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Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor de la licitud, desde la perspectiva de las normas de libre competencia, de la prohibición impuesta por la compañía Coty Germany a los miembros de su red de distribución selectiva de ofrecer sus perfumes de lujo a través de la plataforma de comercio en línea de Amazon.

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE  

Pues bien, el pasado 2 de abril el TJUE ha resuelto una nueva cuestión prejudicial (asunto C-567/18) referida a la venta a través de esa plataforma de los perfumes de Coty. En esta ocasión, sin embargo, Coty había dirigido su reclamación directamente contra Amazon, y la decisión ha sido contraria a sus intereses.

En efecto, Coty Germany había demandado a Amazon ante los tribunales alemanes alegando que estaba infringiendo sus derechos de marca al almacenar perfumes de la marca Davidoff sobre los que no se habían agotado sus derechos de marca. El almacenamiento en cuestión formaba parte del servicio prestado por Amazon a vendedores terceros que ofrecían productos para su venta en el apartado “Amazon-Marketplace” del sitio web de Amazon en Alemania.

La demanda fue desestimada y al interponer Coty recurso de casación contra la decisión el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que aclarase si ese almacenamiento constituía un uso de la marca en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. En concreto, si se trataba del supuesto de uso mencionado en el art. 9.3.b) del Reglamento 2017/1001, que permite que pueda prohibirse a terceros “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.”

Para resolver la cuestión el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar su jurisprudencia anterior conforme a la cual en las plataformas de comercio electrónico son los vendedores de los productos los que usan las marcas de terceros y no los operadores de esas plataformas (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal, C-324/09).

Respecto al servicio de almacenamiento prestado por Amazon a los terceros que venden productos a través de su plataforma, el Tribunal señala que, conforme a la información facilitada por el tribunal remitente, Amazon no ofrecía ella misma esos productos ni los comercializaba, sino los vendedores terceros. Y de esta circunstancia deduce que Amazon no usa las marcas en el marco de su propia comunicación comercial. Por tanto, no le resulta aplicable el art. 9 del Reglamento.

Por último, el TJUE puntualiza que lo anterior no excluye que la conducta del operador de la plataforma con relación a las marcas de terceros se examine con arreglo a otras normas, en concreto el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31, de servicios de la sociedad de la información, o el artículo 11 de la Directiva 2004/48, de enforcement. Ahora bien, como esta cuestión no había sido planteada por el tribunal remitente en este caso, el Tribunal de Justicia se abstiene de realizar ese examen, a pesar de la solicitud de Coty en este sentido.

En suma, el Tribunal de Justicia rechaza que se pueda hacer responsable directa a Amazon de las infracciones de marca cometidas por los vendedores que utilizan su plataforma de venta en línea, ni siquiera cuando se ocupa de almacenar las mercancías infractoras. Pero no descarta que los titulares de marcas infringidas puedan solicitar la adopción de medidas frente a ella a través de la aplicación de las normas de las directivas mencionadas. Habrá que atender a estos efectos al precedente de la sentencia de 12 de julio de 2011 antes citada, donde sí se examinó esta cuestión en relación con la plataforma eBay.

 

Autor: Carlos Morán

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (II)

Derechos digitales

Adicionalmente al campo de protección de datos, en su Título X la norma establece una discutida, entre los profesionales del sector, y discutible serie de previsiones en relación con derechos en el ámbito digital como son la neutralidad de Internet, su acceso

universal, su promoción en el ámbito educativo o la ampliación del derecho al olvido al ámbito de las RRSS.

