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El TJUE declara de acuerdo a la legalidad las medidas tecnológicas que impiden el uso de homebrews en las consolas de Nintendo

El TJUE dictó ayer sentencia (caso C-355/12) resolviendo sobre una cuestión prejudicial presentada en el seno de un litigio suscitado en Italia entre las compañías Nintendo y PC Box. El conflicto surge por la fabricación y comercialización por parte de PC BOX de unos aparatos que, una vez instalados en las consolas de Nintendo, permiten eludir su sistema de protección y el uso de videojuegos falsificados. Se trata de las homebrews, creadas por PC Box expresamente para ser utilizadas en las consolas de Nintendo y cuyo fin es desactivar las medidas tecnológicas de protección de modo que sea posible la lectura en las consolas de videojuegos de otros fabricantes, así como ficheros MP3, películas y vídeos.

Lo que se plantea al TJUE por parte del tribunal italiano son dos cuestiones. Por un lado, si las medidas tecnológicas de protección instaladas por Nintendo en sus consolas para impedir la utilización de programas, juegos y, en general, contenidos ajenos a esta compañía son conformes a la normativa comunitaria, y, en concreto, si se ciñen al concepto de medida tecnológica eficaz contemplado en el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE. Y, por otro, con arreglo a qué criterios procede valorar el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces.

(i) La primera de las cuestiones no carece de pertinencia, pues las medidas tecnológicas adoptadas por la demandante consisten en un sistema de encriptado instalado tanto en las consolas como en los videojuegos que impide, no sólo la utilización de videojuegos carentes de código, sino de cualquier otro tipo de software destinado a otros fines como pueda ser la lectura de archivos MP3, vídeos o películas. Lo que aduce PC Box, en este sentido, es que tales medidas tecnológicas irían más allá de lo permitido por la Directiva, al excluir cualquier tipo de interoperabilidad entre la consola y otros aparatos que no procedan de la empresa fabricante. El considerando 48 de la Directiva, establece a, estos efectos, que la protección jurídica conferida por la medidas tecnológicas “debe respetar el principio de proporcionalidad y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos de la elusión de la protección técnica”.
Consola Nintendo 3DS AquaOpen
De Evan-Amos
Via Wikimedia Commons

Pues bien, según el TJUE no hay nada en la Directiva 2001/29/CE, aplicable también a los videojuegos, que permita considerar que su artículo 6.3 no se aplique a medidas tecnológicas como las que utiliza Nintendo para sus consolas. El concepto de medida tecnológica eficaz se define de un modo amplio e incluye también la aplicación de sistemas de protección consistentes en la codificación tanto de los soportes físicos de los videojuegos como de las propias consolas de modo que se impida la interoperabilidad con aparatos y dispositivos ajenos al sistema de encriptado.

(ii) En segundo lugar, el tribunal remitente plantea una cuestión relativa a los criterios o parámetros respecto de los cuales haya de medirse el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas, y, en concreto, si es preciso tomar en consideración el destino atribuido por el titular de derechos al producto que encierra el contenido protegido.

A este respecto, establece el Tribunal que, a la luz del citado considerando 48 de la Directiva 2001/29/CE, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta criterios tales como la existencia de otras medidas tecnológicas de eficacia comparable a las adoptadas por la demandante que hubieran provocado una menor interferencia en las actividades de terceros no sujetas a la autorización del titular, los costes de los distintos tipos de medidas, así como otras finalidades de los dispositivos utilizados por la demandada al margen de la elusión de las medidas tecnológicas y la frecuencia con que efectivamente se utilizan por los terceros.

Lo cierto es que de la resolución del TJUE no es posible extraer una conclusión definitiva respecto a si las homebrews fabricadas y comercializadas por PC Box son o no legales, pues se deja en manos del tribunal nacional su valoración a partir de la prueba del uso que efectivamente les den los terceros. Lo que sí es claro es que el concepto de medida tecnológica eficaz recogido en la Directiva 2001/29/CE abarca también aquellas medidas que impiden la interoperabilidad de una consola con otros dispositivos, aparatos y softwares ajenos a la compañía fabricante de la primera.

Por Maico Amorim
vía Wikimedia
Resulta también interesante de esta sentencia el pronunciamiento del TJUE respecto de la calificación jurídica de los videojuegos. Para este Tribunal, los videojuegos son un “material complejo” que incluiría no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros con valor creativo propio, y por lo tanto protegibles en su conjunto como obra intelectual, lo que determinaría la aplicación al videojuego del régimen jurídico establecido en la Directiva 2001/29/CE.





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La excepción de copia privada no puede aplicarse a las reproducciones obtenidas a partir de fuentes ilícitas



El Abogado General Pedro Cruz Villalón presentó ayer, 9 de enero, sus conclusiones en un asunto en el que, de nuevo, se demanda una mayor concreción del ámbito de aplicación de la excepción contenida en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29, el llamado límite de “copia privada” (caso C-435/12) (en francés).

