


Refuerzo a las posibilidades procesales de actuación de los titulares de patentes europeas al amparo del Reglamento (CE) nº 44/2001

Hemos conocido por nuestro buen amigo Aurelio López-Tarruella que el TJUE en sentencia de 12 de julio de 2012 dictada en  respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por los órganos jurisdiccionales holandeses en el marco de una acción por violación de una patente europea frente a varios demandados  (asunto C-616/10), ha clarificado el alcance de los arts. 6.1, 22.4 y 31 del Reglamento nº 44/2001 relativo a la competencia judicial en el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Hay dos aspectos de esta sentencia que merecen destacarse:

Primero, el TJUE admite la aplicación de la regla especial de competencia prevista en el art. 6.1 del Reglamento nº 44/2001 frente a la regla de competencia general relativa al foro correspondiente al domicilio del demandado. Para el TJUE el hecho de que conforme al art. 64 del CPE las acciones por violación de la patente europea deban enjuiciarse conforme a las normativas nacionales, no es óbice para que el juez nacional pueda entender que existe un vinculo de conexión entre las diferentes demandas presentadas ante él a los efectos de la entrada en juego del art. 6.1 del Reglamento comunitario citado.

Segundo, el TJUE confirma que en el contexto de una acción por violación de una patente europea en la que se plantea incidentalmente la invalidez de la referida patente como excepción a la adopción de una medida cautelar/provisional, el art. 22.4 del Reglamento CE nº 44/2001 (relativo a la competencia en cuanto al fondo) no será obstáculo a la entrada en juego del art. 31 del citado Reglamento (relativo a la competencia judicial incidental). El TJUE corrobora que ambos preceptos regulan situaciones distintas y tienen ámbitos de aplicación diferentes. El TJUE admite, en todo caso, que el juez que conoce incidentalmente del asunto pueda negarse a adoptar la medida provisional/cautelar si considera que existe una posibilidad razonable de que la patente base de la acción sea eventualmente anulada por el tribunal competente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscar

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto

Pincha para oir nuestros programas de radio

Archivo