En el ámbito laboral

En relación con el ámbito laboral establece una amplia protección a los trabajadores, descargando en el empleador la necesidad de adaptar sus políticas internas a factores nuevos como son:

  1. a) Protección de la intimidad en el uso de dispositivos digitales y acceso tasado a su contenido.
  2. b) Desconexión digital, a fin de garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del tiempo de trabajo.
  3. c) Mayor regulación de las condiciones para la videovigilancia y grabación de sonidos válida.
  4. d) Derecho de la intimidad del trabajador frente a sistemas de geolocalización.
Herencia digital

Salvo estipulación testamentaria en contrario, los herederos, personas vinculadas al fallecido y/o que hayan sido designadas por él, podrán acceder a sus contenidos en redes sociales y plataformas digitales y dar instrucciones a los prestadores de estos servicios sobre su uso, modificación, destino y eliminación.

Acceso a la primera parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Nueve cuestiones básicas sobre la nueva Ley de Protección de Datos (I)

El 6 diciembre ha sido publicada en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) que fue aprobada por el Pleno del Senado el anterior 21 de noviembre.

Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no deja a los Estados miembro de la UE un margen de actuación muy amplio, motivo por el que la nueva Ley se remite con frecuencia a dicho Reglamento, sin embargo, ésta sí contempla algunas previsiones novedosas que reflejamos en este post informativo.

El Delegado de Protección de Datos

Adicionalmente a las previsiones que ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al respecto, la norma establece un total de 16 supuestos en los que resulta preceptivo que se designe a un DPD.

Así, empresas de publicidad que lleven a cabo profiling, operadores que desarrollen la actividad del juego vía canales electrónicos, entidades aseguradoras, centros docentes o empresas de servicios de inversión relacionadas con el mercado de valores, entidades financieras y ciertas compañías energéticas, entre otras, se verán afectadas por esta previsión.

Transparencia e información

Mediante su artículo 11, la LOPDPGDD convierte en norma lo que hasta ahora venían siendo recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y del antiguo Grupo de Trabajo del Artículo 29 en relación con el sistema de información en doble capa.

De este modo, si ahora se acude a este método de información por niveles, necesariamente la primera capa deberá contener como mínimo los aspectos que este artículo 11 exige:

  1. La identidad del responsable y, en su caso, su representante.
  2. La finalidad del tratamiento.
  3. La posibilidad de ejercer los derechos de protección de datos.
  4. Si los datos no se obtienen directamente del titular, además el tipo de datos y su fuente de obtención.

Menores de edad

Mantiene el criterio del límite de edad en los 14 años e introducen previsiones en pro de la defensa del menor y su interacción con el ámbito digital, como son la posible intervención del Ministerio Fiscal en aquellos casos de utilización o difusión de imágenes e información personal de menores en las RRSS en caso de que estos supongan una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.

Interés legítimo e interés público

Se recogen expresamente determinados tratamientos de datos respecto de los cuales se presume que el responsable tiene interés legítimo o que se llevan a cabo con base en el interés público.

Respecto a los primeros, encontraríamos los sistemas de información crediticia, la modificación estructural de sociedades o su traspaso y el caso de los datos de contacto de empresarios individuales y profesionales liberales, siempre y cuando su tratamiento se circunscriba únicamente al ámbito profesional en tanto a su localización y contacto para prestación de servicios especializados.

Por su parte, en relación con el interés público, tenemos la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas.

La polémica sobre los partidos políticos

En sus disposiciones finales, la nueva LOPD contempla la modificación de la Ley del Régimen Electoral, permitiendo a los partidos políticos la recopilación y uso de datos recabados a través de páginas web y otras fuentes de acceso público, así como avalar el envío de propaganda electoral, incluso por vía electrónica, al confirmar que dicha propaganda no debe considerarse como comunicación comercial.

Desde un punto de vista técnico, destaca la consideración implícita de las páginas web como fuentes de acceso público, ya que hasta ahora Internet no era considerada como tal.

Sistema de sanciones

La norma concreta y gradúa las conductas infractoras de la normativa de protección de datos en las tradicionales categorías de (i) leve, (ii) grave y (iii) muy grave, manteniendo las cuantías ya asentadas en el RGPD, que oscilan entre un mínimo de 10.000.000€ o el 2% de facturación anual global y un máximo de 20.000.000€ o el 4% de facturación anual global.