La demandada en el litigio principal es la Stichting de Thuiskopie, entidad neerlandesa encargada de la recaudación y reparto de la compensación equitativa derivada de la copia privada prevista en el citado artículo de la Directiva. Las demandantes son varias compañías dedicadas a la fabricación e importación de soportes destinados a la reproducción de obras y, por tanto, obligadas al pago de la compensación.

La cuestión principal objeto del litigio, y que se plantea ante el Tribunal de Justicia en forma de cuestión prejudicial es si la excepción del artículo 5.2.b) de la Directiva es susceptible de aplicarse también a las copias de obras obtenidas a partir de fuentes ilícitas y si, en consecuencia, estas copias deben ser computadas a la hora de calcular la compensación que han de recibir los titulares de derechos. A diferencia de otras legislaciones, como la española, la Ley neerlandesa de Derecho de Autor no especifica que la excepción haya de aplicarse únicamente a las reproducciones de obras a las que se haya accedido de forma legal. Tampoco hace esta distinción el texto de la Directiva.

La entidad de gestión neerlandesa considera, en lo fundamental, que no existiendo medidas tecnológicas eficaces que impidan la reproducción de las obras, la remuneración equitativa prevista para los titulares de derechos por la realización de copias privadas debería contabilizar también las llevadas a cabo a partir de fuentes a las que no se ha accedido legalmente, en especial a través de Internet. De esta manera se conseguiría indemnizar de forma real y eficaz el perjuicio sufrido por los titulares de derechos como consecuencia de la puesta a disposición masiva de obras en la red.

La opinión del Abogado General apunta, sin embargo, en una dirección opuesta. Tal y como afirma Pedro Cruz Villalón, sin perjuicio de que una reglamentación como la que propone la entidad demandada pudiera llegar a constituir una respuesta legítima y adecuada a las violaciones al derecho de autor en Internet, resulta indiscutible que el fundamento de la excepción de la copia privada no es el de indemnizar los daños producidos a los titulares por este tipo de piratería. 

La copia privada, como excepción a los derechos de autor debe ser interpretada conforme a la regla de los tres pasos contenida en el artículo 5.5 de la Directiva y, en consecuencia, ha de ser objeto de una interpretación estricta. No cabe, pues, por esta vía, ampliar el ámbito de aplicación de la excepción a las copias ilícitas, pues ello supondría legalizar una práctica que, desde cualquier punto de vista, es ilícita, por mucho que permitiera a los titulares obtener una compensación posterior. De ello se deriva irremediablemente que la compensación por copia privada ha de tener en cuenta únicamente las reproducciones llevadas a cabo a partir de obras a las que se haya accedido legalmente.

Resultan interesantes también estas conclusiones, en lo que a España atañe, porque en ellas se cuestiona nuevamente el nuevo sistema implantado por el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se establece un sistema de compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales del Estado. Tal y como afirma el Abogado general en el Considerando 43 de las Conclusiones, la compensación ha de estar financiada por quien causa el perjuicio, esto es, por las personas físicas que realizan las copias para su uso privado. Parece evidente que un sistema como el nuestro encaja con dificultades dentro de esta línea interpretativa. 



Autor: Patricia Mariscal

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Albert Camus y el derecho al inédito


Albert Camus[Public domain], via Wikimedia Commons

Se cumple estos días el centenario del nacimiento de Albert Camus, escritor cuya estatura no ha dejado de crecer desde su muerte en trágico accidente de carretera a comienzos de 1960.

Pese a cierto encasillamiento en la corriente existencialista, Camus fue un hombre profundamente aferrado a la vida y de una integridad artística sin parangón entre los intelectuales de su época. Cabe recordar que Camus nunca estuvo de parte de quienes hacen la historia, sino de quienes la padecen; que dijo que había que ser amigo de todos los placeres pero esclavo de ninguno; o que proclamó su apego a los pocos bienes perecederos y esenciales que dan sentido a nuestra vida, a saber: el mar, el sol y las mujeres resplandecientes. 

Para el Derecho de autor, Camus es un buen ejemplo de la dificultad que entraña emitir juicios de valor acerca del derecho al inédito y su ejercicio post mortem auctoris. La ley faculta al autor, como parte de su derecho moral, a decidir si su obra debe ser divulgada. Esta facultad puede ser ejercitada por sus herederos después de su muerte (art.15.2 LPI). No es infrecuente que el derecho al inédito se contraponga al derecho de acceso a la cultura que contempla asimismo la ley (art. 40). La posibilidad de acudir al Juez para soslayar la decisión de los derechohabientes del autor de no divulgar la obra al socaire del acceso de todos a la cultura.

El episodio que ilustra esta pugna, en el caso del autor de “La caída”, no es bien conocido. A su muerte, Camus dejó inacabada una novela “El primer hombre” que cualquier avispado heredero habría dado a la imprenta inmediatamente para rentabilzar la ocasión. Pero no así su hija Catherine. En aquellos momentos Camus era una figura discutida a quien no se le había perdonado que fuese galardonado con el premio Nobel de Literatura o que se mostrase tan contradictorio -y coherente al mismo tiempo- en la llamada cuestión argelina. Con impecable criterio, su hija decidió ejercer su derecho a la no divulgación nada menos que por espacio de treinta años. Cuando en 1994 la novela fue publicada se reveló como una de las cimas en la narrativa de Albert Camus y de su pensamiento, reafirmando a su autor en el parnaso de los grandes nombres de la literatura universal.

