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Elzaburu, de nuevo entre los despachos de abogados más reputados de España

La firma volvió a situarse por encima de los 14 millones de euros anuales de volumen de negocio en 2015

Madrid, 1 de Junio de 2016. El ranking realizado cada año por el diario Expansión ha vuelto a destacar a Elzaburu entre los despachos más prestigiosos de España. De este modo, los 14 millones de euros de volumen de negocio colocan al despacho entre los 20 mejores despachos españoles.

Asimismo, la firma continúa con su proceso de expansión, incrementando en un 14,3% el número de letrados en plantilla. Este dato posiciona a Elzaburu entre los 25 despachos con sede en España que más incrementó su plantilla el pasado 2015.

Por otro lado, Elzaburu se coloca en el puesto número 14 de facturación por profesional, ascendiendo a una suma total de 235.000 euros por profesional, cifra muy superior a la media de facturación por profesional de los despachos españoles, que en 2015 se situó en 190.867 euros. En este sentido, y atendiendo únicamente a la cifra de letrados por despacho, Elzaburu asciende al puesto 10 en facturación por profesional.

Un año más se demuestra que la experiencia y profesionalidad de Elzaburu continúan siendo los estandartes de la firma, colocándola así entre las mejores de España.  


Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (V)


Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley de Patentes es la ampliación del ámbito de la materia que podrá protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definición de “modelos de utilidad” incluye el término “composición”, lo cual implica su ampliación a cualquier producto o composición, incluyendo productos químicos, sustancias o composiciones, pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, según matiza la propia Ley.

Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas, y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar problemática al aplicarse a productos químicos (de hecho, ya resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecánico).

Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las pequeñas invenciones mecánicas que han sido tradicionalmente el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por ejemplo, un abrelatas) se alternarán con productos químicos, cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta vía.

Pero no todas las novedades que afectarán a los modelos de utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisito de novedad relativa en España al equipararse el estado de la técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitirá delimitar con claridad los documentos que son técnica anterior para un modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad y actividad inventiva, y terminar con la situación de incertidumbre creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad, incluyendo la correspondiente Opinión Escrita. Estos IETs en modelos de utilidad serán necesarios para dar efectividad a los derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo, dentro de un proceso de demanda por infracción contra un tercero).

En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso (¡y positivo!) es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ¿cuál será el futuro de los modelos de utilidad en España? En principio, la ampliación a productos químicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su invención, parece que invertirán la tendencia decreciente de los últimos años.

Lo que sí parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes, agentes, examinadores y jueces, que habrá que ver cómo se resuelven en el futuro.

Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (Pedro Saturio) 

Autor: Pedro Saturio

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Con la Iglesia han topado … los ciberpiratas!

The 10 commandments
de John Taylor
vía Flickr
¿Hace falta decir que cualquier mensaje que contribuya a reforzar la sensibilidad social hacia la lucha contra la piratería comercial es positivo, necesario y urgente?  La Conferencia Episcopal Española (CEMCS) acaba de hacer público un documento, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que dista mucho de resultar una anécdota.

Bajo el título “La piratería en el cine, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, el documento examina el fenómeno de la defraudación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de los mandamientos.

La Iglesia empieza por reconocer el valor cultural del mundo del cine y la importancia de la labor creativa que el medio despliega. Para la Iglesia el cine es una industria cultural “que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad”.

A continuación la Comisión Episcopal denuncia que la piratería en el cine recibe frecuentemente una consideración “relativista y utilitaria”. En su lugar, la Iglesia propone una aproximación al problema desde una “conciencia moral” que ponga en valor la dimensión social de los bienes intelectuales y culturales.

Es lógico que desde este punto de vista moral, la piratería no pueda calificarse sino como un pecado contra el 7º mandamiento (“no robarás”). Y no por obvia esta proclamación deja de ser importante. Pero no es la única sorpresa que nos regala este documento.

Para los obispos, la piratería inflige un daño al bien común de la sociedad (pues la industria del cine se resiente y no puede desarrollar su labor creativa) y la piratería daña además “al ser humano en su esencial dignidad” (puesto que es una forma de actuar ligada al consumo por el consumo).

En ocasiones Internet ha sido contemplada como una verdadera “religión”, con apóstoles y mártires de una supuesta “causa digital”. Pues bien que se sepa bien claro que para la Religión Católica, que pasa por ser la verdadera, los desvíos en el uso de la red –como es el fenómeno de la piratería- atentan contra los mandamientos y constituyen pecado.

A más de las sanciones que el ordenamiento arbitra para este tipo de delincuencia, los piratas se exponen a partir de ahora a una consecuencia más severa, por su duración: la mismísima condena eterna a las penas del infierno.