 

Acceso a la segunda parte de este post aquí

Autores: Ruth Benito y Fernando Díaz

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Un pulso entre titulares de derechos e internautas

(Vía Pixabay)

Desde que se hizo pública en el año 2016, la propuesta de Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se ha convertido en un auténtico pulso entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios de internet, aglutinados y representados estos últimos en las principales Asociaciones de Internautas.

La propuesta de Directiva surge, como su propio nombre indica, con el objetivo de armonizar y adaptar el Derecho de autor a los nuevos usos y modelos de explotación de las creaciones intelectuales que son consustanciales a la era de internet y las nuevas tecnologías.

Si hace unos años internet era -para el usuario medio- una fuente de información, ahora es cada vez más, un vehículo de expresión. Cada día, millones de usuarios comparten (twitean, retwitean, taggean, etiquetan) contenidos de todo tipo: fotos, vídeos, textos, memes, comentarios… El problema surge cuando lo que se comparte tiene dueño y no se le ha pedido permiso o, lo que es más grave, cuando hay un tercero que obtiene un beneficio económico a partir del contenido compartido, quizá de forma inocente y altruista, por el usuario.

Las enmiendas al texto de la propuesta de Directiva, aprobadas en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, reflejan en gran medida el sentir de autores, artistas, editores y otros titulares de derechos que buscan desesperadamente poner coto a la cultura del “compartir lo ajeno” en un espacio donde parece que la libertad de expresión ha de prevalecer sobre cualquier otro derecho.

En el debate parlamentario, la manzana de la discordia (o al menos una de ellas) ha sido la relativa a la obligación de los prestadores de servicios que comparten contenidos en línea de concluir acuerdos con los titulares de derechos para evitar que los usuarios de estas plataformas puedan subir a la red contenidos protegidos por Derechos de autor o que, en el caso de hacerlo, el titular reciba la pertinente remuneración.

Hasta ahora, este tipo de prestadores (Youtube, por ejemplo) únicamente tenían la obligación de arbitrar mecanismos de retirada de contenidos en aquellos casos en los que el titular de derechos denunciaba la puesta a disposición de un contenido protegido (el llamado protocolo de notice and take down). Si la redacción del texto del artículo 13 aprobado en el Parlamento prospera, parece que se impone a los prestadores de estos servicios una obligación ex ante de monitorear y filtrar los contenidos que los usuarios pretenden subir.

Este artículo 13 ha sido objeto de fuertes críticas y ha sido calificado por ciertos colectivos como un ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad de opiniones en la red. Una lectura del texto completo del precepto y de los considerandos concordantes debería conducir a una opinión un poco más moderada, ya que la obligación de filtrado sólo afectará a aquellos prestadores que actúen con ánimo de lucro, almacenen y pongan a disposición del público una “cantidad significativa” de obras protegidas, y no tengan la condición de “pequeñas o medianas empresas”. El precepto excluye expresamente a las enciclopedias on line y a los repositorios de tipo científico o educativo.

Similares reacciones han generado las enmiendas al artículo 11, que prevén el establecimiento de una remuneración en favor de los editores de prensa por el uso digital de sus publicaciones. Esto no supone ninguna novedad para España, pues nuestra Ley de Propiedad Intelectual recoge desde el año 2014 la popularmente conocida como “tasa Google”, que motivó precisamente que esta compañía procediera a la retirada en España del servicio Google News. La norma europea es considerablemente más laxa que la española, pues limita la obligación de remunerar a 5 años, mientras que la española no fija un límite temporal específico.

La polémica que han generado estos dos preceptos ha dejado en la sombra otras cuestiones no menos relevantes que han sido introducidas por primera vez en el texto de la Directiva tras el debate parlamentario del 12 de septiembre.

