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Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


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Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



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Espaldarazo del TJUE al “derecho al olvido” en la UE


Paul David
(vía Flickr)
En el día ayer, 13 de mayo de 2014, el TJUE ha emitido sentencia en el asunto C-131/12 que enfrentaba a Google contra la Agencia Española de Protección de Datos.

El 5 de marzo de 2010, el Sr. Costeja González presentó una reclamación contra Vanguardia Ediciones S.L. y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. ante la AEPD. En la reclamación solicitaba que se exigiese a La Vanguardia que modificara o eliminara esas páginas, con el fin de que no apareciesen sus datos personales, o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. A su vez, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que ocultaran o eliminaran sus datos personales, para que no se incluyesen en los resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces de La Vanguardia. Todas estas solicitudes se basaban en que el embargo al que se vio sometido el Sr. Costeja González en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía varios años y carecía actualmente de interés alguno.

El 30 de julio de 2010 la AEPD desestimó la reclamación contra la editorial y estimó la reclamación realizada contra Google Spain, S.L. y Google Inc., instándoles a retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. En vista de los resultados, Google Spain, S.L. y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la AEPD.

En este contexto, la Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una serie de cuestiones prejudiciales:

  • La aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE;
  • La determinación del alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE;
  • Y el alcance del derecho de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido.


Primeramente, el TJUE califica como “tratamiento de datos personales” la actividad de los motores de búsqueda consistente en “hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”, convirtiendo, así, en responsable de este tratamiento al gestor del motor de búsqueda, el cual habrá de garantizar la satisfacción de las exigencias de la Directiva 95/46, así como la protección plena y efectiva de los derechos de los interesados.

En lo que respecta a la aplicación territorial, el TJUE rechaza el argumento esgrimido por Google de que Google Search no efectúa un tratamiento de datos de carácter personal en la actividad que desarrolla en España. El TJUE otorga la condición de establecimiento, en los términos establecidos por la Directiva, a Google Spain, S.L., por ser la filial de Google Inc. en España. Cuando una empresa que esté situada en un tercer estado, tenga un establecimiento en un estado miembro y realice un tratamiento de datos personales para permitir el funcionamiento de su motor de búsqueda en el establecimiento del estado miembro, la Directiva considera que ese tratamiento se realiza  “en el marco de las actividades” del establecimiento del estado miembro, siempre que su objetivo sea vender o promocionar sus bienes o servicios en ese estado.

En lo que se refiere al alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva, el TJUE establece que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados generada tras realizar una búsqueda a partir del nombre de una persona, los enlaces a las páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona. Asimismo, el TJUE añade que esa obligación existe también en el caso en el que ese nombre o información no se borre previa o simultáneamente de esas páginas web, aunque la publicación sea lícita. El TJUE razona que una visión estructurada de la información relativa a esa persona afecta potencialmente a su vida privada.

A su vez, el TJUE determina la necesidad de ponderar, por un lado, el derecho de acceso a la información del usuario, y por el otro, el derecho a la protección de los datos de carácter personal del afectado. Este equilibrio depende de la naturaleza de la información de que se trate y de la función social que desempeñe el afectado.

Finalmente, el TJUE instaura la posibilidad de que pasado un tiempo, el afectado, en ejercicio del derecho al olvido, solicite la supresión de la lista de resultados obtenida. Si se comprueba que la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en ella deberán eliminarse. Serán incompatibles todos estos datos cuando se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.


Esta decisión afecta a más de 220 recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la AEPD y que están actualmente pendientes ante la Audiencia Nacional.




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El Tribunal de Justicia anula la Directiva de retención de datos

Vía Wikimedia

El  8 de abril de 2014, el Tribunal de Justicia Europeo ha fallado en los casos de Digital Rigths Ireland contra las autoridades irlandesas y de la Corte Constitucional Austriaca vs el Gobierno de Carinthia y Mr Seitling, Mr Tschohl y otros denunciantes, Casos C-293/12 y C-594/12 (en inglés), declarando inválida y nula la Directiva sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas del 2006, de ahora en adelante la “Directiva”, con efecto a partir de la fecha en que la Directiva entró en vigor.

