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Nuevo tribunal de PI en China

El 26 de octubre de 2018, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China emitió una decisión para crear un nuevo Tribunal de Recursos de Propiedad Intelectual a nivel nacional en el Tribunal Popular Supremo, operativo a partir del 1 de enero de 2019.

El llamado Tribunal de Propiedad Intelectual del Tribunal Popular Supremo (Tribunal SPC IP), con sede en Beijing, se ocupa principalmente, aunque no exclusivamente, de los recursos en casos de patentes y tecnología.

La jurisdicción del Tribunal de Propiedad Intelectual del SPC abarca dos tipos de casos de patentes:

  • recursos contra sentencias de infracción o sentencias declarativas de no infracción dictadas por tribunales de primera instancia de todo el país, incluidos los tres tribunales especializados en propiedad intelectual de Beijing, Shanghai y Guangzhou, los 16 tribunales intermedios con tribunales especializados en propiedad intelectual y otros tribunales intermedios con jurisdicción en casos de patentes; y
  • recursos contra sentencias administrativas dictadas por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing sobre la validez de las patentes o la denegación de solicitudes de patente.

Comprender el calendario de desarrollo de China con respecto a la propiedad intelectual proporciona un contexto más claro para este paso. En 2008, China anunció sus Líneas de Estrategia Nacional en Propiedad Intelectual, que tiene por objeto promover y proteger las creaciones de propiedad intelectual con el objetivo de centralizar los litigios sobre patentes. Posteriormente, en 2014, se establecieron tribunales especializados en propiedad intelectual en las ciudades clave de Beijing, Shanghai y Guangzhou. Cuatro más siguieron en 2017 en Nanjing, Suzhou, Chengdu y Wuhan. La creación de un tribunal nacional de recursos en materia de propiedad intelectual ha sido un tema de debate frecuente en China desde la apertura de los tribunales especializados en propiedad intelectual en 2014.

En el sistema jurídico anterior, los casos relacionados con patentes y tecnología solían ser tramitados inicialmente por los tribunales intermedios o los tribunales especializados en propiedad intelectual y recurridos en los tribunales superiores de las distintas provincias, lo que daba lugar a divisiones sobre diferentes cuestiones relacionadas con el derecho de patentes debido a varias razones, tales como, la evolución desequilibrada en diversas regiones, la falta de conocimientos especializados, las interpretaciones divergentes de las leyes y reglamentos o los proteccionismos locales.

También hay que tener en cuenta que las cuestiones jurídicas y técnicas relacionadas con patentes y tecnología son a menudo complejas y exigen que el juez tenga un alto nivel de conocimiento. El nuevo Tribunal SPC IP estará integrado por magistrados que posean la experiencia y los conocimientos adecuados en la tramitación de casos de patentes que involucren tecnología. Por consiguiente, el establecimiento del nuevo Tribunal SPC IP mejorará la calidad de la toma de decisiones y servirá de guía para los tribunales de primera instancia en los casos relacionados con tecnología.

Como resultado, el nuevo Tribunal de Propiedad Intelectual del SPC contribuirá a facilitar un entorno empresarial más práctico e internacional y, de este modo, se espera que más empresas extranjeras se sientan motivadas a litigar en China para hacer valer sus patentes.

Terminando con la declaración de la Asamblea Popular Nacional, estos cambios tienen por objeto “unificar las normas de los casos de propiedad intelectual, fortalecer aún más la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual, optimizar el entorno para la innovación científica y tecnológica y acelerar la aplicación de la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación”.

Autora: Ruth Sánchez

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¿Avance o retroceso en la especialización judicial?

Sede del CGPJ (Fuente: Wikipedia)

El Consejo General del Poder Judicial en Acuerdo de 18 de octubre, hecho público hoy, ha resuelto ampliar la especialización judicial en propiedad industrial a nuevos Juzgados.

Se recordará que desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes en abril de 2017 la competencia objetiva de los pleitos en materia de marcas, diseños y patentes había quedado en manos de ciertos Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia. Esta migración de la litigiosidad hacia tres únicos fueros había despertado el aplauso de los partidarios de la hiper especialización judicial pero también las reservas o los celos, por decirlo de este modo, de otros Juzgados que habían sido excluidos del reparto. La reacción de estos últimos no se ha hecho esperar.

El Acuerdo del CGPJ atribuye la competencia exclusiva para conocer de las acciones en propiedad industrial, además de los Juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia que ya la tenían, a estos otros:

ANDALUCÍA Juzgado de lo Mercantil 1 Granada
GALICIA Juzgado de lo Mercantil 1 A Coruña
CANARIAS Juzgado de lo Mercantil 1 Las Palmas
PAÍS VASCO Juzgado de lo Mercantil 2 Bilbao
 

El nuevo marco de competencias entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y no sería raro que esta vacatio produzca algún que otro movimiento en el foro.