Una de ellas es la creación de un derecho de revocación en favor de autores y artistas que han cedido sus derechos en exclusiva. El artículo 16 impone a los Estados el establecimiento de normas que permitan a los creadores recuperar sus derechos cuando, transcurrido un tiempo prudencial (que variará dependiendo del tipo de explotación), el licenciatario en exclusiva no explote la obra. En el caso español, esta obligación permitirá por fin dar sentido y convertir en una obligación real y concreta aquella que el artículo 48 TRLPI impone en abstracto al cesionario en exclusiva.

Otra cuestión que ha pasado prácticamente de puntillas, si no inadvertida, ha sido la relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a los organizadores de eventos deportivos. El artículo 12 a) no especifica qué ha de entenderse por “organizador de un evento deportivo”, ni siquiera qué es un evento deportivo, siendo éste un término lo suficientemente amplio como para dar cabida a todo tipo de interpretaciones.

En todo caso, la partida no acaba aquí. El texto definitivo deberá ser objeto de votación por el Pleno del Parlamento europeo a primeros del año que viene, y sólo tras haber sido consensuado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hasta entonces las espadas de unos y otros, hay que pensar, seguirán muy en alto.

Autora: Patricia Mariscal
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Fashion Law. Moda 4.0: webs, apps y RRSS (XI)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Moda 4.0. Webs, apps y RRSS: Protección y defensa

La era digital ha afectado al mundo de la moda transformando su forma de diseñar, vender o comunicar. Nadie puede limitarse a operar a través de los canales tradicionales, siendo imprescindible llegar a los consumidores a través de los medios online.

Para ello, es esencial limitar los riesgos protegiendo los activos inmateriales del negocio.

En este sentido, tener la exclusiva sobre un dominio que identifique el negocio es muy relevante, especialmente, para excluir el uso por parte de terceros. Para conseguir este monopolio debe registrarse el dominio ante el organismo correspondiente, en función del dominio que se registre, pudiendo ser nacional (.es, .us, .uk, etc.) o genérico (.com, .net, .biz, etc.).

En un sitio web también puede protegerse su contenido, apariencia y disposición. Cualquier contenido original incluido en el sitio web (imágenes, textos, vídeos, ilustraciones, etc.) se encuentra protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Esta protección se extiende también a los contenidos subidos a las redes sociales, pues tienen la misma consideración que aquellos incluidos en una web corporativa. Igualmente, pueden protegerse como base de datos aquellas webs de las que se extraen o compilan datos e información, bien como obra o bien como derecho sui generis, siempre que se acredite la inversión realizada por el titular, siendo más habitual lo segundo.

Todo ello debe complementarse con una estrategia de protección contractual, siendo las políticas de uso de la web una herramienta idónea para limitar la reutilización de los activos intangibles del negocio.

La protección de las Apps móviles sigue un esquema similar al de las webs para sus contenidos, siendo la diferencia principal que la App puede protegerse adicionalmente como un programa de ordenador o software, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente, no debe olvidarse el registro de aquellas marcas utilizadas para identificar al negocio en las plataformas online.

Pero esta revolución digital está experimentando una transformación permanente, planteando nuevos retos y estrategias focalizadas en mejorar la experiencia del cliente: a través de la adaptación de las tiendas físicas a las nuevas tecnologías, la experimentación con chatbots, la personalización de prendas gracias a las novedades técnicas en los materiales utilizados, como en las prendas deportivas, cuyas características técnicas se adaptan a las exigencias de los deportistas de alto nivel, o en el diseño de ropa cuyo color cambia en función de las condiciones climáticas, y la adaptación de sus modelos de negocio a los nuevos objetivos de sostenibilidad o mejora de las condiciones medioambientales, por ejemplo, a través del uso de energías renovables en la fabricación de sus prendas o a través de nuevos medios de producción de bajo impacto.

Autor: Martín Bello

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

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