¿A qué obligaba la Directiva? ¿Qué tipo de datos debían retenerse?

Con el objetivo de luchar contra el terrorismo y otros delitos graves, la Directiva obligaba a las compañías telefónicas y operadores de internet a registrar, retener y conservar en todo tipo de llamadas telefónicas (fijos y móviles, o sin respuesta) y correos electrónicos durante un periodo, según la legislación aplicable en cada estado, entre 6 y 24 meses, los siguientes datos:
  • En el caso de teléfonos fijos, los datos de números de teléfono de origen y destino, los nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquéllas para las que están registradas los números de teléfono en el momento de la conexión, así como el servicio telefónico utilizado, así como desde dónde llaman, aunque no el contenido de la conversación para lo que se requerirá autorización judicial.
  • En el caso de los teléfonos móviles, se añade el identificador del equipo.
  • Para Internet, las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión, el nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación.
  • También serán objeto de retención los datos referidos a la fecha y momento de activación de una tarjeta prepago.

Razones de la nulidad de la Directiva

El Tribunal de Justicia señala que las obligaciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones suponen una intervención amplia y particularmente grave de los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de los datos personales de los individuos, puesto que no existen límites sustantivos y procesales en la Directiva que regulen y restrinjan dichas interferencias a lo estrictamente necesario, excediendo por ello el principio de proporcionalidad.

De hecho, señala la Sentencia que “en aras de perseguir el terrorismo y la delincuencia, la Directiva exige la retención de forma generalizada de todas las personas, todos los medios de comunicación electrónica y los datos de tráfico sin ningún tipo de diferenciación, limitación o excepción.

Así, mantiene la Sentencia que los citados datos tomados en su conjunto, lo que llamamos Big Data, pueden proporcionar información muy precisa sobre la vida privada de las personas cuyos datos están retenidos, tales como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares permanentes o temporales de residencia, las actividades llevadas a cabo en nuestra vida ordinaria, en momentos de ocio o vacaciones, nuestras relaciones, amigos, entornos sociales, en definitiva toda nuestra vida, nuestros pensamientos, creencias, sentimientos, nuestra ubicación, y la de nuestros hijos, cuentas corrientes, sin que exista información previa  a los individuos sobre el uso de los datos ni el consentimiento para el tratamiento de los mismos, principios básicos del derecho fundamental a la protección de los datos.


El Tribunal de Justicia examina en la Sentencia si tal injerencia en los derechos fundamentales está justificada y pese a que reconoce que la Directiva: 

(i) no permite el conocimiento del contenido de las comunicaciones electrónicas, 

(ii) obliga a los proveedores de servicios o de internet a respetar ciertos principios de la protección de datos y seguridad y 

(iii) que la conservación de los datos con el fin de su posible transmisión a las autoridades nacionales competentes de verdad satisface un objetivo de interés general, para luchar contra los delitos graves y proteger la seguridad pública, 

el Tribunal declara que la Directiva no establece suficientes salvaguardias para garantizar la protección efectiva de los datos contra el riesgo de abuso y en contra de cualquier acceso y uso ilegal de los mismos.

Por tanto, no existe una obligación formal de imponer  medidas de seguridad reforzadas, para proteger dicha información ni obligaciones de revisión y auditoría sobre la aplicación de dichas medidas para verificar su cumplimiento y evitar que la misma caiga en manos de personas o entidades que puedan hacer un uso no consentido, desde la creación de perfiles de personalidad o comportamientos, a un uso delictivo, chantaje, robos de tu casa y de tu dinero, secuestro de ti o de tu familia, etc, sobre las mismas.

Como sabemos, la aplicación de medidas de seguridad requieren inversión y gasto en la misma, y señala el Tribunal, que la Directiva permite a los proveedores de servicios tener en cuenta las consideraciones económicas a la hora de determinar el nivel de seguridad que se aplican (en particular en lo que respecta a los costos de implementación de las medidas de seguridad) y que no asegura la destrucción irreversible de los datos al final de su período de retención.