La anécdota desmiente además esa impresión demasiado generalizada de que viudas y herederos son los peores albaceas de la memoria de un autor.

Como juristas, recordemos por último, en el aniversario de su nacimiento, estas certeras palabras del autor de “El hombre rebelde”: “El Derecho está del lado de los que sufren, gimen y esperan. No está, no puede estar, con los que calculan y con los que atesoran”.


Autor: Antonio Castán

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Verdi, Rigoletto y el derecho de autor


Giovanni Boldini [Public domain], via Wikimedia Commons
Con motivo del bicentenario que se celebra en estos días del nacimiento de Giuseppe Verdi conviene volver la vista atrás sobre un episodio curioso de su vida que entronca directamente con los derechos de autor. Resulta cuando menos paradójico que un creador de su grandeza se viera envuelto en vida en una acusación de plagio. Y más aún que el denunciante, Victor Hugo, no sólo igualaba en fama al compositor sino que era también uno de los artífices de la consagración misma de los derechos de propiedad intelectual tal y como los conocemos desde el siglo XIX.

Según parece el libreto de una de las óperas más populares de Verdi, Rigoletto, se basa directamente en el drama El Rey se divierte escrito por Victor Hugo unos años antes. Ambas obras están protagonizadas por un bufón deforme que jalea las proezas del Rey como seductor de doncellas hasta que éste pone sus ojos, precisamente, sobre la hija de aquel. La comedia acabará tornándose en tragedia.

El propio Verdi reconoció en una de sus cartas al libretista Piave, responsable directo de la adaptación, que repasando diversos temas para su ópera cruzó por su mente “como un relámpago de luz, como una inspiración” el drama del célebre escritor francés, “una obra grande, inmensa”. La única preocupación del compositor en ese momento fue conseguir el permiso de los censores, habida cuenta las críticas a la monarquía, pero no la autorización del dramaturgo. 

Victor Hugo emprendió la correspondiente reclamación, consiguiendo que el estreno de la opera se retrasase en Francia varios años. Al cabo, el célebre escritor sucumbió a la genialidad de Verdi y vino a confesar su admiración por la ópera. No sabemos si entre medias Victor Hugo pronunciaría alguna maledizione como la que persigue al pobre bufón a lo largo de la trama. Pero sin duda esta experiencia le serviría como ejemplo para impulsar en 1886 la aprobación del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Mientras disfrutamos de la monumental obra de Verdi en estos días del bicentenario, recordemos que hasta entre los más insignes creadores la propiedad intelectual ajena no siempre ha gozado del respeto que merece.



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Actualidad del Convenio de Berna, con la doctrina española como referente


En los tiempos convulsos del Derecho de autor actual nada mejor que volver la vista atrás y buscar asideros en la fuente de donde brotaron para los autores no pocos ríos, afluentes y manantiales. En épocas en que la Ciencia parece circunscribirse a los linderos microscópicos de un mensaje twittero de 140 caracteres o a las reducidas fronteras de un post en un blog de actualidad, bueno será que nos quitemos el sombrero ante las verdaderas aportaciones científicas.  

Un grupo de profesores y expertos españoles en derechos de autor, con el maestro Rodrigo Bercovitz a la cabeza, acaban de publicar un Libro de Comentarios al Convenio de Berna que analiza precepto a precepto, a lo largo de casi 1.700 páginas, los entresijos de un texto capital en la historia de la protección de la propiedad intelectual.

Cabe recordar que la importancia extrema de este Convenio quedó bien patente con el tributo que le rindió, entre tantas otras iniciativas internacionales o comunitarias, el Acuerdo ADPIC alcanzado en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio. Este organismo se decantó por adoptar Berna como marco jurídico de referencia para todos los países.

La doctrina internacional, sin embargo, no había estado a la altura de las circunstancias. Sin perjuicio de algunas aportaciones aisladas, faltaba tal vez una obra específica que hiciese justicia al tamaño de las aportaciones de Berna. Esta laguna viene a cubrirse ahora con este libro de raigambre española.

En los Comentarios, que han sido editados por Tecnos, colaboran hasta 15 estudiosos de extracción universitaria y con una acreditada experiencia en el campo de los derechos de autor, tales como Pilar Cámara, Ignacio Garrote, José Carlos Erdozaín, Nazareth Pérez de Castro o Rafael Sánchez Aristi. Es un motivo de satisfacción señalar que entre estos autores se encuentra la Dra.en Derecho Patricia Mariscal Garrido Falla, abogada de ELZABURU, responsable de las glosas a dos de los artículos del Convenio.

En tiempos de tribulaciones y dudas, no está de más entonar un “larga vida al Convenio de Berna” y recrearse en las páginas de este trascendental estudio para saber de dónde venimos y -por qué no decirlo también- para dilucidar de la mano de nuestros mayores adónde queremos ir.



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