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El Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia respecto al uso de marcas ajenas como palabras clave en buscadores de Internet

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 105/2016, de 29 de febrero, fija los criterios conforme a los cuales debe examinarse el uso de una marca ajena como palabra clave en un buscador de Internet para determinar si tal uso constituye una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca.

Para ello el Tribunal Supremo sigue -como había hecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante recurrida- la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 – Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines), 12 de julio de 2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG), y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

Conforme a esa doctrina, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye en principio una infracción del derecho del titular de la marca. Ahora bien, como el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, en determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor. Esas circunstancias son las siguientes:

  • i) que el uso de la marca no menoscabe las funciones de la marca de indicación del origen empresarial del producto, publicitaria ni de inversión; y
  • ii) que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

En el caso concreto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave (keywords) para contratar anuncios de Google.es (adwords), de forma que cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda, con un enlace a su página web. El anuncio, sin embargo, no contenía ninguno de esos términos, sino el siguiente texto: aumentar su altura de 7 cm/ bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es”.


El Tribunal Supremo confirma los pronunciamientos desestimatorios de las resoluciones de primera instancia y de apelación por considerar que, al no reproducirse las marcas de la actora en el anuncio en cuestión, se estaba indicando claramente a los consumidores que se trataba de empresas distintas y competidoras con ella, de forma que se respetaba la función indicadora del origen empresarial de la marca. Tampoco se menoscababan, a juicio del Tribunal Supremo, las funciones publicitaria y de inversión.

El Tribunal Supremo recalca a este respecto que el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, y advierte de que, llevado a sus últimas consecuencias, podría originar disfunciones en el mercado, restándole transparencia y obstaculizando la actividad comercial lícita de los competidores.

Finalmente, rechaza el argumento de la recurrente según el cual la sentencia recurrida sería contradictoria con las de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de marzo de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013, esta última confirmada por la sentencia del propio Tribunal Supremo núm.98/2016, de 19 de febrero. En ambas se había estimado la acción de infracción de las marcas “masaltos” y “masaltos.com”, que habían sido utilizadas como palabras clave en Internet.

A este respecto, el Tribunal Supremo destaca que el supuesto de hecho enjuiciado en esos casos era distinto, puesto que las marcas en cuestión aparecían también en el texto de los anuncios patrocinados y en la página web a la que redirigía al anuncio, respectivamente, por lo que en esos casos sí concurrían los requisitos para que hubiera violación de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE.

En definitiva, el Tribunal Supremo español se alinea, como es lógico, con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia para estos supuestos cada vez más frecuentes de utilización de marcas ajenas como keywords en anuncios en Internet.


Autor: Carlos Morán

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Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español (IV)

Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley de 1986 los pleitos en esta materia, por el cúmulo de especialidades que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este ámbito podrá ser considerado, sin caer en la exageración, como una rara avis dentro del sistema judicial español. Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017 los pleitos en propiedad industrial, a excepción de aquellos que se basen en marcas o diseños comunitarios, puedan llegar a emprender un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley la competencia judicial está ligada a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sólo de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ya han caído en la cuenta y están en el camino hacia esa designación, hasta el momento sólo Barcelona dispone de estos órganos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia catalana hacia la hiper-especialización haya podido influir en esta decisión normativa. Pero el cambio no es baladí.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacía, si pensamos en un detalle anecdótico pero de enorme trascendencia práctica: el plazo para contestar a la demanda en cualquier acción civil regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 días de que dispone un abogado en cualquier otra materia, será de dos (2) meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la controversia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a la impugnación del título son circunstancias que justifican esta significativa -y hasta cierto punto elitista– ampliación del plazo..

Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la creación de un instrumento cautelar frente a las propias medidas cautelares. La Ley hará posible que aquellas personas que prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, puedan presentar ante el órgano competente un “escrito preventivo” para proporcionar al tribunal argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extraña a la tradición procesal española, no se sabe si actuará como cortapisa o como pistón de los procesos de medidas cautelares. Porque la forma en que está concebido puede generar conflictos allí donde no los había o puede en cambio apagar fuegos antes de que la llama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposiciones propias y exclusivas que no tienen parangón en ningún otro campo del ordenamiento jurídico.

Esta configuración singular del pleito en materia de patentes cobra mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los diseños. Y cabría preguntarse hasta qué punto algunas acciones en derecho de marcas –la caducidad por falta de uso, sin ir más lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las que han sido señaladas. Y no son, como veremos en próximos capítulos, las únicas novedades que permiten la catalogación de este tipo de procesos judiciales como una rara avis.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)



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