De hecho, la seguridad de los individuos se ve también afectada porque, según precisa el Tribunal de Justicia, la Directiva no exige que los datos se conserven en la UE. Por  tanto, la Directiva no garantiza que los datos se tratarán con las mismas medidas de seguridad y los mismos criterios de protección que los que rigen en la UE, principio imprescindible, implantado y consolidado en la normativa europea que rige el tratamiento de los datos de personas físicas en la UE, sin que se exijan autorizaciones de la autoridad competente y verificaciones de los niveles de seguridad aplicables a los datos en países terceros.

Conclusión
La evolución de la tecnología ha dado lugar a que se pueda saber todo de nosotros, a que todo y todos somos atacables desde el punto de vista de la ciberseguridad, los únicos límites a un ataque están en cuánto tiempo tarda un hacker en hacerse con los datos y cuáles son las medidas que han previsto las empresas y los gobiernos para ralentizar el ataque, poder detectarlo y pararlo. Actualmente, la guerra y el poder de la información están en el espacio y no me refiero al aéreo sino al ciberespacio aunque esto suene a la guerra de las galaxias.

Los abusos que algunos gobiernos están haciendo de nuestros datos, desde el espionaje del NSA a otros como Ucrania, llevan a plantearnos una vez más la necesidad de defender nuestra seguridad, sin la que no existe libertad ni democracia, y, por ende, proteger nuestros datos, felicitando al Tribunal de Justicia Europeo por su decisión.


Autora: Cristina Sirera

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¿Se podría bloquear el acceso de los usuarios a una página web que infrinja derechos de autor?


De Tobias Myrstrand Leander
Vía Flickr
Durante el día de ayer se publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-314/12 en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof austriaco cuyo objeto era la interpretación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE relativo a la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan requerir judicialmente la adopción de medidas cautelares frente a aquellos intermediarios a los que un tercero recurra para infringir derechos de autor.

Las cuestiones prejudiciales planteaban el supuesto aquel en el que un titular de derechos de autor hubiera solicitado la adopción de medidas cautelares frente a un proveedor de servicios de acceso a Internet, obligándole a bloquear el acceso de sus clientes a una página web de un tercero que no es cliente de ese mismo proveedor destinatario de las medidas.

La problemática que este supuesto planteaba con respecto al artículo 8.3 de la Directiva residía en si cabría considerar que el tercero -titular de la página web infractora- estaría recurriendo también a los servicios de los proveedores de aquellos usuarios que accediesen a la página web en cuestión.

La decisión del TJUE no admite dudas, al considerarse que el tercero infractor estaría recurriendo a cuantos servicios de proveedores permitan que sus clientes accedan al sitio web infractor, siendo indiferente para su determinación la existencia de un vínculo contractual entre proveedor e infractor. Lo que posibilita la adopción de medidas cautelares frente a todos los proveedores de servicios y no sólo aquel del que sea cliente el infractor

Por otra parte, también se señala que para la concesión de las medidas cautelares solicitadas no será necesario probar el acceso efectivo de los clientes de los proveedores a las páginas web con contenido ilícito, ya que estas medidas no sólo tendrían por objeto detener las infracciones, sino también evitarlas.

No obstante, matiza el Tribunal, estas medidas a adoptar por los proveedores de servicios en cumplimiento de las obligaciones que puedan derivar de esta normativa deberán respetar el derecho de los usuarios al libre acceso a la información y, por otro lado, ser razonablemente efectivas, en el sentido de que deben ser difícilmente eludibles por los usuarios.

Así pues, se deja abierta la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan solicitar ante los tribunales la adopción de medidas cautelares frente a los proveedores de servicios de acceso a Internet de cuyos servicios se sirvan los usuarios, pudiendo consistir las medidas en bloquear el acceso a los usuarios a páginas web de terceros que infrinjan derechos de autor, como son aquellas que sin autorización del titular ofrecen la descarga o la visualización en streaming de películas.



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