Como curiosidad cabe añadir que el CGPJ ha informado desfavorablemente de la designación de Juzgados especializados en otras Comunidades Autónomas que lo habían solicitado. Queda en al aire la pregunta de si esta ampliación de la competencia objetiva refuerza o por el contrario diluye la especialización judicial en los pleitos en propiedad industrial. No por las diferentes bondades o limitaciones que pudieran presentar unos Juzgados u otros, sino por la conveniencia de concentrar los asuntos en el menor número posible de Juzgados a fin de favorecer la especialización.

Autor: Antonio Castán
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Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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A vueltas con la “jurisdicción digital”

La enésima modificación de las normas acerca de los conflictos relativos a marcas emitida por una red social y algunos casos recientes me ha traído de nuevo a la memoria una cuestión sobre la que llevo reflexionando mucho tiempo y que de hecho abordamos en el I Congreso de la Abogacía Madrileña con una brillante intervención de Andy Ramos al respecto.


Los que nos dedicamos a temas de propiedad industrial e intelectual veníamos usando como legislación de referencia la nacional, comunitaria y tratados internacionales, complementándolo en su caso con las normas procesales aplicables.

Sin embargo, hace ya algunos años, que este conocimiento tiene que ser complementado con el de las normas que cada una de las redes sociales dicta en relación con los conflictos que se refieren al uso indebido de marcas, derechos de imagen, derechos de autor, etc.

Así, cada una de estas redes establece sus normas y lo que en principio se trata de condiciones de uso de la red social se convierten en un corpus jurídico material y procesal que hay que seguir (como se pueda) para intentar resolver los cada vez más numerosos conflictos que afectan a nuestros clientes. Y es que haciendo un pequeño repaso me doy cuenta que hoy por hoy el 80% de nuestra actividad tiene que ver con Internet y redes sociales, de una manera o de otra.

No es que tenga nada en contra de normas que escapen de la autoridad del Estado puesto que hay ejemplos de sistemas de autorregulación que han sido un éxito. Si nos fijamos en las normas UDRP que rigen los conflictos relativos a marcas y nombres de dominio, veremos cómo una abrumadora mayoría de los mismos son resueltos por expertos y administrados por instituciones desvinculadas de la autoridad de cualquier estado, entre las cuales destaca por el gran número de casos y su calidad el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Pero el problema se plantea cuando estas normas no son el fruto de un consenso sino que provienen del dueño y administrador de la red social. El problema aumenta cuando el que dicta las normas lo hace con una “inspiración legal” más  estadounidense que europea (y ya tenemos casos de conflictos en redes sociales chinas, la que se avecina). La cosa se hace más complicada cuando cada red social tiene unas normas diferentes. Y para acabar de complicarlo, las “políticas”, es decir la interpretación de las normas, es el fruto de las consideraciones particulares de cada uno de los gestores de cada red social.

Hace poco intervine en un caso que enfrentaba a dos profesionales gallegos por cuestiones de derecho de autor en una red social. Los administradores y gestores del conflicto comenzaron sus comunicaciones con citas de la Digital Millenium Copyright Act, el Fair Use y otras normas exóticas, dejando estupefacto al cliente. Naturalmente ni la Ley de Propiedad Intelectual española ni las directivas comunitarias aparecían por ningún lado.

Más grave es un caso de infracción de derechos de imagen de un menor, con intervención de la fiscalía, en la que resultaba imposible extender cualquier medida que se solicitaba más allá de las fronteras españolas, aun cuando la difusión de las imágenes tiene carácter global.

Y como éstos, hay otros muchos casos que día a día nos ocupan. Son muchas las consideraciones que hay que hacer para normalizar esta situación y darle un tratamiento legal adecuado.

Se ha hablado de la aplicación de un principio de territorialidad por el cual “si haces negocios en mi territorio es con las leyes de mi territorio”, solución que no deja de ser parcial por el carácter no territorial de las redes sociales al que se ha aludido.

También las autoridades de la Unión Europea intentan que la armonización de las normas europeas tenga también una influencia en los conflictos que se producen en las redes sociales.

Es todavía largo el camino que nos queda por recorrer pero tenemos ejemplos de éxito que nos demuestran que una regulación armonizada puede reducir el número de conflictos sustancialmente. La aplicación de la normativa territorial podría quedar entonces para determinados conflictos que sólo afectan a situaciones locales.


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