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La retransmisión de obras a través de Internet (“Live streaming”) por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal Justicia de 7 de marzo de 2013 (C-607/11).


1. Hechos. Las demandantes en el presente litigio son varias cadenas de televisión británicas que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones y sobre muchos de los contenidos incluidos en las mismas. La demandada, -TVC-, es una entidad que se dedica a ofrecer a través de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto, incluidas las de las demandantes. La peculiaridad del servicio de TVC es que únicamente se ofrece a aquellos usuarios que previamente disponen de una licencia de televisión válida para acceder a esos contenidos. Además, el sistema de puesta a disposición del público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. Este servicio es financiado a través de publicidad que se muestra por inserción en el ordenador del usuario, respetando en todo caso la publicidad previamente insertada originariamente por las cadenas de televisión.

Las demandantes ejercieron una acción contra TVC ante la High Court of Justice por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones, concretamente, por llevar realizar actos de comunicación al público prohibidos por el artículo 20 de la Copyright, Designs and Patents Act de 1988.

En esta tesitura, la High Court of Justice plantea al TJUE una serie de cuestiones al TJUE, dirigidas a dilucidar si el concepto de “comunicación al público” del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE abarca la difusión a través de Internet de emisiones de radiodifusión a personas del público que habrían tenido derecho a acceder a las mismas utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.


2. Pronunciamientos. Según el TJUE, tal y como se deduce del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2011/29/CE, así como de los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, el derecho de comunicación al público ha de entenderse en un sentido amplio, de modo que comprenda todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar de la comunicación. Como quiera que el derecho de comunicación al público no es susceptible de agotamiento, cada uno de estos actos ha de ser objeto de una autorización individualizada.

La puesta a disposición del público a través de Internet de emisiones de televisión terrestre tiene lugar por un medio técnico específico que es diferente del medio de la comunicación de origen, y, por consiguiente, se trata de un nuevo acto de comunicación que debe ser autorizado por los titulares de derechos.

En lo que se refiere al concepto de público, el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. El hecho de que en el presente supuesto los destinatarios potenciales accedan a las obras a través de una conexión individualizada, no impide que un gran número de personas pueda tener acceso a la misma, pues es preciso tener en cuenta el efecto cumulativo de la puesta a disposición. Resulta indiferente, también, que el público al que va dirigido la retransmisión no sea un público nuevo, puesto que se trata de un acto de comunicación llevado a cabo por diferentes medios, y, por tanto, nuevo.

3. Comentario. Esta sentencia se suma a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJUE en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE (cfr. entre otras las SSTJUE de 7 de diciembre de 2006; C‑306/05, 4 de octubre de 2011; C-403/08, y 13 de octubre de 2011; C-431/09). Una vez más, el TJUE pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público.



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La Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea abre el periodo de consulta destinado a elegir un logo común para la venta Online de Productos Farmacéuticos


El pasado 17 de Octubre de 2012, la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea publicó el Acta de implementación de un logo común para operar de forma legal en los servicios de venta Online de productos farmacéuticos para uso humano, completando así las líneas básicas delimitadas por el Parlamento y el Consejo de la UE en la Directiva 2011/62 para la lucha contra la venta Online de falsificaciones de productos farmacéuticos. 

En este sentido, la Directiva 2011/62 introduce la necesidad de la inclusión de un logo común en aquellas páginas web dedicadas a la venta Online de productos farmacéuticos. Para ello, la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea ha sometido a votación dos propuestas de logo, siendo éstas las siguientes (sin perjuicio de aceptar alternativas enviadas por parte de terceros interesados):

Opción 1

Opción 2


Asimismo, la mencionada Acta ha determinado la necesidad de acompañar dicho logo con un elemento que identifique el Estado Miembro donde el vendedor tenga su establecimiento, así como la posibilidad de que un texto acompañe dicho logo para garantizar a los consumidores que el sitio web en cuestión es un establecimiento legal y autorizado por la Unión Europea para vender productos farmacéuticos a través de Internet. Para ello, el logo deberá estar enlazado a una página oficial en la que aparezca un listado de los establecimientos autorizados por la Unión Europea y que certificará que dicho establecimiento opera bajo la legalidad comunitaria.

Opción 1


Opción 2


En definitiva, resulta por tanto evidente que, mediante la presente Acta, la Comisión Europea acierta fomentando por un lado el incremento de la lucha contra la falsificación y la piratería dentro del sector farmacéutico y por otro, la salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios mediante la creación de un marco normativo que dote de mayor seguridad jurídica, fomentando con ello el auge del comercio electrónico en dicho sector.

El periodo para votar la propuesta de los logos finaliza el próximo 17 de Enero de 2013, por lo que los interesados deberán proceder antes de la finalización de la mencionada fecha.



Autor: Manuel Mínguez 

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El Plan Estratégico de Cultura y el Derecho de Autor


A raíz de su presentación al Parlamento en septiembre pasado, la Secretaría de Estado de Cultura ha hecho público su Plan Estratégico para 2012-2015. El Plan comprende nada menos que 72 objetivos estratégicos agrupados en 5 categorías. Sólo 3 de ellos (ay!) aluden a la “propiedad intelectual”.




Los objetivos, además, no dejan de ser tan ambiguos como contradictorios. Por ejemplo, el Plan propone al mismo tiempo fortalecer legalmente la “vía jurisiccional” como cauce para la defensa de la propiedad intelectual en Internet, pero también reforzar los medios y las posibilidades de actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. ¿En qué quedamos? El Plan alude al objetivo de adaptar el modelo de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, haciendolo más justo, equitativo e impulsor de la cultura en la Red, pero sólo concreta como proyecto regular las diferentes facultades de las administraciones públicas en relación con el “control” de las entidades de gestión. Y el Plan se refiere por último al propósito de actualizar los límites y excepciones a los derechos, proponiendo una nueva regulación que adecúe la nueva realidad digital al equilibrio entre la protección del autor y la protección del interés general.

Cualquiera podría interpretar de este Plan Estratégico que toda la preocupación del Gobierno en materia de propiedad intelectual para esta legislatura estriba, por tanto, en mantener el apoyo al sitema “Sinde” resolución de conflictos en Internet, en aumentar el control sobre las entidades de gestión y en limitar todavía más los derechos de la propiedad intelectual. Esperemos que se trate de un error de apreciación.

 

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La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-462/09).

1. Hechos. Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora.


 


2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencia de 23 marzo 2010 (caso acumulado C-236/08 a C- 238/08, Google) y de 25 de marzo de 2010 (caso C-278/08 BergSpechte), reiterando que el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la Directiva de Marcas, sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”.

En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos C-408/01 Adidas y C-487/07 L’Oreal, afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.

Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

3. Comentario. La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la perspectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende
nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre- y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave. 

Autor: Luis Baz

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